{"id":99362,"date":"2026-06-25T18:22:42","date_gmt":"2026-06-25T18:22:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1862-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:22:42","modified_gmt":"2026-06-25T18:22:42","slug":"stc1862-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1862-2017\/","title":{"rendered":"STC1862-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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       STC1862-2017          <\/span><\/p>\n

  Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2016-02875-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 18 de enero de 2017, que neg\u00f3 la tutela de  Jos\u00e9 Dinael Dom\u00ednguez Velandia frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, siendo citados los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2013-00253 y la Fiscal\u00eda 239 Seccional del mismo lugar.   <\/span><\/p>\n

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1.        Obrando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial acusada al revocar, por v\u00eda de reposici\u00f3n, el auto que decret\u00f3 la suspensi\u00f3n por prejudicialidad penal del recaudo instaurado por Cesar Alexander Uriza Rojas y Wolfran Mateus Guerrero en su contra.  <\/span><\/p>\n

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2. Manifiesta, en resumen, que el 10 de octubre de 2016 el Despacho convocado suspendi\u00f3 el cobro hasta que \u00abse defina la ocurrencia de los presuntos il\u00edcitos que hoy son investigados y tienen directa injerencia en el proceso ejecutivo\u00bb, atendiendo la petici\u00f3n que en ese sentido le hizo la Fiscal\u00eda 239 Seccional dentro de la instrucci\u00f3n que le sigue a sus acreedores por los presuntos delitos de \u00abconstre\u00f1imiento ilegal, perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n, amenazas, estafa y otros\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que el apoderado de su contraparte interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra la anterior providencia y el 30 de noviembre de 2016 el Juzgado accedi\u00f3 al primero de los recursos y prosigui\u00f3 con la contienda argumentando que en \u00e9sta ya se hab\u00eda dictado sentencia.                 <\/span><\/p>\n

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3. Pide, en consecuencia, anular la determinaci\u00f3n cuestionada (fls. 19 a 22, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Fiscal 239 Seccional de Bogot\u00e1 dijo que adelanta una investigaci\u00f3n a ra\u00edz de la denuncia en la que el accionante dijo que \u00abfue obligado mediante el uso de armas de fuego a firmar unas letras de cambio por valor de doscientos millones ($200\u2019000.000) y luego con esos t\u00edtulos le iniciaron un ejecutivo\u00bb y que pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso civil (fls. 26 y 27, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

2.  El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad defendi\u00f3 su proceder y adujo que cuando el ente acusador solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n ya se hab\u00eda dictado fallo, torn\u00e1ndose inviable seg\u00fan el art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso (fls. 75 a 78, ib).   <\/span><\/p>\n

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3. Cesar Alexander Uriza Rojas y Wolfran Mateus Guerrero se opusieron al amparo porque la decisi\u00f3n reprochada est\u00e1 respaldada en la normativa vigente y a\u00f1adieron que act\u00faan como cesionarios del cr\u00e9dito (fls. 81 a 87, cit.).  <\/span><\/p>\n

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4. El Procurador 2 Civil II para Asuntos Civiles, refiri\u00f3 que la Fiscal\u00eda no tiene atribuci\u00f3n para imponer al Juez civil el decreto de la suspensi\u00f3n y este \u00faltimo debe resolverla antes de que profiera sentencia (fls. 146 a 151, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque el pronunciamiento atacado fue suficientemente sustentado con criterios de razonabilidad y obedeci\u00f3 a una interpretaci\u00f3n respetable del ordenamiento jur\u00eddico. Adem\u00e1s, si el interesado estima que se sigui\u00f3 con el litigio despu\u00e9s de ocurrida una causal de suspensi\u00f3n, debi\u00f3 pedir oportunamente la invalidaci\u00f3n (fls. 136 a 144, cd. 1).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado cuestionado vulner\u00f3 la prerrogativa denunciada por revocar el auto que decret\u00f3 la suspensi\u00f3n por prejudicialidad del ejecutivo de Cesar Alexander Uriza Rojas y Wolfran Mateus Guerrero contra Jos\u00e9 Dinael Dom\u00ednguez Velandia.  <\/span><\/p>\n

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2. Las actuaciones jurisdiccionales son, por regla general, ajenas al examen propio de la tutela, a menos que resulten notoriamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. Advierte la Corte que el amparo est\u00e1 llamado a fracasar, pues, la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 de 30 de noviembre de 2016 por la cual revoc\u00f3, lejos de ser antojadiza, se fundament\u00f3 en que para el momento en el que la Fiscal\u00eda 239 Seccional de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n del recaudo por prejudicialidad penal, el asunto ya contaba con sentencia, lo cual encuentra sustento en los art\u00edculos 161 y 162 del C\u00f3digo General del Proceso que prev\u00e9n:  <\/span><\/p>\n

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\u00abArt\u00edculo 161: El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretar\u00e1 la suspensi\u00f3n del proceso en los siguientes casos:  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuesti\u00f3n que sea imposible de ventilar en aquel como excepci\u00f3n o mediante demanda de reconvenci\u00f3n. El proceso ejecutivo no se suspender\u00e1 porque exista un proceso declarativo iniciado antes o despu\u00e9s de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del t\u00edtulo ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepci\u00f3n. (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Art\u00edculo 162: La suspensi\u00f3n a que se refiere el numeral 1 del art\u00edculo precedente solo se decretar\u00e1 mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de \u00fanica instancia.  <\/span><\/p>\n

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De acuerdo con lo anterior el Despacho se\u00f1al\u00f3: \u00abel recurso se encuentra llamado a prosperar por cuanto el 18 de junio de 2015, el Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito defini\u00f3 la instancia declarando no probadas las excepciones que formul\u00f3 la pasiva\u2026luego, evidentemente se super\u00f3 la oportunidad para proponer la prejudicialidad, adem\u00e1s de ser contundente el hecho que la validez y autenticidad del t\u00edtulo eran circunstancias debatibles por v\u00eda de excepci\u00f3n en el presente juicio ejecutivo\u00bb (fl. 65, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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Bajo el contexto que viene de verse, a juicio de la Sala la providencia aludida conlleva un criterio razonable, por lo que independientemente que la proh\u00edje, no puede tildarla de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional, pues, se fundament\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con el tema, esta Sala se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) En el caso que es objeto de an\u00e1lisis, no logra advertirse ninguna amenaza o vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso del accionante, toda vez que la decisi\u00f3n acusada se sustent\u00f3 en razonables criterios de interpretaci\u00f3n de las normas aplicables al caso.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el juzgado accionado en el auto que resolvi\u00f3 la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad  elevada por el accionante, determin\u00f3 que deb\u00eda despacharse desfavorablemente, para cuyo efecto sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) en firme como se encuentra la sentencia adoptada en el presunto asunto\u2026se deber\u00e1 negar por improcedente la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad elevada por el abogado\u00bb (CSJ. STC11376 ago. 17 de 2016).  <\/span><\/p>\n

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4. Queda claro, entonces, que lo pretendido por el peticionario es anteponer su propio criterio al del accionado y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 abr. rad. 00696-00).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.          <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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