{"id":99363,"date":"2026-06-25T18:22:44","date_gmt":"2026-06-25T18:22:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1863-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:22:44","modified_gmt":"2026-06-25T18:22:44","slug":"stc1863-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1863-2017\/","title":{"rendered":"STC1863-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1863-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02250-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., quince (15  ) de febrero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 17 de enero de 2017, que neg\u00f3 la tutela de Cristelia Aguirre Henao y Mar\u00eda Betty Trivi\u00f1o Serna contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes de las causas judiciales promovidas por las aqu\u00ed accionantes.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Las demandantes a trav\u00e9s de apoderada, invocan la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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La petici\u00f3n la hallan procedente pues, desde que se interpuso el recurso extraordinario han pasado casi diez a\u00f1os sin resolverse, y frente a la petici\u00f3n radicada, acusan a la Sala de responder de forma evasiva, y que \u00ab(\u2026) se limita a dar excusas que no les han sido pedidas, y son (\u2026), ajenas a la solicitud que se efect\u00faa, y sobre las cuales mis protegidas no tienen ninguna culpa (\u2026)\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3.  En consecuencia, como medida de protecci\u00f3n piden que se \u00ab(\u2026) dict[e] sentencia en los procesos arriba indicados que llevan casi diez a\u00f1os sin ser resueltos en un t\u00e9rmino de 48 horas (\u2026)\u00bb (ff. 1 a 4, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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1.        El Vicepresidente de la Sala atacada manifest\u00f3 que, en efecto, al despacho del Magistrado Fernando Castillo Cadena correspondi\u00f3 el estudio de la demanda de casaci\u00f3n instaurada por Mar\u00eda Betty Trivi\u00f1o Serna contra Servicios Postales Nacionales S.A. con radicado 53032, informando que a la misma solo le resta proferir la decisi\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

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En lo que respecta a la petici\u00f3n elevada por la apoderada, refiri\u00f3 que la misma fue contestada mediante oficio 13807 de 24 de octubre de 2016 donde se le indic\u00f3 que el proceso \u00ab(\u2026) se halla enlistado dentro de los asuntos que ser\u00e1n decididos por la Sala en el orden de ingreso (\u2026)\u00bb adem\u00e1s, de enterarla que el Magistrado a cargo reci\u00e9n se posesion\u00f3 el 11 de abril de 2016, y que, tal como la ley lo establece, aborda cada litigio seg\u00fan el estricto orden de arribo, y \u00ab(\u2026) que en la actualidad se vienen resolviendo los recursos que ingresaron al despacho en el a\u00f1o 2009\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Finaliz\u00f3 destacando que la situaci\u00f3n denunciada por la actora se debe a una situaci\u00f3n estructural que no le es atribuible, frente a lo cual ya se adoptaron las primeras medidas que fueron la creaci\u00f3n de cuatro despachos de descongesti\u00f3n \u00ab(\u2026) a fin de superar dicho escenario (\u2026)\u00bb (ff. 28 y 29, ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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2.        El representante judicial de la pasiva dentro de la causa laboral apunt\u00f3 que la cuesti\u00f3n planteada en la acci\u00f3n es del exclusivo resorte del Magistrado ponente (f. 32, ib.)  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la salvaguarda al estimar improcedente la petici\u00f3n, pues la pretensi\u00f3n de darle prelaci\u00f3n a la demanda de casaci\u00f3n impetrada est\u00e1 sometida, como todas, al sistema de turnos, sin que se haya acreditado por ellas, \u00ab(\u2026) alguna circunstancias excepcional que sea lesiva de sus derechos fundamentales y en ese sentido, permita de manera eventual, darle prelaci\u00f3n a dichos asuntos, pues no allegaron ning\u00fan elemento probatorio que evidencie la presencia de un perjuicio irremediable\u00bb (ff. 37 a 47, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme a lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo extraordinario establecido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i)\u201cQue la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (\u2026) (ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable;(\u2026) (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (\u2026) (iv) Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (\u2026)(v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(\u2026) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela (\u2026)\u201d. (CC. Sentencias C-590 de 2005; SU-198 de 2013)  <\/span><\/p>\n

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Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de cada uno de los se\u00f1alados requisitos, y forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado por el actor desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, la tutela no puede prosperar.  <\/span><\/p>\n

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2.        Descendiendo al sublite, examinado lo aportado a la actuaci\u00f3n y concretamente lo aducido por la Sala querellada, se tiene que a las peticiones presentadas por las interesadas se brind\u00f3 cabal respuesta a trav\u00e9s de la apoderada mediante oficios 13807 y 13207, ambos de 24 de octubre de 2016, el primero con relaci\u00f3n a Mar\u00eda Betty Trivi\u00f1o Serna, proceso en el despacho del Magistrado Fernando Castillo Cadena,  y el segundo dirigido a Cristelia Aguirre Henao, asunto bajo estudio del Magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, donde se les advierte que los asuntos de su inter\u00e9s se hallan enlistados y sometidos al sistema de turnos previsto y se resolver\u00e1n seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 63A de la Ley 270 de 1996, modificado por el art\u00edculo 16 de la Ley 1285 de 2009.  <\/span><\/p>\n

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Igualmente, se provee una explicaci\u00f3n acerca de la excesiva carga laboral que actualmente soporta la Sala demandada, lo cual sin duda ha tenido incidencia en la falta de celeridad en la resoluci\u00f3n de los tr\u00e1mites que ingresan.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, si el prop\u00f3sito de la petici\u00f3n es precisamente obtener un pronunciamiento del \u00f3rgano jurisdiccional de cierre, lo que se impone es analizar una posible afectaci\u00f3n al debido proceso, en este caso, bajo el contexto de la denunciada mora judicial injustificada.  <\/span><\/p>\n

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Merced a lo se\u00f1alado, resulta di\u00e1fano comprender que la Sala accionada est\u00e1 en la imperante obligaci\u00f3n de ofrecer una respuesta de fondo a los peticionarios en el \u00e1mbito de su competencia, pero ello sin perjuicio de la realidad situacional revelada por la misma, aspecto adem\u00e1s estad\u00edsticamente acreditado de donde surge incuestionable que el c\u00famulo de asuntos a resolver supera cualquier posibilidad de respetar un razonable t\u00e9rmino judicial, lo cual representa una circunstancia de naturaleza administrativa que no podr\u00eda imput\u00e1rsele a los Magistrados sustanciadores y hace necesario que se examine cada demanda en particular, pero tampoco es una carga que deban soportar los administrados.  <\/span><\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que las situaciones de mora judicial son aquellas que carezcan de defensa, es decir, las que son producto de un comportamiento flagrantemente omisivo o negligente y no cuando obedecen a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas como aqu\u00ed se avizora.  Al respecto se anot\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada el 5 de marzo de 2012, exp, 02408-01; 5 de febrero de 2014, exp. 00549-01 y STC7190, 4 jun. 2014, exp. 00851-01)  <\/span><\/p>\n

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En suma, debe quedar claro, que no toda dilaci\u00f3n dentro del proceso judicial es vulneradora de derechos fundamentales, por lo que la tutela no procede autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los plazos legales por parte del funcionario atacado, sino que debe acreditarse la falta de diligencia.   <\/span><\/p>\n

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Conforme al ordenamiento jur\u00eddico los colegiados acusados deben respetar los turnos establecidos para fallar los procesos.  Un obrar contrario conllevar\u00eda quebrantar el derecho a la igualdad del resto de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia que se encuentra en las mismas condiciones, o a\u00fan peores, salvo que mediase un perjuicio irremediable.  No obstante, tal como lo dedujo la primera instancia, ello no fue demostrado por las querellantes, aspecto que de probarse con suficiencia impondr\u00eda revisar la posibilidad de asignar una prioridad especial al caso en detrimento del sistema de turnos, pero al no probarse tal circunstancia, no se aprecia urgente la intervenci\u00f3n constitucional; adicionalmente, se recuerda que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de tal situaci\u00f3n es insuficiente para justificar la procedencia del amparo.  <\/span><\/p>\n

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3.        Los razonamientos precedentes se imponen aptos para confirmar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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