{"id":99364,"date":"2026-06-25T18:22:47","date_gmt":"2026-06-25T18:22:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1864-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:22:47","modified_gmt":"2026-06-25T18:22:47","slug":"stc1864-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1864-2017\/","title":{"rendered":"STC1864-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1864-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01167-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 16 de enero de 2017, que neg\u00f3 la tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Regional Risaralda, tramite al cual fueron vinculadas la Alcald\u00eda de Pereira y la Defensor\u00eda del Pueblo Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando en su propio nombre, el actor promovi\u00f3 el amparo constitucional de la referencia, tras considerar que la autoridad judicial accionada vulner\u00f3 sus derechos fundamentales en el procedimiento de la acci\u00f3n popular N\u00ba 2016-00464-00, lo anterior, porque \u00abNUNCA se ha aplicado los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998\u00bb, y adem\u00e1s que \u00abse ha NEGADO a notificar a la entidad accionada a su correo electr\u00f3nico, tal como lo manda el C.G.P., tampoco informa a la comunidad tal como lo ped\u00ed en la acci\u00f3n popular, pese a que a saciedad ha informado a trav\u00e9s de la emisora de la polic\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En s\u00edntesis, solicita que se ordene al accionado notificar por correo electr\u00f3nico a la entidad demandada y al procurador judicial delegado en las acciones populares (ff. 3 y 4 cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Municipio de Pereira, a trav\u00e9s de apoderado judicial adujo que el ente territorial carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y que no est\u00e1 llamado a responder por la posible vulneraci\u00f3n que aduce el demandado, por lo cual solicit\u00f3 que fuese negado el amparo y que se condenara en costas al actor en caso de ser demostrado que actu\u00f3 con temeridad y mala fe (ff. 14 y 15 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El despacho judicial accionado alleg\u00f3 los documentos solicitados (ff. 23 a 26 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3. La Procuradur\u00eda Regional Risaralda, inform\u00f3 que para dar cumplimiento a lo ordenado en el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998 ha designado a diferentes profesionales de esa entidad, en virtud de las acciones populares presentadas por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, plantea adem\u00e1s que la situaci\u00f3n arg\u00fcida por el actor es ajena a su funci\u00f3n, por lo cual pide su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite (f. 29. \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el amparo con fundamento en que la acci\u00f3n popular se estaba tramitando conforme a la normativa especial que la rige y que adem\u00e1s se advert\u00eda ausencia del requisito de subsidiariedad (ff. 32 a 34 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 \u00abamparar mi acci\u00f3n\u00bb (f. 36, cd 1 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Acerca de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, prerrogativa que en ese espec\u00edfico evento le ser\u00e1 protegida de manera inmediata, mediante un procedimiento breve y sumario sin que sea un mecanismo sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s medios de defensa que consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso sub j\u00fadice, el amparo tiene origen en la presunta \u00abvulneraci\u00f3n a las garant\u00edas procesales\u00bb en las cuales, a juicio del recurrente ha incurrido el despacho judicial, no obstante, estudiadas las copias allegadas la Corte observa:  <\/span><\/p>\n

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2.1 El accionante plantea que el despacho judicial accionado omiti\u00f3 surtir la notificaci\u00f3n a la entidad demandada mediante correo electr\u00f3nico, reclamo que est\u00e1 vedado por la apat\u00eda del accionante al no haber propuesto la discusi\u00f3n pertinente en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular, pues no obran en los expedientes solicitudes al respecto.  <\/span><\/p>\n

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Si bien, el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso dispone las reglas para la pr\u00e1ctica de la notificaci\u00f3n personal y entre \u00e9stas precept\u00faa la posibilidad de que se surta a trav\u00e9s de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica registrada por las personas jur\u00eddicas de derecho privado y los comerciantes inscritos en el registro mercantil, no es la acci\u00f3n de tutela el escenario id\u00f3neo para plantear \u00e9ste asunto cuando no ha sido suficientemente debatido ante el juez de conocimiento.  <\/span><\/p>\n

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Lo expuesto, supone el fracaso del amparo, de conformidad con lo previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. En este sentido ha sido invariable l\u00ednea de pensamiento de esta Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01).  <\/span><\/p>\n

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2.2.1 En el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular, instaurada en contra de Audifarma, el despacho judicial accionado a trav\u00e9s de providencia de 22 de noviembre de 2016 admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 la publicaci\u00f3n del aviso a trav\u00e9s de la emisora de la Polic\u00eda Nacional o un medio de amplia circulaci\u00f3n (f. 24 \u00eddem), posteriormente el 2 de diciembre expidi\u00f3 los oficios y elabor\u00f3 el aviso a la comunidad (f.f 25 y 26 \u00eddem) en lo sucesivo no se evidencian peticiones o recursos interpuestos por el accionante, donde plantee inconformidad frente a las decisiones judiciales proferidas.  <\/span><\/p>\n

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En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, tambi\u00e9n se torna improcedente el amparo.  <\/span><\/p>\n

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3. En el mismo sentido se proceder\u00e1 respecto del amparo contra las dem\u00e1s entidades vinculadas al proceso, en tanto que no se observa vulneraci\u00f3n alguna a los derechos invocados por el accionante.  <\/span><\/p>\n

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4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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