{"id":99367,"date":"2026-06-25T18:23:07","date_gmt":"2026-06-25T18:23:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1867-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:23:07","modified_gmt":"2026-06-25T18:23:07","slug":"stc1867-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1867-2017\/","title":{"rendered":"STC1867-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1867-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2016-00397-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de tutela proferido el quince de noviembre de dos mil diecis\u00e9is, por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rafael Palacio Dager frente al Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular al hom\u00f3logo Tercero de Familia de Cartagena, Mar\u00eda del Pilar Franco, Raimundo de la Espriella, Comisar\u00eda de Familia \u2013Casa de Justicia el Country, Procurador 10 Judicial II de Familia de Cartagena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Regional Bol\u00edvar, Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses \u2013 Direcci\u00f3n Seccional Bol\u00edvar y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n Seccional Bol\u00edvar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante, por intermedio de apoderado, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales de debido proceso, defensa y derechos fundamentales del ni\u00f1o, que considera vulnerados por la autoridad accionada con el prove\u00eddo que dict\u00f3 el 26 de octubre de 2016 mediante el cual decret\u00f3 como medida provisional de restablecimiento de derechos, la \u00abubicaci\u00f3n inmediata del menor Rafael Palacio Franco al medio familiar materno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Pretende, en consecuencia, i) se declare la nulidad de la referida actuaci\u00f3n y en su lugar, se le restablezca la custodia y el cuidado personal de su hijo; ii)  que se remita el expediente al juez competente para que dicte sentencia y le conceda la custodia permanente del menor; y iii) que se compulsen copias con destino a la Fiscal\u00eda, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n o al Consejo Superior de la Judicatura para que se investiguen las posibles conductas antijur\u00eddicas en las que pudieron incurrir las autoridades que han conocido el asunto y pese al prolongado tiempo, no han emitido una decisi\u00f3n definitiva.  [Folios 1- 6, c. 1]   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El accionante inicio proceso de restablecimiento de derechos contra Mar\u00eda del Pilar Franco y su compa\u00f1ero Raimundo de la Espriella del Valle por el presunto maltrato f\u00edsico a su hijo Rafael Palacio Franco.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Tras el impedimento del Juzgado Tercero de Familia de Cartagena, el asunto se remiti\u00f3 al hom\u00f3logo Cuarto de esa especialidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 24 de agosto de 2016, el juzgado accionado decret\u00f3 de oficio, la pr\u00e1ctica de pruebas a fin de esclarecer los hechos ventilados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 15 de septiembre de 2016 se llev\u00f3 a cabo una entrevista social al infante hijo de las partes en contradicci\u00f3n, en presencia de la Defensora de Familia Dra. Ludys Anais Garc\u00eda y la Procuradora de Familia Dra.  Alicia Mu\u00f1oz Mendoza.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

5. La oficina judicial cit\u00f3 a las partes a audiencia con el prop\u00f3sito de definir la custodia y cuidado del menor, por auto de 21 de octubre del mismo a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Ante la inasistencia del demandante \u2013en su criterio, justificada-, el 26 de octubre de 2016, el Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena dict\u00f3 medida provisional de restablecimiento de derechos del menor Rafael Palacio Franco, en la que se orden\u00f3, entre otras cosas, la ubicaci\u00f3n inmediata de aquel al medio familiar materno, y regul\u00f3 las visitas del padre.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. La apoderada judicial del progenitor ausente, interpuso recurso de reposici\u00f3n, que para la fecha de la formulaci\u00f3n de la tutela, no hab\u00eda sido resuelto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El accionante acude al amparo constitucional, por considerar que con la medida provisional adoptada el 26 de octubre de 2016, se vulneran sus derechos fundamentes y los de su menor hijo, pues afirma que la madre del menor renunci\u00f3 a la custodia y cuidado personal de \u00e9l, por tanto, no puede dictarse como medida provisional, reintegrarlo al n\u00facleo familiar materno cuando es \u00e9l quien lo viene cuidando y est\u00e1 en capacidad de ejercer la custodia mientras se resuelve de fondo el asunto.   [Folio 8, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 28 de octubre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n del Procurador 10 Judicial II de Familia de Cartagena y de los intervinientes Mar\u00eda del Pilar Franco, Raimundo de la Espriella, y Comisar\u00eda de Familia \u2013Casa de Justicia el Country;  luego, en auto de 2 de noviembre de 2016, convoc\u00f3 al Juzgado Tercero de Familia de Cartagena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Regional Bol\u00edvar, Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses \u2013 Direcci\u00f3n Seccional Bol\u00edvar y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n Seccional Bol\u00edvar y se dispuso en las dos actuaciones, el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  [Folios 200 y 321, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Mar\u00eda del Pilar Franco Mart\u00ednez, madre del menor, expres\u00f3 que el accionante es el que ha dilatado el proceso, pues entre otras cosas, presenta recursos de reposici\u00f3n contra todos los autos que decretan pruebas a favor de su hijo, mientras que por otro lado, lo desestabiliza al punto de retirarlo del colegio en el que cursa desde sus cuatro a\u00f1os y de otros tratamientos de psicolog\u00eda y educaci\u00f3n especial que se le prestaban.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Denunci\u00f3 que el tutelante ejerce una custodia arbitraria de aislamiento, y levanta falsas denuncias contra ella y su esposo por maltrato infantil, y de ese modo, desdibuja la figura de la familia materna;  adem\u00e1s, considera notable el deterioro emocional del infante, toda vez que a su corta edad ha manifestado deseos de suicidio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precis\u00f3 que en ning\u00fan momento ha renunciado a la custodia de su hijo, y que llegada la fecha en la que se cit\u00f3 para audiencia, extra\u00f1amente excus\u00f3 su inasistencia con una incapacidad, y no obstante, advertirse la presencia de su apoderada judicial, esta no solicit\u00f3 el aplazamiento o suspensi\u00f3n de la misma.  [Folios 213- 224, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, Raimundo de la Espriella del Valle cont\u00f3 que conoce a la madre del menor desde que \u00e9ste tiene dos a\u00f1os de edad y que junto con su esposa han cuidado responsablemente de sus tres hijos.  Afirm\u00f3 que no ha desplegado conductas agresivas y que es falsa la acusaci\u00f3n de bipolaridad, lo que pretende demostrar con la valoraci\u00f3n psiqui\u00e1trica ordenada a \u00e9l como padre de crianza. [Folios 226- 228, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otro lado, el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Cartagena inform\u00f3 que una vez asumi\u00f3 el conocimiento del asunto, decret\u00f3 nuevas pruebas pues al ser el proceso de vieja data, el material probatorio generaba dudas por tratarse de escritos y grabaciones sesgadas de ambas partes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Relat\u00f3 que llegada la fecha para la audiencia que program\u00f3 mediante auto de 21 de octubre de 2016, el padre del menor present\u00f3 una incapacidad por tres d\u00edas, contados a partir del d\u00eda siguiente a su visita al m\u00e9dico, con un diagn\u00f3stico de migra\u00f1a, y que en aras de salvaguardar la integridad del menor, tras la valoraci\u00f3n del informe del colegio, que se refer\u00eda a ideas de suicidio, entre otras, orden\u00f3 la ubicaci\u00f3n del menor en el n\u00facleo familiar materno, como medida provisional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cierre, expuso que la acci\u00f3n de tutela se torna improcedente, en primer lugar porque el actor no asisti\u00f3 a la audiencia en donde se discuti\u00f3 sobre la custodia y cuidado del menor; y segundo, porque se encuentra corriendo t\u00e9rminos para resolver el recurso de reposici\u00f3n que formul\u00f3 la apoderada judicial de \u00e9ste. [Folios 230- 234, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, el Colegio Brit\u00e1nico de Cartagena, present\u00f3 un informe detallado e hist\u00f3rico del proceso acad\u00e9mico, personal y social del menor, desde su ingreso en el que contaba con 4 a\u00f1os de edad hasta sus 9 a\u00f1os y 10 meses cumplido;  y precis\u00f3 acerca del notorio decaimiento en el proceso acad\u00e9mico y motivacional, desde que el menor se traslad\u00f3 a vivir con su pap\u00e1. [Folios 250- 299, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Regional Bol\u00edvar, adscrita al Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena, arguy\u00f3 que la apoderada judicial del promotor de esta queja, interpuso recurso de reposici\u00f3n contra la medida provisional de restablecimiento de derechos dictada, el que sustent\u00f3 el 31 de octubre siguiente y el cual se encuentra pendiente de resolver, por lo que resulta improcedente la acci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su vez, la Procuradora 115 Judicial II de Familia enfatiz\u00f3 en el recurso de reposici\u00f3n pendiente por resolver y agreg\u00f3 que el 26 de octubre de 2016, la oficina judicial accionada prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para decidir el asunto. [Folios 329- 331, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado Tercero de Familia de Cartagena, se limit\u00f3 a expresar que una vez puesto en conocimiento de este despacho sobre la existencia del proceso, el 17 de noviembre de 2015 se declar\u00f3 impedido para conocer del asunto, por lo que lo remiti\u00f3 al Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad. [Folio 334, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, El Jefe de Oficina Jur\u00eddica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses advirti\u00f3 que present\u00f3 en tiempo, dictamen m\u00e9dico y de psiquiatr\u00eda por lo que cumpli\u00f3 con la actividad pericial encomendada;  en todo caso solicit\u00f3 desvincul\u00e1rsele por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. [Folios 353- 354, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El Tribunal Superior de Cartagena, en sentencia de 15 de noviembre de 2016, concedi\u00f3 el amparo a \u00ablos derechos fundamentales de los ni\u00f1os, en especial a la salud f\u00edsica y mental, as\u00ed como a la integridad del ni\u00f1o Rafael Palacio Franco\u00bb;  tras considerar que el juzgado de conocimiento no pod\u00eda pasar por alto las pruebas relacionadas con la existencia de maltrato por parte del n\u00facleo familiar materno, que incluso se corrobor\u00f3 con el informe que rindi\u00f3 el Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses, por lo que en procura de la salvaguarda de los derechos del ni\u00f1o, de conformidad a su inter\u00e9s superior, se hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  En consecuencia, orden\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Mar\u00eda del Pilar Franco Mart\u00ednez y Raimundo de la Espriella del Valle impugnaron el referido fallo bajo el argumento que el juez constitucional desplaz\u00f3 e invadi\u00f3 la competencia del juzgador de conocimiento, desconociendo incluso las respuestas allegadas por la Procuradora y Defensora de familia quienes coincidieron en argumentar que el recurso interpuesto por el accionante, a\u00fan estaba sin resolver; aunado, la valoraci\u00f3n probatoria que hizo para adoptar la trasuntada determinaci\u00f3n, la censura por la \u00abfalta de temporalidad que le ofrece a unos informes del Instituto de Medicina Legal originarios del a\u00f1o 2010 en que se dio inicio al proceso primigenio;  y que pretende validar con juicio de valor anticipado seis (6) a\u00f1os despu\u00e9s, contraviniendo la raz\u00f3n de temporalidad e inmediatez de la tutela misma y presuntamente avis\u00e1ndose de las funciones del juez natural\u00bb. [Folios 391- 400, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Debe recordarse, que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional en procura de la salvaguarda de los derechos al debido proceso y defensa del accionante se revela improcedente, por cuanto se evidencia que el reclamante tiene a su alcance un medio de defensa judicial id\u00f3neo brindado por el ordenamiento jur\u00eddico para el pleno ejercicio de su derecho de contradicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, del an\u00e1lisis de las pruebas allegadas al presente tr\u00e1mite se extrae que para el momento en que se inco\u00f3 el amparo, 27 de octubre de 20161, a\u00fan se encontraba pendiente por resolver el recurso de reposici\u00f3n que interpuso el aqu\u00ed accionante, por intermedio de su apoderada judicial contra el auto de 26 de octubre de 2016 proferida por el Juzgado accionado, donde se orden\u00f3 \u00abcomo medida provisional de restablecimiento de derechos, la ubicaci\u00f3n inmediata del menor Rafael Palacio Franco al medio familiar materno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo tanto, al no haberse emitido un pronunciamiento definitivo por parte de la jurisdicci\u00f3n ordinaria sobre la cuesti\u00f3n puesta a consideraci\u00f3n del juez constitucional, resulta evidente el car\u00e1cter prematuro de la presente acci\u00f3n, sin que sea permitido que a trav\u00e9s suyo se suplan dichos mecanismos procesales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, encontr\u00e1ndose a la espera que se surta la actuaci\u00f3n en referencia, no es viable entrar a analizar por medio de la acci\u00f3n constitucional la soluci\u00f3n de una controversia que compete, de manera exclusiva, al juez que dirige el respectivo tr\u00e1mite, m\u00e1s a\u00fan cuando lo que reprocha es precisamente la limitada valoraci\u00f3n probatoria que se surti\u00f3, pues en su sentir, el juzgado de conocimiento, estim\u00f3 como suficiente el informe que alleg\u00f3 el Colegio Brit\u00e1nico donde estudiaba su hijo, desconociendo las dem\u00e1s pruebas practicadas a lo largo del proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En punto de lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que,\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC 22  feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Sin embargo, advierte la Sala que existe una flagrante vulneraci\u00f3n a los derechos del menor RAFAEL PALACIO FRANCO, en tanto que como revela el expediente, desde el 7 de junio de 2013, puso a disposici\u00f3n de los Juzgados de Familia de Cartagena el proceso administrativo de restablecimiento de derechos;  acto seguido, el 18 de julio de esa anualidad, el Juzgado Tercero de Familia asume el conocimiento del asunto quien luego, el 17 de noviembre de 2015, el titular del despacho se declara impedido para seguir conoci\u00e9ndolo, y remite las diligencias a su Hom\u00f3logo Cuarto de Familia, quien lo avoca el 26 de enero de 2016, y a la fecha no ha puesto fin al proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo relatado den\u00f3tese que el proceso lleva en curso cerca de cuatro a\u00f1os, sin que ninguna de las autoridades judiciales se tomaran la tarea de agilizar el tr\u00e1mite y resolver la situaci\u00f3n que aqueja al infante quien se est\u00e1 viendo afectado tanto f\u00edsica como emocionalmente tal y como se indica en los diferentes informes rendidos por especialistas en psicolog\u00eda que han atendido al menor.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, se encuentra justificada la intervenci\u00f3n del juez constitucional como quiera que los diferentes funcionarios judiciales han prolongado excesivamente el t\u00e9rmino para adoptar la decisi\u00f3n definitiva en el proceso de restablecimiento de derechos del menor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006 prev\u00e9:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEn todo caso, la actuaci\u00f3n administrativa deber\u00e1 resolverse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la presentaci\u00f3n de la solicitud o a la apertura oficiosa de la investigaci\u00f3n, y el recurso de reposici\u00f3n que contra el fallo se presente deber\u00e1 ser resuelto dentro de los diez d\u00edas siguientes al vencimiento del t\u00e9rmino para interponerlo. Vencido el t\u00e9rmino para fallar o para resolver el recurso de reposici\u00f3n sin haberse emitido la decisi\u00f3n correspondiente, la autoridad administrativa perder\u00e1 competencia para seguir conociendo del asunto y remitir\u00e1 inmediatamente el expediente al Juez de Familia para que, de oficio, adelante la actuaci\u00f3n o el proceso respectivo. Cuando el Juez reciba el expediente deber\u00e1 informarlo a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se promueva la investigaci\u00f3n disciplinaria a que haya lugar. Se resalta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y ya, el expediente en custodia del Juez de Familia, por p\u00e9rdida de competencia del Comisario de Familia (numeral 4 del art\u00edculo 119 ib\u00eddem), de conformidad con el par\u00e1grafo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abLos asuntos regulados en este c\u00f3digo deber\u00edan ser tramitados con prelaci\u00f3n sobre los dem\u00e1s, excepto los de tutela y habeas corpus, y en todo caso el fallo deber\u00e1 proferirse dentro de los dos meses siguientes al recibo de la demanda, del informe o del expediente, seg\u00fan el caso. El incumplimiento de dicho t\u00e9rmino constituye causal de mala conducta\u00bb. Se resalta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Por consiguiente, se revocar\u00e1 lo concerniente a la decisi\u00f3n de dejar sin efectos el auto de 26 de octubre de 2016, y tras la vulneraci\u00f3n de los derechos del menor, se modificar\u00e1 la orden de resolver de fondo el proceso de restablecimiento de derechos del ni\u00f1o Rafael Palacio Franco.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO. REVOCAR parcialmente la sentencia impugnada; en el sentido de NEGAR los derechos fundamentales de debido proceso y defensa del accionante,  en lo tocante a la orden que se le da al Juzgado Cuarto Civil de Familia que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente prove\u00eddo deje sin valor ni efecto el prove\u00eddo de fecha veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil diecis\u00e9is (2016) por medio del cual orden\u00f3 como medida provisional de restablecimiento de derechos, la ubicaci\u00f3n inmediata del menor Rafael Palacio Franco al medio familiar materno, as\u00ed como el posterior recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el demandante, para que en su lugar el ni\u00f1o permanezca en el medio familiar paterno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       SEGUNDO. MODIFICAR el t\u00e9rmino concedido al juzgado accionado para efectos de resolver de fondo el proceso de restablecimiento de derechos del menor, en el sentido de otorgarle un t\u00e9rmino perentorio de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo;  en ese sentido, se dispone, CONFIRMAR la concesi\u00f3n de amparo de los derechos del menor RAFAEL PALACIO FRANCO.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       TERCERO. Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a todos los intervinientes por el medio m\u00e1s expedito. En oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  <\/span><\/p>\n

Exp. No. 13001-22-13-000-2016-00397-01  <\/span><\/p>\n

Sin efectos auto que decret\u00f3 nulidad – 3 de febrero de 2017  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Accionante. Rafael Palacio Dager  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Accionados. Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad;  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Vinculados. al hom\u00f3logo Tercero de Familia de Cartagena, Mar\u00eda del Pilar Franco, Raimundo de la Espriella, Comisar\u00eda de Familia \u2013Casa de Justicia el Country, Procurador 10 Judicial II de Familia de Cartagena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Regional Bol\u00edvar, Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses \u2013 Direcci\u00f3n Seccional Bol\u00edvar y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n Seccional Bol\u00edvar  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

Derechos Invocados. Debido proceso, defensa y derechos fundamentales de los ni\u00f1os  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En: Proceso restablecimiento de derechos N\u00b0 2015-00204.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Providencias cuestionadas: providencia de 26 de octubre de 2016 mediante la cual se dict\u00f3 medida provisional de restablecimiento de derechos del menor Rafael Palacio Franco, en la que se orden\u00f3, entre otras cosas, la ubicaci\u00f3n inmediata de aquel al medio familiar materno, y regul\u00f3 las visitas del padre..  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Causa de la vulneraci\u00f3n: el promotor de la acci\u00f3n considera conculcados sus derechos fundamentales y los de su menor hijo, pues afirma que la madre del menor renunci\u00f3 a la custodia y cuidado personal de \u00e9l, por tanto, no puede dictarse como medida provisional, reintegrarlo al n\u00facleo familiar materno cuando es \u00e9l quien lo viene cuidando y est\u00e1 en capacidad de ejercer la custodia mientras se resuelve de fondo el asunto.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESOLUCI\u00d3N:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Primera Instancia. Tribunal. concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente prove\u00eddo deje sin valor ni efecto el prove\u00eddo de fecha veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil diecis\u00e9is (2016) por medio del cual orden\u00f3 como medida provisional de restablecimiento de derechos, la ubicaci\u00f3n inmediata del menor Rafael Palacio Franco al medio familiar materno, as\u00ed como el posterior recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el demandante, para que en su lugar el ni\u00f1o permanezca en el medio familiar paterno, e igualmente proceda en un t\u00e9rmino perentorio de treinta d\u00edas (30) h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, a resolver de fondo el proceso de restablecimiento de derechos del menor Rafael Enrique Palacio Franco instaurado por el se\u00f1or Rafael Palacio Dager contra Mar\u00eda del Pilar Franco\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Corte. Revoca parcialmente. REVOCA lo concerniente a la decisi\u00f3n de dejar sin efectos el auto de 26 de octubre de 2016.  <\/span><\/p>\n

Y tras la vulneraci\u00f3n de los derechos del menor, se MODIFICA la orden de resolver de fondo el proceso de restablecimiento de derechos del ni\u00f1o Rafael Palacio Franco concedi\u00e9ndole el t\u00e9rmino de DIEZ (10) D\u00cdAS contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Nota. El tribunal concedi\u00f3 dejar sin efectos la medida provisional valorando s\u00f3lo una prueba allegada por el Instituto de Medicina legal de fecha 13 de agosto de 2010 (muy antigua en el tiempo) sin tener en cuenta los dem\u00e1s medios probatorios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No se ha resuelto recurso de reposici\u00f3n contra esa decisi\u00f3n censurada. Por este motivo se conceden 10 d\u00edas para resolver de fondo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En todo caso, es procedente ordenar al juez que resuelva de fondo sobre el restablecimiento de derechos art. 119 N\u00b0 4 de la Ley 1098 de 2006.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 Folio 198, c. 1.      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1867-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2016-00397-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99367","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99367","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99367"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99367\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99367"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}