{"id":99368,"date":"2026-06-25T18:23:13","date_gmt":"2026-06-25T18:23:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1868-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:23:13","modified_gmt":"2026-06-25T18:23:13","slug":"stc1868-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1868-2017\/","title":{"rendered":"STC1868-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ALONSO RICO PUERTA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1868-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2016-00433-01  <\/span><\/p>\n

         (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 7 de diciembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela de Mario Antonio Quintero Grisales frente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de R\u00edonegro; siendo citados los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2016-00296.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando por intermedio de apoderado, el reclamante solicita la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada al proferir mandamiento ejecutivo a favor de Aurora Sep\u00falveda Berrio y en contra suya.   <\/span><\/p>\n

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2. Refiere, en s\u00edntesis, que el 10 de junio de 2014 el Tribunal confirm\u00f3 el fallo del a-quo que desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda ordinaria que instaur\u00f3 contra Aurora Sep\u00falveda Berrio y lo conden\u00f3 a pagarle $30\u00b4000.000 por concepto de costas. Agrega que el 11 de septiembre de 2015 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n y el 3 de noviembre de ese a\u00f1o rechaz\u00f3 el de s\u00faplica.   <\/span><\/p>\n

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Afirma que el 7 de septiembre de 2016 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de R\u00edonegro dict\u00f3 orden de pago por la anterior cantidad y decret\u00f3 medidas cautelares, a pesar de que el 9 de ese mes consign\u00f3 los $30\u2019000.000 en la cuenta del Despacho y la petici\u00f3n de su contraparte para iniciar el cobro era extempor\u00e1nea porque para ese momento no estaba en firme la liquidaci\u00f3n de las costas.   <\/span><\/p>\n

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3. Pide, en consecuencia, que se anule todo lo actuado en el recaudo desde el auto de apremio (fls. 3 a 10, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO   <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque el juzgado convocado dispuso la terminaci\u00f3n del ejecutivo por pago total de la obligaci\u00f3n el 19 de septiembre de 2016 y levant\u00f3 las medidas preventivas sin condenar en costas, con lo que desapareci\u00f3 la situaci\u00f3n que se denunciaba como violatoria de las garant\u00edas superiores (fls 30 a 34, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante reiter\u00f3 que el juzgado convocado incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho porque \u00abaprob\u00f3 una medida cautelar de un ejecutivo por costas procesales sin que \u00e9stas estuvieran en firme\u00bb (fls. 39 a 41, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Corresponde a la Corte establecer si el funcionario censurado vulner\u00f3 las garant\u00edas esenciales invocadas por librar orden de pago a favor de Aurora Sep\u00falveda Berrio contra Mario Antonio Quintero Grisales y decretar medidas cautelares, pese a que seg\u00fan afirma este \u00faltimo, ya hab\u00eda consignado el monto total de la obligaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. Las actuaciones jurisdiccionales son, por regla general, ajenas al examen propio de la tutela, a menos que resulten notoriamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. Para el estudio que se realiza, se encuentra  demostrado lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. El 22 de Junio de 2016 el apoderado de la acreedora Aurora Sep\u00falveda Berrio pidi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de R\u00edonegro que iniciara la ejecuci\u00f3n por las costas decretadas a su favor dentro del juicio ordinario n\u00ba 2010-00267 por $30\u00b4000.000.  <\/span><\/p>\n

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3.2. El 7 de Septiembre de 2016 el Despacho libr\u00f3 mandamiento de pago por ese valor.  <\/span><\/p>\n

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3.3. El 12 de ese mes el apoderado del deudor alleg\u00f3 recibo de consignaci\u00f3n en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del Banco Agrario por $30\u00b4000.000.  <\/span><\/p>\n

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3.4.  El 19 de septiembre de 2016 la autoridad reprochada declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del cobro por pago total de la obligaci\u00f3n y dispuso el levantamiento de las cautelas (fls 30 a 34, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.5. La acci\u00f3n de tutela se present\u00f3 el 24 de noviembre de 2016 (fl. 10, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4. Luego de verificar la actuaci\u00f3n surtida dentro del ejecutivo, es claro que la situaci\u00f3n que se denuncia como irregular no se encontraba configurada para el momento en que se instaur\u00f3 el amparo, toda vez que con antelaci\u00f3n el Juzgado Segundo Civil del Circuito de R\u00edonegro tuvo por acreditado el pago total de deuda y ante ello dispuso la terminaci\u00f3n del proceso, con la consecuente cancelaci\u00f3n de las medidas preventivas, cumpli\u00e9ndose as\u00ed el con fin \u00faltimo perseguido por el reclamante.  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo el amparo resulta inviable al no existir ninguna situaci\u00f3n actual de urgencia o peligro que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, siendo por dem\u00e1s irrelevante escudri\u00f1ar en este escenario sobre la supuesta configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho cuando, se reitera, la presunta anomal\u00eda no trascendi\u00f3 y el cobro se encuentra legalmente concluido.  <\/span><\/p>\n

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En un caso similar en el que no se acredit\u00f3 la afectaci\u00f3n actual de las garant\u00edas esenciales esta Sala indic\u00f3: \u00ab(\u2026) para que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ. STC sep. 5 de 2012, exp. 00630-014, reiterada en STC16340, nov. 10 de 2016).  <\/span><\/p>\n

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5. Finalmente, resta se\u00f1alar que no se present\u00f3 un \u00abhecho superado\u00bb como lo interpret\u00f3 el Tribunal, ya que para que \u00e9ste se configure es menester que las condiciones iniciales planteadas en la tutela hayan variado durante su diligenciamiento y no como ocurri\u00f3 en este caso en el que el quejoso acudi\u00f3 a este mecanismo cuando el litigio que la origin\u00f3 ya estaba concluido.  <\/span><\/p>\n

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Sobre la figura antes mencionada la Corte ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(…) la  decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (CSJ STC de 13 mar. 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otras en STC9365 de 11 jul. 2016).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por los motivos se\u00f1alados.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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