{"id":99371,"date":"2026-06-25T18:23:24","date_gmt":"2026-06-25T18:23:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1873-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:23:24","modified_gmt":"2026-06-25T18:23:24","slug":"stc1873-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1873-2017\/","title":{"rendered":"STC1873-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1873-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-002-2016-00539-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el 13 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alexander Yusti contra el Ministerio de Defensa, la Polic\u00eda Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de dicha instituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante quien act\u00faa en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida, igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas, en raz\u00f3n a que no le han pagado la pensi\u00f3n de invalidez a la que cree tiene derecho.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de su reclamo se\u00f1ala en s\u00edntesis que mediante Resoluci\u00f3n 1668 de 21 de abril de 2016, fue retirado del servicio de la Polic\u00eda Nacional, por disminuci\u00f3n de la capacidad psicof\u00edsica, valorada por la Junta Medico Laboral en 52.51%, hasta el 26 de julio de ese a\u00f1o recibi\u00f3 salario y desde entonces no ha devengado ning\u00fan emolumento, a pesar de que en t\u00e9rminos del Decreto 1157 de 2014, le asiste derecho a recibir una pensi\u00f3n de invalidez.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que de forma verbal ha \u00absolicitado en la oficina de pensionados en el s\u00f3tano de la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional el pago de [su] pensi\u00f3n a lo que\u00bb respondi\u00e9ndole que, \u00bbhasta no regular los embargos por cuota alimentaria no se [l]e pagar\u00eda\u00bb, con lo que se afectan los derechos de \u00e9l y sus hijos, a quienes no ha podido matricular en el colegio y tampoco ayudarles con dinero para garantizar el m\u00ednimo vital.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende en consecuencia, que se ordene a las demandadas concederle pensi\u00f3n \u00abpor sanidad\u00bb, la cual deber\u00e1 ser pagada retroactivamente desde el mes de agosto de 2016 (fls. 1 a 6, cd 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional, inform\u00f3 que, \u00abrevisado el programa de Sistema de Administraci\u00f3n de Talento Humano-SIATH (\u2026) logr\u00f3 constatar [que] el se\u00f1or SI ALEXANDER YUSTI, (\u2026) aparece retirado con tres meses de alta\u00bb y que no \u00abes titular de Asignaci\u00f3n de Retiro por parte de la Entidad\u00bb raz\u00f3n por la cual esa unidad no es competente \u00abpara resolver de fondo las pretensiones (\u2026) de la presente tutela\u00bb, de este modo solicita se rechace (fls. 26 y 27, ib\u00eddem, negrilla may\u00fascula fija y subrayado en texto).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 por improcedente la protecci\u00f3n suplicada encaminada al reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez al demandante, con fundamento en que al expediente \u00abno se alleg\u00f3 soporte alguno de la existencia de petici\u00f3n, y la accionada adujo que no ha recibido reclamaci\u00f3n dirigida en ese sentido\u00bb, circunstancia que impide al juez de tutela emitir pronunciamiento al respecto, porque las v\u00edas indicadas por el legislador para el efecto est\u00e1n pendientes de ser agotadas (fls. 35 a 39, cd 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el promotor del amparo para quien la prestaci\u00f3n reclamada es un derecho adquirido al punto que el pagador de aquella al momento de retirarlo \u00abdebi\u00f3 de forma inmediata reconocer mi pensi\u00f3n sin tener que exponerme al desgaste administrativo\u00bb (fls. 41 y 42, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        En el asunto en estudio, el actor considera que sus prerrogativas fundamentales fueron quebrantadas por la Polic\u00eda Nacional, al omitir el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez a la que tiene derecho, por cuanto la Junta Medica Laboral determin\u00f3 que sus capacidades psicof\u00edsicas disminuyeron en un 52.51%, valoraci\u00f3n que t\u00e9rminos del Decreto 1157 de 20014 le otorga inmediatamente el acceso al referido beneficio.  <\/span><\/p>\n

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2. La jurisprudencia constitucional de la Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar, de ah\u00ed que ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo, (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00, STC507-2016, 27 ene. rad. 00026-00 y STC1851-2016, 18 fe, rad. 00282-00).  <\/span><\/p>\n

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3. Conforme a lo anterior se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el amparo por cuanto carece del requisito de subsidiaridad, pues en efecto el accionante no ha solicitado las garant\u00edas que aqu\u00ed reclama a las autoridades encargadas de reconocerlas, de modo tal, que mal podr\u00eda atribu\u00edrsele a la Polic\u00eda Nacional la vulneraci\u00f3n del derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez del actor, cuando aquella no ha sido requerida con ese prop\u00f3sito.  <\/span><\/p>\n

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Pues si bien se demuestran las condiciones de salud y la disminuci\u00f3n de la capacidad laboral, se echa de menos la constancia de que se haya agotado el tr\u00e1mite administrativo o elevado el requerimiento correspondiente, de acuerdo con el Decreto 1157 de 2014, y a partir de all\u00ed se tuviera una respuesta negativa que genere la afectaci\u00f3n a sus derechos, m\u00e1xime cuando no se encuentra acreditado que ese otro medio resulte ineficaz.  <\/span><\/p>\n

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Bajo la anterior \u00f3ptica resulta evidente que la salvaguarda no puede abrirse paso, \u00abhabida cuenta que esta acci\u00f3n fue concebida con un car\u00e1cter netamente residual que apareja su fracaso cuando la persona presuntamente lesionada en sus derechos fundamentales tenga o haya tenido a su alcance alg\u00fan mecanismo id\u00f3neo de defensa, situaci\u00f3n que est\u00e1 consagrada como causal de improcedencia en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u00bb (STC11061-2016-01, 10 ago. 2016, rad. 00417-01).  <\/span><\/p>\n

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De manera que, como falta el requerimiento a la autoridad accionada, para que en uso de sus competencias profiera el acto administrativo correspondiente, no puede omitirse dicho tr\u00e1mite para acceder al reconocimiento pensional por esta v\u00eda, pues ello conllevar\u00eda a que el juez constitucional invadiera su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica, y es que recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela solo est\u00e1 llamada a aplicarse en aquellos casos en los que en escenario id\u00f3neo no se logran proteger los derechos fundamentales invocados y no para desplazar a los funcionarios y entidades administrativas en sus atribuciones y funciones.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa favorabilidad de la tutela en relegaci\u00f3n del medio preferente de defensa judicial frente a una solicitud pensional presupone un pronunciamiento de la entidad encargada, regularmente a trav\u00e9s de un acto administrativo, ya que al juez constitucional le est\u00e1 vedado anteponerse a la actuaci\u00f3n del ente al que le compete el conocimiento de tales asuntos. Por tal motivo, com\u00fanmente cuando se trata de asuntos pensionales, resultan cuestionados actos administrativos respecto de los cuales se aduce la consumaci\u00f3n de un defecto de incidencia constitucional\u00bb (CC T-391-11).  <\/span><\/p>\n

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4.  Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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