{"id":99372,"date":"2026-06-25T18:23:28","date_gmt":"2026-06-25T18:23:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1874-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:23:28","modified_gmt":"2026-06-25T18:23:28","slug":"stc1874-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1874-2017\/","title":{"rendered":"STC1874-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1874-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00238-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Alejandro Jim\u00e9nez D\u00edaz quien act\u00faa como agente oficioso de Miguel Antonio Jim\u00e9nez C\u00e1rdenas  contra el Juzgado Civil del Circuito de L\u00f3rica \u2013 C\u00f3rdoba y la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda;  actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a todas las dem\u00e1s autoridades, partes e intervinientes en el proceso de pertenencia que Emiro \u00c1ngel, Jhony, Rosario, Carmen Elena, Yahit y Yennis Pinto P\u00e9rez promovieron contra el accionante,  conocido con radicado 2012-00217.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El agente oficioso solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, protecci\u00f3n a la tercera edad   que considera vulnerados a su agenciado con ocasi\u00f3n a la decisi\u00f3n proferida el 7 de octubre de 2014, la cual se ciment\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, lo que se constituy\u00f3 en un fallo injusto que conduce a una irregular e ineficaz actuaci\u00f3n procesal, anomal\u00eda que fue avalada por el Tribunal al negarse a declarar la nulidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Manifiesta el agente oficioso que el agenciado, quien es su padre, cuenta con 84 a\u00f1os de edad y padece  actualmente de \u00abparkinson y alzheimer\u00bb, en el a\u00f1o 2012, promovi\u00f3 demanda de pertenencia contra los herederos determinados e indeterminados de Estebana Pinto (q.e.p.d.), para que se declarara que adquiri\u00f3 el bien ubicado en la calle 2 No. 15-36 del barrio Remolino del municipio de Lorica (C\u00f3rdoba), identificado con c\u00e9dula catastral No. 010300070006000 por prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de aquella localidad, que mediante auto de 25 de octubre de 2012 lo admiti\u00f3 a tr\u00e1mite y dispuso las notificaciones y emplazamientos de rigor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Notificados, Emiro \u00c1ngel, Carmen Elena y Yennys Pinto P\u00e9rez, Martha Tu\u00f1on Pitalua y Luzmila, Mar\u00eda de los \u00c1ngeles y Lourdes Palomo Nu\u00f1ez, presentaron demanda de reconvenci\u00f3n contra el tutelante, para que les fuera restituido el predio. A los dem\u00e1s emplazados, les fue nombrado curador ad litem.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Superadas las fases procesales pertinentes, el 7 de octubre de 2014 se dict\u00f3 sentencia de primera instancia, a trav\u00e9s de la cual se desestimaron las pretensiones del usucapiente y se accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n pedida por los titulares del derecho de dominio. Contra la decisi\u00f3n no se interpuso recurso alguno. [Folios 311-330, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Ejecutoriado el fallo, el extremo demandado solicit\u00f3 comisionar al inspector de polic\u00eda del lugar, a efectos de que se materializara la orden de entrega, a lo cual accedi\u00f3 el juez cognoscente mediante auto de 29 de mayo de 2015, libr\u00e1ndose el respectivo exhorto, encontr\u00e1ndose pendiente se\u00f1alar fecha para llevar a cabo el objeto del encargo por parte del funcionario comisionado. [Folios 334-335, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Posteriormente el actor solicit\u00f3 la nulidad de la sentencia alegando que se ha reivindicado el derecho de dominio a los demandados al considerarlos propietarios del bien inmueble objeto de la litis cuando en realidad ostentan una propiedad incompleta, pues sobre dicho bien existe una falsa tradici\u00f3n, lo que imped\u00eda declarar la reivindicaci\u00f3n en su favor, configur\u00e1ndose un vicio procesal de incongruencia aunado a que los demandados no son titulares del derecho de dominio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Por auto del 13 de julio de 2015 el juzgado dispuso correr traslado a la parte demandada para que se pronunciara al respecto. [Folio 56, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El 13 de abril de 2016 se neg\u00f3 por improcedente la solicitud de nulidad tras indicar que \u00abEstablece el inciso primero del art\u00edculo 142 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que las nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia o durante la actuaci\u00f3n posterior a \u00e9sta si ocurrieron en ella (\u2026) la situaci\u00f3n planteada debi\u00f3 alegarse antes de que dictase sentencia, siendo por tal extempor\u00e1nea la petici\u00f3n nulitiva.\u00bb [Folios 57-59, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. Inconforme con la decisi\u00f3n el tutelante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido el 26 de abril de ese a\u00f1o. [Folio 62, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. El 27 de junio siguiente el Tribunal confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada por el A Quo. [Folios 67-70, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. En criterio del peticionario del amparo, con la sentencia emitida dentro del asunto cuestionado se vulneraron sus derechos por cuanto \u00abviol\u00f3 preceptos constitucionales que amparan durante estos tr\u00e1mites, el debido proceso, que debe existir y tener en cuenta el operador judicial y administrativo durante las actuaciones judiciales y administrativas, en especial lo dispuesto por el art\u00edculo 29 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. [Folios 1-10, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

A. El tr\u00e1mite de la instancia    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Por auto del 6 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 correr traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 92, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado Civil del Circuito de L\u00f3rica \u2013 C\u00f3rdoba se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que el presente reclamo no cumple con el requisito de la inmediatez por cuanto se est\u00e1  censurando una decisi\u00f3n del a\u00f1o 2014 aunado a que contra ella no interpuso el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, manifest\u00f3 que sobre estos mismos argumentos el accionante ya hab\u00eda formulado acci\u00f3n de tutela cuyo radicado es el 2016-00589, la cual fue despachada desfavorablemente. [Folio 108, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

1. D\u00edgase inicialmente, que si bien el Juzgado Civil del Circuito de L\u00f3rica – C\u00f3rdoba  alega la temeridad de la presente acci\u00f3n constitucional, ello no se evidencia, dado que en la anterior  tutela promovida por el actor se ciment\u00f3 b\u00e1sicamente en que la autoridad accionada al fijar fecha para diligencia de entrega del inmueble identificado con c\u00e9dula catastral No. 010300070006000, en cumplimiento a la sentencia emitida  el 7 de octubre de 2014 por el Juzgado accionado, lo dejar\u00e1 en situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n y desamparo dada su avanzada edad y delicado estado de salud y en el presente amparo se censura que el citado fallo adolece de irregularidades por cuanto se bas\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, lo que hac\u00eda nula la actuaci\u00f3n, situaci\u00f3n que fue avalada por el Tribunal Superior, hecho nuevo que no ha sido controvertido por esta v\u00eda. De modo que procede  la Sala a su estudio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. De otra parte, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c\u2026aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u201d. (CSJ STC 2 ago. 2007, Rad. 00188-01.)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u201d (CSJ STC 29 abr. 2009, Rad. 00624-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a esta herramienta excepcional, pues no se puede convertir en generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de otras personas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, el segundo de los requisitos de procedibilidad del reclamo constitucional, est\u00e1 referido a la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, al amparo no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con tal postulado, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 como causal de improcedencia la de existir \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte actora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el peticionario del amparo cuestiona en esta v\u00eda la sentencia proferida el 7 de octubre de 2014 por el Juzgado Civil del Circuito de L\u00f3rica \u2013 C\u00f3rdoba habiendo transcurrido aproximadamente 27 meses desde entonces.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior pone en evidencia que para interponer la tutela, dej\u00f3 transcurrir un per\u00edodo superior al que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable, sin que hubiera demostrado alg\u00fan hecho o motivo que justifique su tardanza.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es del caso recordar que es deber de las partes e intervinientes en el proceso, interesados en las resultas de una actuaci\u00f3n, seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia, pues no pueden excusar su falta de diligencia para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional tard\u00edamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Adicional a lo expuesto, se advierte que el tutelante, tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial para propender por la protecci\u00f3n de los derechos que ahora estima vulnerados, de lo que se deduce que a trav\u00e9s de esta v\u00eda, no se pueden sustituir esos mecanismos de contradicci\u00f3n ordinarios, pues se observa que proferida  la sentencia, contra esa determinaci\u00f3n no expuso ning\u00fan reparo, pese a que para ello contaba con el recurso de apelaci\u00f3n, herramienta jur\u00eddica id\u00f3nea que el legislador ha previsto para que quienes no est\u00e9n conformes con las decisiones del juez de primera instancia, puedan controvertirlas ante su superior funcional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al fallador natural en escenarios procesales que no se suscitaron porque el actor  no hizo uso de los medios de impugnaci\u00f3n que contempla la norma adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el interesado ha desaprovechado debido a su desidia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el contexto natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, o para recuperar oportunidades que se dejaron vencer en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala, en supuestos similares ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, y 2 mar. 2011, rad. 00380-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De otra parte, respecto a la censura que hace el tutelante  en torno a las decisiones proferidas por el Juzgado Civil del Circuito de L\u00f3rica y la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, el 13 de abril de 2016 y 27 de junio de ese a\u00f1o respectivamente, que negaron la nulidad deprecada por el actor no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto el pronunciamiento del Tribunal accionado que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del A Quo no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En efecto, para adoptar su decisi\u00f3n el Ad Quem se\u00f1al\u00f3 que varios errores presentaba la solicitud de declaratoria de nulidad de la sentencia emitida el 7 de octubre de 2014 que resolvi\u00f3 negar las pretensiones del accionante y acceder a las solicitudes de la demanda de reconvenci\u00f3n, ordenando al actor restituir el bien a los demandados, por cuanto:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abA- No existe en el proceso sentencia de 24 de mayo de 2.015 por cuanto la sentencia no se dict\u00f3 en esa fecha.  <\/span><\/p>\n

B- No se indica causal o causales de nulidad que se invocan. El art\u00edculo 133 del C.G.P. se\u00f1ala las causales de nulidad de forma taxativa por lo que es obligaci\u00f3n enunciarla; por su parte el art\u00edculo 135 inciso 4\u00ba, compele al Juez a rechazar de plano la nulidad que se funda en causal distinta a las enunciadas en el art. 133.  <\/span><\/p>\n

C- Se solicita despu\u00e9s de proferida sentencia y no se cuestionan hechos ocurridos en ella, el art\u00edculo 134 del C.G.P. se\u00f1ala que las nulidades pueden alegarse en cualquiera de las instancias antes de dictarse sentencia o con posterioridad si ocurrieron en ella.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        En ese sentido, el Tribunal concluy\u00f3 que esas falencias eran m\u00e1s que suficientes para que se rechazara de plano la nulidad deprecada, lo que hac\u00eda procedente confirmar la determinaci\u00f3n adoptada por la primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. As\u00ed las cosas, surge palpable que la pretensi\u00f3n del  gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.),  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1874-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00238-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99372","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99372","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99372"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99372\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99372"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99372"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99372"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}