{"id":99377,"date":"2026-06-25T18:23:58","date_gmt":"2026-06-25T18:23:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1879-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:23:58","modified_gmt":"2026-06-25T18:23:58","slug":"stc1879-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1879-2017\/","title":{"rendered":"STC1879-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1879-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00210-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Silvia Pardo de Cifuentes, quien act\u00faa en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hijo menor Sebasti\u00e1n Cifuentes Pardo, contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales y el Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial de segunda instancia al dictar sentencia reconociendo las mejoras a la parte pasiva, dentro del proceso ordinario reivindicatorio promovido por ella.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se deje parcialmente sin efecto el fallo censurado y se nieguen las mejoras a favor de los demandados o se modifique el monto de aquellas.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Pedro Cifuentes Garc\u00eda (q.e.p.d.) adquiri\u00f3, mediante la escritura p\u00fablica n.\u00b0 0042 del 20 de enero de 2003, los derechos de dominio y posesi\u00f3n de los lotes de terreno ubicados en la calle 9 n.\u00b0 10-44\/50 de La Dorada, Caldas.  <\/span><\/p>\n

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2. El 25 de marzo de 2011, el se\u00f1or Cifuentes Garc\u00eda (q.e.p.d.) falleci\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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3. Los inmuebles descritos atr\u00e1s fueron adjudicados a Ana Silvia Pardo de Cifuentes y el ni\u00f1o Sebasti\u00e1n Cifuentes Pardo, dentro de la sucesi\u00f3n de la persona mencionada, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 3133 de junio 11 de 2014 de la Notar\u00eda Sesenta y Ocho de Bogot\u00e1, D. C.  <\/span><\/p>\n

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4. Los aqu\u00ed accionantes presentaron demanda ordinaria contra Alejandro G\u00f3mez Hoyos y Lyda Mar\u00eda Giraldo Ocampo, a fin de obtener la reivindicaci\u00f3n de los predios referidos, pues, en su sentir, ellos empezaron a los poseerlos aprovechando la colindancia con unos terrenos de su propiedad.  <\/span><\/p>\n

5. El Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, la admiti\u00f3, le asign\u00f3 el n\u00famero de radicado 2014-00295 y orden\u00f3 el traslado al extremo pasivo.  <\/span><\/p>\n

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6. Los demandados se opusieron a las pretensiones e interpusieron las excepciones de \u00abbuena fe\u00bb, \u00abventa de predio como cuerpo cierto\u00bb, \u00abfalta de identidad de lo pedido en la reivindicaci\u00f3n\u00bb y \u00abhacer caer en error a mis prohijados y mala fe de la parte demandante e inexistencia real y material de la cesi\u00f3n de derechos herenciales\u00bb, de otro lado solicitaron el reconocimiento de mejoras y el pago de indemnizaci\u00f3n por actuar de buena, as\u00ed como el derecho de retenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. De otro lado, la se\u00f1ora Pardo de Cifuentes promovi\u00f3 otra demanda contra Alejandro G\u00f3mez Hoyos y Lyda Mar\u00eda Giraldo Ocampo, con la finalidad de recuperar la posesi\u00f3n sobre el bien inmueble localizado en la calle 9 n.\u00b0 10-36 de La Dorada.  <\/span><\/p>\n

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9. De otro lado, en el primer juicio referido, el fallador dict\u00f3 sentencia el 16 de octubre de 2015, en la que neg\u00f3 las s\u00faplicas de la parte actora, ya que debi\u00f3 proponerse una acci\u00f3n diferente, como la resoluci\u00f3n del contrato o una nulidad.  <\/span><\/p>\n

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10. Inconforme con estas determinaciones, la parte desfavorecida formul\u00f3 los recursos de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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11. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, en sentencia de 30 de junio de 2016, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n adoptaba en el proceso posesorio, debido a que la actora no demostr\u00f3 su condici\u00f3n de poseedora regular.  <\/span><\/p>\n

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12. De otro lado, el ad quem, en fallo adiado el 3 de noviembre de 2016, revoc\u00f3 la providencia dictada en el proceso reivindicatorio y, en su lugar, accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones, ordenando la restituci\u00f3n de los inmuebles objeto del litigio y el pago de los frutos civiles a favor de los demandantes, no obstante reconoci\u00f3 las mejoras \u00fatiles a la parte pasiva y le reconoci\u00f3 el derecho de retenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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13. La parte actora pidi\u00f3 la aclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n de la providencia anterior, a fin de que se estableciera la mala fe de los se\u00f1ores G\u00f3mez Hoyos y Giraldo Ocampo, y se redujera el monto de las mejores reconocidas.  <\/span><\/p>\n

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14. En auto fechado el 17 de noviembre siguiente, el juzgador de segundo grado rechaz\u00f3 la petici\u00f3n por extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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15. Contra esta decisi\u00f3n, la aqu\u00ed quejosa inco\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y queja, los cuales fueron resueltos en prove\u00eddo de 12 de diciembre del a\u00f1o precedente, sin que la repusiera ni diera tr\u00e1mite al medio de impugnaci\u00f3n subsidiario.  <\/span><\/p>\n

16. En criterio de la peticionaria del amparo se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado, dado que la colegiatura acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho en el primero juicio reivindicatorio incoado, puesto que valor\u00f3 indebidamente las pruebas al reconocer a los demandados como poseedores de buena fe, pese a que ellos se aprovecharon de la enfermedad del vendedor y la colindancia de sus inmuebles, para poseer otros predios que no hab\u00edan adquirido, lo que indica su mala fe, y de otro lado, las mejoras reconocidas al extremo pasivo se tasaron err\u00f3neamente porque no se debieron reconocer totalmente, sino parcialmente. Asimismo, afirma que no se le permiti\u00f3 el uso de la palabra en la audiencia de segunda instancia, lo que le impidi\u00f3 manifestar sus inconformidades contra esa decisi\u00f3n. [Folios 97-117]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 7 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los despachos querellados y se dispuso la vinculaci\u00f3n de todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 125]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales indic\u00f3 que no se cumplieron los requisitos para la procedencia de la presente acci\u00f3n contra las sentencias dictadas en los procesos promovidos por la actora. [Folio 136]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, Alejandro G\u00f3mez Hoyos y Lyda Mar\u00eda Giraldo Ocampo se opusieron a la prosperidad del reguardo, por cuanto no se transgredieron los derechos fundamentales de los accionantes y adem\u00e1s esta v\u00eda no es la adecuada para cuestionar los fallos proferidos en los juicios censurados. [Folio 139]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub judice, aunque los hechos descritos en el reclamo constitucional propuesto por la accionante se refieren a dos procesos, a saber, el ordinario de car\u00e1cter reivindicatorio n.\u00b0 2014-00295 y el ordinario de naturaleza posesoria n.\u00b0 2014-00495, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 del primer juicio referido, toda vez que las s\u00faplicas de la impulsora de la salvaguarda \u00fanicamente se dirigen contra ese asunto.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al Tribunal Superior de Manizales para revocar el fallo denegatorio de las pretensiones dictado en primera instancia y, en su lugar, ordenar la restituci\u00f3n de los inmuebles objeto del litigio y el pago de los frutos civiles a favor de la parte actora, y reconocer las mejoras \u00fatiles y el derecho de retenci\u00f3n al extremo pasivo, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.   <\/span><\/p>\n

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En efecto, se avizora que en la decisi\u00f3n censurada, el ad quem determin\u00f3 que se hab\u00edan reunido los elementos para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria y que no se hab\u00eda derrumbado la presunci\u00f3n de buena fe de los demandados, con base en la siguiente argumentaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) decantado est\u00e1 para la doctrina y la jurisprudencia que para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria es necesario acreditar los siguientes presupuestos: 1) derecho de dominio en cabeza del actor; 2) posesi\u00f3n materia del bien reivindicatorio por el demandado; 3) identificaci\u00f3n del bien pose\u00eddo con aquel del cual es propietario el demandante; y 4) que se trate de cosa singular o cuota proindiviso de cosa singular.  <\/span><\/p>\n

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Luego resulta preciso verificar si dentro del sub lite se arrim\u00f3 prueba fehaciente y certera de cada uno de tales presupuestos, a objeto de determinar si realmente se abri\u00f3 paso la prosperidad de las s\u00faplicas de la demanda, como lo insiste la apelante.  <\/span><\/p>\n

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Lo relativo a la titularidad del derecho de dominio en cabeza de los demandantes, Ana Silvia Pardo de Cifuentes y su hijo menor Sebasti\u00e1n Cifuentes Pardo no ofrece duda, en efecto con la demanda se arrimaron copias autenticadas de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 3133 del 11 de junio de 2014 de la Notar\u00eda Sesenta y Ocho del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, D. C., que recoge la liquidaci\u00f3n sucesoral del causante Pedro Cifuentes Garc\u00eda (\u2026) en la que se adjuc\u00f3 al menor Sebasti\u00e1n Cifuentes Pardo el lote n\u00famero 4 ubicado en la calle 9 n.\u00b0 10-50 de La Dorada (\u2026) y a la se\u00f1ora Ana Silvia Pardo de Cifuentes, en calidad de cesionario de derechos y acciones, el lote n\u00famero ubicado en la calle 9 n.\u00b0 10-44 del per\u00edmetro urbano de La Dorada (\u2026), siendo estos los inmuebles que se pretenden reivindicar. Asimismo obran los respectivos folios de matr\u00edcula inmobiliaria, en los que aparece que se efectu\u00f3 la tradici\u00f3n que confiere el dominio por adjudicaci\u00f3n por causa de muerte (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Es del caso resaltar, adem\u00e1s, que se trata de unos bienes ra\u00edces perfectamente singularizados por su ubicaci\u00f3n y linderos, estos \u00faltimos est\u00e1n claramente determinados en esos documentos, que no permiten confundirlos con otros.  <\/span><\/p>\n

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En cuanto a la posesi\u00f3n de los bienes materia del reivindicatorio por los demandados, que es el segundo elemento axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n de dominio que debe confluir para su prosperidad y que va de la mano con el tercero que alude a la identidad del bien o bienes pose\u00eddos con aquel o aquellos del cual son propietarios los demandantes, se tiene en primer t\u00e9rmino la confesi\u00f3n que los se\u00f1ores Lyda Mar\u00eda Giraldo Ocampo y Alejandro G\u00f3mez Hoyos hicieron al momento de la contestaci\u00f3n de la demanda (\u2026) manifestaron que al comprar todo el predio, dentro de ello estaban los hoy solicitados en reivindicaci\u00f3n, que tan cierto es eso que la casa all\u00ed existente se dijo que ser\u00eda entregada por el se\u00f1or Jos\u00e9 Fernando Villa, en nombre de la se\u00f1ora Ana Silvia Pardo de Cifuentes, adem\u00e1s al contestar el interrogatorio que se le formulara el se\u00f1or G\u00f3mez Hoyos admiti\u00f3 estar viviendo en la casa ubicada en el lote n\u00famero 3 (\u2026), aseverando que le hicieron algunas mejoras, en igual sentido se pronunci\u00f3 la se\u00f1ora Lyda Mar\u00eda Giraldo Ocampo, c\u00f3nyuge de aquel, quien asever\u00f3 que al realizar la negociaci\u00f3n con el fallecido Pedro Cifuentes, entendieron que entraba la casa, que \u00e9l les dijo que el predio se compon\u00eda de un jard\u00edn, la casa y un patio que tiene alrededor de 1.300 metros cuadrados, que la casa tiene cerca de 200 metros cuadrados y que la se\u00f1ora Silvia sab\u00eda que ellos ten\u00edan la casa y estaban viviendo all\u00ed. Es decir, admiten los demandados estar ejerciendo posesi\u00f3n, no solo sobre lo que fue materia de negociaci\u00f3n con Pedro Cifuentes seg\u00fan las escrituras p\u00fablicas, sino sobre los predios de propiedad de la demandante y su hijo, pues conforme lo afirman entendieron que todo ello formaba parte de lo adquirido, ya que pensaron haber comprado como cuerpo cierto.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el a quo de que la posesi\u00f3n ejercida por los demandados y aceptada por ellos sobre los mentados lotes 3 y 4 de propiedad de la demandante Ana Silvia Pardo de Cifuentes y su hijo Sebasti\u00e1n, deriva del contrato celebrado en vida con Pedro Cifuentes Garc\u00eda, se muestra totalmente desatinada, por cuanto los t\u00e9rminos de las escrituras p\u00fablicas que recogen esa negociaci\u00f3n son absolutamente claros y no dan lugar a dudas ni a interpretaciones distintas a las que emanan de las precisas expresiones consignadas en ellas, en las que se hizo constar de manera muy di\u00e1fana y espec\u00edfica, como se expuso en precedencia, que el bien materia de compraventa era el lote de 1.319,26 metros cuadrados, que result\u00f3 del englobe de 4 lotes, hecho mediante la escritura p\u00fablica n.\u00b0 1452 del 12 de junio de 2006 de la Notar\u00eda Tercera de Bogot\u00e1 (\u2026), como quiera, se itera, que los fundos que se piden reivindicar no forman parte de tales negociaciones.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) evidenciada la posesi\u00f3n de los demandados y que ella recae, no solo sobre lo que adquirieron por compra, sino tambi\u00e9n sobre los bienes reclamados, que no estaban incluidos en esa negociaci\u00f3n y que pertenecen a los demandantes, queda acreditado igualmente el tercer elemento axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n de dominio ejercida, cual es el de la identidad de lo pose\u00eddo con los bienes que son de propiedad de los demandantes, a m\u00e1s de los que los inmuebles reclamados est\u00e1n perfectamente individualizados y constituyen una cosa singular, convergiendo de tal modo la totalidad de esos requisitos que abren paso a la prosperidad de las s\u00faplicas de la demanda (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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A continuaci\u00f3n, el despacho colegiado procedi\u00f3 a valorar las pruebas, a efectos de establecer si los demandados hab\u00edan actuado con buena fe en ese asunto, y si era procedente el reconocimiento de las mejoras y el derecho de retenci\u00f3n a su favor, para lo cual expuso:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) la simple colindancia con los lotes n\u00fameros 3 y 4 de propiedad de la se\u00f1ora Pardo de Cifuentes y su hijo Sebasti\u00e1n, con el lote englobado vendido a la se\u00f1ora Giraldo Ocampo no permite per se inferir mala fe de esta y del se\u00f1or Alejandro G\u00f3mez Hoyos en la detentaci\u00f3n con \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo que ejerce sobre los lotes de aquellos, menos cuando, como lo asever\u00f3 el testigo Jos\u00e9 Fernando Villa, fue \u00e9l quien por instrucci\u00f3n de la propia Ana Silvia Pardo de Cifuentes al desocupar el inmueble que ostentaba en calidad de arrendatario, que es el construido en el lote de esta, lo entreg\u00f3 al se\u00f1or Alejandro. Infiri\u00e9ndose que desde entonces este y la se\u00f1ora Lyda Mar\u00eda est\u00e1n en posesi\u00f3n del mismo, y aunque la demandante Pardo de Cifuentes sostuvo en su interrogatorio de parte que su instrucci\u00f3n fue malinterpretada por cuanto lo que ella indic\u00f3 era que ten\u00eda que desocupar y entregar lo que se hab\u00eda vendido a don Alejandro, que la casa ten\u00eda una sola entrada, un port\u00f3n grande, y obvio que de eso hab\u00eda que hacer entrega, este yerro o falta de claridad fue el que determin\u00f3 el ejercicio de la posesi\u00f3n sobre los mismos.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Luego, al no haberse acreditado la mala fe, los demandados contin\u00faan cobijados por la presunci\u00f3n, hoy constitucional, de buena fe, y en ese orden para efectos de las prestaciones mutuas, ha de tenerse lo consagrado en los art\u00edculos 961, 962, 964, 965 y 966 del C\u00f3digo Civil.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, los demandados han de restituir los predios materia de este proceso, con todas sus anexidades y las cosas que forman parte de ellos o que se reputen inmuebles, al igual que los frutos producidos o que hubieren podido producir esos lotes con mediana inteligencia y cuidado desde la contestaci\u00f3n de la demanda.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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En lo atinente a mejoras el poseedor vencido tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservaci\u00f3n de la cosa, pero reducido a lo que valgan las obras al tiempo de la restituci\u00f3n, y siendo poseedor de buena fe, como en el presente caso, tambi\u00e9n se hace acreedor al abono de las mejoras \u00fatiles hechas antes de contestarse la demanda, entendi\u00e9ndose por tales aquellas que hayan aumentado el valor venal de la cosa.  <\/span><\/p>\n

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Dentro del asunto objeto de escrutinio por esta Corporaci\u00f3n, los demandados al contestar esta acci\u00f3n elevaron pedimento de reconocimiento de mejoras, y en el interrogatorio de parte absuelto la demandante Ana Silvia Pardo de Cifuentes acept\u00f3 su existencia, como quiera que al ser indagada sobre si la casa ubicada en los lotes que dice son de su propiedad, fue construida por el demandado o \u00e9l la ampli\u00f3 o mejor\u00f3, respondi\u00f3: \u201cMi esposo la construy\u00f3 y (\u2026) hubo incendio en la casa y nosotros lejos de eso, el se\u00f1or [Alejandro G\u00f3mez Hoyos] tumb\u00f3, construy\u00f3 y \u00e9l hizo lo que \u00e9l quiso\u201d, aunque precis\u00f3 que no han podido mirar lo que el demandado construy\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, mediante la prueba pericial practicada dentro del proceso, aunada a lo reportado por el testigo Jos\u00e9 Fernando Villa, quien atest\u00f3 que los se\u00f1ores Alejandro G\u00f3mez Hoyos y Lyda Mar\u00eda Giraldo Ocampo remodelaron la casa existente, haci\u00e9ndole unas modificaciones, qued\u00f3 acreditado que ciertamente se incorporaron mejoras, habiendo verificado el perito que la obra es realmente nueva (\u2026)   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pues bien, el perito designado dictamin\u00f3 que el valor de las mejoras realizadas ascend\u00eda a $212.564.000, precisando que el \u00e1rea reformada en el primer piso del inmueble fue de 195,87 metros cuadrados y en la segunda planta de 190,61 metros cuadrados, para un \u00e1rea total remodelada de 386,48 metros cuadrados, a raz\u00f3n de $550.000 el metro cuadrado de mejora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) En consecuencia, los demandados en calidad de poseedores de buena fe se hacen acreedores a ese valor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, ambas partes se hacen acreedoras y deudoras rec\u00edprocas, siendo viable que opere la compensaci\u00f3n como extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pero en atenci\u00f3n a que la diferencia entre los frutos debidos a la parte demandante y las mejoras reconocidas a los demandados es de $173.987.516, a favor de estos \u00faltimos, se impone el reconocimiento del derecho de retenci\u00f3n ejercido en la contestaci\u00f3n de la demanda hasta tanto se verifique su pago o se le asegure a satisfacci\u00f3n, al tenor de lo preceptuado en el art\u00edculo 970 del C\u00f3digo Civil.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

De lo cual resulta, que m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no las conclusiones a las que lleg\u00f3 el juzgador acusado, est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, verbi gratia, en la sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, rad. 2012-00245-01, la Sala sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Queda claro, entonces, que lo pretendido por la peticionaria del resguardo es anteponer su propio criterio al del juzgador accionado y atacar, por esta v\u00eda, la determinaci\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.  <\/span><\/p>\n

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4. Sumado a lo anterior, la quejosa tambi\u00e9n expuso que la colegiatura accionada incurri\u00f3 en irregularidad al no permitirle el uso de la palabra durante la audiencia de sustanciaci\u00f3n y fallo de la segunda instancia, motivo por el cual pretende que se corrija ese yerro a trav\u00e9s de la v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pues bien, en este caso se advierte que no se atendi\u00f3 el presupuesto de la subsidiariedad, pues la impulsora de la salvaguarda tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por este mecanismo, que no fue utilizado porque no manifest\u00f3 oportunamente los reparos que ac\u00e1 expone, m\u00e1xime que la petici\u00f3n dirigida a la correcci\u00f3n y aclaraci\u00f3n del fallo cuestionado fue radicada extempor\u00e1neamente, cuando dicha oportunidad y escenario era el id\u00f3neo para que ejerciera sus derechos fundamentales y se solventaran las irregularidades que a su juicio se presentaron.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en el escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque la aqu\u00ed quejosa no hizo uso de las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el interesado ha desaprovechado debido a su incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, solamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, o para recuperar oportunidades que se dejaron vencer en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, en supuestos similares, ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, y 2 mar. 2011, rad. 00380-01)  <\/span><\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para negar la tutela deprecada ante la configuraci\u00f3n de un hecho superado.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1879-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00210-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99377","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99377","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99377"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99377\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99377"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99377"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99377"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}