{"id":99378,"date":"2026-06-25T18:24:03","date_gmt":"2026-06-25T18:24:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1880-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:24:03","modified_gmt":"2026-06-25T18:24:03","slug":"stc1880-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1880-2017\/","title":{"rendered":"STC1880-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1880-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00266-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Rodolfo Succar Chediac contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta y la Sala Civil del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial;  tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n de todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo conocido con el radicado N\u00b0 2005-00158.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En el libelo introductorio de la presente acci\u00f3n, el ciudadano, por intermedio de apoderado judicial, solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por las autoridades accionadas, al denegar su solicitud de nulidad y desconocer el control de legalidad que le impone el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende i) que se deje sin efecto el prove\u00eddo de 14 de junio de 2016 mediante el cual se confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada en auto de 17 de marzo de 2016 proferido por el juez de primer grado que neg\u00f3 la solicitud de nulidad;  y en su lugar, se profiera una nueva decisi\u00f3n con un control de legalidad que deje \u00absin efecto todo lo actuado dentro del proceso referenciado, ante la ausencia de derecho de postulaci\u00f3n del apoderado del demandante\u00bb;  y ii) se declaren nulos todos los tr\u00e1mites que se surtan con posterioridad a la providencia que censura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 14 de junio de 2005, Antonio Rafael Bojanini promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra el aqu\u00ed accionante.  <\/span><\/p>\n

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2. El asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta quien en auto de 14 de febrero de 2006, libr\u00f3 mandamiento de pago.  <\/span><\/p>\n

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3. El 20 de septiembre de esa anualidad, el ejecutado se notific\u00f3 personalmente pero guard\u00f3 silencio frente a la acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4. El 28 de noviembre siguiente, el juzgado de conocimiento orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. Previo embargo, el 6 de octubre de 2006 se practic\u00f3 por parte del Juzgado 7\u00ba Civil Municipal de Cartagena \u2013comisionado- el secuestro de un lote de terreno de propiedad del actor, ubicado en el corregimiento de Tierra Bomba, en Cartagena, diligencia en la cual se design\u00f3 como secuestre a Julio C\u00e9sar Tov\u00edo Rom\u00e1n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El 15 de diciembre de 2006, el acreedor present\u00f3 aval\u00fao comercial del bien \u2013para el a\u00f1o 2007- por la suma de $989\u2019184.000.  <\/span><\/p>\n

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7. Por auto de 9 de marzo de 2007, el juzgado de primer grado dispuso, previo a correr traslado del aval\u00fao, requerir al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi para que remita el aval\u00fao comercial del bien identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-196229.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. A trav\u00e9s de comunicaci\u00f3n de 19 de septiembre de 2009, dicho Instituto inform\u00f3, que \u201cel predio con la citada matr\u00edcula no aparece actualmente inscrito en la Base de Datos Catastrales del Distrito de Cartagena\u201d, por lo cual, proceder\u00e1 a realizar la respectiva visita de identificaci\u00f3n catastral.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. Seg\u00fan informe de 31 de octubre de 2011, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi efectu\u00f3 dicha visita e identific\u00f3 el predio con la referencia catastral 00-06-0001-0052-000, avaluado para el a\u00f1o 2011 en la suma de $158\u2019632.000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. Mediante prove\u00eddo de 30 de abril de 2012, se dispuso correr traslado del aval\u00fao comercial allegado en diciembre de 2006, porque es superior al catastral.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. En el a\u00f1o 2015 por implementaci\u00f3n de la oralidad, las diligencias se remitieron al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. El 2 de marzo de 2016, el ejecutado radic\u00f3 ante la autoridad judicial, escrito con solicitud de nulidad por la presunta indebida representaci\u00f3n del ejecutante, pues aleg\u00f3 que no hubo presentaci\u00f3n personal del poder del abogado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

13. El 17 de marzo de 2016, el juzgado acusado resolvi\u00f3 negar la solicitud propuesta tras considerar que \u00abel ejecutado carece de legitimaci\u00f3n para proponerla en la medida en que seg\u00fan lo dispone el inc. 2\u00b0 del art. 135 del C. G. del P., esta causal de nulidad \u201cs\u00f3lo podr\u00e1 ser alegada por la persona afectada\u201d, en ese orden de ideas, s\u00f3lo el mismo demandante es el legitimado para proponer esa causal de nulidad, pot\u00edsima raz\u00f3n para desestimar la formulaci\u00f3n planteada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

14. Contra lo resuelto, el peticionario interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido en auto de 15 de abril de 2016.  <\/span><\/p>\n

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15. El Tribunal accionado, en providencia de 14 de junio de 2016, al resolver la alzada confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n reprochada, por estimar que el legitimado para proponerla era en efecto, como lo adujo el a quo, la parte ejecutante;  sin embargo, de aceptar que le asist\u00eda alg\u00fan inter\u00e9s para proponerla, la misma tampoco era procedente porque el demandado dio lugar para su saneamiento.      <\/span><\/p>\n

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18. En criterio del peticionario del amparo, en la actuaci\u00f3n se vulneraron las garant\u00edas invocadas por denegar su solicitud de nulidad, cuando a pesar de ponerle en conocimiento la irregularidad que se present\u00f3, dej\u00f3 de enmendar su yerro y omiti\u00f3 ejercer un control de legalidad sobre el asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 7 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se vincul\u00f3 a de todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo conocido con el radicado N\u00b0 2005-00158 y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  [Folio 141, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso ejecutivo, expres\u00f3 que el accionante lo que busca es dilatarlo y revivir oportunidades dentro de una acci\u00f3n que ya cuenta con orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y en donde s\u00f3lo resta proceder con el remate del bien cautelado.   <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 Ago 2007, Rad. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque aqu\u00e9l no atiende el postulado que viene de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el actor se considera lesionado porque el Tribunal acusado en auto de 14 de junio de 2016, confirm\u00f3 el prove\u00eddo de 17 de marzo anterior proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, que deneg\u00f3 su solicitud de nulidad que formul\u00f3 al percatarse de una indebida representaci\u00f3n del ejecutante, pues su mandatario no realiz\u00f3 presentaci\u00f3n personal del poder por medio del cual ejerce la acci\u00f3n como apoderado del demandante;  sin embargo, la acci\u00f3n de tutela s\u00f3lo se intent\u00f3 hasta el 3 de febrero de 20171.  <\/span><\/p>\n

.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior deja en evidencia que el tutelante, para acudir al amparo por esta v\u00eda, dej\u00f3 trascurrir un poco m\u00e1s de siete meses, despu\u00e9s de la actuaci\u00f3n censurada, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. Al margen de lo anterior, en el caso sub judice, a partir del examen de la \u00faltima providencia censurada, en la que ocupa la atenci\u00f3n la Sala por ser la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto de debate en esta sede, de ella, no logra advertirse una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del tutelante, pues el proceder del Tribunal accionado se fund\u00f3 en la normatividad aplicable, con base en la cual tom\u00f3 una decisi\u00f3n coherente, razonable y motivada.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para confirmar lo resuelto por el a quo, esto es, despachar desfavorablemente la solicitud nulidad propuesta por la presunta indebida representaci\u00f3n del demandante, la Corporaci\u00f3n accionada, luego de enmarcar el problema jur\u00eddico, advirti\u00f3 que el ejecutado cont\u00f3 con todas las oportunidades para ejercer su derecho de defensa, e incluso, propuso otras nulidades que a su vez, resultaron infructuosas.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, resalt\u00f3 razonablemente, para lo que aqu\u00ed interesa, que ya en la etapa de remate invoc\u00f3 otro motivo de nulidad \u00abcon sustento en que el poder conferido por el enjuiciante a su apoderado no fue presentado personalmente, ni acredit\u00f3  la calidad de abogado, lo que pretende hacer encajar en lo previsto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, olvidando como bien lo anot\u00f3 la a quo, que carece de legitimaci\u00f3n para proponerla, toda vez que \u00e9sta le corresponde solamente a la persona afectada, que en este asunto, de llegar a configurarse, ser\u00eda el demandante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Apoy\u00f3 su motivaci\u00f3n, en providencias proferidas por esta Corporaci\u00f3n, en cuya cita se refiri\u00f3 sobre el asunto que cuestiona, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) respecto a la indebida representaci\u00f3n de las partes y concretamente cuando alude a los apoderados judiciales existe una clara restricci\u00f3n en cuanto a que \u201cesta causal s\u00f3lo se configura por carencia total de poder para el respectivo proceso\u201d y que \u201csolo podr\u00e1 alegarse por la persona afectada\u201d, conforme a las exigencias del numeral 7 del art\u00edculo 140 e inciso tercero del 143(\u2026) y m\u00e1s adelante expresa que \u201ctampoco podr\u00e1 alegar las nulidades previstas en los numerales 5\u00b0 a 9\u00b0 del art\u00edculo 140, quien haya actuado en el proceso despu\u00e9s de ocurrida la respectiva causal sin proponerla\u201d, previendo a su vez el art\u00edculo 144 del mismo estatuto que \u201cla nulidad se considera saneada (\u2026) cuando la parte que pod\u00eda hacerlo no lo hizo\u201d (CSJ AC 26 feb. 2010, rad. 2005-00017-01, citado en STC3657-2015, 26 mar., rad. 00620-01)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pese a la falta de legitimaci\u00f3n que encontr\u00f3 el Tribunal de Santa Marta para confirmar la negativa de nulidad, estim\u00f3 de otro lado, la improcedencia de la declaraci\u00f3n pretendida porque:  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) el demandado ha dado lugar a su saneamiento, toda vez que en todo el curso del proceso y en el momento procesal oportuno, se abstuvo de traer\u00e1 a conocimiento del juez, habiendo operado en consecuencia ese saneamiento, pues adem\u00e1s debe precisarse que ella no es de las insaneables\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, la argumentaci\u00f3n expuesta no es producto de un subjetivo criterio del juzgador, caso en el que ser\u00eda procedente el amparo, sino que, por el contrario, se soport\u00f3 no s\u00f3lo bajo su juicio razonable sino adem\u00e1s con un apoyo jurisprudencial, que ha decantado esta Corporaci\u00f3n en materia de nulidades, de lo que resulta, que m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no las conclusiones a las que lleg\u00f3 la citada autoridad judicial, como aquellas son producto de una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Queda claro que lo pretendido por el peticionario del amparo es anteponer su propia valoraci\u00f3n a la de la autoridad accionada, y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que fue contraria a sus intereses, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se negar\u00e1 el amparo deprecado.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo del derecho fundamental invocado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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   MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 Acta de reparto, visible a folio 140.      <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1880-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00266-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Rodolfo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99378","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99378","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99378"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99378\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99378"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99378"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99378"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}