{"id":99379,"date":"2026-06-25T18:24:16","date_gmt":"2026-06-25T18:24:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1881-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:24:16","modified_gmt":"2026-06-25T18:24:16","slug":"stc1881-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1881-2017\/","title":{"rendered":"STC1881-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       STC1881-2017          <\/span><\/p>\n

  Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02883-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Obrando por intermedio de apoderado, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa,   presuntamente vulnerados por la autoridad acusada al rechazar el incidente de \u00abexclusi\u00f3n de personas del proceso de liquidaci\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n\u00bb que propuso en el referido tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

2. Manifiesta en resumen, que el 16 de febrero de 2015 la accionada decret\u00f3 la apertura de la liquidaci\u00f3n judicial de las empresas Vite Brothers Inc, Malta SA y Cuama SA. Luego, el 12 de julio de 2016, rechaz\u00f3 el incidente de \u00abexclusi\u00f3n de personas del proceso de liquidaci\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n\u00bb que propuso la primera de las mencionadas, porque el poder fue conferido por quien fung\u00eda como su representante legal y no por el liquidador designado en el asunto, citando para el efecto los Decretos 4334 de 2008 y 1910 de 2009, as\u00ed como la Ley 1116 de 2006. Dicha decisi\u00f3n fue confirmada al resolver la reposici\u00f3n el 28 de septiembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Afirma que la intervenci\u00f3n no surte efectos en su contra por ser una sociedad paname\u00f1a y sus administradores conservan la administraci\u00f3n y representaci\u00f3n conforme a la legislaci\u00f3n de ese pa\u00eds, ello, seg\u00fan el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo 1889, ratificado por Colombia a trav\u00e9s de la Ley 33 de 1992.      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pide, en consecuencia, dejar sin efectos jur\u00eddicos las determinaciones cuestionadas y se le permita actuar al mandatario constituido (fls. 118 a 136, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Malta SA solicit\u00f3 anular el auto de 29 de julio de 2013 que orden\u00f3 su intervenci\u00f3n y en subsidio, que se condicione la toma de posesi\u00f3n a aquellos dineros provenientes de manera exclusiva de las captaciones que realiz\u00f3 violando las normas que impiden la realizaci\u00f3n de actividades financieras sin la autorizaci\u00f3n legal correspondiente (fls. 156 a 169, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. El Superintendente para Procedimientos de Insolvencia defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y dijo que el entonces representante legal de Vite Brothers Inc \u00abperdi\u00f3 la facultad dispositiva, toda vez que, al estar intervenida el representante legal y administrador de los bienes de \u00e9sta es el auxiliar de la justicia. Estos efectos de intervenci\u00f3n, no puede ser desconocido por el operador judicial, situaci\u00f3n particular que ya hab\u00eda sido puesta en consideraci\u00f3n al accionante en el a\u00f1o 2013, y sobre la cual\u2026no se ejerci\u00f3 mecanismos (sic) legales\u00bb (fls. 184 a 188, ib).     <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. El Liquidador de Rentafolio Bursatil y Financiero SAS y otros se opuso al amparo porque el Decreto 4334 de 2008 faculta a la Superintendencia de Sociedades para intervenir a las \u00abpersonas naturales o jur\u00eddicas, nacionales o extranjeras\u00bb y se\u00f1ala, adem\u00e1s, que \u00abes el agente interventor hoy liquidador, quien asume la representaci\u00f3n legal de las personas jur\u00eddicas intervenidas\u00bb (fls. 189 a 196, cit).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La apoderada de las v\u00edctimas del Fondo Premium adujo que la Supersociedades ha sentado una posici\u00f3n, seg\u00fan la cual, \u00ablas solicitudes de exclusi\u00f3n de bienes y personas deben tramitarse como objeciones a los proyectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos e inventario valorado que presente el auxiliar de la justicia en el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n\u00bb y, debido a que en el asunto que se cuestiona el proyecto mencionado se aprob\u00f3 en audiencias del 31 de octubre y 1\u00ba de noviembre de 2016,  la petici\u00f3n resulta extempor\u00e1nea (fls. 221 a 234, ib\u00eddem).      <\/span><\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque las determinaciones reprochadas son razonables y \u00abse fundaron con base en las normas que regulan el proceso de liquidaci\u00f3n judicial que, para la autoridad accionada, dieron plena cuenta que el representante legal de una sociedad intervenida, y quien est\u00e1 legitimado para actuar en su nombre, es el agente liquidador\u00bb. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que por auto de 24 de diciembre de 2013 la Superintendencia de Sociedades ya hab\u00eda negado el reconocimiento al abogado de la querellante (fls. 235 a 239, cd. 1).      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El apoderado de la compa\u00f1\u00eda demandante reiter\u00f3 lo alegado en el memorial inicial; insisti\u00f3 en que se configur\u00f3 una v\u00eda de hecho al no permitirle actuar en representaci\u00f3n de aquella y dijo que el liquidador ha ejercido una \u201cinactividad absoluta\u00bb durante tres a\u00f1os y medio, por lo que debe darse prevalencia al derecho sustancial e inaplicar el Decreto 4334 de 2008 (fls. 5 a 9 cd. de la Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Corresponde a la Corte establecer si la Superintendencia de Sociedades vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por no reconocer al apoderado de Vite Brothers Inc y rechazar el incidente de \u00abexclusi\u00f3n de personas del proceso de liquidaci\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n\u00bb que propuso dentro del tr\u00e1mite de su liquidaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Las actuaciones jurisdiccionales son, por regla general, ajenas al examen propio de la tutela, a menos que resulten notoriamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, y bajo los presupuestos de que no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n y se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Ese \u00faltimo requisito no fue atendido por la afectada, dado que la Superintendencia de Sociedades mediante auto de 24 de diciembre de 2013 neg\u00f3 \u00abel reconocimiento de la personer\u00eda jur\u00eddica del doctor\u2026como apoderado de las sociedades extranjeras VITE BROTHERS INC\u2026\u00bb porque la mandante \u00abno se encuentra legitimada para otorgar dicho poder y que carece de facultad dispositiva para ello, habida cuenta que por las consecuencias legales derivadas de las medidas de intervenci\u00f3n. El representante legal de dichas sociedades hoy en d\u00eda es el Doctor ALEJANDRO REVOLLO RUEDA\u00bb (fl. 171, cd.1), y s\u00f3lo hasta el 16 de diciembre de 2016 ejerci\u00f3 esta acci\u00f3n (fl. 118, ib\u00eddem); esto es, transcurrido m\u00e1s del semestre que la jurisprudencia ha establecido como razonable para reclamar la protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente al tema, esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01).  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u2026Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De esta manera, la reclamante debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional para debatir lo concerniente a su representaci\u00f3n legal, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la determinaci\u00f3n atacada.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Ahora bien, en lo que respecta al rechazo del incidente de \u00abexclusi\u00f3n de personas del proceso de liquidaci\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n\u00bb, advierte la Corte que esa decisi\u00f3n no es arbitraria y, por el contrario, est\u00e1 debidamente sustentada en que la persona que otorg\u00f3 poder como representante legal de Vite Brothers Inc no ten\u00eda esa calidad, en raz\u00f3n a que dentro del procedimiento liquidatorio se le design\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda un auxiliar de la justicia para que asumiera su administraci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Por tal motivo, el abogado que dec\u00eda obrar en nombre de la accionante no estaba habilitado para actuar en el asunto, porque su mandante ya no ejerc\u00eda la direcci\u00f3n de la empresa, lo que gener\u00f3 como consecuencia el rechazo del incidente que promovi\u00f3 y la confirmaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n al resolverse la reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed lo expuso la entidad censurada:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) En el presente caso, se observa, que Ezequiel Ruiz R confiri\u00f3 poder especial de la sociedad extranjera Vite Brothers Inc., sociedad an\u00f3nima, constituida y existente bajo las leyes de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, aduciendo su condici\u00f3n de Representante Legal, pese a la ausencia de legitimaci\u00f3n para ello en virtud de las consecuencias legales que surgieron con ocasi\u00f3n de las medidas de intervenci\u00f3n ordenadas en los autos 400-013267 de 29 de julio de 2013 y 400-002649 de 16 de febrero de 2015. En efecto a partir de la medida de intervenci\u00f3n quien funge como Representante Legal es el auxiliar de la justicia Alejandro Revollo Rueda.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Dentro de este entendimiento quien act\u00faa como apoderado solicitante carece de legitimaci\u00f3n para actuar en nombre de la sociedad intervenida Vite Brothers Inc.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Carlos Alberto L\u00f3pez Cadena, quien present\u00f3 la solicitud en estudio, no prob\u00f3 estar debidamente autorizado para actuar en nombre de la intervenida como quiera que el poderdante Ezequiel Ruiz R dej\u00f3 de ser representante legal, por tanto no hay lugar a reconocer personer\u00eda para actuar.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Adicionalmente, se pone de presente que mediante Auto 400-021437 de 24 de diciembre de 2013, fue negado el reconocimiento de la personer\u00eda jur\u00eddica a quien dec\u00eda fungir como apoderado judicial de las sociedades extranjeras Vite Brother Inc y Alaska B.F. INC.1, por los mismos m\u00f3viles, dicha providencia qued\u00f3 en firme y ejecutoriada\u00bb (fls. 3 y 4 de este cuaderno).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo ese contexto es evidente la improcedencia del resguardo en el caso concreto, en tanto las consideraciones y fundamentos expuestos no resultan caprichosos, como quiera que obedecieron a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el hecho de que la accionante no comparta lo acontecido no se erige en raz\u00f3n suficiente para conceder el amparo, pues como de vieja data lo tiene dicho la Sala \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ 21 jul. 1995, Rad. 2397 reiterado STC2067-2015, 25 feb. 2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente             STC1881-2017             Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02883-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99379","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99379","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99379"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99379\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99379"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99379"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99379"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}