{"id":99384,"date":"2026-06-25T18:24:30","date_gmt":"2026-06-25T18:24:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1886-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:24:30","modified_gmt":"2026-06-25T18:24:30","slug":"stc1886-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1886-2017\/","title":{"rendered":"STC1886-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1886-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-00245-03  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, el 12 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Lu\u00eds Armando Albarrac\u00edn Medina en contra de Fiscal\u00eda Doce Seccional de Duitama y la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Duitama y las entidades financieras Banco Agrario y Popular.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n y debido proceso, presuntamente vulnerados por la entidad accionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Relata que dentro de una investigaci\u00f3n de la que cual fue objeto por los delitos de peculado y falsedad, la Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal de Tunja, mediante oficio 564 de 17 de junio de 1194, orden\u00f3 el \u00ab(\u2026) embargo  y secuestro, de los inmuebles [con] matr\u00edcula inmobiliaria: 074 0018748, 074 0025473 y 074 0027869, pertenecientes a la Fundaci\u00f3n para el Desarrollo Comunitario del Tundama \u201cCompartimos\u201d\u00bb. La investigaci\u00f3n fue precluida el 31 de octubre de 2001, sin disponer el levantamiento de las medidas cautelares impuestas a los inmuebles relacionados y a unos dineros consignados en cuentas de dep\u00f3sito judicial.  <\/span><\/p>\n

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Con petici\u00f3n elevada el 15 de septiembre de 2016, el actor solicit\u00f3 a la Fiscal\u00eda Doce Seccional de Duitama, expedirle una serie copias sobre documentos que acreditasen su calidad de Representante Legal de la \u00abFundaci\u00f3n Para el Desarrollo Comunitario del Tundama \u2013 Compartimos\u00bb, y sobre la Resoluci\u00f3n de 31 de octubre de 2001 que decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n, as\u00ed como \u00ab(\u2026) Certificar desde que fecha se encuentran embargados y secuestrados dineros, bienes muebles y enseres e inmuebles porque razones (sic) septiembre del a\u00f1o 2016 no han sido levantadas las medidas cautelares siendo que desde el a\u00f1o 2001 precluy\u00f3 o termin\u00f3 la referida investigaci\u00f3n. 6. Se sirva aplicar el art\u00edculo 83 (\u2026) de la C.N. y de manera especial por principio de favorabilidad aplicar el art\u00edculo 246 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026) se sirva levantar cualquier medida cautelar que a la fecha exista sobre dineros, bienes muebles y enseres y bienes inmuebles que hayan o est\u00e9n vinculados a la referida investigaci\u00f3n\u00bb  <\/span><\/p>\n

Reconoce haber recibido respuesta de la citada Fiscal\u00eda, sin embargo indica que en ella no se resolvi\u00f3 nada acerca de los embargos que persisten sobre los bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias.  Se\u00f1ala que la permanencia de dichas medidas han \u00ab(\u2026) irrogado da\u00f1os antijur\u00eddicos a la persona jur\u00eddica que represento (\u2026)\u00bb   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.         La pretensi\u00f3n formulada en la tutela consiste en que \u00ab(\u2026) se ordene al Fiscal Doce Delgado ante los juzgados del Circuito de Duitama, para que (\u2026) en forma concreta, coherente, clara y precisa expida las certificaciones que da cuenta el derecho de petici\u00f3n (\u2026); Oficie a la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Duitama el levantamiento o cancelaci\u00f3n del embargo que obra sobre las matr\u00edculas inmobiliarias 074 0025473 y 074 0027869, pertenecientes a la Fundaci\u00f3n para el Desarrollo Comunitario del Tundama \u201cCompartimos\u201d (\u2026) Oficie a la Caja Agraria, hoy Banco Agrario y al Banco Popular para que se haga efectiva la cancelaci\u00f3n o levantamiento de medidas cautelares sobre el embargo y secuestro de los dineros all\u00ed confiscados y se ordene me sean entregados (\u2026) compulsar copias para investigaci\u00f3n disciplinaria y penal por violaci\u00f3n al debido proceso y defraudaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (ff. 1 a 7, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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1.        El Registrador Seccional de Duitama inform\u00f3 que  los embargos relacionados en la demanda se encuentran vigentes, y que dicha orden fue emitida por la Fiscal\u00eda Tercera de la Unidad de Fiscal\u00edas Delegadas ante el Tribunal de Tunja, a quien le corresponder\u00eda solicitar la cancelaci\u00f3n de tales medidas (f. 62, ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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2.        La apoderada del Banco Popular se\u00f1al\u00f3 que no se encuentra ning\u00fan registro en las bases de datos con relaci\u00f3n a la Fundaci\u00f3n para el Desarrollo Comunitario Tundama \u2013 Compartimos; s\u00ed figuran dos cuentas de ahorros y una corriente pertenecientes al accionante, pero todas ellas inactivas (f. 69, ib.)  <\/span><\/p>\n

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3.        La Representante Legal del Banco Agrario de Colombia, indic\u00f3 que respecto a la Fundaci\u00f3n mencionada en la tutela no se hall\u00f3 ning\u00fan v\u00ednculo con los productos que maneja la entidad (ff. 79 y 80, \u00eddem)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        El Fiscal Doce Seccional de Duitama, precis\u00f3 que contest\u00f3 oportunamente cada una de las inquietudes presentadas por el quejoso, con oficio F-12-203 de 16 de septiembre de 2016, es decir, al d\u00eda siguiente de haberse radicado el escrito petitorio.  Al respecto sostiene haber autorizado las copias solicitadas referentes a la Resoluci\u00f3n de 31 de octubre de 2001, mediante la cual se decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n.  Se le permiti\u00f3 adem\u00e1s revisar el expediente del asunto a fin de que dispusiera de la documentaci\u00f3n que necesitaba para acreditar su vinculaci\u00f3n con la Fundaci\u00f3n \u00abCompartimos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre la certificaci\u00f3n que requiere, se le explic\u00f3 que certificar que una persona es representante legal o director de una entidad no corresponde acreditarlo a la Fiscal\u00eda, en este caso debe demostrarlo el interesado seg\u00fan la informaci\u00f3n establecida en los estatutos de la Fundaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

Luego sobre el estado actual de las medidas cautelares que dice subsisten sobre los bienes de la aludida Fundaci\u00f3n, dijo \u00ab(\u2026) al respecto en la Resoluci\u00f3n de fecha 31 de octubre de 2001, no hace menci\u00f3n a la existencia de posibles embargos o secuestro de bienes muebles, inmuebles, enseres o dineros, por lo que se desconoce de manera espec\u00edfica esta situaci\u00f3n, (\u2026) adicionalmente el defensor designado para esa \u00e9poca por el peticionario tambi\u00e9n fue enterado de la Resoluci\u00f3n que culmin\u00f3 con la actuaci\u00f3n, si hab\u00eda alguna situaci\u00f3n pendiente de haberse resuelto se debi\u00f3 solicitar en su momento y no hacerlo despu\u00e9s de haber transcurrido m\u00e1s de 15 a\u00f1os (\u2026)\u00bb y finaliz\u00f3 sugiriendo que \u00ab(\u2026) si \u00e9l como miembro de la Fundaci\u00f3n sabe de esa situaci\u00f3n debe de alguna manera ilustrar al despacho para poder ordenar lo pertinente ya que no se puede en forma gen\u00e9rica disponer los levantamientos, y dem\u00e1s situaciones que puedan ser y menos reconoci\u00e9ndole la condici\u00f3n que el peticionario a\u00fan es quien dirige los designios de la Fundaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (ff. 86 a 89, \u00edd.)  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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Desestim\u00f3 la salvaguarda porque no se superaba el presupuesto de la subsidiariedad, al entender que \u00ab(\u2026) cuenta con la posibilidad de acudir de manera directa a la Fiscal\u00eda 3\u00aa Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja o a la autoridad que haga sus veces, para que se pronuncie de fondo respecto de la vigencia de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes y valores que reclama a nombre de la Fundaci\u00f3n compartimos (\u2026)\u00bb (ff. 91 a 104, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Inconforme el accionante destaca que el A quo err\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de la demanda, porque ha acudido a todas las instancias probables y por eso hizo la solicitud ante la Fiscal\u00eda Doce Seccional de Duitama, de quien afirma asumi\u00f3 la competencia de la Tercera de Tunja.  Agreg\u00f3 que no se trata de cuentas bancarias sino de dep\u00f3sitos judiciales o consignaciones que est\u00e1n precisadas en el expediente de la investigaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Alega que no es posible presentar ante un juzgado las pretensiones que aqu\u00ed exhibe, pues no eran competentes para la \u00e9poca y solo lo es la Fiscal\u00eda Doce Seccional.  Finaliz\u00f3 resaltando que no se tuvo en cuenta como prueba para resolver en la primera instancia el expediente de la Fiscal\u00eda Tercera, el cual se encuentra a cargo del Fiscal accionado (ff. 114 y 115, ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, igualmente debe resaltarse que una de las caracter\u00edsticas esenciales de la acci\u00f3n de tutela, consagrada por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es la subsidiariedad, en raz\u00f3n de la cual, el mecanismo procede ante la ausencia de un instrumento constitucional o legal susceptible de ser invocado ante los jueces o la administraci\u00f3n, es decir, cuando el afectado no dispone de otro medio para su defensa, salvo que reclame la protecci\u00f3n de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable y se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio  <\/span><\/p>\n

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2.        Exhibe el censor una manifiesta inconformidad con la respuesta que la entidad accionada le brind\u00f3 frente a la petici\u00f3n incoada el 15 de septiembre de 2016, con la cual busca se cancelen los embargos que a\u00fan subsisten frente a unos bienes muebles, inmuebles y dineros, al parecer propiedad de una Fundaci\u00f3n que representa y que se vio involucrada en una investigaci\u00f3n por peculado y falsedad la cual termin\u00f3 precluy\u00e9ndose en el a\u00f1o 2001.   <\/span><\/p>\n

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Para resolver, importa recordar que, el derecho de petici\u00f3n tiene raigambre constitucional fundamental, como se infiere de lo previsto en el art. 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y, se sabe, entra\u00f1a la facultad de obtener una respuesta emitida en condiciones id\u00f3neas que permitan su conocimiento por parte de quien lo activa, por lo que el contenido de la misma deber\u00e1 adecuarse a lo solicitado, sin que el pronunciamiento conlleve, necesariamente, una respuesta favorable.  <\/span><\/p>\n

En cuanto a su alcance, \u00e9ste no s\u00f3lo permite a la persona que lo ejerce presentar la solicitud respetuosa, sino que implica la facultad de exigir a la autoridad a quien le ha sido formulada una respuesta de fondo y oportuna del asunto sometido a su consideraci\u00f3n.  En ese sentido, la respuesta que se d\u00e9 debe cumplir con tres requisitos esenciales: ser oportuna, es decir, atenderse dentro de los t\u00e9rminos previstos por la ley, responder de forma clara, precisa, congruente y de fondo con lo solicitado; y, ponerse en conocimiento de manera efectiva al peticionario. Si no se cumple con lo enunciado se incurre en la vulneraci\u00f3n del derecho.  <\/span><\/p>\n

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Revisada la actuaci\u00f3n se tiene que, la petici\u00f3n aludida fue correctamente contestada por la Entidad accionada mediante el oficio F12-203 del 16 de septiembre de 2016, para ello basta confrontar lo solicitado y el contenido de la contestaci\u00f3n y as\u00ed resulta claro, que el pronunciamiento del ente persecutor guarda simetr\u00eda con lo planteado, pues en el oficio se le explica al peticionario:  <\/span><\/p>\n

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\u00abNo es viable certificar situaciones de las cuales el despacho no tiene conocimiento como lo es que el se\u00f1or Lu\u00eds Armando Albarrac\u00edn dej\u00f3 de ser o ha sido reemplazado como director y representante legal de la fundaci\u00f3n, ya que ello se encuentra desarrollado en los estatutos en el cual se establece el periodo para el cual fue designado en la condici\u00f3n que dice que tuvo\u00bb (ff. 9 y 10, ib.)  <\/span><\/p>\n

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Precisi\u00f3n que se estima apenas razonable, pues no tendr\u00eda porqu\u00e9 la Fiscal\u00eda certificar algo que escapa a sus facultades ya que no corresponde a un asunto que investiga.  Si el interesado afirma seguir siendo el representante legal de la fundaci\u00f3n \u00abCompartimos\u00bb, no es un asunto que deba el ente fiscal definir sino demostrarla el actor a partir de los estatutos de la misma.  <\/span><\/p>\n

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Luego, al abordar las inquietudes sobre la conservaci\u00f3n de las medidas cautelares que a\u00fan pesan en los bienes que pertenecen a la citada fundaci\u00f3n, indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[L]as medidas cautelares que se adoptan por parte de la justicia penal recaen sobre bienes de la persona vinculada como presuntamente responsable y no sobre el patrimonio de personas jur\u00eddicas y menos en el presente asunto cuando la naturaleza de las mismas es de inter\u00e9s social en el cual el objeto no permite que haya una parte aportada por el se\u00f1or Lu\u00eds Armando Albarrac\u00edn Medina que posiblemente podr\u00eda ser la \u00fanica que se hubiese podido afectar\u00bb (f. 10, \u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, al pronunciarse en esta sede, el delegado Fiscal complement\u00f3 \u00ab(\u2026) [el accionante]  como miembro de la fundaci\u00f3n (\u2026) debe de alguna manera ilustrar al despacho para poder ordenar lo pertinente ya que no se puede en forma gen\u00e9rica disponer los levantamientos (\u2026)\u00bb (f. 89, \u00edd.)  <\/span><\/p>\n

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De lo anterior se concluye, que la solicitud elevada y cuyo derecho de petici\u00f3n se consider\u00f3 vulnerado por falta de respuesta de fondo es infundado, toda vez que el Fiscal demandado contest\u00f3 proporcionando una explicaci\u00f3n pertinente a los espec\u00edficos pedimentos, actuando dentro del marco de sus facultades, pues, extender sus funciones a certificar o acreditar situaciones que no le corresponden no puede ser una exigencia respecto de la cual se predique un agravio concreto.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, entonces, al verificarse que con la contestaci\u00f3n procurada se satisficieron los presupuestos integrantes del derecho de petici\u00f3n, mal se le puede atribuir al accionado la omisi\u00f3n de ello y, por consiguiente, la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda reclamada.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, se itera, el ejercicio del derecho de petici\u00f3n no lleva impl\u00edcita la posibilidad de exigir que necesariamente sea resuelto de una determinada manera, menos a\u00fan que sea favorable a lo pretendido, pues, \u00e9sta garant\u00eda fundamental se satisface cuando se da respuesta congruente y de fondo a la totalidad de las solicitudes elevadas por el interesado y \u00e9sta se le comunica en debida forma, lo que aqu\u00ed aconteci\u00f3 conforme se dej\u00f3 visto.   <\/span><\/p>\n

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3.        En todo caso, si bien se entiende satisfecho el derecho invocado, no puede dejar pasarse por alto que el punto protestado de manera enf\u00e1tica por el censor es la indeterminaci\u00f3n de los bienes propiedad de la Fundaci\u00f3n que presuntamente representa y que contin\u00faan afectados con las medidas precautelares impuestas por la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal de Tunja durante la investigaci\u00f3n que se sigui\u00f3 por los delitos de peculado y falsedad.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, en consonancia con el A quo, se insiste que a fin de dilucidar el problema que plantea, debe acudir a la Fiscal\u00eda que en su momento emiti\u00f3 la orden, esto es, la Tercera Delegada ante el Tribunal de Tunja o quien haga sus veces, o acudir a la Direcci\u00f3n de esa misma unidad exponiendo la situaci\u00f3n, pero sobre todo demostrando que se encuentra legitimado para hacerlo, es decir, que contin\u00faa siendo el Representante Legal de la Fundaci\u00f3n Compartimos, lo cual solo puede ser acreditado por el interesado.  <\/span><\/p>\n

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De esta forma, se acoge el criterio adoptado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que indic\u00f3 que el quejoso cuenta con otra v\u00eda para conjurar la vulneraci\u00f3n antes de acudir al juez de tutela, pues en principio, no ha demostrado haber formulado la misma petici\u00f3n ante la precitada Delegada.  <\/span><\/p>\n

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Prescindir de esa posibilidad que a\u00fan tiene implicar\u00eda desatender abiertamente la finalidad y alcance de la acci\u00f3n de tutela; pues \u00e9sta, se ha instituido para la defensa de los derechos fundamentales, que no puede convertirse en instancia paralela a los conductos regulares y legalmente previstos.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior no significa que el gestor quede desprovisto de herramientas para hacer valer los derechos cuya protecci\u00f3n reclama, sino tan solo que se advierte necesario agotar esa alternativa antes de acudir a la v\u00eda tutelar.  <\/span><\/p>\n

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En torno a la anotada exigencia, esta Sala ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) conforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce\u00bb (CSJ. STC de 13 de marzo de 2013, exp. 52001-22-13-000-2013-00011-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El amparo rogado tambi\u00e9n resulta improcedente como mecanismo transitorio al no demostrarse con claridad la presencia de un riesgo inminente que lo habilite.  N\u00f3tese que el tiempo transcurrido desde la decisi\u00f3n que puso fin a la investigaci\u00f3n, a\u00f1o 2001, hasta la presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n a la Fiscal\u00eda, a\u00f1o 2016, es un aspecto revelador que desvirt\u00faa la urgencia de la reclamaci\u00f3n o de plano la presencia de un peligro apremiante o un perjuicio irremediable que imponga la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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4.         Por lo anterior, se impone confirmar el fallo de primer grado, conforme a las razones expuestas.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC1886-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-00245-03   (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99384","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99384"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99384\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}