{"id":99387,"date":"2026-06-25T18:24:41","date_gmt":"2026-06-25T18:24:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1889-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:24:41","modified_gmt":"2026-06-25T18:24:41","slug":"stc1889-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1889-2017\/","title":{"rendered":"STC1889-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1889-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76111-22-13-000-2016-00398-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., quince   (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de diciembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hern\u00e1n Alfonso Cardona Giraldo contra la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Ministerio de Defensa, el Ej\u00e9rcito Nacional, la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar, el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda, y la Asociaci\u00f3n Mutual Barrios Unidos de Quibd\u00f3 ESS-AMBUQ.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida digna, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita que se le ordene a la accionada que \u00abadelante las gestiones necesarias para que se [le] garantice la asistencia m\u00e9dica, quir\u00fargica, hospitalaria y farmac\u00e9utica, hasta que se logre [su] recuperaci\u00f3n en las condiciones cient\u00edficas que se requieran\u00bb; y se ordene \u00ab[su] valoraci\u00f3n por parte de la Junta M\u00e9dico Laboral con el fin de que se determine el grado de compromiso del accidente que se ocasion\u00f3 siendo trabajador profesional de las fuerzas militares con las lesiones que actualmente est\u00e1n deteriorando progresivamente [su] salud\u00bb (folio 15, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Indic\u00f3 el accionante que se desempe\u00f1\u00f3 como soldado profesional durante 5 a\u00f1os y 10 meses, entre el 21 de noviembre de 1994 y el 1\u00ba de junio de 2001, estando adscrito al Batall\u00f3n de Contraguerrilla de Arauca.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Se\u00f1al\u00f3 que el 18 de junio de 2000 en una operaci\u00f3n adelantada con el fin de contener un ataque guerrillero, tuvo que saltar del helic\u00f3ptero en el que se transportaba porque este no pudo aterrizar, sin embargo, cay\u00f3 en un \u00abterreno cenagoso\u00bb, lo que le impidi\u00f3 girar su cuerpo para amortiguar su descenso, cay\u00e9ndole encima un equipo de campa\u00f1a de 40 kilos.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Adujo que antes del referido accidente laboral se encontraba en excelentes condiciones, al punto que el 12 de mayo de 2000 le hab\u00eda sido concedida una menci\u00f3n honor\u00edfica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Sostuvo que fue valorado por la Junta M\u00e9dico Laboral de la instituci\u00f3n acusada, la que mediante acta 1154 de 3 de mayo de 2001 determin\u00f3 que contaba con una incapacidad laboral del 22.12%, decisi\u00f3n que apelada fue modificada por el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda, el que estableci\u00f3 la p\u00e9rdida de capacidad en 17.19%.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Refiri\u00f3 que como consecuencia de dicho accidente qued\u00f3 afectado con lesiones que comprometen su cuello, espalda, cadera y su extremidad inferior derecha, las que han sido progresivas, deterioran su vida y le causan fuertes dolores, lo cual se ha agravado con la depresi\u00f3n que presenta debido al estr\u00e9s postraum\u00e1tico y delirio de persecuci\u00f3n \u00abproducto de la vivencias de combate y muerte de compa\u00f1eros de combate\u00bb (folio 14, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Asever\u00f3 que el 19 de agosto de 2016 radic\u00f3 una petici\u00f3n ante el Ej\u00e9rcito Nacional solicitando la valoraci\u00f3n, diagn\u00f3stico y medicaci\u00f3n de las lesiones presentes al momento de su retiro, las que est\u00e1n deteriorando progresivamente su estado de salud. Sin embargo, le contestaron que no aparec\u00eda activo en el sistema de salud de las Fuerzas Militares, sino que estaba inscrito en la Asociaci\u00f3n Mutual Barrios Unidos de Quibd\u00f3 ESS-AMBUQ desde el 7 de abril de 2014.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Manifest\u00f3 que no entend\u00eda por qu\u00e9 pese a que sufri\u00f3 un accidente laboral, se le niega su atenci\u00f3n en salud; si bien acudi\u00f3 a la mencionada E.S.S. en la fecha indicada, no tuvo otra opci\u00f3n debido a la urgencia que se present\u00f3 y por la reiterada negativa de la instituci\u00f3n acusada de reconocer su responsabilidad en la prestaci\u00f3n del servicio, lugar en el que le informaron que por el origen de sus lesiones, el tratamiento deb\u00eda ser suministrado por el Ej\u00e9rcito; y la vulneraci\u00f3n se encuentra vigente.   <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Asociaci\u00f3n Mutual Barrios Unidos de Quibd\u00f3 ESS-AMBUQ se\u00f1al\u00f3 que el Ej\u00e9rcito Nacional es el responsable de adelantar el tratamiento m\u00e9dico del peticionario derivado del accidente ocurrido cuando este se encontraba en servicio activo; que para reclamar servicios excluidos del POS debe dirigirse a la entidad territorial \u2013Secretar\u00eda Departamental del Valle-; que en ning\u00fan momento ha incumplido con sus obligaciones legales y constitucionales de velar por la salud de sus usuarios; que ha garantizado la prestaci\u00f3n de los servicios que el accionante ha requerido, por lo que solicita que se le excluya de responsabilidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional adujo que el gestor ya defini\u00f3 su situaci\u00f3n m\u00e9dica, agotando el proceso previsto en el Decreto 1796 de 2000, por lo que no es posible solicitar la activaci\u00f3n de los servicios; que el petente se encuentra activo en el r\u00e9gimen subsidiado en la EPSS AMBUQ ESS; que el actor ya hab\u00eda formulado previamente otra tutela ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, invocando los mismos hechos y derechos, por lo que se configur\u00f3 la temeridad de la acci\u00f3n; y no ha transgredido el derecho a la salud ni actuado en contra de la ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite al existir falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues solo cumple funciones administrativas y no asistenciales; que no es el superior jer\u00e1rquico de la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional; que la competencia para decidir sobre los aspectos relacionados con las Juntas M\u00e9dico Laborales y las calificaciones por p\u00e9rdida de capacidad laboral, recaen en cada una de las Fuerzas, por lo que es la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional la autoridad competente para definir la viabilidad de convocar y practicar la mencionada Junta, as\u00ed como lo referente a la prestaci\u00f3n asistencial de los servicios m\u00e9dicos que se requieran.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional concedi\u00f3 el amparo tras considerar que dadas las condiciones del accionante, la autoridad acusada debi\u00f3 autorizar la pr\u00e1ctica de una nueva junta a fin de determinar la existencia de secuelas definitivas por causa de las lesiones sufridas y la incapacidad psicof\u00edsica, as\u00ed como calificar el origen de las patolog\u00edas para definir la situaci\u00f3n prestacional a la que haya lugar; que no adelantar dichos tr\u00e1mites administrativos tendientes a obtener una valoraci\u00f3n definitiva del soldado profesional transgred\u00eda su derecho a la salud \u00abpues actualmente aquel contin\u00faa sumido en una incertidumbre total frente a su condici\u00f3n\u2026\u00bb, m\u00e1s cuando las lesiones le fueron causadas en cumplimiento de las labores a \u00e9l asignadas; que no puede el Estado, a trav\u00e9s de sus entidades, desligarse de su compromiso de atender, socorrer y procurar la recuperaci\u00f3n y restablecimiento de los miembros de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda (folio 56, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Orden\u00f3 a la accionada que \u00abefectu\u00e9 todos los tr\u00e1mites necesarios, re\u00fana la documentaci\u00f3n correspondiente y asigne la cita respectiva para que le sea efectuada al accionante la valoraci\u00f3n pertinente por parte de la Junta M\u00e9dico \u2013 Laboral, de acuerdo a lo previsto en el art\u00edculo 15 del Decreto 1796 de 2000\u00bb, la cual deber\u00e1 adelantarse en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 30 d\u00edas; adem\u00e1s que, \u00abmientras se define la existencia de p\u00e9rdida de capacidad laboral del accionante \u2013o cualquier otra conclusi\u00f3n a la que llegue la Junta\u2026-[,] suministre\u2026todos los servicios de salud que \u00e9ste requiera y que sean ordenados por sus m\u00e9dicos especialistas, en forma integral y sin dilaciones\u00bb (folio 57, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n aduciendo que el 28 de abril de 2016 fue denegada la tutela que formul\u00f3 previamente el gestor con fundamento en las mismas pretensiones; que lo que quiere es \u00abhacer incurrir en error a la administraci\u00f3n de justicia y a los jueces constitucionales atentando contra la seguridad jur\u00eddica y el principio de \u2018non bis ib\u00eddem\u2019\u00bb; que la rama judicial ya se pronunci\u00f3 sobre lo pedido; que el promotor no busca el amparo de su derecho a la salud sino el reconocimiento de prestaciones econ\u00f3micas; que no tiene registro de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de esta tutela en su sistema ORFEO, por lo que debe ser declarada la nulidad del tr\u00e1mite; que la Junta M\u00e9dica se encuentra autorizada \u00abpor una sola vez para valorar las lesiones sufridas\u00bb por los miembros de la Fuerza P\u00fablica; que el \u00fanico caso en el que se permite una nueva valoraci\u00f3n es \u00abcuando la persona es evaluada, sigue al frente de la instituci\u00f3n y presenta nuevas lesiones\u00bb, lo que no acontece en este asunto; que las decisiones del Tribunal M\u00e9dico Laboral son irrevocables, obligatorias y contra ellas solo proceden las acciones contenciosas; y no ha conculcado el derecho al debido proceso administrativo o a la seguridad social (folios 67 y 69, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se advierte que el accionante formul\u00f3, con anterioridad, otra tutela contra la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, la que fue conocida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el que emiti\u00f3 sentencia el 28 de abril de 2016, en la que, entre otras cosas, se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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Posteriormente, el 19 de agosto de 2016 el gestor le solicit\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional su valoraci\u00f3n, diagn\u00f3stico y medicaci\u00f3n con el fin de tratar los efectos de las lesiones presentes al momento de su retiro y que se han deteriorado progresivamente, frente a lo que dicha instituci\u00f3n le contest\u00f3 que no pod\u00eda acceder de manera positiva a sus pretensiones porque no aparec\u00eda en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, encontr\u00e1ndose activo en la Asociaci\u00f3n Mutual Barrios Unidos de Quibd\u00f3 ESS-AMBUQ.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, no se observa un actuar temerario del peticionario, pues la actual situaci\u00f3n f\u00e1ctica no es id\u00e9ntica a la que sirvi\u00f3 de soporte a la primigenia acci\u00f3n excepcional y, por ende, se conocer\u00e1 de la nueva solicitud de resguardo, al no encontrarse probados los supuestos del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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3. Ahora bien, respecto de las quejas que eleva la Direcci\u00f3n impugnante en punto a la orden impartida con el fin de que se realice una nueva Junta M\u00e9dico Laboral, se advierte que se confirmar\u00e1 el resguardo impetrado, puesto que el accionante solicit\u00f3 una nueva calificaci\u00f3n en virtud a las dolencias progresivas que actualmente lo aquejan, las que aduce son derivadas de la prestaci\u00f3n del servicio.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, esta Sala ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026la jurisprudencia constitucional ha reiterado en diferentes oportunidades que:  <\/span><\/p>\n

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existen en cabeza del Estado especiales deberes de solidaridad y protecci\u00f3n a la salud de aquellos ciudadanos que habiendo ingresado al servicio de la fuerza p\u00fablica en \u00f3ptimas condiciones, presentan al momento de su retiro un serio detrimento de su estado de salud\u2026 como consecuencia de hechos acaecidos durante o con ocasi\u00f3n del servicio patri\u00f3tico que han desempe\u00f1ado\u2026 la jurisprudencia ha entendido y ahora reitera, que los miembros de las Fuerzas Militares\u2026 que durante la prestaci\u00f3n del servicio o con ocasi\u00f3n de \u00e9l hayan sufrido un menoscabo importante en su estado de salud, que d\u00e9 lugar a su desvinculaci\u00f3n definitiva del servicio activo y que se proyecta hacia el futuro limitando sensiblemente o de manera absoluta sus posibilidades de procurarse el propio sustento y de gozar de una adecuada calidad de vida, tienen derecho a que la correspondiente instituci\u00f3n contin\u00fae suministr\u00e1ndoles, m\u00e1s all\u00e1 de la fecha de su retiro, los servicios m\u00e9dicos, quir\u00fargicos, farmac\u00e9uticos, terap\u00e9uticos y los dem\u00e1s que resulten necesarios para hacer posible su plena recuperaci\u00f3n o, seg\u00fan el caso, aliviar el sufrimiento, controlar los s\u00edntomas o manifestaciones de la enfermedad y si fuere posible, retardar su avance\u2026  <\/span><\/p>\n

De otra parte, bajo similares consideraciones, la Corte ha encontrado que, en algunos casos y debido a excepcionales circunstancias, las evaluaciones realizadas por los \u00f3rganos m\u00e9dico-laborales competentes sobre el estado de salud del demandante, a efectos de fijar el \u00edndice de disminuci\u00f3n de su capacidad psicof\u00edsica, no reflejan de manera justa y adecuada la magnitud de las limitaciones laborales que le aquejan.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Teniendo en cuenta que del volumen del referido \u00edndice viene a depender de manera directa el logro o no de la pensi\u00f3n de invalidez, y con ello, la posibilidad de tener mejores condiciones de vida y poder as\u00ed mismo cuidar de manera adecuada de la propia salud, se ha considerado entonces que esta situaci\u00f3n irregular resulta as\u00ed mismo violatoria de los derechos a la salud y a la seguridad social, adem\u00e1s de la vida digna, por lo que en tales casos se justifica ordenar a las autoridades competentes realizar una nueva y completa evaluaci\u00f3n del paciente, que tome en cuenta la gravedad de las afecciones que actualmente sufre, y pueda as\u00ed resultar precisa a efectos de determinar su derecho o no a percibir la anhelada pensi\u00f3n de invalidez. En todo caso, en estas mismas sentencias la Corte ha precisado que no le corresponde al juez constitucional decidir el otorgamiento o no de dicha prestaci\u00f3n social, asunto que debe ser determinado por las autoridades competentes y con sujeci\u00f3n a las normas que regulan la materia (C.C. T- 279 de 20 de abril de 2009 Subraya fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, se observa que el art\u00edculo 19 del Decreto 1796 de 2000 prev\u00e9\u2026 que las causales para convocar a la Junta M\u00e9dico Laboral son: 1- Cuando en la pr\u00e1ctica de un examen de capacidad psicof\u00edsica se encuentren lesiones o afecciones que disminuyan la capacidad laboral; 2- Cuando exista un informe administrativo por lesiones; 3- Cuando la incapacidad sea igual o superior a tres (3) meses, continuos o discontinuos, en un (1) a\u00f1o contado a partir de la fecha de expedici\u00f3n de la primera excusa de servicio total; 4- Cuando existan patolog\u00edas que as\u00ed lo ameriten; 5- Por solicitud del afectado.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026La capacidad psicof\u00edsica ser\u00e1 valorada por las autoridades m\u00e9dico-laborales de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda Nacional. \u00c9stas son, en primera instancia, la Junta M\u00e9dico Laboral y el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda quien dirimir\u00e1, en \u00faltima instancia, las controversias que surjan contra las decisiones de la junta referida. Las decisiones que tomen estas autoridades m\u00e9dico laborales militares y de polic\u00eda son irrevocables y obligatorias y contra ellas s\u00f3lo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, la Corte ha indicado que, en casos excepcionales, resulta procedente la solicitud de una nueva valoraci\u00f3n m\u00e9dica del estado de salud del soldado retirado, para lo cual ha previsto tres requisitos que son: (i) que exista una conexi\u00f3n objetiva entre el examen solicitado y una condici\u00f3n patol\u00f3gica atribuible al servicio; (ii) que dicha condici\u00f3n recaiga sobre una patolog\u00eda susceptible de evolucionar progresivamente; y (iii) que la misma se refiera a un nuevo desarrollo no previsto en el momento del retiro.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo anterior, la Sala reitera que si el ex miembro de las Fuerzas Militares re\u00fane los requisitos mencionados, la autoridad militar competente deber\u00e1 ordenar y realizar la nueva valoraci\u00f3n m\u00e9dica del estado de salud f\u00edsico y mental del paciente, para que se proceda a evaluar, si es del caso, la p\u00e9rdida de capacidad laboral y, consecuentemente, se concedan las prestaciones a las que haya lugar (C.C.  T-1041 de 2010).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Bajo los anteriores lineamientos, se concluye que el gestor cumple con los requisitos para que se ordene a la accionada practicarle una nueva valoraci\u00f3n m\u00e9dico laboral atendiendo que su patolog\u00eda fue ocasionada con ocasi\u00f3n del servicio, ha desmejorado su salud en forma que no fue prevista y su enfermedad no est\u00e1 siendo atendida por la entidad castrense\u2026.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, advierte la Corte que a pesar de que el agenciado ha acudido a la instituci\u00f3n acusada le contestan que su situaci\u00f3n m\u00e9dico laboral ya fue definida, sin que se haya hecho una nueva valoraci\u00f3n que determine en qu\u00e9 estado de salud f\u00edsica y mental se encuentra aquel (CSJ STC447-2015, 29 en., rad. 2014-00542-01).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Finalmente, sobre la nulidad alegada en el escrito de impugnaci\u00f3n respecto a la falta de notificaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, se concluye que la misma es infundada, pues el enteramiento de esa entidad se produjo en debida forma, al punto que aquella alleg\u00f3 respuesta a la tutela antes de emitirse el fallo de primera instancia; por lo que ninguna consideraci\u00f3n adicional merece tal reparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC1889-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76111-22-13-000-2016-00398-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., quince   (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99387","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99387","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99387"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99387\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99387"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99387"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99387"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}