{"id":99388,"date":"2026-06-25T18:24:46","date_gmt":"2026-06-25T18:24:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1890-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:24:46","modified_gmt":"2026-06-25T18:24:46","slug":"stc1890-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1890-2017\/","title":{"rendered":"STC1890-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1890-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00275-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Gonz\u00e1lez S\u00e1enz, Jorge Ernesto Arag\u00f3n Barrios, Segundo Filem\u00f3n Gonz\u00e1lez S\u00e1enz, Blanca Nubia Oyola de Gonz\u00e1lez y Martha Roc\u00edo Lis Jim\u00e9nez contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Fondo para la Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas, la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, tr\u00e1mite que se hace extensivo a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, y al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

En el libelo que diera origen a la presente acci\u00f3n, los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y propiedad privada que consideran vulnerados por las autoridades accionadas porque no se le ha dado tr\u00e1mite al levantamiento de la medida cautelar y a la fecha siguen sufriendo las consecuencias de  hacer caso omiso a lo ordenado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en decisi\u00f3n del 11 de noviembre de 2015.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretenden que se de \u00abcumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia para que se realice la transferencia de los bienes \u201ccon fines de restituci\u00f3n\u201d al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas\u00bb. [Folio 6, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 18 de diciembre de 2012, los accionantes instauraron demanda ordinaria de pertenencia contra personas indeterminadas, a fin de que se declarara que hab\u00edan adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria el predio agrario denominado \u00abEl Agrado\u00bb, con un \u00e1rea de 4.375 hect\u00e1reas, ubicado en el paraje de la Serran\u00eda de Ovejas, Municipio de San Mart\u00edn (Meta), el cual se identifica con el folio de matr\u00edcula No. 236-25951.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn, autoridad que en auto de 22 de enero de 2013, admiti\u00f3 la demanda, y orden\u00f3 los emplazamientos a las personas indeterminadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En el referido tr\u00e1mite, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, inform\u00f3: \u00ab\u2026que los bienes rurales El Agrado I, El Agrado II, El Agrado III (\u2026) ubicados en el corregimiento el Miel\u00f3n municipio de Mapirip\u00e1n, departamento del Meta, ofrecidos por el postulado Daniel Rend\u00f3n Herrera a fin de reparar a las v\u00edctimas del conflicto armado y que fueron entregados en administraci\u00f3n al Fondo de Reparaci\u00f3n para las v\u00edctimas a trav\u00e9s de decisi\u00f3n judicial de imposici\u00f3n de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1-Sala de Justicia y Paz, en auto adoptado los d\u00edas 15 y 24 de febrero de la presente anualidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que sobre el inmueble rural \u00abEl Agrado\u00bb, al parecer tiene varios folios de matr\u00edculas, y que en la anotaci\u00f3n n\u00famero seis del folio de matr\u00edcula No. 236-25951 \u00abel predio tiene medida de protecci\u00f3n RUPTA solicitada por el se\u00f1or Javier Gonz\u00e1lez S\u00e1enz ante el INCODER\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 28 de enero de 2014 se dict\u00f3 fallo donde se accedi\u00f3 a las pretensiones y, en consecuencia, se orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la providencia, en el folio de matr\u00edcula No. 236-25951.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Posteriormente, los demandantes Javier Gonz\u00e1lez S\u00e1enz, Jorge Ernesto Arag\u00f3n Barrios y Segundo Filem\u00f3n Gonz\u00e1lez S\u00e1enz, en escrito del 11 de marzo de 2015, pidieron a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el levantamiento de las medidas cautelares impuestas sobre los tres predios denominados El Agrado I, II, y II, identificados con folios de matr\u00edculas No. 236-53447; 236-53434 y 236-53433, los cuales fueron denunciados por el postulado Daniel Rend\u00f3n Herrera, a fin de reparar a las v\u00edctimas del conflicto armado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Mediante auto del 8 de septiembre de 2015, el juez colegiado neg\u00f3 la anterior solicitud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, los interesados interpusieron recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. En interlocutorio del 11 de noviembre de 2015, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida, tras considerar que \u00abest\u00e1 demostrado en la actuaci\u00f3n (\u2026) [que] las fincas El Agrado I, II, y III fueron desenglobadas del predio de mayor extensi\u00f3n conocido como El Agrado, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 236-25951..\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abSobre la finca originalmente denominada El Agrado, los hermanos Gonz\u00e1lez S\u00e1enz y Arag\u00f3n Barrios, como consta en el certificado de libertad y tradici\u00f3n pertinente, s\u00ed ejerc\u00edan el derecho de dominio, que obtuvieron mediante prescripci\u00f3n adquisitiva declarada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn en sentencia de enero 28 de 2014\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abAs\u00ed las cosas, con independencia de la denominaci\u00f3n jur\u00eddica que se les otorgue, los bienes afectados con las medidas de embargo y secuestro corresponden al mismo inmueble respecto del cual los reclamantes eran propietarios\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y m\u00e1s adelante, se\u00f1al\u00f3 que \u00abseg\u00fan la certificaci\u00f3n expedida por la Directora Territorial de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, sobre esos predios el aqu\u00ed peticionario impetr\u00f3 solicitud de restituci\u00f3n el 13 de septiembre de 2013, esto es, con posterioridad a la imposici\u00f3n de los grav\u00e1menes cuyo levantamiento se reclama\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. Por lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n estim\u00f3 que la entidad competente para resolver sobre el levantamiento de las medidas cautelares, es el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, en cumplimiento de los tr\u00e1mites previstos en la Ley 1448 de 2011, raz\u00f3n por la cual orden\u00f3: \u00ab[L]a devoluci\u00f3n de las diligencias a la funcionaria a quo, con el fin de que gestione lo pertinente para dar cumplimiento al precepto previsto en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 16 de la Ley 1592 de 2012, en el sentido de que los bienes afectados y la pretensi\u00f3n del peticionario sean transferidos al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, para efectos de su tr\u00e1mite a trav\u00e9s de los procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. Se\u00f1alan los actores que de igual manera la Fiscal\u00eda 165 Seccional de Apoyo D-14 de esta ciudad se encuentra realizando la investigaci\u00f3n de las Resoluciones 0537, 0534 y 0536 del 16 de abril de 2007 expedidas por el Incoder mediante las cuales adjudic\u00f3 a Diego Rivas \u00c1ngel, Luis Mario Soto Moncallo y Lu\u00eds Germ\u00e1n Poveda Vargas el dominio del citado bien, que posteriormente fue dividido en tres partes, el Agrado I, II y III, proceso que se halla en curso. [Folios 18-19, c.1]   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. En criterio de los peticionarios del amparo las autoridades accionadas est\u00e1n vulnerando sus derechos por cuanto han transcurrido quince meses sin que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, lo que origin\u00f3 que el predio fuera invadido en forma il\u00edcita por personas que le est\u00e1n causando deforestaci\u00f3n y da\u00f1os de manera indiscriminada, situaci\u00f3n que fue puesta en conocimiento de la Alcald\u00eda de Mapirip\u00e1n, autoridad que el 5 de octubre de 2016 mediante la Resoluci\u00f3n 0193 orden\u00f3 la desocupaci\u00f3n y desalojo, el cual se encuentra en tr\u00e1mite. [Folios 1-7, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

       1. Por auto del 8 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 correr traslado a las autoridades judiciales accionadas y dem\u00e1s partes intervinientes en el proceso penal, para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 86, c.1]  <\/span><\/p>\n

       2. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala de Justicia y Paz  se opuso a la prosperidad del amparo y manifest\u00f3  que los accionantes con relaci\u00f3n a los mismos hechos ya hab\u00edan acudido a la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que en cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dispuso la remisi\u00f3n del asunto a  la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, desde el 14 de diciembre de ese a\u00f1o para lo pertinente y el cual se encuentra en curso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, se\u00f1al\u00f3 que en audiencia de incidente de reparaci\u00f3n a la victimas por hechos relacionados con el accionar criminal de la estructura paramilitar \u00abBLOQUE CENTAUROS, H\u00c9ROES DEL LLANO Y DEL GUAVIARE\u00bb, la Fiscal\u00eda 26 de la Subunidad Elite para la Persecuci\u00f3n de Bienes de la Direcci\u00f3n Nacional de Justicia Transicional de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se abstuvo de solicitar la extinci\u00f3n de dominio de los predios El Agrado I, II y III a pesar de haber sido ofrecidos individualmente por el postulado a la Ley de Justicia y Paz, Daniel Rend\u00f3n Herrera, alias Don Mario para la reparaci\u00f3n a las victimas debido a las irregularidades advertidas en la adjudicaci\u00f3n de dichos inmuebles por parte del Incoder.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual modo inform\u00f3 que ese despacho el 25 de julio de 2016 dentro del radicado No. 2007-83019 emiti\u00f3 sentencia condenatoria contra los postulados de la denominada estructura paramilitar \u00abBLOQUE CENTAUROS, H\u00c9ROES DEL LLANO Y DEL GUAVIARE\u00bb, respecto de la cual se surten los respectivos traslados de impugnaci\u00f3n ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. [Folios 106-107, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura solicitaron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por no ser los encargados de dar cumplimiento a la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. [Folios 114-115 y 125-127, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Registrador Seccional (e) de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013Meta agreg\u00f3  que consultada la base de datos se tiene que la sentencia emitida por la Suprema no ha ingresado a esa Oficina y que de acuerdo a los hechos del escrito de tutela, en materia registral la carga de la prueba la tiene el usuario del servicio, no la administraci\u00f3n, dado que el Derecho Registral se presta por solicitud de la parte interesada, no de manera oficiosa. [Folios 118-119, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, el Comandante del Departamento de Polic\u00eda del Meta, manifest\u00f3 que en ning\u00fan momento ha vulnerado los derechos invocados por los tutelantes y no han recibido solicitud o registro para realizar acompa\u00f1amiento a las autoridades de tipo judicial o administrativo en la intervenci\u00f3n de los predios objeto de la litis y en caso de requerirse actuar\u00e1 de acuerdo a los presupuestos constitucionales y legales en procura de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales. [Folios 134-135, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente la Directora Territorial (e) del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013 Regional Meta expres\u00f3 que respecto a los hechos alegados por los actores los predios objeto de controversia no registran medidas cautelares dictados dentro de procesos de restituci\u00f3n de tierras, por tal motivo esa entidad registrar\u00e1 la medida respectiva si es del caso, una vez la autoridad competente la emita y se les notifique oportunamente. [Folios 146-147, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la acci\u00f3n a la que se hace referencia, el cual se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, ha precisado esta Corporaci\u00f3n que \u00abEl abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad\u00bb (CSJ STC 3 Mayo 2002, Rad. 0010-00, reiterada en STC de 8 de mayo 2012, Rad 00017-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el caso sub judice, se observa  que los accionantes presentaron con anterioridad acci\u00f3n de tutela contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Fondo para la Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas, la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, tr\u00e1mite que se hizo extensivo a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la que solicitaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, defensa y trabajo y, en consecuencia, pidieron \u00abse le ordene a los acusados procedan a dar estricto cumplimiento al mandato que emiti\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal (\u2026) por cuanto a\u00fan no han entregado el predio denominado \u00abEl Agrado\u00bb al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojados\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como soporte de esas pretensiones, adujeron en su momento, que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto el 11 de noviembre de 2015 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n que orden\u00f3 la  devoluci\u00f3n de las diligencias a la funcionaria a quo, con el fin de que gestione lo pertinente para dar cumplimiento al precepto previsto en el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 16 de la Ley 1592 de 2012, en el sentido de que los bienes afectados y la pretensi\u00f3n de los peticionarios sean transferidos al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, para efectos de su tr\u00e1mite a trav\u00e9s de los procedimientos establecidos en la Ley 1448  de 2011.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, los tutelantes promovieron la actual demanda constitucional se\u00f1alando que no se ha acatado lo dispuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en prove\u00eddo fechado 11 de noviembre de 2015, en el sentido de realizar la \u00abtransferencia de los bienes \u201ccon fines de restituci\u00f3n\u201d al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas\u00bb por lo que se afectaron sus derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la propiedad privada, raz\u00f3n que consideran suficiente para impetrar un nuevo reclamo frente a la omisi\u00f3n presentada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, es evidente que del material de prueba obrante en el expediente, se establece que la acci\u00f3n de tutela de la que se ocupa en este momento la Corte no guarda sustanciales diferencias con la estudiada en el prove\u00eddo fechado 31 de agosto de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, dentro del radicado STC12199-2016, pues el amparo se dirigi\u00f3 en contra de la mismas partes, se fund\u00f3 igualmente en el incumplimiento a lo dispuesto en la decisi\u00f3n fechada 11 de noviembre de 2015, circunstancia que no justifica que se acudiera nuevamente a esta acci\u00f3n constitucional, en tanto que no se aducen hechos nuevos o sobrevinientes a la sentencia de tutela inicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Por lo tanto, se observa que los accionantes pretenden que nuevamente se examine que no se ha dado obediencia a lo dispuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal por lo que se hace necesario proteger los derechos fundamentales invocados,  haciendo \u00e9nfasis en que por la inobservancia de lo dispuesto, el predio fue invadido y se dispuso la desocupaci\u00f3n y desalojo de los invasores el 6 de octubre de 2016, pero con el fin de reabrir un debate que ya fue definido por esta Corporaci\u00f3n, con car\u00e1cter de cosa juzgada constitucional, donde se indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso los peticionarios buscan por v\u00eda de tutela se ordene a los accionados dar estricto cumplimiento a la orden que emiti\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en providencia del 11 de noviembre de 2015, la cual se circunscribi\u00f3 a que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 gestionara lo pertinente para \u00abdar cumplimiento al precepto previsto en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 16 de la Ley 1592 de 2012, en el sentido de que los bienes afectados y la pretensi\u00f3n del peticionario sean transferidos al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, para efectos de su tr\u00e1mite a trav\u00e9s de los procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, advierte la Corporaci\u00f3n que la protecci\u00f3n invocada deviene prematura, pues seg\u00fan lo inform\u00f3 la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, para dar cumplimiento a la anterior orden judicial, el 17 de junio de 2016, solicit\u00f3 ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el \u00ablevantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes inmuebles rurales identificados con los Folios de Matr\u00edcula Inmobiliaria Nos. 236-53447, 236-53433 y 236-53434 conocidos como los Agrados I, II, y III respectivamente, con el objeto de que tales medidas sean impuestas con fines de restituci\u00f3n en favor de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas\u00bb, estando a la espera de la programaci\u00f3n de la vista p\u00fablica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior porque \u00abla procedencia de la orden de transferencia de los predios al Fondo se dio en raz\u00f3n a que dentro del tr\u00e1mite del proceso de justicia y paz adelantado, se encontr\u00f3 que los peticionarios ante la instancia judicial (\u2026) tambi\u00e9n hab\u00edan impetrado solicitud de restituci\u00f3n el 13 de septiembre de 2013, ante la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, sobre los predios el Agrado I, II y III; situaci\u00f3n que dio lugar a que la Sala de Casaci\u00f3n Penal ordenara conforme a la precitada norma la transferencia de los bienes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden de ideas y como quiera que respecto del inmueble conocido con el nombre \u00abEl Agrado\u00bb recaen unas medidas cautelares, y adem\u00e1s una solicitud de restituci\u00f3n en el marco de la ley 1448 de 2011, es indispensable que las citadas autoridades administrativas, agoten el procedimiento establecido en el art\u00edculo 69 del Decreto 3011 de 2013, reglamentario de la Ley 1592 de 2012 (\u2026)  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

De lo anterior se concluye, que los peticionarios deben esperar a que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en su condici\u00f3n de juez de control de garant\u00edas realice la audiencia de rigor, para que determine (i) si es o no procedente levantar las medidas cautelares que recaen sobre los bienes rurales El Agrado I, II y III, ofrecidos por el postulado Daniel Rend\u00f3n Herrera a fin de reparar a las v\u00edctimas del conflicto armado, y (ii) dejar a disposici\u00f3n de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras despojadas, la citada heredad para que contin\u00fae con su administraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por ende es en ese escenario donde los peticionarios deber\u00e1n solicitar la agilizaci\u00f3n del tr\u00e1mite en lo referente a la transferencia del predio El Agrado a la UAEGRTD, y dem\u00e1s inconformidades que ahora exponen en sede de tutela, ya que no es dable acudir a una instancia paralela para examinar los reparos de los tutelantes.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, ha se\u00f1alado esta Sala, que una petici\u00f3n de amparo es temeraria en los t\u00e9rminos de la norma transcrita, \u00absi la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por todo lo anotado, la petici\u00f3n de los tutelantes comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, puesto que el tema que plantean ya hab\u00eda sido sometido a escrutinio de la Sala de Casaci\u00f3n Civil en sede constitucional, y es necesario que a la tutela se le emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se concluye que en este evento se estructura una circunstancia que amerita la decisi\u00f3n desfavorable de la solicitud de protecci\u00f3n, sin que sea posible adoptar una nueva determinaci\u00f3n definitiva sobre el fondo del asunto, por haberse comprobado que los actores incurrieron en temeridad, por lo cual debe darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. De las anteriores consideraciones surge evidente que la protecci\u00f3n reclamada en esta excepcional v\u00eda debe denegarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional deprecada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1890-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00275-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99388","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99388","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99388"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99388\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99388"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99388"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99388"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}