{"id":99389,"date":"2026-06-25T18:24:49","date_gmt":"2026-06-25T18:24:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1891-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:24:49","modified_gmt":"2026-06-25T18:24:49","slug":"stc1891-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1891-2017\/","title":{"rendered":"STC1891-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1891-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00281-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio C\u00e9sar Diazgranados Camargo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Gaira, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta y a todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, legalidad y seguridad jur\u00eddica, que considera vulnerados por las autoridades p\u00fablicas enjuiciadas al proferir sentencias que ordenaron la entrega de cierto inmueble y llevar a cabo la diligencia correspondiente, dentro del proceso ordinario en el que se negaron sus pretensiones declarativas de pertenencia y, en su lugar, se accedieron a las s\u00faplicas de la demanda de reconvenci\u00f3n reivindicatoria de la parte pasiva.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 2 de diciembre de 1994, Julio C\u00e9sar Diazgranados Camargo promovi\u00f3 demanda declarativa de pertenencia contra los herederos de Aura Diazgranados de Hern\u00e1ndez (q.e.p.d.) y las personas indeterminadas, con la finalidad de que se declarara la adquisici\u00f3n por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio sobre el inmueble ubicado entre las calles 12 y 12A con la carrera 14 del corregimiento de Gaira de Santa Marta, conformado por dos predios contiguos.  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento del caso, admiti\u00f3 la demanda el 22 de febrero de 1995 y orden\u00f3 el traslado al extremo pasivo.  <\/span><\/p>\n

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3. Emira Hern\u00e1ndez Diazgranados y Aura Hern\u00e1ndez Diazgranados contestaron la demanda, propusieron las excepciones de \u00abfalta de derecho de la parte demandante\u00bb e \u00abinterrupci\u00f3n del tiempo de prescripci\u00f3n\u00bb, y presentaron demanda reivindicatoria de reconvenci\u00f3n contra el actor.  <\/span><\/p>\n

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4. El despacho accionado admiti\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n el 22 de noviembre de 1995.  <\/span><\/p>\n

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5. El se\u00f1or Diazgranados Camargo contest\u00f3 la demanda en reconvenci\u00f3n e interpuso las excepciones de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb, \u00ablegitimaci\u00f3n para reivindicar\u00bb, \u00abfalta de un presupuesto axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb y \u00abcosa juzgada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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6. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el juez de la causa profiri\u00f3 sentencia el 18 de diciembre de 2014, en la que (i) declar\u00f3 no pr\u00f3spera la acci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio, (ii) accedi\u00f3 a las pretensiones reivindicatorias de Emira Hern\u00e1ndez Diazgranados y Aura Hern\u00e1ndez Diazgranados, y (iii) orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble objeto de la controversia a las actoras en reconvenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el aqu\u00ed accionante present\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. En sentencia adiada 10 de febrero de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta confirm\u00f3 el fallo apelado.  <\/span><\/p>\n

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9. El 5 de julio de 2016, el demandante inco\u00f3 la acci\u00f3n de revisi\u00f3n contra la providencia anterior, sin que hasta la fecha haya sido resuelta por parte de esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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10. De otro lado, el 25 de julio siguiente, el a quo libr\u00f3 el despacho comisorio n.\u00b0 007, con el objetivo de comisionar a la autoridad respectiva para que realice la entrega del bien ra\u00edz referido atr\u00e1s.  <\/span><\/p>\n

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11. En efecto, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Gaira llev\u00f3 la diligencia aludido los d\u00edas 12 y 13 de enero de 2017, en la que se presentaron oposiciones por parte de terceros y el aqu\u00ed quejoso solicit\u00f3 la nulidad del fallo de segundo grado y todo lo actuado con posterioridad.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, la funcionaria comisionada rechaz\u00f3 las oposiciones, se abstuvo de pronunciarse sobre la nulidad por falta de competencia y continu\u00f3 con la entrega del inmueble.  <\/span><\/p>\n

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12. Contra esta decisi\u00f3n, los terceros y el actor presentaron los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, sin embargo la Inspectora no la repuso y concedi\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n subsidiario, para lo cual devolvi\u00f3 el despacho comisorio al juzgado de origen.  <\/span><\/p>\n

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13. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que las autoridades p\u00fablicas encausadas incurrieron en v\u00eda de hecho, por cuanto han tramitado una diligencia de entrega, a pesar de que \u00e9l solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado desde la sentencia proferida por el ad quem, pues, en su sentir, ese proceso estaba suspendido cuando se emiti\u00f3 ese fallo, no se integr\u00f3 en debida forma la sala de decisi\u00f3n, ya hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino para dictar esa decisi\u00f3n y no se hab\u00eda identificado correctamente el inmueble; sin embargo la entidad comisionada no se pronunci\u00f3 de fondo sobre esa solicitud, por lo que se ha generado un perjuicio irremediable al efectuarse la entrega del bien aludido. [Folios 1-9]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 8 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades querelladas y se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta y todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 52]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta indic\u00f3 que \u00fanicamente intervino en el proceso censurado por el actor cuando emiti\u00f3 el fallo de segunda instancia en ese asunto, el cual contiene los argumentos que soportan tal determinaci\u00f3n, sin que se hayan transgredido las garant\u00edas superiores de esa persona. [Folio 66]  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la actuaci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 las causales de improcedencia de la acci\u00f3n, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como protecci\u00f3n provisional, advirtiendo, eso s\u00ed, que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto se evidencia que el reclamante tiene otros medios de defensa judiciales id\u00f3neos para procurar la defensa de sus intereses.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el actor alega, en s\u00edntesis, que la diligencia de entrega llevada a cabo por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Gaira, en virtud de la comisi\u00f3n otorgada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, es improcedente porque la actuaci\u00f3n es nula a partir de la sentencia dictada el 10 de febrero de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, por cuanto se incurrieron en m\u00faltiples irregularidades al resolverse el recurso de apelaci\u00f3n y adem\u00e1s el inmueble objeto del litigio no fue identificado correctamente; motivos por los cuales se est\u00e1n transgrediendo sus garant\u00edas constitucionales.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, atendiendo el car\u00e1cter residual y absolutamente excepcional del amparo, no puede desconocer la Sala que, si bien la autoridad comisionada se abstuvo de pronunciarse de fondo sobre la nulidad impetrada por el promotor de esta queja, lo cierto es que se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, el cual se encuentra en tr\u00e1mite ante el juez comitente, e igualmente ante esta Corporaci\u00f3n se present\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra el fallo de segunda instancia, es decir, que en la actualidad se est\u00e1n resolviendo los medios de defensa judicial ordinarios utilizados por el mismo accionante; de lo que se deduce, entonces, la improcedencia de la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

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Por lo tanto, las determinaciones del despacho accionado y la autoridad policiva no pueden considerarse definitivas al momento de la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n, circunstancias que, sin lugar a dudas, tornan en prematura la v\u00eda constitucional y, a todas luces, emerge inconveniente la intervenci\u00f3n del juez de tutela, debido a que no es permitido que, a trav\u00e9s suyo, se suplan los mecanismos procesales de defensa.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, resulta inviable entrar a analizar, por medio de la acci\u00f3n constitucional, la soluci\u00f3n de unas controversias que est\u00e1n pendientes de ser decididas por los jueces naturales mediante los mecanismos de contradicci\u00f3n que la legislaci\u00f3n adjetiva prev\u00e9 para tal fin.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este tema, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01)  <\/span><\/p>\n

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3. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse solamente cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se negar\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional invocada.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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