{"id":99390,"date":"2026-06-25T18:25:01","date_gmt":"2026-06-25T18:25:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1892-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:25:01","modified_gmt":"2026-06-25T18:25:01","slug":"stc1892-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1892-2017\/","title":{"rendered":"STC1892-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1892-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2016-00693-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la imp  ugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 12 de diciembre de 2016 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Le\u00f3n Ib\u00e1\u00f1ez contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de reclamo constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna, igualdad, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita que se ordene dejar \u00absin ning\u00fan efecto la sentencia de segunda instancia\u2026\u00bb; se \u00abprofiera una nueva\u2026 que se ajuste totalmente a la Ley 546 de 1999, y espec\u00edficamente, al precedente constitucional plasmado en la ratio decidendi de la sentencia integradora C-955 de 2000 y dem\u00e1s normatividad y jurisprudencia concordante\u00bb, en la que determine (i) el \u00abverdadero valor del alivio a que ten\u00eda derecho a fecha 31 de diciembre de 1999, teniendo en cuenta el valor de la correcci\u00f3n monetaria que pag[\u00f3] en el t\u00e9rmino comprendido entre el d\u00eda del desembolso del cr\u00e9dito hasta el 31 de diciembre de 1999 (art. 64 de la Ley 45 de 1990)\u00bb, estableciendo \u00abel saldo real insoluto de capital que a dicha fecha que presentaba la obligaci\u00f3n\u00bb; y (ii) establezca \u00abfinancieramente si dentro de la amortizaci\u00f3n de [su] cr\u00e9dito en el t\u00e9rmino comprendido entre el 27 de julio del 2000 hasta la fecha de su cancelaci\u00f3n total, hubo cobros en exceso producto de la aplicaci\u00f3n de tasas de inter\u00e9s nominal expresadas en tasas efectivas anuales\u00bb, y \u00abno tasas de inter\u00e9s real, como lo orden\u00f3 la Corte y por el doble cobro de la inflaci\u00f3n en dicho t\u00e9rmino, determinando su cuant\u00eda\u00bb; adem\u00e1s que los actualice \u00aba valor presente (intereses moratorios \u2013 correcci\u00f3n monetaria), ratific\u00e1ndole al juez accionado que puede hacer uso de las pruebas de oficio de que tratan los arts. 169 y 170 del C.G.P.\u00bb (folio 9, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Carlos Le\u00f3n Ib\u00e1\u00f1ez promovi\u00f3 un juicio ordinario de responsabilidad contractual contra el Banco BBVA S.A. solicitando se declarara el incumplimiento del contrato de mutuo por parte de la aludida entidad, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9, despacho que el 11 de junio de 2014 admiti\u00f3 la demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. La instituci\u00f3n financiera demandada contest\u00f3 el libelo y formul\u00f3 las excepciones de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ordinaria\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, \u00abimposibilidad de tener como v\u00e1lidos, argumentos t\u00e9cnicos al margen de la ley y del derecho aplicable al caso\u00bb, \u00abpago total\u00bb, \u00abimposibilidad de aplicar retroactivamente los fallos del Honorable Consejo de Estado y de la Corte Constitucional citados por la parte demandante\u00bb, \u00abimprocedencia de la revisi\u00f3n por inexistencia de capitalizaci\u00f3n de intereses\u00bb, \u00abinexistencia de obligaci\u00f3n del Banco\u2026 de efectuar una nueva reliquidaci\u00f3n al cr\u00e9dito a cargo del actor, diferente a la ordenada en la Ley 546 de 1999\u00bb, \u00abausencia de los elementos que estructuran la revisi\u00f3n del contrato de mutuo\u00bb, \u00abausencia de responsabilidad civil de Banco\u2026\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n de restituir pagos efectuados en cumplimiento de obligaciones legales y exigibles a cargo del deudor\u00bb, \u00abla correcci\u00f3n monetaria y los intereses son conceptos distintos, por tanto, no puede pedirse devoluci\u00f3n de las sumas pagadas bajo el amparo de la ley\u00bb y las \u00abgen\u00e9ricas o de oficio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Despu\u00e9s de surtirse el tr\u00e1mite correspondiente, el estrado municipal dict\u00f3 sentencia el 23 de septiembre de 2015, en la que declar\u00f3: (i) no probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas, (ii) que el Banco BBVA Colombia no realiz\u00f3 la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito de la obligaci\u00f3n hipotecaria de acuerdo a la Ley 546 de 1999 y a las sentencias de la Corte Constitucional, (iii) que el contrato de mutuo celebrado entre las partes deb\u00eda ser revisado de acuerdo a la citada ley y al fallo C-955 de 2000 de esa \u00faltima Corporaci\u00f3n; conden\u00f3 al demandado a reembolsarle al demandante $15.066.209, cuyo desembolso deb\u00eda efectuar desde la misma fecha en que se imput\u00f3, junto con la correcci\u00f3n monetaria desde ese entonces hasta cuando se realizara su pago total; y orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n del gravamen hipotecario que pesa sobre el inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria 350-101751, siempre y cuando este no garantice nuevos cr\u00e9ditos a favor del BBVA. Esta decisi\u00f3n fue recurrida en apelaci\u00f3n por la entidad demandada.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Indic\u00f3 el accionante que celebr\u00f3 un contrato de mutuo con el BCH por $8.200.000 con el fin de adquirir una vivienda, comprometi\u00e9ndose a pagar esa suma en 180 cuotas, con una tasa de inter\u00e9s del 12% efectivo anual y constituyendo una hipoteca, cr\u00e9dito que posteriormente le fue cedido al Banco BBVA. Sin embargo, desde que fue desembolsado el dinero, not\u00f3 \u00abalzas inusitadas en el valor de cada una de ellas que afectaba notoriamente [su] presupuesto familiar\u00bb, por lo que acudi\u00f3 a la entidad a preguntar las causas de las mismas, pero le dec\u00edan que las mismas eran resultado del sistema UPAC (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.6. Adujo que se vio en la obligaci\u00f3n de seguir pagando el valor de las cuotas mensuales \u00abhasta su cancelaci\u00f3n total en el a\u00f1o 2009\u00bb, pero al encontrar que los factores financieros que se aplicaron a la amortizaci\u00f3n de su cr\u00e9dito no se ajustaba a la normatividad ni a la jurisprudencia de las altas Cortes, decidi\u00f3 acudir al juicio ordinario (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.7. Refiri\u00f3 que la entidad financiera incurri\u00f3 en un grave incumplimiento contractual al no aplicar la normatividad vigente y las sentencias de la Corte Constitucional, \u00ababusando con ello de su \u2018posici\u00f3n dominante\u2019\u00bb (folio 4, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. Sostuvo que durante toda la amortizaci\u00f3n de su cr\u00e9dito nunca incurri\u00f3 en mora, por lo que despu\u00e9s de haber cancelado su obligaci\u00f3n y observar la extralimitaci\u00f3n en los cobros, procedi\u00f3 a \u00abreclamar judicialmente ese abuso\u00bb, pero fue declarada prospera la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n con argumentos que ri\u00f1en con lo preceptuado con la normatividad aplicable (folio 4, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.9. Asever\u00f3 que el t\u00e9rmino prescriptivo se deb\u00eda contar desde el momento en que se extingui\u00f3 la deuda, esto es, desde \u00abel a\u00f1o 2007\u00bb, raz\u00f3n por la que al promover la demanda en el 2014, se encontraba en el t\u00e9rmino de los 10 a\u00f1os establecido en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, pues \u00abantes de pagarla totalmente no hab\u00eda causa para demandar\u00bb (folio 4, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.10. Afirm\u00f3 que desde el desembolso del cr\u00e9dito hasta el 31 de diciembre de 1999 era v\u00e1lida la capitalizaci\u00f3n de intereses y la aplicaci\u00f3n del DTF en el c\u00e1lculo del UPAC, por lo que \u00abca\u00eddo este sistema\u00bb, era obligaci\u00f3n del Banco reliquidar el cr\u00e9dito y aplicar el alivio correspondiente, empero, la entidad financiera no tuvo en cuenta el art\u00edculo 64 de la Ley 45 de 1990 (folio 5, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.11. Se\u00f1al\u00f3 que no entend\u00eda por qu\u00e9 raz\u00f3n no se tuvo en cuenta la correcci\u00f3n monetaria en la reliquidaci\u00f3n, pues dicha omisi\u00f3n afect\u00f3 el alivio a que ten\u00eda derecho para el 31 de diciembre de 1999 y el saldo insoluto de capital de su obligaci\u00f3n hipotecaria, adem\u00e1s que una vez reliquidado el saldo insoluto, se deb\u00eda proceder a la restructuraci\u00f3n del saldo real; la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han concedido tutelas ordenando la restructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos.  <\/span><\/p>\n

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2.12. Manifest\u00f3 que era obligaci\u00f3n de la entidad financiera emplear las tasas de inter\u00e9s real en la amortizaci\u00f3n de su cr\u00e9dito hipotecario, pero esta no cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n constitucional, pues despu\u00e9s de que qued\u00f3 ejecutoriada la sentencia integradora C-955 de 2000, continu\u00f3 aplicando tasas de inter\u00e9s nominal expresadas en efectivas anuales, las cuales son inexequibles; y al no ser usada la tasa de inter\u00e9s real entre la fecha en que qued\u00f3 ejecutoriado dicho fallo integrador y la cancelaci\u00f3n de su cr\u00e9dito, ello condujo al \u00abdoble cobro de la inflaci\u00f3n\u00bb, toda vez que no la descont\u00f3 de la tasa real y aplic\u00f3 la UVR en la amortizaci\u00f3n total del cr\u00e9dito, aspectos no valorados en la sentencia de segundo grado (folio 8, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.13. Agreg\u00f3 que el juzgador del circuito convocado no tuvo en cuenta los art\u00edculos 40, 41 y 42 de la Ley 546 de 1999, la Ley 45 de 1990, ni las tasas de inter\u00e9s establecidas por la Corte Constitucional.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que se aten\u00eda a lo dispuesto en el diligenciamiento respectivo, y a las motivaciones legales y jurisprudenciales que sirvieron de soporte para dirimir en segunda instancia la alzada interpuesta, revocando la decisi\u00f3n del a-quo en sentencia de 29 de septiembre de 2016.   <\/span><\/p>\n

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2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que la decisi\u00f3n criticada no merec\u00eda reproche alguno, pues el juzgador encontr\u00f3 que la prescripci\u00f3n hab\u00eda operado \u00abdesde la fecha en la que se gener\u00f3 el cobro excesivo por el que se demanda devoluci\u00f3n de los dineros pagados\u00bb, por lo que \u00abdeb\u00eda contabilizarse el t\u00e9rmino\u2026 que establece el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil por ser desde ese momento que el demandante pod\u00eda exigir al banco demandado se corrigiera cada uno de los yerros de los que hace menci\u00f3n\u00bb; que el estrado del circuito acusado soport\u00f3 su decisi\u00f3n en el an\u00e1lisis del aludido fen\u00f3meno, sin que se advierta una v\u00eda de hecho; y los ataques se orientan a que se deje de lado la ponderaci\u00f3n efectuada por el juez natural, pero esa no es la misi\u00f3n del juez constitucional, el que no puede inmiscuirse en la valoraci\u00f3n y an\u00e1lisis de las pruebas si no observa una decisi\u00f3n arbitraria (folio 32, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos de su escrito inicial y aduciendo que el cr\u00e9dito fue desembolsado por la entidad en el a\u00f1o 1994 para ser cancelado en un t\u00e9rmino de quince a\u00f1os, por lo que solo \u00aba partir de la cancelaci\u00f3n total del cr\u00e9dito, o sea en el a\u00f1o 2009\u00bb, es cuando empieza a contarse el t\u00e9rmino de diez a\u00f1os previsto en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil; y no es posible que no pueda reclamar respecto de la obligaci\u00f3n que adquiri\u00f3 y cancel\u00f3 (folio 41, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se advierte que el accionante promovi\u00f3 un juicio ordinario en contra de BBVA Colombia pretendiendo que se declarara que esa entidad hab\u00eda incumplido el contrato de mutuo celebrado entre las partes, entre otras cosas:  <\/span><\/p>\n

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A. Por no haber tenido en cuenta dentro del proceso de reliquidaci\u00f3n de que tratan los arts. 40 y 41 de la Ley 546 de 1999 del cr\u00e9dito hipotecario desembolsado\u2026, la correcci\u00f3n monetaria aplicada en cada una de las unidades UPAC utilizadas en dicho cr\u00e9dito desde el d\u00eda del desembolso hasta el d\u00eda 31 de diciembre de 1999 como parte de los intereses remuneratorios causados (art. 64 Ley 45 de 1990), afect\u00e1ndose con ello el saldo insoluto de capital a dicha fecha, y lo m\u00e1s grave, afectando la redenominaci\u00f3n del cr\u00e9dito de que trata el Art. 39 de la Ley 546 de 1999, y la amortizaci\u00f3n posterior del mismo, desde el d\u00eda 1\u00b0 de enero de 2000 en adelante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. (i) Por haber aplicado dentro de la amortizaci\u00f3n del cr\u00e9dito en el lapso de tiempo comprendido entre el 1 de enero del 2000 hasta la fecha del \u00faltimo pago reportado, tasas de inter\u00e9s nominal expresadas en tasas efectivas anuales, y no tasas de inter\u00e9s real como fue ordenado por la Honorable Corte Constitucional en la ratio decidendi de la sentencia integradora C-955 de 2000 al ejercer el control constitucional al ordinal 2 del art. 17 de la Ley 546 de 1999, desde el d\u00eda de la ejecutoria de dicha sentencia hasta la fecha del \u00faltimo pago reportado, aplicaci\u00f3n que se constituy\u00f3 y se ha constituido en cobros en exceso sin soporte constitucional ni legal alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(ii) A su vez, por haber cobrado dentro de la amortizaci\u00f3n del mismo cr\u00e9dito hipotecario doblemente la inflaci\u00f3n, desde que qued\u00f3 ejecutoriada la referida sentencia integradora C-955 de 2000 (26 de julio) hasta la fecha del \u00faltimo pago reportado, al aplicar coet\u00e1neamente, la tasa de inter\u00e9s nominal sin descontar dicho factor, y la unidad UVR que la contiene como uno de sus elementos esenciales, contraviniendo con ello la orden constitucional que no permite el doble cobro de la inflaci\u00f3n en todos los cr\u00e9ditos de \u00e9sta naturaleza.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El juzgado de primer grado emiti\u00f3 sentencia el 23 de septiembre de 2015, en la que declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas, que el Banco demandado no realiz\u00f3 la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito de acuerdo a la Ley 546 de 1999 y a las sentencias de la Corte Constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tras ser apelada la aludida determinaci\u00f3n, con providencia de 19 de septiembre de 2016, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 la revoc\u00f3 y declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ordinaria\u00bb, tras indicar que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026El fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n extintiva de derechos y acciones opera, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, por el transcurso de un determinado tiempo sin la debida actividad de su titular, tiempo el cual, para el caso de la acci\u00f3n ordinaria, es de diez (10) a\u00f1os, conforme se lee del art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, en la versi\u00f3n del art\u00edculo 8o de la ley 791 de 2002\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El tiempo necesario para configurar esta clase de prescripci\u00f3n, aunque se cuenta \u2018desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u2019 (art. 2536 ib\u00eddem, inc. 2o), \u2018s\u00f3lo corre a partir del momento en que (se) est\u00e9 en posibilidad de ejercitar el respectivo derecho o acci\u00f3n, conforme al principio seg\u00fan el cual la prescripci\u00f3n no corre contra quien no puede valerse para actuar\u2026\u2019 (C.S.J. Sal. Cas. Civ. Sentencia de 30 de septiembre de 2002. Exp. 6682).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Desde luego que, siendo este tipo prescriptivo una sanci\u00f3n, \u2018el abandono o negligencia del titular del derecho o de la acci\u00f3n de que se trate, s\u00f3lo se le puede imputar cuando pudiendo obrar, omite hacerlo\u2019 (\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

De esa suerte que, si fue desde esa fecha que se gener\u00f3 el cobro excesivo por el que se demanda la devoluci\u00f3n de los dineros pagados de m\u00e1s, el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil se debe contabilizar precisamente desde all\u00ed, puesto que, realizadas tales operaciones, pudo el demandante exigir al banco corregir cada uno de los yerros de los que hace menci\u00f3n en respaldo de sus pretensiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante que para el 2000 la prescripci\u00f3n era de veinte a\u00f1os, pues la ley 791 entr\u00f3 en vigencia el 27 de diciembre de 2002 (Diario Oficial No. 45.046), habi\u00e9ndose elegido expresamente por el banco el t\u00e9rmino del cual hace referencia el art\u00edculo 8o de tal precepto (folios 87 a 113 c. 1), \u2018la prescripci\u00f3n no empezar\u00e1 a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir\u2019 (art\u00edculo 41 ley 153 de 1887 -subrayado ajeno al texto transcrito-), es decir, desde el mes y a\u00f1o que se mencion\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Eso significa, razonadamente, que para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, a saber, 30 de abril de 2014 (ver acta de reparto), estaba prescrita la acci\u00f3n, puesto que, conforme lo anterior, hab\u00edan transcurrido doce a\u00f1os, por lo que, se habr\u00e1 de revocar la sentencia para, en su lugar, declarar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito formulada en este sentido por el demandado y, en consecuencia, negar las pretensiones con la respectiva condena en costas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Bajo el anterior contexto, se concluye la procedencia del resguardo impetrado al encontrarse transgredidas las prerrogativas fundamentales del promotor del amparo, comoquiera que la sentencia definitoria del asunto no realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de fondo de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, de las pruebas obrantes en el proceso ni motiv\u00f3 su decisi\u00f3n de manera completa y adecuada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ciertamente, la decisi\u00f3n criticada se limit\u00f3 a indicar que los cobros excesivos en los que incurri\u00f3 el Banco se efectuaron desde el 1\u00ba de enero de 2000, fecha en la que se reliquid\u00f3 el cr\u00e9dito, por lo que desde dicha data era que corr\u00eda el t\u00e9rmino para solicitar la devoluci\u00f3n de esas sumas, pero como present\u00f3 la demanda en el a\u00f1o 2014 se encontraba prescrita la acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se advierte que el juzgador omiti\u00f3 hacer el an\u00e1lisis detallado de cada una de las cuotas que se causaron hasta la cancelaci\u00f3n de la totalidad del cr\u00e9dito, pues, tal como qued\u00f3 rese\u00f1ado, el demandante solicit\u00f3 se declarara el incumplimiento del contrato de mutuo por el cobro de tasas de inter\u00e9s nominal expresadas en tasas efectivas anuales, desde el 1\u00ba de enero de 2000 hasta la fecha del \u00faltimo pago reportado, y por cobrarle \u00abdoblemente la inflaci\u00f3n\u00bb desde que qued\u00f3 ejecutoriada la sentencia C-955 de 2000 de la Corte Constitucional hasta la cancelaci\u00f3n de la deuda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, esta Corte en un asunto de similares contornos, precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026contrario a lo que advirti\u00f3 el a quo constitucional, debe concederse la protecci\u00f3n aqu\u00ed reclamada, si en cuenta se tiene que el Despacho convocado no analiz\u00f3 como correspond\u00eda la problem\u00e1tica suscitada, y si bien se apoy\u00f3 en algunas normas de tipo sustancial para desatar la alzada, dicho an\u00e1lisis resulta insuficiente para sustentar su actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Ciertamente, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, al decidir en la forma como lo hizo, en punto de revocar la decisi\u00f3n de primer grado, luego de advertir que \u2018el hecho causante del da\u00f1o\u2026 ocurri\u00f3 en el a\u00f1o 2000, a\u00f1o en el que se le imput[\u00f3] al banco indebida amortizaci\u00f3n del cr\u00e9dito, y que como consecuencia de ello, produjo que mes a mes se produjeran da\u00f1os econ\u00f3micos a los demandantes, por los cobros indebidos y desbordados de la realidad\u2019, conforme los apelantes excepcionaron en el proceso y nuevamente pusieron de presente al momento de elevar su inconformidad contra la decisi\u00f3n de primera instancia, y de all\u00ed colegir que \u2018como transcurrieron 14 a\u00f1os, desde que se incumpli\u00f3 el contrato por parte del Banco, sin que los demandantes le reclamaran los da\u00f1os materiales ocasionados\u2026 prescribi\u00f3 la acci\u00f3n, conforme al art. 2536 del C. C.\u2019, para seguidamente concluir que ello era suficiente para que \u2018resulta[ra] superfluo examinar los dem\u00e1s temas de la apelaci\u00f3n, pues al existir prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n esta afecta la totalidad de las pretensiones\u2019, dej\u00f3 de lado el que en la demanda los aqu\u00ed accionantes reclamaron tambi\u00e9n por el da\u00f1o causado por el supuesto cobro de \u2018tasas de inter\u00e9s nominal y\/o efectivas anuales, y no tasas de inter\u00e9s real\u2019, y, \u2018haberse cobrado doblemente la inflaci\u00f3n\u2019, en momentos posteriores a la de la aludida reliquidaci\u00f3n, esto es, cada mes corrido \u2018desde el d\u00eda de la ejecutoria de la sentencia integradora C-955 de 2000 hasta la fecha del \u00faltimo pago reportado\u2019.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Visto lo anterior, se itera, en efecto la mentada autoridad judicial incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo que amerita la intervenci\u00f3n excepcional del Juez Constitucional, como quiera que los citados argumentos carecen de fundamento f\u00e1ctico y resultan incongruentes para despachar de manera desfavorable la totalidad de las pretensiones de la demanda, en la medida que \u00e9stas refer\u00edan tambi\u00e9n a supuestos da\u00f1os que se causaron desde la ejecutoria de la sentencia C-955 de 2000 de la Corte Constitucional hasta el pago de la \u00faltima cuota del cr\u00e9dito adquirido, en raz\u00f3n a supuestos cobros adicionales durante todo ese plazo de intereses y doble cobro de la inflaci\u00f3n, lo cual es diferente del reclamo que se elev\u00f3 a la reliquidaci\u00f3n, la que abarc\u00f3 lo ocurrido con el cr\u00e9dito s\u00f3lo hasta el 31 de diciembre de 1999.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, se evidencia una clara lesi\u00f3n a las prerrogativas superiores invocadas por los interesados, dado que, sin raz\u00f3n v\u00e1lida que justifique su actuar, el Juzgado dio un mayor alcance en el tiempo a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la que deb\u00eda tener, y a partir de all\u00ed se sustrajo de abordar el segundo motivo de inconformidad esgrimido en la apelaci\u00f3n por la entidad financiera demandada, cerrando en ultimas la puerta para que se surtiera el debate que se estaba planteado en el proceso\u2026 (CSJ STC17583-2016, 5 dic., rad. 2016-00596-01)   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. De manera que se concluye que la sede judicial convocada no sustent\u00f3 de forma suficiente y precisa la sentencia de 19 de septiembre de 2016, mediante la cual tuvo por probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n y deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda y, en esa medida, esta Corporaci\u00f3n considera que su argumentaci\u00f3n fue insatisfactoria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento, raz\u00f3n por la cual no puede ser anfibol\u00f3gica\u2026 (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026el art\u00edculo 304 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 280 del C\u00f3digo General del Proceso] consagra que la sentencia deber\u00e1 ser motivada, lo cual se limitar\u00e1 al examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponi\u00e9ndolos con brevedad y precisi\u00f3n, y citando los textos legales que se apliquen, de suerte que la omisi\u00f3n de tal requisito o su motivaci\u00f3n insuficiente o precaria son razones justificadas para tildarla de v\u00eda de hecho, en la medida que del cumplimiento cabal de tal exigencia depende, en grado sumo, que las partes puedan hacer uso del derecho de defensa y contradicci\u00f3n (CSJ STC, 24 sep. 2010, rad. 2010-00913-00; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 19 jul. 2013, rad. 2013-01486-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Se impone, entonces, revocar el fallo constitucional de primera instancia y, en su lugar, conceder el amparo impetrado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en consecuencia, en su lugar;  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Primero: Concede el amparo del derecho al debido proceso del accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Tercero: Ordena al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 que en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia, remita el expediente a la sede judicial aludida en el ordinal precedente, para que d\u00e9 cumplimiento a la presente orden constitucional.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Cuarto: La autoridad accionada deber\u00e1 enterar a esta Corporaci\u00f3n sobre el acatamiento de lo aqu\u00ed dispuesto, a m\u00e1s tardar dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Quinto: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, rem\u00edtaseles copia de esta providencia y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC1892-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2016-00693-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la imp  ugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99390","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99390","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99390"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99390\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99390"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99390"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99390"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}