{"id":99392,"date":"2026-06-25T18:25:16","date_gmt":"2026-06-25T18:25:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1895-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:25:16","modified_gmt":"2026-06-25T18:25:16","slug":"stc1895-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1895-2017\/","title":{"rendered":"STC1895-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1895-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de noviembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ra\u00fal Guerrero Rubio contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la intimidad, buen nombre, libre desarrollo de la personalidad, vida digna, trabajo y \u00abolvido\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada (folio 1, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se ordene \u00abretirar del certificado de antecedentes disciplinarios la pena accesoria de inhabilidad impuesta a [su] nombre, por cuanto la sanci\u00f3n determinada en la Ley 80 de 1993 en su art\u00edculo 8, ya se cumpli\u00f3\u00bb (folio 4, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Indic\u00f3 el accionante que el 4 de abril de 2006 fue condenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga a la pena principal de cinco a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n, al encontrarlo responsable de la comisi\u00f3n de los delitos de fraude procesal en concurso con falsedad material en documento publico, y hurto calificado y agravado en grado de tentativa, as\u00ed como a la pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n en el ejercicio de sus derechos y funciones p\u00fablicas en un lapso igual a la pena principal, m\u00e1s una tercera parte.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Se\u00f1al\u00f3 que la aludida decisi\u00f3n fue confirmada el 23 de febrero de 2009 por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, sin embargo, el 7 de noviembre de 2014 el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad del mismo lugar, declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la pena, orden\u00f3 que se \u00ablevante cualquier compromiso que el favorecido o sus bienes hubiese adquirido para con la justicia en lo relacionado con este asunto\u00bb, y ofici\u00f3 a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, as\u00ed como a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.3. Adujo que en octubre de 2015, en virtud de una oportunidad laboral, solicit\u00f3 sus antecedentes ante las diferentes autoridades, empero, \u00fanicamente en la instituci\u00f3n acusada aparecieron los mismos, impidi\u00e9ndole con ello trabajar.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Refiri\u00f3 que elev\u00f3 una petici\u00f3n ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n solicitando la cancelaci\u00f3n de los antecedentes que figuran en el certificado que expide esa entidad, el cual fue contestado el 18 de noviembre de 2015 indic\u00e1ndole que la informaci\u00f3n se fund\u00f3 en razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas, siendo su funci\u00f3n registrar, controlar y certificar las sanciones e inhabilidades impuestas.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Adujo que present\u00f3 una nueva petici\u00f3n, pero la acusada le contest\u00f3 que conforme con el art\u00edculo 38 de la Ley 734 de 2002 existe un antecedente disciplinario, con fecha de inicio 25\/03\/2009 y de finalizaci\u00f3n 24\/03\/2019, documento que hab\u00eda sido actualizado conforme a las normas vigentes; pero dicho ente no tuvo en cuenta que la sanci\u00f3n fue de 88 meses, la que comenz\u00f3 el 23\/02\/2009 y termin\u00f3 el 23\/05\/2016.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Agreg\u00f3 que la Procuradur\u00eda accionada no ha actualizado ni mucho menos eliminado de la base de datos la informaci\u00f3n, transgrediendo con ello sus garant\u00edas esenciales, m\u00e1s cuando \u00e9l no era servidor p\u00fablico.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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La Procuradur\u00eda Regional de Santander indic\u00f3 que la salvaguarda no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues al tratarse, lo cuestionado, de una decisi\u00f3n administrativa, exist\u00edan otros medios de defensa, tanto administrativos como judiciales, salvo que se presentara un perjuicio irremediable, lo cual no ocurr\u00eda en el presente caso.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que el promotor cuenta con otros mecanismos de defensa para obtener lo que ahora pretende, concretamente, en la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que puede solicitar medidas cautelares; que al tenerse certeza de que se encuentra prescrita la pena, conforme con los anexos arrimados, deber\u00e1 comunicar y acompa\u00f1ar copia de la sentencia de 7 de noviembre de 2014 ante la entidad acusada, la que determinar\u00e1 la viabilidad de sus pretensiones, en observancia del art\u00edculo 38 de la Ley 734 de 2002, pues lo esbozado escapa de la \u00f3rbita del juez constitucional; y no se constat\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y agregando que no existe \u00abprocedimiento ni mecanismo alguno que se\u00f1ale como atacar la falta de diligencia y el cumplimiento de las obligaciones\u00bb del ente accionado, el que est\u00e1 obligado a llevar un registro de la situaci\u00f3n jur\u00eddica de todos los colombianos; que se le ocasiona un perjuicio irremediable, pues no es abogado y requiere ser representado pero est\u00e1 imposibilitado econ\u00f3micamente al no contar con ingresos econ\u00f3micos; que la entidad convocada \u00abno puede escudar su responsabilidad y su deber de tener al d\u00eda un registro p\u00fablico, haciendo manifestaciones y trasladando cargas a terceros que en ning\u00fan momento han intervenido\u00bb; y esta acci\u00f3n es el mecanismo id\u00f3neo (folio 79, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el gestor contaba con otros mecanismos de defensa para cuestionar la negativa de la entidad acusada de levantar, del certificado de antecedentes disciplinarios, el registro de inhabilidad para desempe\u00f1ar cargos p\u00fablicos.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, pese a que el peticionario reclam\u00f3 ante la Procuradur\u00eda acusada la eliminaci\u00f3n del referido registro, no acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa a cuestionar las respuestas otorgadas, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, en un caso de similares contornos al de ahora, esta Sala se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026En relaci\u00f3n con la falta de agotamiento de los mecanismos procedentes frente a las actuaciones de la administraci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha precisado:  <\/span><\/p>\n

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\u2018\u2026La Corte ha determinado, igualmente, la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela cuando frente a un determinado acto administrativo pudieron interponerse recursos judiciales ordinarios pero estos no lo fueron oportunamente, afirmando que \u2018[s]i el accionante considera vulnerados sus derechos por la expedici\u00f3n de la resoluci\u00f3n aludida, tuvo en su momento la ocasi\u00f3n de hacer uso de los recursos y acciones pertinentes para oponerse a la decisi\u00f3n de la administraci\u00f3n. \u2018La acci\u00f3n de tutela consagrada por el art\u00edculo 86 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, fue concebida como un mecanismo de defensa y protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. Es, por tanto, como innumerables veces lo ha dejado sentado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, una acci\u00f3n residual o subsidiaria, que no est\u00e1 llamada a proceder como mecanismo alterno o sustituto de las v\u00edas ordinarias de protecci\u00f3n de los derechos, y menos a\u00fan como medio para discutir derechos y deberes definidos o situaciones jur\u00eddicas consolidadas por estar establecidas en actuaciones administrativas que han adquirido firmeza por la caducidad de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente por los interesados\u2026\u2019.(CSJ STC16412-2016, 11 nov., rad. 2016-00307-01).  <\/span><\/p>\n

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Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios de regular procedencia que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01).  <\/span><\/p>\n

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3. En todo caso, se advierte que el registro impuesto en los antecedentes disciplinarios del promotor no es arbitrario, pues se fund\u00f3 en lo considerado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 38 y en el 174 de la Ley 734 de 2002, adem\u00e1s de los principios de idoneidad, transparencia e imparcialidad.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, esta Sala indic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026el registro obrante en los antecedentes de la peticionaria no constituye arbitrariedad lesiva de garant\u00edas constitucionales, pues tal gesti\u00f3n se acompasa con la normatividad aplicable y encuentra fundamento en los principios de idoneidad, transparencia e imparcialidad que irradian la funci\u00f3n p\u00fablica; adem\u00e1s, si bien la solicitante no puede ser contratada por el Estado, ello no le impide obtener un trabajo en el sector privado.  <\/span><\/p>\n

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Sobre lo discurrido, esta Sala, en un decurso de id\u00e9nticos perfiles, sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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\u2018\u2026[L]a anotaci\u00f3n reprochada, insisti\u00f3 la entidad demandada en su respuesta, debe mantenerse en el certificado de antecedentes del promotor del amparo, pues a pesar de encontrarse extinguida la pena privativa de la libertad y superarse el lapso de inhabilidad impuesto en la providencia judicial, de todas formas, conforme el art\u00edculo 174 de la Ley 734 de 2002, \u2018la misma debe permanecer reportada durante 5 a\u00f1os contados a partir de la ejecutoria\u2026, de las \u2018sanciones o durante el tiempo en que las mismas se encuentren vigentes\u2026\u2019.  <\/span><\/p>\n

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\u2018\u2026 [C]onsidera la Corte que no existe vulneraci\u00f3n del h\u00e1beas data, por cuanto la informaci\u00f3n negativa que reposa sobre el actor se presenta de manera confiable, veraz y transparente, pues el registro del dato negativo, proviene, seg\u00fan lo informado por el referido \u00f3rgano de control, de la sentencia emitida por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Villavicencio que lo declararon responsable del delito de invasi\u00f3n de tierras, punible cuya sanci\u00f3n apareja junto al tiempo de inhabilitaci\u00f3n impuesto en los fallos, una imposibilidad \u00abpara contratar con el Estado\u2019 que se impone por ministerio de la Constituci\u00f3n  y la Ley\u2026\u2019.  <\/span><\/p>\n

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\u2018Ahora, no est\u00e1 de m\u00e1s resaltar que el registro de antecedentes o inhabilidades, tal y como lo expuso la entidad accionada, es \u00abun filtro utilizado por la administraci\u00f3n p\u00fablica orientado a que s\u00f3lo ingresen a ella personas con la m\u00e1s alta probidad\u00bb, protegiendo as\u00ed la idoneidad, transparencia e imparcialidad en el desarrollo de la funci\u00f3n p\u00fablica, sin que dicha anotaci\u00f3n impida al actor acceder a un empleo en el sector privado\u2026\u2019 (CSJ STC16412-2016, 11 nov., rad. 2016-00307-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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