{"id":99394,"date":"2026-06-25T18:25:23","date_gmt":"2026-06-25T18:25:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1897-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:25:23","modified_gmt":"2026-06-25T18:25:23","slug":"stc1897-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1897-2017\/","title":{"rendered":"STC1897-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1897-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2016-01190-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince   (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de enero de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Banco Davivienda, la Procuradur\u00eda, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de aquella urbe.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el accionado.  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita \u00abse ordene inmediata[mente] a la tutelada q[ue] conceda [su] alzada\u00bb (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Indic\u00f3 el accionante que interpuso una acci\u00f3n popular contra Davivienda, bajo el radicado 2015-00240, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira.  <\/span><\/p>\n

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2.2. En el aludido tr\u00e1mite, despu\u00e9s de ser dictada la sentencia, fue emitido el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, decisi\u00f3n que tras ser recurrida en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n, se mantuvo y se deneg\u00f3 la alzada.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Se\u00f1al\u00f3 que no fue concedida la apelaci\u00f3n, pese a su procedencia conforme con el C\u00f3digo General del Proceso, cuando en diferentes acciones populares le aplican una figura inexistente en la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n surtida en la acci\u00f3n popular 2015-00240.  <\/span><\/p>\n

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2. La Personer\u00eda de Pereira se\u00f1al\u00f3 que cualquier ciudadano puede iniciar una acci\u00f3n popular en nombre de la comunidad, siendo deber de los despachos judiciales darle tr\u00e1mite, por lo que no se le puede endilgar responsabilidad frente a actuaciones que no son de su competencia.  <\/span><\/p>\n

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3. El Banco Davivienda S.A. adujo que las pretensiones del accionante son netamente econ\u00f3micas, por lo que la tutela es improcedente. Solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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4. El Municipio de Pereira sostuvo que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que no es la autoridad que vulner\u00f3 o amenaza transgredir los derechos fundamentales del promotor, pues la misma se le atribuye al despacho accionado, el que goza del principio de autonom\u00eda judicial \u00aben el sentido de interpretar y aplicar la ley, de acuerdo a los limites existentes en nuestro ordenamiento\u00bb. Solicit\u00f3 que se condenara en costas y agencias en derecho al gestor por un probable actuar temerario y su \u00abobstinado e inconcebible abuso de los mecanismos constitucionales\u00bb (folio 30, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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5. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda refiri\u00f3 que no promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular objeto de reclamo constitucional; que su intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a observar la defensa de los derechos e intereses colectivos, \u00absituaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb, el que debe ser convocado por el Juzgado, con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, y contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico; y que como no le ha sido comunicado dicho pacto, solicitaba su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite excepcional (folio 40 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues no recurri\u00f3 en reposici\u00f3n la decisi\u00f3n que deneg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n frente al auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, medio id\u00f3neo para procurar que el estrado acusado reconsiderara su determinaci\u00f3n; que no se dijo ni se acredit\u00f3 que el gestor fuera una persona que requiere de una protecci\u00f3n reforzada o que se encuentra en una situaci\u00f3n de imposibilidad para cuestionar esa decisi\u00f3n. Deneg\u00f3 el resguardo respecto a la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda, Regionales Risaralda, la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Pereira, por carecer de legitimaci\u00f3n, as\u00ed como frente al Banco Davivienda por inexistencia de vulneraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad (folio 52, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso en estudio, concluye la Corte que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que no luce arbitrario el prove\u00eddo censurado.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se advierte que mediante providencia de 25 de noviembre de 2016 el estrado convocado dispuso no conceder la alzada frente a la determinaci\u00f3n que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, tras considerar que era improcedente por no estar incluida en la norma especial (Ley 472 de 1998).  <\/span><\/p>\n

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De manera que esta Sala advierte que la determinaci\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, por lo que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio frente al prove\u00eddo mediante el cual se le deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada frente a la decisi\u00f3n que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451).  <\/span><\/p>\n

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3. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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