{"id":99395,"date":"2026-06-25T18:25:24","date_gmt":"2026-06-25T18:25:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1900-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:25:24","modified_gmt":"2026-06-25T18:25:24","slug":"stc1900-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1900-2017\/","title":{"rendered":"STC1900-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1900-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2016-01685-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince   (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de diciembre de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Eduardo Alfonso Correa Carmona contra la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante, obrando como apoderado de la parte civil en el proceso penal n\u00ba 828913-58, adelantado por la Fiscal\u00eda 58 Seccional de Cali, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pidi\u00f3 revocar la providencia n\u00ba 6-F1 de 25 de julio de 2016, dictada por la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Cali; y permitirle participar en las etapas procesales surtidas con posterioridad al rechazo de la demanda de parte civil (folio 9, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        El quejoso sustent\u00f3 sus pedimentos en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        La Veedur\u00eda Ciudadana \u00abPalmira C\u00f3mo Vamos\u00bb, en cabeza de Carlos Alberto Franco Salamanca, denunci\u00f3 la posible celebraci\u00f3n indebida del contrato de prestaci\u00f3n de servicios n\u00ba 096 de 21 de diciembre de 2001, suscrito por el delegado del Alcalde del municipio de Palmira, Alberto Silva Scarpeta, y en calidad de contratista Pablo Antonio Arteaga Casta\u00f1o, actuando como interventor de ese convenio Marco Tulio Casta\u00f1eda, estos dos \u00faltimos quienes se encuentran condenados por sentencia del 31 de julio de 2012, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        La anotada veedur\u00eda ciudadana pretendi\u00f3 constituirse en parte civil en el proceso penal n\u00ba 828913-58, tramitado por la Fiscal\u00eda 58 Seccional de Cali, a fin de obtener el esclarecimiento de la verdad y la recuperaci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        El ente instructor referido a espacio, mediante resoluci\u00f3n n\u00ba 30 de 16 de mayo de 2016, reconoci\u00f3 a la Veedur\u00eda Ciudadana como parte civil dentro de dicha actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Determinaci\u00f3n que fue apelada y el superior en providencia del 25 de julio de 2016, resolvi\u00f3 \u00abrevocar, de manera integral el prove\u00eddo\u2026 n\u00ba 030 de mayo 16 de 2016, proferido por la Fiscal\u00eda 58 Seccional con sede en esta ciudad. Tomando como fundamento de su decisi\u00f3n el art\u00edculo 36 de la ley 190 de 1995\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Se duele el actor de tal resoluci\u00f3n porque la veedur\u00eda ciudadana lo que pretende es recuperar el patrimonio del municipio, en cuanto \u00e9ste no se ha constituido en parte civil en dicho proceso; adem\u00e1s de que en una caso similar, el proceso n\u00ba 567146-17874, en el que tambi\u00e9n particip\u00f3 la veedur\u00eda ciudadana como parte civil, \u00abno se cuestion\u00f3 en lo m\u00e1s m\u00ednimo la constituci\u00f3n de parte civil en calidad de actor popular\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Cali se opuso a la concesi\u00f3n del amparo, exponiendo que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de los derechos de la veedur\u00eda ciudadana, a tal efecto hizo un recuento de la actuaci\u00f3n se\u00f1alando que Manuel Fernando Mu\u00f1oz Benjumea y Carlos Alberto Franco Salamanca, quienes conforman dicho ente sin \u00e1nimo de lucro, el 3 de febrero de 2013 formularon denuncia penal contra los funcionarios que pertenecieron a la administraci\u00f3n del municipio de Palmira y que suscribieron el contrato 096 de 21 de diciembre de 2001, el cual ten\u00eda por objeto el manejo de residuos s\u00f3lidos de comunas urbanas, por un presunto detrimento patrimonial que ascend\u00eda a 15 millones 642 mil 857 pesos.  <\/span><\/p>\n

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Adujo el ente instructor que fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la sentencia de constitucionalidad C-292\/03, que hizo el control previo autom\u00e1tico al proyecto de ley estatutaria n\u00ba 850 de 2001, en el que declar\u00f3 inconstitucional la expresi\u00f3n referida a que a las veedur\u00edas ciudadanas les estar\u00eda autorizado \u00abintervenir por intermedio de apoderado, debidamente constituido, ante los \u00f3rganos, procesos y actuaciones judiciales, disciplinarias y fiscales que adelanten los organismos de control\u00bb, por cuanto esa atribuci\u00f3n implicaba que el legislador hubiese convertido a las veedur\u00edas en sujetos procesales por v\u00eda general, circunstancia que \u00abromp\u00eda el equilibrio que, en cada\u2026 proceso en particular, debe existir\u00bb, de suerte que consider\u00f3 \u00abno\u2026 result[aba] prohibido al legislador facultar a las veedur\u00edas a intervenir en diversos procesos. Sin embargo, tal facultad ha de ser prevista para cada caso en particular, pues no en todos los eventos su participaci\u00f3n resulta constitucionalmente admisible\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte, destac\u00f3 que en la providencia cuestionada trajo a colaci\u00f3n el art\u00edculo 36 de la ley 190 de 1995, disposici\u00f3n por la cual el municipio de Palmira no quedar\u00eda hu\u00e9rfano \u00abde parte civil\u00bb, de manera que era a las diferentes administraciones municipales a las que les correspond\u00eda hacerse reconocer como tal (folios 132 y 133, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        La Fiscal\u00eda 58 Seccional de Cali indic\u00f3 que no lesion\u00f3 las prerrogativas de la veedur\u00eda, dado que en su prove\u00eddo de 16 de mayo de 2016 admiti\u00f3 la participaci\u00f3n de la misma al encontrar que el municipio no se hab\u00eda hecho parte en la instrucci\u00f3n; por consiguiente, su actuaci\u00f3n no resulta cuestionada en sede tutelar, sino la del superior que revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado (folio 134, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo desestim\u00f3 la salvaguarda tras considerar que la decisi\u00f3n de la Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal Superior de Cali se sustent\u00f3 con argumentos \u00abserios, coherentes y razonables\u00bb, aplicando la normatividad que disciplinaba el caso, para concluir que el actor no ten\u00eda legitimaci\u00f3n para constituirse en parte civil; que la tutela no es una instancia adicional para replantear el debate surtido al interior de la actuaci\u00f3n (folios 194 a 199, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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       El actor apel\u00f3 la decisi\u00f3n rese\u00f1ada, indicando que no se valoraron integralmente los hechos que motivaron la interposici\u00f3n de la petici\u00f3n de resguardo. Adicionalmente, afirm\u00f3 que se desconoci\u00f3 el art\u00edculo 45 de la ley 600 de 2000, como jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia (folios 213, cuaderno 1 y 4 a 8, cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        El asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se erige a cuestionar la resoluci\u00f3n pronunciada el 25 de julio de 2016 por la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que dispuso revocar integralmente la dictada el 16 de mayo anterior por la Fiscal\u00eda 58 Seccional de esa misma ciudad, por la cual se hab\u00eda admitido la demanda de parte civil propuesta por la Veedur\u00eda Ciudadana \u00abPalmira C\u00f3mo Vamos\u00bb, representada por \u00abCarlos Alberto Franco Salamanca\u00bb, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 45 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal.  <\/span><\/p>\n

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3.        Examinada la documental allegada al tr\u00e1mite tuitivo, relativa a las actuaciones surtidas en la instrucci\u00f3n del proceso penal n\u00ba 828913-58, seguido contra Miguel Antonio Motoa Kuri y otros, se advierte que el promotor del resguardo no ostenta la calidad de parte dentro de ese juicio, por lo que no puede incoar esta salvaguarda aduciendo la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues s\u00f3lo a su poderdante en ese asunto se le podr\u00eda quebrantar el derecho invocado, esto es, a la Veedur\u00eda Ciudadana \u00abPalmira C\u00f3mo Vamos\u00bb. El hecho de ser el apoderado de un sujeto procesal no lo convierte en titular de privilegio ius fundamental alguno derivado de esa actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Aunado a ello, el gestor no alleg\u00f3 poder especial conferido por su representada para iniciar esta acci\u00f3n, ni argument\u00f3 ser su agente oficioso.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, esta Sala siguiendo la doctrina constitucional ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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\u2026ciertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u00abcualquier persona\u00bb puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u00abvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u00abvulnerados o amenazados\u00bb aquellos\u2026  <\/span><\/p>\n

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\u2026en punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u00abdispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela:  <\/span><\/p>\n

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\u2026(i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii) A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii) Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u00abcuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n\u2026\u00bb -subraya fuera de texto- (CSJ STC, 13 dic. 2011, rad. 2011-00284-02; reiterada CSJ, 10 jun. 2016, rad. 2016-00786-01).  <\/span><\/p>\n

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De suerte que, si el accionante no cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa para activar este medio excepcional de defensa, no es posible entrar a auscultar la legalidad de las actuaciones emitidas en el proceso judicial en el que como ya qued\u00f3 dicho el quejoso no es parte sino apoderado judicial.  <\/span><\/p>\n

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4.        Lo dicho impone respaldar el fallo de primer grado, pero por lo aqu\u00ed expuesto.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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