{"id":99397,"date":"2026-06-25T18:25:42","date_gmt":"2026-06-25T18:25:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1906-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:25:42","modified_gmt":"2026-06-25T18:25:42","slug":"stc1906-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1906-2017\/","title":{"rendered":"STC1906-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1906-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b005001-22-10-000-2016-00314-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Alonso D\u00edaz Arboleda contra el Juzgado Quince de Familia de Oralidad de esa ciudad; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Comisar\u00eda de Familia de la Comuna Once de la misma localidad, a la Secretar\u00eda de Hacienda de Medell\u00edn y a Erika Lolita D\u00edaz Arboleda.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En el libelo que dio origen a la acci\u00f3n, el ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que considera vulnerados por la autoridad administrativa vinculada, porque no le notific\u00f3 en debida forma la Resoluci\u00f3n de fecha 29 de julio de 2013, a trav\u00e9s de la cual ratific\u00f3 la No. 93 del 22 de mayo anterior, decisi\u00f3n que debi\u00f3 dejar sin valor ni efecto en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado D\u00e9cimo de familia en auto de junio 20 de la misma anualidad; por otra parte, cuestiona que la sede judicial tutelada, convirtiera en arresto la multa que le fue impuesta, en su sentir, de manera objetiva, inconsulta e irreflexiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende, que se dejen sin valor ni efecto jur\u00eddico las decisiones adoptadas por el juzgador accionado o se tomen las medidas que en derecho correspondan. [Folios 1-15, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 2 de octubre de 2012, Erika Lolita D\u00edaz Arboleda solicit\u00f3 medida de protecci\u00f3n ante la Comisar\u00eda de Familia de la Comuna Once de Medell\u00edn, contra sus hermanos, entre ellos el reclamante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Adelantada la actuaci\u00f3n correspondiente, la autoridad mencionada dict\u00f3 Resoluci\u00f3n No. 15 el 23 de enero de 2013, a trav\u00e9s de la cual fueron declarados responsables de los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar el tutelante y sus hermanos Juan Guillermo, Roc\u00edo y Erika Lolita D\u00edaz Arboleda y se les orden\u00f3 cesar \u00ab\u2026todo tipo de agresi\u00f3n f\u00edsica, verbal, psicol\u00f3gica, insultos, ofensas, amenazas (\u2026) as\u00ed mismo permitir el contacto materno filial, en condiciones de respeto.\u00bb Adem\u00e1s, se les advirti\u00f3 que de reincidir se har\u00edan acreedores a una multa de dos a diez salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, convertibles en arresto. Decisi\u00f3n que fue notificada en estrados a las partes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Al d\u00eda siguiente, la demandante en aquel tr\u00e1mite puso en conocimiento de la misma autoridad, que al t\u00e9rmino de la conciliaci\u00f3n, cuando ya se encontraban en casa, el accionante, la agredi\u00f3 verbalmente frente a su progenitora, sus dem\u00e1s hermanos y las empleadas del servicio, raz\u00f3n que la llev\u00f3 a llamar a las autoridades de polic\u00eda, quienes atendieron el caso y le recomendaron presentar la respectiva denuncia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En la misma fecha, se admiti\u00f3 la solicitud de medida de protecci\u00f3n por incumplimiento a la dictada antes en favor de la quejosa y se dispuso \u00ab\u2026la acumulaci\u00f3n de las diligencias\u2026\u00bb acabadas de rese\u00f1ar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. La decisi\u00f3n se notific\u00f3 por aviso del 5 de febrero posterior al demandado, quien rindi\u00f3 descargos el 22 del mismo mes y a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En audiencia de 22 de mayo de 2013, se declar\u00f3 responsable de violencia familiar e incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n impuesta al accionante; por esta \u00faltima conducta fue sancionado con multa equivalente a 2 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes a favor de la Tesorer\u00eda Municipal de Medell\u00edn. Adem\u00e1s, se dispuso mantener vigente lo ordenado el 23 de enero del mismo a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Inconforme, el sancionado present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra aquella determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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9. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado 10\u00ba de dicha especialidad, que por auto de 20 de junio de 2013, declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n, por tratarse de un proceso de reincidencia en violencia intrafamiliar, esto es, de incumplimiento de una medida de protecci\u00f3n, cuya decisi\u00f3n de m\u00e9rito solo admite el recurso de reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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10. El 29 de julio de 2013, la Comisar\u00eda de Familia, resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n planteada contra la decisi\u00f3n emanada el 22 de mayo de 2013 de manera adversa, pues estim\u00f3 que est\u00e1n acreditados los presupuestos legales para declararlo responsable de reincidir en la violencia contra su hermana.  <\/span><\/p>\n

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11. El 2 de agosto siguiente, se fij\u00f3 aviso en la direcci\u00f3n suministrada por el demandado, a trav\u00e9s del cual se notific\u00f3 la decisi\u00f3n referida a espacio.  <\/span><\/p>\n

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12. El 4 de diciembre de 2013, se fij\u00f3 estado No. 4 donde se notific\u00f3 el auto dictado en audiencia del \u201c3 de diciembre de 2013\u201d, \u00ab\u2026[d]onde este despacho no repone y en consecuencia ratifica en todas sus partes, la decisi\u00f3n emitida en audiencia del 22 de mayo de 2013.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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13. El 9 de octubre de 2014 a solicitud del apoderado judicial del tutelante, la Comisar\u00eda de Familia expidi\u00f3 copias integrales de la actuaci\u00f3n administrativa cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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14. El 2 de octubre posterior se ofici\u00f3 a la L\u00edder de Proyecto Comisar\u00edas, para que se elaborara la factura correspondiente a la multa impuesta al sancionado. La misiva fue enmendada mediante comunicaci\u00f3n del 7 del mismo mes y a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

15. Mediante Resoluci\u00f3n No. 083 del 12 de mayo de 2016, la Comisar\u00eda dispuso la anulaci\u00f3n de la cuenta de cobro expedida contra el reclamante y ofici\u00f3 a la Secretar\u00eda de Hacienda Municipal para que expidiera la cuenta de cobro.  <\/span><\/p>\n

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16. El 13 de junio de 2016, se expidi\u00f3 la factura No. 225006732390 por valor de $1.179.000 y se otorg\u00f3 como fecha l\u00edmite para el pago el 30 del mismo mes y a\u00f1o, remitiendo un ejemplar al lugar de trabajo del tutelante, esto es, en la firma EMI, donde fue recepcionada la documentaci\u00f3n, ante la imposibilidad de ubicar al reclamante en su direcci\u00f3n de domicilio, pues all\u00ed se inform\u00f3 que no resid\u00eda en ese lugar desde el mes de noviembre de 2015.  <\/span><\/p>\n

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17. El 1\u00ba de julio posterior, la Comisar\u00eda solicit\u00f3 a la Subsecretar\u00eda Municipal, informar si el obligado hab\u00eda satisfecho la sanci\u00f3n pecuniaria. En la misma fecha, se obtuvo respuesta negativa.  <\/span><\/p>\n

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18. El 5 de julio de 2016, se dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias administrativas a los Jueces de Familia, a fin de que se determinara la posibilidad de convertir la multa en arresto, en vista del incumplimiento del tutelante en el pago de tal estipendio.  <\/span><\/p>\n

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19. El proceso correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 15 de Oralidad de Familia de Medell\u00edn, que por auto del 15 de julio de 2016, convirti\u00f3 la multa en arresto de seis (6) d\u00edas en el lugar del domicilio.  <\/span><\/p>\n

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20. Notificado, el tutelante solicit\u00f3 la correcci\u00f3n de su direcci\u00f3n de residencia y present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, basado en los mismos argumentos que sirven de soporte a esta solicitud de amparo.  <\/span><\/p>\n

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22. En criterio del promotor del amparo, se quebrantaron sus derechos fundamentales porque: (i) no fue notificado del auto que resolvi\u00f3 su recurso de reposici\u00f3n contra la Resoluci\u00f3n de mayo 22 de 2013; (ii) no se le notific\u00f3 de las cuentas de cobro expedidas para hacer efectivo el pago de la multa impuesta, y (iii) la conversi\u00f3n de tal sanci\u00f3n pecuniaria fue ordenada sin control de legalidad alguno ni consideraci\u00f3n de las particularidades del caso. [Folios 1-15, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 23 de agosto de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados en el tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 60-61, c.1]  <\/span><\/p>\n

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En prove\u00eddo del 26 siguiente, se resolvi\u00f3 acceder a la medida provisional de suspensi\u00f3n de la orden de arresto reclamada. [Folios 71-73, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juez Quince de Familia de Medell\u00edn, se\u00f1al\u00f3 que ese despacho no vulner\u00f3 derechos fundamentales al accionante, porque la decisi\u00f3n cuestionada fue emitida con apego a la legalidad y notificada en debida forma. [Folio 66, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte la Comisar\u00eda de Familia, inform\u00f3 que el tr\u00e1mite se surti\u00f3 de acuerdo a los par\u00e1metros establecidos en la Ley 575 de 2000 y que se respetaron los derechos al debido proceso y a la defensa, al punto que de la decisi\u00f3n que se dice no fue legalmente notificada, se fij\u00f3 aviso en la direcci\u00f3n que siempre suministr\u00f3 el sancionado como su lugar de trabajo, a m\u00e1s de que el 9 de octubre de 2014, se suministraron copias integrales de las actuaciones al quejoso, a trav\u00e9s de su apoderado judicial. [Folios 81-85, c.1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, Erika Lolita D\u00edaz Arboleda, manifest\u00f3 que su hermano busca dilatar el cumplimiento de las sanciones impuestas con la interposici\u00f3n de esta queja. [Folio 88, c.1]  <\/span><\/p>\n

3. Tras rehacer la actuaci\u00f3n en obedecimiento a lo ordenado por esta Sala en providencia de octubre 20 de 2016, el Tribunal, mediante sentencia de noviembre 25 del mismo a\u00f1o, neg\u00f3 el amparo pretendido, tras evidenciar que las notificaciones que el actor echa de menos fueron debidamente practicadas, adem\u00e1s de considerar que la decisi\u00f3n cuestionada se sustent\u00f3 en debida forma y de su contenido no se desprende arbitrariedad, irrazonabilidad o capricho. No obstante, ampar\u00f3 el debido proceso del actor, por encontrar que la orden de arresto se ejecut\u00f3 sin aguardar a que cobrara firmeza.  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con lo decidido, el accionante impugn\u00f3 el fallo, porque, en su sentir, \u00e9ste desconoci\u00f3 el objeto de su s\u00faplica constitucional, que no era controvertir el auto a trav\u00e9s del cual se mantuvo inc\u00f3lume la conversi\u00f3n de la multa en arresto, sino aquel que dispuso tal mutaci\u00f3n y la actuaci\u00f3n administrativa que le precedi\u00f3, en virtud de las irregularidades procesales que all\u00ed se cometieron.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola, entre otros, con los principios de inmediatez y subsidiaridad.  <\/span><\/p>\n

       Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primer postulado impide que se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y , tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. (CSJ SC 2 Ago 2007, exp. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ SC 29 Abr 2009, Exp. 2009-00624-00).  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la actuaci\u00f3n y\/o decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis del reparo expuesto en la solicitud de protecci\u00f3n contra el procedimiento adelantado por la Comisar\u00eda 11 de Familia de Medell\u00edn para efectos de resolver el recurso que proced\u00eda contra su Resoluci\u00f3n del 22 de mayo de 2013 y notificarle esa decisi\u00f3n, esto es, el auto de 29 de julio de 2013, la Sala encuentra insatisfecho el requisito de procedibilidad que viene de comentarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y lo anterior es as\u00ed, de atender que la determinaci\u00f3n que resolvi\u00f3 de manera definitiva la impugnaci\u00f3n propuesta por el actor contra el acto que lo declar\u00f3 responsable de la conducta de violencia intrafamiliar contra su hermana Erika Lolita D\u00edaz Arboleda y de incumplir la medida de protecci\u00f3n dictada el 23 de enero inmediatamente anterior e imponerle multa equivalente a dos (2) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes como sanci\u00f3n por reincidencia, fue proferida hace m\u00e1s tres a\u00f1os, circunstancia que torna inviable que el quejoso pretenda cuestionar por esta v\u00eda que la autoridad administrativa, en vez de desatar el recurso de reposici\u00f3n, no hubiese invalidado el tr\u00e1mite en obedecimiento a lo que, en su sentir, dispuso el Juzgado 10\u00ba de Familia mediante auto de junio 20 de 2013, donde declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n contra ese tipo de decisiones por tratarse de un asunto de \u00fanica instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, observa la Sala que el promotor del amparo intenta atacar a trav\u00e9s de su queja las notificaciones que de aquella providencia se surtieron, censura que tampoco se abre paso, debido a que para la Sala est\u00e1 claro que el reclamante tuvo noticia de aquella decisi\u00f3n hace, por lo menos, dos a\u00f1os y aun as\u00ed, se sustrajo al cumplimiento de la sanci\u00f3n impuesta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, de una cuidadosa revisi\u00f3n a la actuaci\u00f3n objeto de censura, se encuentra que una vez emitido el auto del 29 de julio de 2013, por medio del cual, se insiste, se mantuvo inc\u00f3lume la Resoluci\u00f3n No. 93 del 22 de mayo del mismo a\u00f1o, la Comisar\u00eda de Familia entreg\u00f3 aviso en la porter\u00eda del conjunto residencial ubicado en la carrera 64 C No. 48-43, Torre 2 Apartamento 202, Edificio Brasilia No. 2, de Medell\u00edn, que corresponde a la direcci\u00f3n aportada y no variada, por el demandado para notificaciones, documento que fue efectivamente entregado en la porter\u00eda de dicha unidad a la se\u00f1ora \u00c1ngela Munera, tal como se hizo constar a folio 186 de las diligencias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, aunque en efecto se observa que la notificaci\u00f3n por estado de aquella determinaci\u00f3n no s\u00f3lo fue tard\u00eda sino err\u00f3nea, por cuanto se hizo el 3 de diciembre del mismo a\u00f1o y sin indicar correctamente la fecha del auto que se pretend\u00eda poner en conocimiento de los sujetos procesales, es lo cierto que ya se hab\u00eda fijado y de manera correcta, el aviso en el domicilio del interesado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunado a ello, es evidente que el quejoso, quien asisti\u00f3 personalmente a la audiencia del 22 de mayo de 2013, donde se impuso la multa cuestionada y apel\u00f3 aquella determinaci\u00f3n, ha debido estar atento a las resultas de su proceso, pues de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000, para las notificaciones que deban hacerse al demandado, la Comisar\u00eda pod\u00eda optar por el aviso o el enteramiento personal y si en cuenta se tiene que para efectos de citarlo a las primeras audiencias de tr\u00e1mite fue suficiente el primero, no hab\u00eda raz\u00f3n para considerar que la del auto que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n de fondo adoptada en el caso, deb\u00eda surtirse personalmente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, es de ver que el art\u00edculo 12 de la norma en comento, establece que \u00ab\u2026[l]a providencia que imponga las sanciones por incumplimiento de la orden de protecci\u00f3n, provisional o definitiva, ser\u00e1 motivada y notificada personalmente en la audiencia o mediante aviso.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y como lo que se discute es la notificaci\u00f3n del auto que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra dicho prove\u00eddo, f\u00e1cil es concluir que la notificaci\u00f3n por aviso que se efectu\u00f3 el 2 de agosto de 2013, fue id\u00f3nea para poner en conocimiento del sancionado la ratificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, m\u00e1xime, cuando ning\u00fan cambio de domicilio inform\u00f3 al despacho comisarial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero, es m\u00e1s, acreditado est\u00e1 en el asunto que el 9 de octubre de 2014 el reclamante, a trav\u00e9s de su apoderado judicial, solicit\u00f3 y le fue suministrada copia integral de los dos procesos administrativos adelantados en su contra, es decir, los radicados con los Nos. 02-2602-13 y 35825-12, luego, como m\u00e1ximo en esa fecha el tutelante tuvo conocimiento de la multa que le hab\u00eda sido impuesta, su valor, plazo para el pago y beneficiario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, es evidente que el quejoso conoc\u00eda la decisi\u00f3n que ahora cuestiona desde hace, por lo menos, se reitera, dos a\u00f1os y si ello es as\u00ed, no hay justificaci\u00f3n v\u00e1lida para que tan solo ahora acuda a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n de derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo dicho en precedencia, deja en evidencia que el accionante, para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir, un t\u00e9rmino superior al que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales [6 meses], m\u00e1xime cuando no alega alg\u00fan hecho o motivo que justifique su tardanza para impetrar esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En segundo lugar, reprocha el promotor del resguardo el tr\u00e1mite administrativo adelantado por la Comisar\u00eda de Familia y la Secretar\u00eda de Hacienda de Medell\u00edn para efectos de materializar el recaudo de la sanci\u00f3n pecuniaria que le fue impuesta, pues, asegura, la primera ofici\u00f3 a la segunda solicitando la emisi\u00f3n de una cuenta de cobro por un valor distinto al que le hab\u00eda sido fijado y con base en ese yerro se emiti\u00f3 la cuenta de cobro No. 220048617283 por $1.232.054, la cual nunca le fue notificada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el punto, es de ver que, en efecto la emisi\u00f3n de la anterior factura obedeci\u00f3 a una equivocaci\u00f3n de la Comisar\u00eda de Familia en torno a los datos reales del proceso, irregularidad que fue enmendada de manera oficiosa, mediante la Resoluci\u00f3n No. 83 del 12 de mayo de 2016, donde se anul\u00f3 aquella actuaci\u00f3n y se solicit\u00f3 la emisi\u00f3n de la factura, esta vez de manera correcta, de ah\u00ed que la falta de notificaci\u00f3n alegada, no tiene incidencia alguna en los derechos fundamentales del actor.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Ahora, la factura elaborada en reemplazo de la anulada, corresponde al n\u00famero 225006732390 del 13 de junio de 2016, cuyo ejemplar fue remitido a su lugar de trabajo, esto es la empresa EMI con sede en Medell\u00edn, toda vez que no fue posible ubicar su paradero con la informaci\u00f3n de contacto aportada a la actuaci\u00f3n, dado que el se\u00f1or Mario \u00c1lvarez Arteaga, inform\u00f3 que el sancionado se hab\u00eda mudado del domicilio conocido desde el mes de noviembre de 2015 y pese a los m\u00faltiples intentos de comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica (fls. 146 y 147 c.1 Tribunal), no fue posible lograr su comparecencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con todo, lo cierto es que el accionante era consciente de la multa que adeudaba a la Tesorer\u00eda Municipal de Medell\u00edn, porque as\u00ed se dispuso desde la Resoluci\u00f3n 093 del 22 de mayo de 2013 ratificada el 29 de julio del mismo a\u00f1o por la Comisar\u00eda 11 de Familia, actuaci\u00f3n a la que, como qued\u00f3 visto, \u00e9l tuvo acceso desde el 2 de agosto de 2013 o, como m\u00e1ximo, desde el 9 de octubre de 2014, cuando se suministraron copias de lo actuado a su apoderado.  <\/span><\/p>\n

Entonces, el que se le haya puesto de presente o no el referido t\u00edtulo valor, no era determinante para que \u00e9l cumpliera con su obligaci\u00f3n de haber sido su voluntad hacerlo, ni vulnera sus garant\u00edas reclamadas la Secretar\u00eda de Hacienda con la omisi\u00f3n por \u00e9l enrostrada, pues en \u00faltimas, esta autoridad municipal no ejerci\u00f3 acci\u00f3n alguna contra el reclamante como consecuencia del no pago de su deuda al erario p\u00fablico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que el tutelante no puede afirmar con \u00e9xito que no pag\u00f3 la multa porque no supo de la factura, en primer lugar, porque si en realidad no se enter\u00f3 de su expedici\u00f3n, cosa que la Sala considera desvirtuada con la remisi\u00f3n de su ejemplar al sitio donde el deudor prestaba sus servicios \u2013 EMI \u2013, la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n no deriv\u00f3 de dicho documento crediticio, sino de la Resoluci\u00f3n 093 del 22 de mayo de 2013, corroborada el 29 de julio del mismo a\u00f1o, porque all\u00ed se impuso y se se\u00f1alaron todas las condiciones en que deb\u00eda satisfacerse la obligaci\u00f3n \u2013 dos (02) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, los que deber\u00e1 depositar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta providencia a favor de la TESORERIA MUNICIPAL, Fondos Comunes, Municipio de Medell\u00edn, lo cual corresponde a la suma de un mill\u00f3n ciento setenta y nueve mil pesos ($1.179.000), dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n, en caso de no hacerse, ser\u00e1n convertidos en arresto –  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed, que el peticionario conoc\u00eda perfectamente cu\u00e1l era su obligaci\u00f3n y las consecuencias de su incumplimiento, sin necesidad de que se le notificara, como lo reclama, la cuenta de cobro respectiva.  <\/span><\/p>\n

Establecido lo anterior, es indudable para la Corte que no existe la alegada vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales alegada con el procedimiento administrativo previo a la emisi\u00f3n de la providencia que, por \u00faltimo, controvierte el tutelante, censura que pasa a analizarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De una revisi\u00f3n atenta a la decisi\u00f3n adoptada el pasado 15 de julio de 2016 por el Juzgado 15 de Oralidad en Familia de Medell\u00edn, ratificada mediante prove\u00eddo del 17 de agosto siguiente, esta Corporaci\u00f3n no encuentra que el fallador accionado hubiese incurrido en el desconocimiento a las garant\u00edas fundamentales cuya protecci\u00f3n invoca el reclamante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, para la Sala es claro que la sede judicial tutelada abord\u00f3 el estudio del caso sometido a su decisi\u00f3n  y emiti\u00f3 pronunciamiento frente a cada uno de los argumentos en los cuales el reclamante sustent\u00f3 su disenso con la providencia atacada, para finalmente concluir de manera razonable y motivada, que deb\u00eda mantener inc\u00f3lume la orden de conversi\u00f3n de la multa impuesta al quejoso desde el a\u00f1o 2013 en arresto, tal como lo permite el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 294 de 1996, modificada por el literal \u201ca\u201d del art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 575 de 2000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como soporte de su postura y atendiendo las quejas del impugnante, que en esencia, son las mismas que se han expuesto y analizado en este tr\u00e1mite constitucional, la falladora puntualiz\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026en s\u00edntesis, la inconformidad presentada frente a la decisi\u00f3n adoptada por esta funcionaria judicial, es seg\u00fan su apreciaci\u00f3n, que no se hizo un control previo de legalidad, de las actuaciones administrativas, surtidas por la Comisar\u00eda de Familia Comuna Once, quien a su vez, incurri\u00f3 en violaci\u00f3n al debido proceso, por cuanto, no notific\u00f3 al sancionado el contenido de los actos administrativos, que resolvieron el recurso de reposici\u00f3n en esa instancia, y no se le enter\u00f3 adem\u00e1s, de la cuenta de cobro, por la multa a \u00e9l impuesta; por lo tanto, se proceder\u00e1 a hacer un an\u00e1lisis de cada uno de los hechos que motivan la inconformidad del recurrente, a saber:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como primera medida, le asiste raz\u00f3n a la apoderada (\u2026) cuando refiere el error consignado en el ESTADO No. 4, en que se dej\u00f3 plasmado que la decisi\u00f3n a notificar, es el fallo proferido en audiencia celebrada el 3 de diciembre de 2013, cuando realmente la decisi\u00f3n, que se deb\u00eda notificar, data del 29 de julio del mismo a\u00f1o; empero, en sano criterio de esta falladora, dicho yerro, obedece a un acto de digitaci\u00f3n, que no tiene la fuerza suficiente para convergir en la nulidad de dicho acto procesal, como es la notificaci\u00f3n por estados; debido a que se suministraron los dem\u00e1s datos del proceso, necesarios para la plena identificaci\u00f3n del mismo, tales como: clase de proceso (violencia intrafamiliar), nombres de las personas interesadas, fecha de la providencia, fecha del estado y la firma del secretario, am\u00e9n del contenido claro de la decisi\u00f3n publicada, consistente en la negativa de reposici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n fechada el 22 de mayo de 2013, ratific\u00e1ndola en todas sus partes, fecha \u00e9sta \u00faltima que si concuerda con la realidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si en gracia de discusi\u00f3n, se tuviera en cuenta que la fecha de la providencia est\u00e1 errada, y que sumado a ello, el estado no fue fijado, al d\u00eda siguiente a la fecha de la providencia, situaci\u00f3n que no advirti\u00f3 la recurrente, en su escrito, la misma, se encuentra saneada, por las motivaciones subsiguientes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Cabe advertir, adem\u00e1s, en torno a ese punto, la vocera judicial del sancionado, indica que el estado en menci\u00f3n, no cumple con las previsiones y requisitos contenidos en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 121 del C. de P. Civil, el cual, por dem\u00e1s, ha sido derogado por la ley 1564 de 2012, dicha norma en nada se refiere a la notificaci\u00f3n por estado, pues la misma no solo, no contiene un numeral 3\u00ba como lo anuncia aquella, sino que regula la manera como se tomar\u00e1n en cuenta los t\u00e9rminos (\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, a folio 65 del cuaderno principal, reposa notificaci\u00f3n por aviso que se le hiciera al se\u00f1or Jorge Alonso D\u00edaz Arboleda, \u201cde la providencia que antecede\u201d, de fecha 29 de julio de 2013, la que, no es otra, que la que resolvi\u00f3 no reponer, y en consecuencia ratificar en todas sus partes, la decisi\u00f3n emitida en audiencia del 22 de mayo de 2013\u201d, por medio de la que se declar\u00f3 responsable de violencia intrafamiliar (\u2026) y se le impuso multa de dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, otorg\u00e1ndole un t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, para consignarlos, con la advertencia que de no cumplir con ello, ser\u00edan convertidos en arresto. Dicha notificaci\u00f3n por aviso fue entregada en la porter\u00eda, el 2 de agosto de 2013, recibida por la se\u00f1ora \u00c0NGELA M\u00d9NERA, seg\u00fan informe bajo juramento, rendido por el notificador de la Comisar\u00eda de Familia Comuna Once, advirti\u00e9ndose que la direcci\u00f3n donde fue entregado el aviso, corresponde a la indicada por el se\u00f1or D\u00cdAZ ARBOLEDA, como su lugar de residencia, en audiencia celebrada el 22 de mayo de 2013 (folio 45).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunado a lo anterior, con fecha 9 de octubre de 2014, se orden\u00f3 la expedici\u00f3n de copias del expediente 02-2602-13 a solicitud verbal del apoderado (\u2026), quien las recibi\u00f3 en la misma fecha (\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) la Secretar\u00eda de Hacienda del Municipio de Medell\u00edn, elabor\u00f3 el 13 de junio de 2016, la cuenta de cobro 225006732390, aduciendo la pluricitada togada que dicha cuenta de cobro, no ha sido notificada al deudor, afirmaci\u00f3n que tampoco es de recibo, pues a folio 82 del cuaderno principal, reposa dicha cuenta de cobro, recibida en la Empresa de Medicina Integral EMI, el 14 de junio de 2016, lugar de trabajo del se\u00f1or (\u2026), lo que conduce a concluir que la misma fue entregada a su destinatario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Discute igualmente, que la Comisar\u00eda de Familia, tampoco notific\u00f3 a su poderdante, acerca de la resoluci\u00f3n, a que antes se hizo referencia, y que en la misma, tambi\u00e9n se incurri\u00f3 en error, al citar la fecha de los oficios, indicando que el primero data del 2 de octubre de 2014 y no del 2 de octubre de 2013, lo que se considera seg\u00fan el criterio de esta operadora judicial, fue un error mecanogr\u00e1fico, m\u00e1s que de fondo, que pueda afectar la validez y legalidad de lo actuado y en cuanto a la notificaci\u00f3n de dicho acto, a folios 73 vto, reposa constancia de notificaci\u00f3n personal, dirigida al se\u00f1or JORGE ALONSO D\u00cdAZ ARBOLEDA, donde certifica el auxiliar de la Comisar\u00eda, MARIO ALVAREZ, que \u00e9ste, no reside en ese domicilio, desde el mes de noviembre de 2015. As\u00ed mismo, como quiera que dicha resoluci\u00f3n, lo que hizo precisamente fue corregir los yerros cometidos, en cuanto a los n\u00fameros de expedientes y fechas de oficios, sin que ello, alterara la decisi\u00f3n de fondo, no se percibe por parte alguna, la afectaci\u00f3n que pudo haber sufrido el querellado sancionado, al no haber sido notificado de dicha resoluci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

6. De lo anterior, se advierte que la autoridad judicial acusada valor\u00f3 las particularidades propias del caso bajo su estudio, sin que pueda afirmarse que la negativa a reponer la orden de conversi\u00f3n de la multa en arresto o a invalidar la actuaci\u00f3n administrativa cuestionada, resulte arbitraria o irrazonable, pues corresponde a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable al caso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, aquellas consideraciones no evidencian capricho del juzgador accionado, como tampoco sus razones merecen el calificativo de absurdas ni de autoritarias, de modo que no se amerita el otorgamiento del amparo invocado, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a la acci\u00f3n de tutela para imponer al fallador un determinado criterio jur\u00eddico, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por consiguiente, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, sin que sea necesario entrar a hacer valoraciones o pronunciamiento adicional acerca de la orden de amparo dictada por el A quo constitucional, en la medida en que ella no fue objeto de disenso y se advierte ajustada a los postulados procesales necesarios para proteger, eso s\u00ed, el derecho al debido proceso del accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1906-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b005001-22-10-000-2016-00314-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).   Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinticinco […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99397","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99397","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99397"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99397\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99397"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99397"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99397"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}