{"id":99399,"date":"2026-06-25T18:25:59","date_gmt":"2026-06-25T18:25:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1909-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:25:59","modified_gmt":"2026-06-25T18:25:59","slug":"stc1909-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1909-2017\/","title":{"rendered":"STC1909-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1909-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2016-02243-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince   (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de enero de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Samir Idrobo Montenegro contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n y el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas superiores a la igualdad y a la libertad personal, presuntamente vulneradas por las autoridades judiciales cuestionadas con las providencias de 22 de septiembre y 17 de noviembre de 2016, que en su orden, resolvieron negarle el beneficio de libertad condicional y confirmar tal determinaci\u00f3n, pues no tuvieron en cuenta que cumpl\u00eda con todos los requisitos exigidos al efecto, dado que las penas impuestas fueron acumuladas, el delito de base de la acumulaci\u00f3n, esto es, el de la condena m\u00e1s alta permite acceder a ese beneficio y la prohibici\u00f3n contenida en la Ley 1098 de 2006 no le aplica porque al momento de la comisi\u00f3n de la conducta punible no se hallaba vigente; adem\u00e1s de que el ejecutor de primer grado en casos an\u00e1logos al suyo accedi\u00f3 a conceder la libertad, sin oponer la restricci\u00f3n del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia.  <\/span><\/p>\n

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De acuerdo a lo anterior, solicit\u00f3 conceder la rehabilitaci\u00f3n de su autonom\u00eda personal de forma inmediata (folios 1 a 5, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        De los elementos de juicio arrimados al plenario se advierte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Popay\u00e1n por sentencia de 21 de septiembre de 2009, conden\u00f3 a Samir Idrobo Montenegro a la pena de 98 meses de prisi\u00f3n al encontrarlo responsable del punible de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes y porte de armas de fuego o municiones. Ese mismo estrado judicial mediante fallo de 5 de junio de 2013, le impuso pena de 90 meses de c\u00e1rcel al hallarlo culpable del injusto de acceso carnal violento; acumul\u00e1ndole las penas para un total de 161 meses de prisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        La comisi\u00f3n de la conducta delictuosa de acceso carnal violento ocurri\u00f3 el 18 de enero de 2007, siendo v\u00edctima un menor de edad.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        El Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma localidad por auto de 22 de septiembre neg\u00f3 la libertad condicional al quejoso, tras considerar que no le era posible acceder a tal beneficio comoquiera que operaba la prohibici\u00f3n dispuesta en el art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006, pues tambi\u00e9n fue condenado por el delito de acceso carnal violento, cuyo sujeto pasivo result\u00f3 ser un menor de edad.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido explic\u00f3 que la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia1 ha dejado claro que la ley 1709 de 2014 no derog\u00f3 la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 199 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, \u00abmotivo por el cual a las personas condenadas por los delitos ah\u00ed establecidos, en los cuales haya sido v\u00edctima un menor de edad, como es el caso, no pueden acceder a la libertad condicional\u00bb. La Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n el 17 de noviembre de 2016 confirm\u00f3 el prove\u00eddo del juez ejecutor.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n hizo un recuento de la actuaci\u00f3n surtida, arguy\u00f3 que ese despacho con anterioridad hab\u00eda adoptado el criterio seg\u00fan el cual para efectos de beneficios y prohibiciones se deb\u00eda tener en cuenta la pena mayor, por lo cual en casos de concursos heterog\u00e9neos si la menor condena estaba sujeta a la prohibici\u00f3n de la ley 1098 de 2006 no aplicaba tal restricci\u00f3n; sin embargo, reconsider\u00f3 su criterio toda vez que no puede tenerse en cuenta \u00fanicamente la mayor sanci\u00f3n para efectos de examinar la autorizaci\u00f3n de favorecimientos y la aplicaci\u00f3n de prohibiciones, en la medida en que ello desconoc\u00eda las dem\u00e1s conductas punibles por las cuales fue hallado responsable el sentenciado.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que no puede desconocerse que los injustos causaron da\u00f1o a bienes jur\u00eddicos tutelados, por lo tanto deben valorarse los beneficios y restricciones frente a cada uno de ellos.  En ese entendido neg\u00f3 la libertad condicional al gestor de la s\u00faplica por operar la prohibici\u00f3n del art\u00edculo 199 de la ley 1098 de 2006, razones por las que pidi\u00f3 no acceder a la protecci\u00f3n superior (folios 27 a 29, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, inform\u00f3 que esa c\u00e9lula resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta por el condenado frente al auto del juez ejecutor que le neg\u00f3 la rehabilitaci\u00f3n de la autonom\u00eda personal; se\u00f1al\u00f3 que la acumulaci\u00f3n de penas es un amparo que tiene como finalidad purgar varias condenas al tiempo y por un menor tiempo cuando se suman todas, lo que no implica que desaparezca una sanci\u00f3n impuesta; por lo cual, al analizar la concesi\u00f3n de beneficios resulta necesario verificar los requisitos de todos los tipos penales en los que incurri\u00f3 el condenado, y si existe impedimento respecto de uno, \u00e9ste afecta toda la actuaci\u00f3n (folio 40, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo desestim\u00f3 la salvaguarda tras exponer que a pesar de la insatisfacci\u00f3n del accionante con la determinaci\u00f3n de las autoridades accionadas, \u00e9sta no se advierte contraria a la Constituci\u00f3n y la ley vigente para la \u00e9poca de los hechos, dado que el acceso carnal violento infligido a una menor de edad ocurri\u00f3 el 18 de enero de 2007, data para la cual se encontraba rigiendo el art\u00edculo 199 de la ley 1098 de 2006, que proh\u00edbe el otorgamiento de cualquier subrogado a los sentenciados por el anotado punible, lo que no deviene arbitrario o abiertamente equivocado (folios 50 a 60, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo sin aducir motivo de inconformidad (folio 66, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        El asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se erige a cuestionar las providencias de 22 de septiembre y 17 de noviembre de 2016, emitidas por las autoridades accionadas en el tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n de la pena impuesta al promotor por los delitos de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, porte de armas de fuego o municiones y acceso carnal violento en menor de edad. De manera que el examen se enfocar\u00e1 en la \u00faltima de estas decisiones dado que confirm\u00f3 la primera de ellas.  <\/span><\/p>\n

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3.        El quejoso se duele de que no se haya concedido el subrogado de libertad condicional, pese a que cumpl\u00eda con los requisitos necesarios para el efecto, pues el delito base por el que se le impuso la sanci\u00f3n m\u00e1s alta no est\u00e1 contemplado dentro de los que tienen prohibici\u00f3n para acceder al beneficio; que ha descontado f\u00edsicamente las 3\/5 partes de la pena acumulada; que ha demostrado arraigo familiar, ha observado buena conducta durante su reclusi\u00f3n y con anterioridad en un asunto similar al suyo el ejecutor de primer grado otorg\u00f3 el beneficio.  <\/span><\/p>\n

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El auto del Tribunal cuestionado explic\u00f3 que conforme a la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia2, la autoridad administradora de la condena debe ser rigurosa en la exigibilidad de los presupuestos contemplados en la ley para determinado subrogado o beneficio, por cuanto si bien la ley 1709 de 2014 tuvo como finalidad descongestionar las penitenciarias, no puede pasarse por alto la normatividad vigente; y en el caso de Samir Idrobo Montenegro estaba vedado el otorgamiento del favorecimiento por cuanto:  <\/span><\/p>\n

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\u2026uno de los delitos que est\u00e1 purgando es el de acceso carnal violento en el cual la v\u00edctima era una menor de edad y los hechos acaecieron en febrero de 2007, es decir, bajo la \u00e9gida de la ley 906 y de la ley 1098 de 2006.  <\/span><\/p>\n

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Ahora frente al argumento que ha sido amparado por la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas y por ello s\u00f3lo debe analizarse su exigencia con base en la pena m\u00e1s alta, lo cierto es, que no tiene cabida tal aseveraci\u00f3n, pues la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas es un mecanismo que busca como beneficio el purgar varias penas al mismo tiempo y por un menor lapso a la sumatoria de las mismas. Como se observa, en el sujudice el se\u00f1or Idrobo Montenegro deber\u00eda purgar 188 meses de prisi\u00f3n, sin embargo, gracias a esta figura jur\u00eddica la pena que debe pagar es de 161 meses, es decir, se le descontaron por un fen\u00f3meno jur\u00eddico 27 meses de prisi\u00f3n, lo cual es a todas luces un beneficio en pro del condenado\u2026  <\/span><\/p>\n

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\u2026pese a que la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica es un estatuto que busca puramente beneficiar a los condenados, lo cierto es, que no puede con ella pretender desvanecer los efectos de una de las conductas acumuladas, al igual que cuando se presenta un concurso heterog\u00e9neo de conductas, al momento de conceder alg\u00fan subrogado penal o un beneficio administrativo, deben valorarse la totalidad de conductas que se le imputaron, y una vez realizado el examen de cada una se resolver\u00e1 si es procedente o no concederlo.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del juez ejecutor de la pena que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurdas las referidas determinaciones.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese, por dem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela:  <\/span><\/p>\n

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\u2026no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo \u2026 (CSJ STC, 6 may. 2011, rad. 2011-00829-00).  <\/span><\/p>\n

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4.        Finalmente, debe precisarse que respecto a la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, habida cuenta que el despacho de primera instancia anteriormente ten\u00eda el criterio atinente a que s\u00f3lo deb\u00eda verificarse la conducta delictual por la cual se aplic\u00f3 la condena m\u00e1s alta a efectos de establecer la procedencia del subrogado penal, ha de advertirse que sobre ese punto ese estrado judicial explic\u00f3 las razones por las cuales se apartaba de tal criterio y adoptaba el esbozado por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia penal; debe recordarse que el precedente jurisprudencial que obliga al fallador es el de naturaleza vertical que no el horizontal, aspecto \u00faltimo sobre el que la Sala reiteradamente ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con la presunta vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad, porque \u00abotros despachos judiciales\u00bb les han concedido dicho beneficio a sentenciados que se encuentran en las mismas circunstancias que la suya, debe tenerse en cuenta que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, los jueces \u00abest\u00e1n perfectamente facultados para decidir de manera independiente y aut\u00f3noma, ya que acoger el precedente jurisprudencial o de cumplir con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende, s\u00f3lo recae cuando aqu\u00e9l proviene de un superior jer\u00e1rquico, mas no como aqu\u00ed acontece con otros funcionarios situados en el mismo v\u00e9rtice o en grado inferior de la estructura de la administraci\u00f3n de justicia, evento en el cual lo \u00fanico exigible es que la providencia se encuentre debidamente motivada\u00bb (sents. del 15 de noviembre y del 12 de diciembre de 2005, exp. T No. 01892-01 y 2279-01). (CSJ STC, 11 oct. 2013, rad. 2013-01713-01; reiterada en STC12645-2015, 17 sep. 2015, rad. 2015-01532-01).  <\/span><\/p>\n

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5.        Baste lo dicho para respaldar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ STP8299-2014, 25 jun. 2014, rad. 73914.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ SP, 2 abr. 2014, rad. 40163.      <\/span><\/p>\n

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