{"id":99400,"date":"2026-06-25T18:26:02","date_gmt":"2026-06-25T18:26:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1910-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:26:02","modified_gmt":"2026-06-25T18:26:02","slug":"stc1910-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1910-2017\/","title":{"rendered":"STC1910-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1910-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 50001-22-14-000-2016-00458-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el siete de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ecopetrol S.A. contra el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gait\u00e1n, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que estima vulnerados por la autoridad judicial acusada al no dar tr\u00e1mite a los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n propuestos contra el auto que decret\u00f3 la nulidad del proceso de revisi\u00f3n de aval\u00fao de servidumbre de hidrocarburos promovida por esa empresa en contra de Hely Mart\u00ednez Ceballos.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se deje sin efecto la decisi\u00f3n mencionada y se ordene al juzgador accionado un pronunciamiento de fondo sobre los medios de impugnaci\u00f3n interpuestos.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el a\u00f1o 2013, Ecopetrol S.A. present\u00f3 demanda de aval\u00fao de perjuicios por servidumbre legal de hidrocarburos, respecto de un predio rural denominado \u00abEl Roncador\u00bb, que se encuentra ubicado en Puerto Gait\u00e1n, Meta, y est\u00e1 ocupado por Hely Mart\u00ednez Ceballos, que no cuenta con folio de matr\u00edcula inmobiliaria por tratarse de un bien bald\u00edo no adjudicado.  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gait\u00e1n, a quien se asign\u00f3 el conocimiento de ese asunto, luego de que agotara el tr\u00e1mite de rigor, dict\u00f3 sentencia el 27 de enero de 2016, autorizando el ejercicio de la servidumbre y fijando como indemnizaci\u00f3n integral de los perjuicios derivados de aquella la suma de $183.470.167.  <\/span><\/p>\n

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4. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez, al cual se asign\u00f3 esta controversia, la admiti\u00f3 el 29 de marzo del a\u00f1o citado y orden\u00f3 el traslado al extremo pasivo.  <\/span><\/p>\n

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5. El demandante pidi\u00f3 la correcci\u00f3n del fallo mencionado atr\u00e1s porque se cometieron errores frente al valor del t\u00edtulo de dep\u00f3sito consignado y la c\u00e9dula catastral de inmueble, la cual fue resuelta favorablemente por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gait\u00e1n, en prove\u00eddo del 25 abril de la anualidad anterior.  <\/span><\/p>\n

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6. De otro lado, el demandado contest\u00f3 el segundo libelo referido, se opuso a las pretensiones de su contraparte y solicit\u00f3 la nulidad de ese asunto por haber sido presentado extempor\u00e1neamente.  <\/span><\/p>\n

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7. En auto de 22 de septiembre de la anualidad precedente, el despacho accionado declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado y tuvo por no presentada en legal forma la solicitud de revisi\u00f3n de aval\u00fao de servidumbre de hidrocarburos.  <\/span><\/p>\n

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8. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la parte actora interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n el 27 de septiembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

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9. En memorial radicado el 30 de septiembre del a\u00f1o en cita, el extremo activo precis\u00f3 que los medios de impugnaci\u00f3n presentados hac\u00edan referencia al proceso de revisi\u00f3n de aval\u00fao de servidumbre de hidrocarburos referido.  <\/span><\/p>\n

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10. El estrado judicial acusado, el 13 de octubre de 2016, se abstuvo de darle tr\u00e1mite a los recursos formulados, por cuanto se propusieron indebidamente, sin que se determinara el proceso al cual iban dirigidos, las partes involucradas o la providencia cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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11. En criterio del peticionario de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que la sede judicial encausada con la \u00faltima decisi\u00f3n adoptada le impidi\u00f3 acudir al recurso de queja, pues ni siquiera tramit\u00f3 el de apelaci\u00f3n, incurriendo, de esa manera, en exceso ritual manifiesto, pues esa autoridad no se detuvo a auscultar otros elementos que ten\u00eda a su alcance para identificar el expediente al que iba dirigido el memorial contentivo de los medios de impugnaci\u00f3n contra el auto que declar\u00f3 la nulidad del proceso referido, y en cambio se ci\u00f1\u00f3 a un excesivo formalismo, en perjuicio de la prevalencia del derecho sustancial. [Folios 1-16, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 2 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado al despacho querellado y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gait\u00e1n, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 79-80, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez se opuso a la prosperidad del resguardo deprecado, en raz\u00f3n a que los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra la providencia que declar\u00f3 la nulidad del proceso aludido fueron presentados mediante un memorial radicado extempor\u00e1neamente. [Folios 86-89, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gait\u00e1n relat\u00f3 brevemente lo acontecido en el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre petrolera, promovida por el aqu\u00ed quejoso, y se\u00f1al\u00f3 que no le vulner\u00f3 ninguna garant\u00eda superior en el curso de ese asunto. [Folios 90-91, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, Hely Mart\u00ednez Ceballos manifest\u00f3 que la parte demandante no present\u00f3 en debida forma los medios de impugnaci\u00f3n contra el auto que decret\u00f3 la nulidad del proceso presentado por ella, motivo por el cual es improcedente la protecci\u00f3n constitucional solicitada. [Folio 95, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 16 de noviembre de 2016, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio concedi\u00f3 el amparo, dej\u00f3 sin valor ni efecto el auto dictado el 13 de octubre del a\u00f1o citado y orden\u00f3 al despacho accionado que tomara las decisiones correspondientes, tras considerar que, si bien en el memorial contentivo de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra la providencia que decret\u00f3 la nulidad no se indic\u00f3 la clase de proceso, los nombres de las partes o el radicado del mismo, de \u00e9l se extrae que se trataba de un asunto en el que actuaba como demandante Ecopetrol S.A., as\u00ed como la naturaleza de la providencia cuestionada, por lo tanto al no impartirles tr\u00e1mite, el juzgador acusado incurri\u00f3 en exceso ritual manifiesto. [Folios 96-105, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el  se\u00f1or Hely Mart\u00ednez Ceballos la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito de intervenci\u00f3n. [Folios 111-112, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento del requisito de la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, cuando la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales es protuberante y afecta garant\u00edas de superior valor como lo son los derechos al debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, la concesi\u00f3n del amparo se torna obligatoria y no puede desconocerse so pretexto de que no se cumplieron unos requisitos de naturaleza procesal.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, al se\u00f1alar que a pesar de que el reclamante no haya utilizado los medios de defensa legales para impugnar las decisiones que censura por v\u00eda de tutela, excepcionalmente es posible \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (CSJ STC, 12 oct. 2012, rad. 2012-1545-01, reiterada en CSJ STC, 01 dic. 2014, rad. 2014-02694-00).  <\/span><\/p>\n

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En id\u00e9ntico sentido se ha admitido que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n de tutela, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n.\u00bb (CSJ STC, 13 ag. 2013, rad. 2013-00093-01)  <\/span><\/p>\n

2. As\u00ed ocurre en el presente caso, pues a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de la subsidiariedad, al no interponerse el medio de impugnaci\u00f3n respectivo contra la providencia que no dio tr\u00e1mite a los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que declar\u00f3 la nulidad del proceso de revisi\u00f3n de aval\u00fao de servidumbre de hidrocarburos promovido por Ecopetrol S.A. contra Hely Mart\u00ednez Ceballos, es evidente la incursi\u00f3n del fallador accionado en un defecto procedimental que habilita la intervenci\u00f3n del juez de tutela para conjurar la ostensible transgresi\u00f3n a la garant\u00eda fundamental del debido proceso del peticionario del amparo.  <\/span><\/p>\n

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3. En el presente asunto, se advierte que el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez, dentro de la controversia referida, dispuso negar, por extemporaneidad, el tr\u00e1mite de los medios de impugnaci\u00f3n interpuestos contra la providencia que anul\u00f3 la actuaci\u00f3n en ese asunto y tuvo por no presentada en legal forma la solicitud de revisi\u00f3n de la valuaci\u00f3n del derecho real impuesto al demandado, se advierte la incursi\u00f3n en una de las causales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, que hace necesario el amparo, pues se transgredieron los derechos fundamentales del tutelante.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la Corte observa que, no obstante la parte actora no indic\u00f3 en el memorial contentivo de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n el proceso al cual iba dirigido, las partes del proceso respectivo y la providencia atacada, tal informaci\u00f3n se infer\u00eda a partir de su contenido e inclusive del escrito presentado unos d\u00edas despu\u00e9s, lo que indica claramente que el despacho accionado incurri\u00f3 en un defecto procedimental por excesivo rigorismo formal, desconociendo que la finalidad de las normas adjetivas es la efectividad de los derechos sustanciales, de conformidad con los art\u00edculos 228 de la Carta Superior y 11 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior se debe a que el extremo afectado cuestion\u00f3, dentro de la oportunidad establecida por la ley adjetiva, la decisi\u00f3n en comento a trav\u00e9s de los medios de impugnaci\u00f3n pertinentes, en un memorial que hace referencia a un proceso de revisi\u00f3n del aval\u00fao de servidumbre de hidrocarburos, en el que Ecopetrol S.A. act\u00faa como demandante, en donde se decret\u00f3 la nulidad por la presentaci\u00f3n extempor\u00e1nea de la demanda, as\u00ed como el funcionario que conoce tal asunto, de lo que se deriva que se estaba cuestionando la providencia dictada el 22 de septiembre de 2016, m\u00e1xime que por medio de un escrito presentado el 30 de septiembre siguiente, se precis\u00f3 la informaci\u00f3n relativa al n\u00famero de radicaci\u00f3n de ese litigio y la fecha del auto censurado.  <\/span><\/p>\n

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4. Frente a la \u00faltima disposici\u00f3n citada, es claro para esta Corporaci\u00f3n, que se orienta a impedir que se contin\u00fae denegando el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de las partes por simples requisitos formales y a corregir las pr\u00e1cticas que se vienen presentando en esta materia, pues una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la Constituci\u00f3n y la normatividad, imponen la b\u00fasqueda de la efectividad de las garant\u00edas procesales y no su obstaculizaci\u00f3n, como ocurri\u00f3 en este caso.  <\/span><\/p>\n

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El respeto por las formas propias de cada juicio no implica, en manera alguna, que los ritos procesales sean un fin en s\u00ed mismos, todo lo contrario, la primac\u00eda de lo sustancial, impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de la administraci\u00f3n de justicia y de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a ella.  <\/span><\/p>\n

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No se trata de avalar el desconocimiento absoluto de la ritualidad procesal, pero tampoco de que el funcionario judicial atienda de manera tan rigurosa a esas formalidades, pues ello apareja un \u00abexcesivo ritual manifiesto\u00bb que sacrifica prerrogativas constitucionales para salvaguardar la forma.  <\/span><\/p>\n

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Ante tal horizonte, es evidente que la sede judicial acusada no garantiz\u00f3 la prevalencia del derecho sustancial, tal como lo ordena el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, y se ci\u00f1\u00f3 m\u00e1s a la literalidad de las palabras, que a la verdadera intenci\u00f3n del recurrente.  <\/span><\/p>\n

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5. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la protecci\u00f3n debe concederse, en la forma dispuesta por el a quo constitucional, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1910-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 50001-22-14-000-2016-00458-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99400","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99400","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99400"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99400\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99400"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99400"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99400"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}