{"id":99402,"date":"2026-06-25T18:26:29","date_gmt":"2026-06-25T18:26:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1912-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:26:29","modified_gmt":"2026-06-25T18:26:29","slug":"stc1912-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1912-2017\/","title":{"rendered":"STC1912-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1912-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01145-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de enero de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de tutela, acumuladas, promovidas contra el Juzgado Cuarto Civil Circuito de la misma ciudad, a las que fueron vinculados la Defensor\u00eda del Pueblo y el Delegado del Ministerio P\u00fablico, Regional Risaralda, la Alcald\u00eda y Personer\u00eda de Pereira.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada en las acciones populares por \u00e9l promovidas ante ese despacho, radicadas con los nos. 2016-00539, 2016-00536 y 2016-00538 (folios 1, 2, 5, 6, 9 y 10, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar al estrado judicial accionado admitir inmediatamente las acciones populares referidas a espacio, sin exigir m\u00e1s requisitos que los previstos en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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       2.        El quejoso soport\u00f3 sus pedimentos, en s\u00edntesis, en que instaur\u00f3 las acciones populares nos. 2016-00539, 2016-00536 y 2016-00538, las que fueron inadmitidas por el funcionario cuestionado y posteriormente rechazadas, en abierto desconocimiento del art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998, as\u00ed como lo dispuesto en precedente de tutela de esta Sala de Casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 copia de las piezas procesales correspondientes a las acciones populares que originan la queja constitucional (folios 17 a 32, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        La Personer\u00eda de Pereira adujo que no se le puede endilgar responsabilidad alguna respecto a la actuaci\u00f3n del operador judicial criticado, por no ser de su competencia (folios 33 a 35, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        La Alcald\u00eda del municipio de Pereira manifest\u00f3 que no ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales del quejoso, por lo cual pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar, pues la censura se dirige a criticar actuaciones del juzgado de conocimiento, frente a lo cual no tiene injerencia alguna en aplicaci\u00f3n del principio de autonom\u00eda judicial (folios 38 a 40, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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4.        La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n tuitiva, pues resulta ajena al Ministerio P\u00fablico, como ente de control, puesto que la salvaguarda de los derechos colectivos podr\u00e1 ser verificada en la diligencia de pacto de cumplimiento, la que a\u00fan no ha sido programada (folio 49, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 el amparo porque el promotor no propuso reposici\u00f3n contra las providencias que ahora cuestiona en tutela (folios 58 a 61, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n sin aducir la raz\u00f3n de inconformidad (folio 64, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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2.        Descendiendo al sub examine advierte la Corte que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, toda vez que en las acciones populares nos. 2016-00536, 2016-00539 y 2016-00538 el reclamante   no subsan\u00f3 las demandas de acuerdo a lo dispuesto en los autos proferidos el 25 de noviembre de 20161 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira y tampoco recurri\u00f3 en reposici\u00f3n las providencias de 6 de diciembre siguiente, dictadas tambi\u00e9n por ese estrado judicial, que rechazaron los libelos por ausencia de subsanaci\u00f3n, medio procesal pertinente para exhibir los motivos de inconformidad que por esta v\u00eda se exponen, con lo que abandon\u00f3 la oportunidad que tuvo para persuadir al juez competente de reconsiderar su determinaci\u00f3n de rechazar las demandas en el escenario procesal pertinente.  <\/span><\/p>\n

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De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01).  <\/span><\/p>\n

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3.        Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y, a su cargo, entr\u00e9guensele las dem\u00e1s copias reclamadas.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Folios 19, 21, 24, 26, 29 y 31, cuaderno 1, en los tres asuntos se le exigi\u00f3 precisar frente a quien dirig\u00eda las accione populares, por cuanto en las mismas, como accionado, indicaba tanto al Banco BBVA como a Bancolombia.      <\/span><\/p>\n

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