{"id":99405,"date":"2026-06-25T18:26:55","date_gmt":"2026-06-25T18:26:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1915-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:26:55","modified_gmt":"2026-06-25T18:26:55","slug":"stc1915-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1915-2017\/","title":{"rendered":"STC1915-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2016-02742-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el quince de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Hern\u00e1n Rodr\u00edguez Achury y Rosaura Pineda Hern\u00e1ndez contra el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de la misma ciudad, el Banco de Occidente S.A. y los ciudadanos Pablo Eduardo Castro L\u00f3pez y Mar\u00eda Cristina Le\u00f3n Garc\u00eda, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que estiman vulnerados por la autoridad judicial acusada al tramitar y decidir el proceso abreviado de restituci\u00f3n de inmueble presentado por el Banco de Occidente S.A. contra Pablo Eduardo Castro L\u00f3pez y Mar\u00eda Cristina Le\u00f3n Garc\u00eda, sin que ellos fueron vinculados al mismo.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretenden que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se revoque la sentencia emitida en el asunto referido y se ordene su intervenci\u00f3n en ese litigio.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 20 de febrero de 2013, el Banco de Occidente S.A., suscribi\u00f3 un contrato de leasing financiero inmobiliario con Pablo Eduardo Castro L\u00f3pez, cuyo objeto es el inmueble ubicado en la calle 149 n.\u00b0 54A-24, interior 2, apartamento 1005, de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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2. Posteriormente, Carlos Hern\u00e1n Rodr\u00edguez Achury y Rosaura Pineda Hern\u00e1ndez enajenaron el bien ra\u00edz descrito atr\u00e1s a la entidad financiera, mediante el contrato de compraventa otorgado en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 525 del 13 de marzo de 2013, de la Notar\u00eda Veintitr\u00e9s del C\u00edrculo de la ciudad mencionada.  <\/span><\/p>\n

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3. En el 2015, el ente bancario promovi\u00f3 demanda  abreviada contra el se\u00f1or Castro L\u00f3pez y Mar\u00eda Cristina Le\u00f3n Garc\u00eda, a fin de obtener la terminaci\u00f3n de los m\u00faltiples negocios jur\u00eddicos de leasing financiero celebrados entre ellos y la restituci\u00f3n de los inmuebles correspondientes, en donde se incluy\u00f3 el citado anteriormente.  <\/span><\/p>\n

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4. El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, lo admiti\u00f3 el 7 de octubre siguiente.  <\/span><\/p>\n

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5. Una vez notificados, los demandados guardaron silencio durante el t\u00e9rmino de traslado.  <\/span><\/p>\n

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6. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el fallador dict\u00f3 sentencia el 8 de noviembre de 2016, en la que accedi\u00f3 a las pretensiones de la parte actora.  <\/span><\/p>\n

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7. En criterio de los peticionarios de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que el despacho acusado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al tramitar y fallar la demanda de restituci\u00f3n de inmueble arrendado presentada por el Banco de Occidente S.A., quien ocult\u00f3 que la compraventa sobre el inmueble objeto del leasing financiero fue un negocio jur\u00eddico simulado, y adem\u00e1s ellos no fueron vinculados al proceso aludido, motivo por el cual no tuvieron la oportunidad de alegar los hechos referidos y oponerse a las pretensiones de la entidad financiera. [Folios 1-7, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 6 de diciembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieron sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 70, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se opuso a la prosperidad del resguardo, en raz\u00f3n a que no vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de los actores y que el proceso abreviado censurado se ajust\u00f3 a la normatividad, y por \u00faltimo indic\u00f3 que los quejosos no fueron parte en el contrato de leasing terminado y, en efecto, no tienen la condici\u00f3n de sujetos procesales en aquel asunto. [Folios 81-82, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, Pablo Eduardo Castro L\u00f3pez y Mar\u00eda Cristina Le\u00f3n Garc\u00eda coadyuvaron la petici\u00f3n de los impulsores de la salvaguarda e, inclusive, solicitaron que esta se extendiera a su favor pues los contratos objeto del juicio abreviado contienen diversas irregularidades. [Folios 85-92, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Banco de Occidente S.A. manifest\u00f3 que los reclamantes no fueron parte en el litigio censurado y que desde la fecha en que se suscribi\u00f3 la compraventa del inmueble hasta cuando conocieron la sentencia emitida por la sede judicial encausada, no manifestaron ninguna observaci\u00f3n o reparos al respecto. [Folios 93-96, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 15 de diciembre de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el amparo, tras considerar que los accionantes no han intervenido ni formulado petici\u00f3n alguna en el proceso de restituci\u00f3n cuestionado, ni tampoco han expuesto sus discrepancias en el escenario legalmente establecido para ello. [Folios 100-103, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconformes con esta determinaci\u00f3n, los promotores de queja la impugnaron, para lo cual indicaron que solamente conocieron el juicio aludido cuando se hab\u00eda proferido sentencia, sin que pudieran intervenir all\u00ed previamente, motivo por el cual \u00fanicamente pueden a esta v\u00eda constitucional. [Folios 116-118, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza y, por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. La salvaguarda en el presente asunto no se aviene al principio de subsidiariedad, pues advierte la Sala que los accionantes tienen a su alcance otros medios de defensa id\u00f3neos para el pleno ejercicio de las garant\u00edas que estiman conculcadas.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, los actores se duelen del tr\u00e1mite y fallo del proceso abreviado presentado por el Banco de Occidente S.A. contra Pablo Eduardo Castro L\u00f3pez y Mar\u00eda Cristina Le\u00f3n Garc\u00eda, a fin de obtener la terminaci\u00f3n del contrato de leasing financiero celebrados entre esas partes y la restituci\u00f3n de un inmueble, que aquellos enajenaron a la entidad financiera mediante una compraventa celebrada en el a\u00f1o 2013.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto se tiene, que si los gestores consideran que los negocios jur\u00eddicos descritos anteriormente fueron irregulares y que no debi\u00f3 dictarse sentencia en el juicio referido sin que previamente ellos fueran vinculados y se les permitiera oponerse a las pretensiones de la parte actora, observa la Corte que los peticionarios no han presentado los argumentos en los que fundan la presente petici\u00f3n de salvaguarda constitucional ante el funcionario competente, para que de esa manera este se pronuncie concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende, mediante las herramientas establecidas en la codificaci\u00f3n adjetiva para que as\u00ed se solventaran las irregularidades que a su juicio se presentaron.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que se torne improcedente el amparo solicitado, porque es ante el juez natural que los actores tienen la oportunidad de esbozar las razones que por esta v\u00eda exponen, y no pueden pretender que a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela incoada el juez constitucional se anticipe a la decisi\u00f3n del funcionario competente.  <\/span><\/p>\n

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3. Recu\u00e9rdese que el amparo constitucional es un medio subsidiario llamado a aplicarse solamente cuando en el respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender instituido como un mecanismo que permita desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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