{"id":99406,"date":"2026-06-25T18:27:03","date_gmt":"2026-06-25T18:27:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1916-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:27:03","modified_gmt":"2026-06-25T18:27:03","slug":"stc1916-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1916-2017\/","title":{"rendered":"STC1916-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1916-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el seis de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Nuris Marrugo Jim\u00e9nez contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a Roberto Juliao Altamiranda y a Mauricio Segura P\u00e9rez.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante, solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que estima vulnerado por la autoridad judicial accionada al decretar la venta en p\u00fablica subasta del bien inmueble objeto del proceso divisorio que se adelanta en su contra, sin verificar previamente que aquel pod\u00eda ser dividido materialmente;  adem\u00e1s por decretar el secuestro con desconocimiento de las reglas previstas para este.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que i) se deje sin efectos la primera actuaci\u00f3n mentada;  y, ii) se declaren nulas la providencia que decret\u00f3 el secuestro, la designaci\u00f3n del secuestre y la diligencia del mismo.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Roberto Juliao Altamiranda inici\u00f3 proceso divisorio contra Nuris Marrugo Jim\u00e9nez, demanda que se admiti\u00f3 el 13 de julio de 1993 y se le notific\u00f3 a la pasiva, el d\u00eda 15 de ese mismo mes.  <\/span><\/p>\n

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2. El 10 de agosto de 1994, se decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien objeto de la acci\u00f3n para que su producto se dividiera entre los comuneros en proporci\u00f3n para cada uno del 50%;  adem\u00e1s, se le reconoci\u00f3 al demadante la suma de $14.000.000,oo por concepto de mejoras y se tuvo por avaluado el bien, en $75.000.000,oo.  <\/span><\/p>\n

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3. En el a\u00f1o 1996, se intent\u00f3 rematar el inmueble, pero las varias diligencias fueron fallidas;  El 22 de marzo del mencionado a\u00f1o, no se presentaron postores y luego, la se\u00f1alada para el 4 de septiembre, no se llev\u00f3 a cabo, por no haber aportado el demandante las publicaciones requeridas.  <\/span><\/p>\n

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5. En diciembre de este \u00faltimo a\u00f1o referido, la parte actora alleg\u00f3 memorial en el que solicit\u00f3 impulso del proceso, y anex\u00f3 certificado catastral del inmueble con fecha de 9 de diciembre de 2015.  <\/span><\/p>\n

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6. El 23 de mayo de 2016, el Juzgado Octavo Civil del Cartagena, corri\u00f3 traslado del aval\u00fao actualizado por el t\u00e9rmino de tres d\u00edas el que ostent\u00f3 la suma de $1.496.997.000,oo.  <\/span><\/p>\n

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7. El 29 de septiembre de 2016 se decret\u00f3 el secuestro del bien identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 060-56860, se comision\u00f3 para la pr\u00e1ctica, al Inspector de Polic\u00eda de la comuna correspondiente y se nombr\u00f3 como secuestre al se\u00f1or Mauricio Segura P\u00e9rez.  <\/span><\/p>\n

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8. La anterior disposici\u00f3n, no fue objeto de reproche.  <\/span><\/p>\n

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9. La diligencia de secuestro se llev\u00f3 a cabo el 8 de noviembre de 2016, sin que obrara ning\u00fan tipo de oposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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10. La demandada radic\u00f3 el 18 de noviembre de 2016, solicitud de nulidad procesal, pendiente de resolver.  <\/span><\/p>\n

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11. En criterio de la peticionaria del amparo se vulner\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada, i) porque la autoridad judicial accionada orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien materia de divisi\u00f3n, sin nombrar un perito que estableciera con certeza si el bien es susceptible de ser divido materialmente;  y ii) porque adem\u00e1s, el secuestro no se decret\u00f3 en debida forma con sujeci\u00f3n a los art\u00edculos 681 y 682 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 23 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad convocada y se dispuso la vinculaci\u00f3n de Roberto Juliao Altamiranda y de Mauricio Segura P\u00e9rez. [Folio 44, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, tras hacer un recuento de las actuaciones surtidas, indic\u00f3 que al estar en firme el decreto de venta de p\u00fablica subasta del bien, proced\u00eda secuestrarlo, para luego si, fijar fecha de remate;  am\u00e9n de que el aval\u00fao tambi\u00e9n se encuentra en firme  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que no le es dable a la accionante requerir un perito que dictamine acerca de la divisi\u00f3n material del bien, como quiera que ya se decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del mismo, por lo que estima, ha obrado de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia.  [Folios 52 -59, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, Mauricio Segura P\u00e9rez, en calidad de secuestre, acus\u00f3 a la accionante de truncar su labor, pues no ha permitido que los dineros que percibe del arrendamiento de locales comerciales ubicados en el inmueble, sean puestos a \u00f3rdenes del Juzgado.  <\/span><\/p>\n

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En su defensa inform\u00f3 adem\u00e1s que hace parte de la lista de auxiliares de la justicia y que para ese cometido, adquiri\u00f3 una p\u00f3liza de seguros por un valor de casi $3.000.000,oo de pesos, por lo que en su sentir, la accionante desconoce las reglas previstas en los art\u00edculos 48, 51 y 52 del C\u00f3digo General del Proceso.  [Folios 54 -55, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 6 de diciembre de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena deneg\u00f3 el amparo, tras considerar que las actuaciones proferidas fueron razonables y de conformidad con la ley. Respecto de la designaci\u00f3n del secuestre, indic\u00f3 que fue el momento oportuno para nombrar el auxiliar de la justicia, adem\u00e1s de que no se vislumbra que la demandada manifestara su inconformidad ante la autoridad acusada.  Aunado, la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente pues est\u00e1 pendiente por resolver la nulidad que propuso ante el juez de conocimiento.  [Folios 67 -72, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la promotora de la queja la impugn\u00f3, para lo cual indic\u00f3 que el juez constitucional no examin\u00f3 si el inmueble era susceptible de dividir materialmente, y reitera los motivos expuestos en su escrito introductor. [Folios 77- 78, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.   <\/span><\/p>\n

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Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC 2 ago. 2007, Rad 00188-01)  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n sent\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC 29 abr. 2009, Rad, 00624-00).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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En virtud del otro principio se\u00f1alado, el amparo s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede considerarse una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte actora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso la decisi\u00f3n que cuestiona la accionante, se remite en primer lugar, al prove\u00eddo que tuvo lugar el 10 de agosto de 1994 mediante el cual se decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien materia de divisi\u00f3n;  decisi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el juzgado de conocimiento, luego de verificar que la pasiva no propuso medios exceptivos y tras valorar la inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de peritos, quienes determinaron que no proced\u00eda la divisi\u00f3n material;  sin embargo,  pese a lo all\u00ed planteado, el amparo constitucional, que se reclam\u00f3 bajo el argumento de no nombrarse perito para determinar si el bien es susceptible de divisi\u00f3n, s\u00f3lo se intent\u00f3 hasta el 22 de noviembre de 20161.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior deja en evidencia que la tutelante, para acudir al amparo por esta v\u00eda, dej\u00f3 trascurrir algo m\u00e1s de 20 a\u00f1os, despu\u00e9s de la actuaci\u00f3n censurada, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera ostensiblemente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. No obstante, en consideraci\u00f3n a que el proceso se mantuvo inactivo cerca de 20 a\u00f1os \u2013lo que en gracia de discusi\u00f3n, justificar\u00eda la demora-, esto es, desde el 15 de abril de 1996 hasta diciembre de 2015, donde el demandante solicit\u00f3 el impulso y continuar con el aval\u00fao;  la acci\u00f3n constitucional, en todo caso resulta improcedente como quiera que en providencia de 29 de septiembre de 2015, el juzgado acusado, continu\u00f3 el tr\u00e1mite y le corri\u00f3 traslado a la demandada del aval\u00fao actualizado en $1.496.997.000,oo sin que se avizore ninguna conducta desplegada por la pasiva.  <\/span><\/p>\n

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Con lo dicho, para significar que la petici\u00f3n constitucional desatiende el tambi\u00e9n comentado principio de subsidiariedad, pues ciertamente se extrae que la promotora de la acci\u00f3n no objet\u00f3 el aval\u00fao, ni hizo ning\u00fan pronunciamiento tendiente a ventilar lo que por esta v\u00eda reprocha.  <\/span><\/p>\n

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En suma, de estimarlo pertinente, tampoco interpuso recurso de reposici\u00f3n que cab\u00eda contra aquel pronunciamiento, que entre otras cosas, deneg\u00f3 una solicitud de desembargo por un presunto desistimiento t\u00e1cito.  <\/span><\/p>\n

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Recurso que a todas luces fue instituido para que el juzgador de instancia reexaminara los defectos en los que eventualmente pudiera incurrir;  en decir, atendiendo su finalidad, este instrumento le permite al juez natural reevaluarse sobre la posici\u00f3n jur\u00eddica adoptada, que de ser procedente, dentro del marco de legalidad, el operador judicial subsane o ajuste su actuar, en aras de garantizar el debido proceso de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que resulte ostensible que si la peticionaria del resguardo no agot\u00f3 todos los mecanismos que le brinda el ordenamiento jur\u00eddico para obtener lo reclamado en sede constitucional, la acci\u00f3n de tutela, no puede ser utilizada  para proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir, inicialmente, al fallador ordinario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Ahora, en lo tocante a la censura que hace respecto del auto proferido el 29 de septiembre de 2016, mediante el cual se decret\u00f3 el secuestro del bien objeto del litigio, y la consecuente designaci\u00f3n del secuestre; el resguardo suplicado, tampoco puede atenderse por un lado, porque la tutelante no recurri\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, y de otro, porque al llevarse a cabo la diligencia el 8 de noviembre de 2016, esta se surti\u00f3 sin que mediare por parte de la demandada, oposici\u00f3n alguna.  <\/span><\/p>\n

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En ese entendido, si la accionante no aprovech\u00f3 los instrumentos de  defensa establecidos en el ordenamiento procesal para controvertir los fundamentos de la providencia emitida por la autoridad accionada, no puede ahora aspirar a que en esta v\u00eda, se brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que:  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ STC, 26 en. 2011, rad. 00027-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En todo caso, se observa que la comunera radic\u00f3 ante la oficina judicial accionada incidente de nulidad, el 18 de noviembre de 2016, en el que expone ante el juez natural,  los mismo reparos que ventila por esta v\u00eda;  y sin embargo, para el momento en que se intent\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, aquel asunto estaba pendiente por resolver.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo tanto, al no haberse emitido un pronunciamiento definitivo por parte de la jurisdicci\u00f3n ordinaria sobre la cuesti\u00f3n puesta a consideraci\u00f3n del juez constitucional, resulta evidente el car\u00e1cter prematuro de la presente acci\u00f3n, sin que sea permitido que a trav\u00e9s suyo se suplan dichos mecanismos procesales.  <\/span><\/p>\n

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En punto de lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que,\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC 22  feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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1 Acta de reparto, visible a folio 43.      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1916-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el seis de diciembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99406","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99406","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99406"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99406\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99406"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99406"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99406"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}