{"id":99407,"date":"2026-06-25T18:27:07","date_gmt":"2026-06-25T18:27:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1917-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:27:07","modified_gmt":"2026-06-25T18:27:07","slug":"stc1917-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1917-2017\/","title":{"rendered":"STC1917-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1917-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b066001-22-13-000-2016-01104-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el quince de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga, contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Regional Risaralda de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y Regional Valle del Cauca de la Defensor\u00eda del Pueblo y Alcald\u00eda Municipal \u2013 Control F\u00edsico \u2013 de Sevilla.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por la autoridad judicial tutelada al no dar tr\u00e1mite oficioso a su acci\u00f3n popular No. 2015-1222, pese a tratarse de una actuaci\u00f3n constitucional prioritaria y preferente; concretamente, cuestiona que el fallador tutelado no haya dispuesto lo necesario para notificar de la admisi\u00f3n de la demanda a la entidad presuntamente vulneradora de los derechos de la colectividad y al Procurador Delegado para estos asuntos, ni publicado el aviso de que trata el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998, en un medio masivo de comunicaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente y sin explicar con qu\u00e9 prop\u00f3sito, solicita que se requiera i) un listado completo de todas las acciones populares donde el despacho tutelado haya terminado la acci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito; ii) trascripci\u00f3n de los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998 y 121 del C.G.P.; iii) concepto del delegado de Ministerio P\u00fablico en acciones populares, sobre la negativa de la tutelada a notificar al correo de notificaci\u00f3n judicial de la entidad accionada; iv) concepto de la Corte Constitucional acerca de si la tutelada puede \u201cimplicar\u201d los art\u00edculos 5 y 84 en comento; v) un listado completo de todos los memoriales donde pidi\u00f3 celeridad y los procesos donde present\u00f3 acciones de cumplimiento; vi) copia de las vigilancias judiciales y administrativas presentadas al Consejo Seccional y Superior de la Judicatura; vii) un listado completo de todas las sentencias que se hayan proferido en procesos verbales como ejecutivos, divisorios, ordinarios, desde el 2015 a la fecha de la respuesta y viii) se vincule a la actuaci\u00f3n al Tribunal Administrativo de Risaralda, al Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, para que aporten copias de sus distintas demandas y quejas contra los juzgados civiles del circuito de Pereira.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Javier El\u00edas Arias Idarraga present\u00f3 Acci\u00f3n Popular contra la Fundaci\u00f3n de la Mujer, sucursal de la calle 50 No. 51-35, por considerar que vulneran las garant\u00edas colectivas de la comunidad usuaria.  <\/span><\/p>\n

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2. El 20 de mayo de 2016, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, avoc\u00f3 el conocimiento de la queja y orden\u00f3 notificar personalmente a la sociedad demandada, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 290 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como efectuar las publicaciones de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, a cargo del actor. As\u00ed mismo, dispuso la vinculaci\u00f3n de la Alcald\u00eda Municipal de Sevilla y de la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, por medio de sus respectivos delegados.  <\/span><\/p>\n

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3. El 1\u00ba de junio de 2016 se libraron las comunicaciones pertinentes para la notificaci\u00f3n de las mencionadas.  <\/span><\/p>\n

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4. El 19 de septiembre de 2016 se recepcion\u00f3 la contestaci\u00f3n de la Alcald\u00eda Municipal de Sevilla \u2013 Valle.  <\/span><\/p>\n

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5. El 22 de noviembre siguiente, se reconoci\u00f3 personer\u00eda a la apoderada del ente territorial y se dispuso dirigir las comunicaciones para notificaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda, a la seccional Valle del Cauca.  <\/span><\/p>\n

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6. El reclamante acude a este mecanismo constitucional, con el fin de solicitar protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, porque en su sentir, el fallador cuestionado, desconoce la perentoriedad de su acci\u00f3n constitucional, por no adelantar de oficio su acci\u00f3n popular, con observancia de la perentoriedad de los t\u00e9rminos de ley. [Folios 1-2, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 1\u00ba de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n y se orden\u00f3 su traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 5, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. La Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo – Regionales Risaralda, se mostraron ajenas a los hechos en los cuales el quejoso fundamenta su reclamo, puesto que sus reparos est\u00e1n dirigidos a controvertir \u00fanica y exclusivamente actuaciones del Juzgado accionado. [Folios 9-10 y 18, c.1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Alcald\u00eda Municipal de Sevilla, aleg\u00f3 su falta de legitimidad en la causa por pasiva y la improsperidad del resguardo pretendido, en tanto estim\u00f3 inexistente la vulneraci\u00f3n alegada. [Folios 12-15, c.1]  <\/span><\/p>\n

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El juzgado accionado, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a la remisi\u00f3n de copia electr\u00f3nica de la actuaci\u00f3n cuestionada. [Folio 19, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia del 15 de diciembre de 2016, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada tras concluir que el actor no ha elevado las quejas que por esta v\u00eda formula al fallador cuestionado, ni a las autoridades cuya vinculaci\u00f3n se orden\u00f3. [Folios 22-24, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo, el tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, sin exponer los motivos de su censura. [Folio 27, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente asunto, el accionante centr\u00f3 su inconformidad en el hecho de que la autoridad accionada no ha efectuado la notificaci\u00f3n del auto admisorio de su demanda a la entidad accionada, al Ministerio P\u00fablico ni a la Defensor\u00eda del Pueblo, as\u00ed como tampoco ha surtido las publicaciones de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, pese a tratarse de una acci\u00f3n constitucional, cuyo tr\u00e1mite es preferencial y oficioso.  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01).  <\/span><\/p>\n

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Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019  (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior.  <\/span><\/p>\n

Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00).  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que al revisar el tr\u00e1mite del asunto sometido al conocimiento de la autoridad accionada, no se advierte una dilaci\u00f3n que conlleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional reclamada por el promotor del amparo, pues el estado de la actuaci\u00f3n no surge de un acto arbitrario, infundado o caprichoso del Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira, que justifique la intervenci\u00f3n del fallador constitucional en la \u00f3rbita de acci\u00f3n del mismo para inmiscuirse en las funciones que ejerce con la autonom\u00eda e independencia reconocidas por la Carta Pol\u00edtica.    <\/span><\/p>\n

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En efecto, es claro que la autoridad cuestionada, al momento de admitir a tr\u00e1mite la queja contra La Fundaci\u00f3n de la Mujer, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, orden\u00f3 al actor popular realizar las notificaciones y publicaciones de rigor, cosa que \u00e9l no ha obedecido, sin que exista justificaci\u00f3n v\u00e1lida para ello.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, es de ver que con posterioridad a aquel prove\u00eddo, que data del 20 de mayo de 2016, el quejoso no ha ejercido actuaci\u00f3n procesal alguna, pese a que es de su resorte dar cumplimiento a las cargas procesales dispuestas en el auto admisorio o acreditar su imposibilidad de hacerlo, tal como lo permite el art\u00edculo 19 de la Ley 472 de 1998, que consagra la figura del amparo de pobreza, si es que el reclamante carece de los recursos econ\u00f3micos para asumir el costo que tales diligencias generan.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, si lo que pretende el tutelante es cuestionar la determinaci\u00f3n en comento, es de resaltar que el juzgador fue claro en radicar en cabeza suya la obligaci\u00f3n de adelantar tales actos de enteramiento, decisi\u00f3n que no fue controvertida por el quejoso y por lo tanto no puede pretender que por esta v\u00eda excepcional se provean soluciones a situaciones que debieron ser sometidas a debate ante el juez natural.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, m\u00e1s que incumplimiento a la perentoriedad de la acci\u00f3n popular, lo que se evidencia es la inactividad del promotor de esa demanda.  <\/span><\/p>\n

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4. En punto de los conceptos del Ministerio P\u00fablico y la Corte Constitucional y los listados de sentencias, memoriales, quejas y dem\u00e1s informaci\u00f3n a que hace alusi\u00f3n el reclamante en los puntos 2 a 8 de sus pretensiones, la Sala precisa que no es esta acci\u00f3n el mecanismo adecuado para elevar ese tipo de solicitudes, m\u00e1xime cuando de la lectura de su demanda no se advierte la necesidad de hacer tales requerimientos en este asunto.  <\/span><\/p>\n

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Para ello, el demandante tiene a su alcance la herramienta jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 23 de la carta pol\u00edtica nacional, desarrollado por la Ley 1755 de 2015, esto es, el derecho de petici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. Con fundamento en las consideraciones expuestas, se impartir\u00e1 integral confirmaci\u00f3n a la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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