{"id":99409,"date":"2026-06-25T18:27:18","date_gmt":"2026-06-25T18:27:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1919-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:27:18","modified_gmt":"2026-06-25T18:27:18","slug":"stc1919-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1919-2017\/","title":{"rendered":"STC1919-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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STC1919-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2016-02844-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecis\u00e9is de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Felipe Mill\u00e1n Melo y Sandra Liliana Melo Ar\u00e9valo, quien obra en nombre propio y en representaci\u00f3n de la menor Paula Gerladine Mill\u00e1n Melo, contra los Juzgados Veintiocho Civil del Circuito y Noveno Civil Municipal de Bogot\u00e1, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, que estiman vulnerados por las autoridades judiciales encausadas al proferir sentencias negando sus pretensiones, dentro del proceso ordinario promovido por ellos contra la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A. y el Banco Davivienda S.A.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretenden que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se deje sin efecto el fallo emitido por el ad quem y se le ordene que emita una nueva decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el 2010, Carlos Alberto Mill\u00e1n Garc\u00eda (q.e.p.d.) adquiri\u00f3 un cr\u00e9dito para la compra de veh\u00edculo por la suma de $57.000.000, por parte de Confinanciera S.A., hoy Banco Davivienda S.A., el cual fue garantizado mediante la p\u00f3liza de seguro de vida de grupo n.\u00b0 0045385, otorgada por la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A.  <\/span><\/p>\n

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2. En el mes de octubre del a\u00f1o referido, el se\u00f1or Mill\u00e1n Garc\u00eda (q.e.p.d.) efectu\u00f3 la declaraci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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3. El asegurado falleci\u00f3 el 16 de diciembre de 2011 y, en efecto, la entidad financiera reclam\u00f3 el pago correspondiente, no obstante la aseguradora lo objet\u00f3, mediante comunicaci\u00f3n de 1\u00b0 de marzo de 2012.  <\/span><\/p>\n

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4. El 5 de abril de 2013, Carlos Felipe Mill\u00e1n Melo y Sandra Liliana Melo Ar\u00e9valo, actuando en nombre propio y en representaci\u00f3n de la ni\u00f1a Paula Gerladine Mill\u00e1n Melo, promovi\u00f3 demanda ordinaria contra la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A. y el Banco Davivienda S.A., a fin de que se declare que la primera es responsable del pago del inter\u00e9s asegurado o, en subsidio, que la entidad financiera es responsable por omitir indicar a aquella el conocimiento que ten\u00eda de la condici\u00f3n m\u00e9dica del asegurado.  <\/span><\/p>\n

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5. El Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, a quien correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, lo admiti\u00f3 el 8 de mayo siguiente y orden\u00f3 el traslado al extremo pasivo.  <\/span><\/p>\n

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6. Los demandados interpusieron las excepciones denominadas \u00abinexistencia de reembolso de sumas de dinero\u00bb, \u00abausencia de responsabilidad del Banco Davivienda\u00bb, \u00abausencia del estado de salud del causante\u00bb, \u00abnulidad relativa del contrato de seguro por reticencia y\/o inexactitud en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo\u00bb, \u00abinexistencia de representaci\u00f3n de Confinanciera S.A. frente a la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A. y ausencia de conocimiento real o presunto sobre el estado de salud del asegurado antes de la celebraci\u00f3n del contrato\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa al existir beneficiario oneroso\u00bb y la \u00abgen\u00e9rica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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7. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogot\u00e1, al cual se reasign\u00f3 ese litigio, dict\u00f3 sentencia el 18 de diciembre de 2015, en la que declar\u00f3 probado el medio exceptivo de la nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia y\/o inexactitud en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo, y en consecuencia, neg\u00f3 las s\u00faplicas del extremo activo.  <\/span><\/p>\n

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8. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la parte desfavorecida present\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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9. El Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por medio del fallo emitido el 31 de octubre de 2016, confirm\u00f3 la providencia recurrida.  <\/span><\/p>\n

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10. En criterio de los peticionarios de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que los estrados judiciales acusados incurrieron en v\u00eda de hecho por los defectos sustantivo y f\u00e1ctico, al denegar las pretensiones de la demanda formulada por ellos, por cuanto no se aplicaron en debida forma las normas que regulan la buena fe en los negocios mercantiles y la reticencia en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo del asegurado, ni tampoco se valor\u00f3 adecuadamente el acervo probatorio que dar\u00eda cuenta de la culpabilidad de la entidad financiera tomadora del seguro, quien no declar\u00f3 correctamente aquella informaci\u00f3n. [Folios 321-364, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 14 de diciembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las sedes judiciales querelladas y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 365-366, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 16 de diciembre de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo, debido a que no se transgredieron los derechos fundamentales de los accionantes, pues los fallos cuestionados se cimentaron en argumentos jur\u00eddicos, t\u00e9cnicos y probatorios razonables, en donde los despachos accionados examinaron lo concerniente a la buena fe para la celebraci\u00f3n del contrato de seguro y concluyeron que el tomador falt\u00f3 a la verdad al no informar su estado de salud real, motivo por el cual se negaron las pretensiones de la parte actora. [Folios 373-381, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, los promotores de la queja la impugnaron, para lo cual reiteraron los argumentos expuestos en su escrito inicial. [Folios 425-450, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub judice, aunque el reclamo constitucional se dirige contra las providencias proferidas el 18 de diciembre de 2015 por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogot\u00e1 y el 31 de octubre de 2016 por el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de la misma ciudad, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la que emiti\u00f3 la segunda instancia, toda vez que la \u00faltima es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron a la autoridad judicial accionada para confirmar la decisi\u00f3n adoptada por el fallador de primera instancia, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quienes promovieron la queja constitucional.   <\/span><\/p>\n

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En efecto, se avizora que en la determinaci\u00f3n censurada, el ad quem determin\u00f3 que deb\u00eda mantener la decisi\u00f3n recurrida, como consecuencia de la demostraci\u00f3n de la excepci\u00f3n denominada nulidad relativa del contrato de seguro por la reticencia del asegurado en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo, con fundamento en la siguiente argumentaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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El punto central en este asunto que nos concita, bien es sabido que encontr\u00e1ndose en contratos de seguro ostenta relevante importancia la informaci\u00f3n que brinde quien pretenda amparar mediante dicho tipo de contratos [de seguro] un riesgo determinado.  <\/span><\/p>\n

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De modo que la sinceridad que presente sobre el estado de salud de riesgo ser\u00e1 determinante para obtener un eventual pago en caso de que ocurra el siniestro, al punto de que si se presenta imprecisi\u00f3n, vaguedad o inexactitud, o se dan respuestas mentirosas al asegurado en la respectiva declaraci\u00f3n, el juez ante el reparo del asegurador debe reconocer la nulidad relativa del contrato, salvo que la inexactitud o reticencia provengan del error inculpable o que el asegurador haya conocido o debido conocer las circunstancias sobre las que versan los vicios en la declaraci\u00f3n, esto al tenor del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Teniendo en cuenta que es evidente que el extremo actor reconoce que la informaci\u00f3n contenida en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo no se ajustaba a la verdad real de las circunstancias de salud por las que atravesaba el causante Carlos Alberto Mill\u00e1n Garc\u00eda, se determina que el problema jur\u00eddico a resolver en esta instancia se circunscribe a establecer con base en las pruebas recaudadas si el caso est\u00e1 incurso en alguna de las salvedades consagradas en la norma, esto es, si la inexactitud o reticencia proviene de un error inculpable, como quiera que aduce el impugnante que el precario estado de salud del mencionado causante y la estructura del formulario de declaraci\u00f3n de riesgo por \u00e9l suscrito resultaba incomprensible, incluso constitu\u00eda una cl\u00e1usula abusiva, al punto de concluir que dicha persona no ten\u00eda la suficiente conciencia del documento que estaba firmando y s\u00ed la entidad Confinanciera S.A., quien confiri\u00f3 como intermediario en el otorgamiento de la p\u00f3liza, en efecto conoc\u00eda el estado de salud del mencionado causante, y que por lo tanto estaba en la obligaci\u00f3n de comunicarle a la aseguradora, por lo que aquella tambi\u00e9n debi\u00f3 conocer.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, sea lo primero se\u00f1alar que revisado el documento declaraci\u00f3n de asegurabilidad Confinanciera S.A., suscrito por el se\u00f1or Carlos Alberto Mill\u00e1n Garc\u00eda, advierte este despacho que el mismo no contiene palabras o frases confusas, densas o ininteligibles, complicadas para el entendimiento, as\u00ed tampoco se observa que contenga cl\u00e1usulas o letra de menor tama\u00f1o que constituyan un abusivo o arbitrario, como se pretende deducir por parte del censor, sino que por el contrario simplemente se trata de un documento mediante el cual con absoluta claridad se permite manifestar el suscriptor [que] su estado de salud es normal, porque no sufre ni ha sufrido de las dolencias que all\u00ed se relacionan, adem\u00e1s que no se hab\u00eda sometido ni ten\u00eda pendientes tratamientos en relaci\u00f3n con ese tipo de padecimientos, y que tampoco ten\u00eda s\u00edntomas que, entre otras circunstancias, pudieran afectar su salud.  <\/span><\/p>\n

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Luego, si la persona no ley\u00f3 en su oportunidad el documento que estaba pr\u00f3ximo a suscribir, no puede endilgarle dicha culpa a la compa\u00f1\u00eda aseguradora, pretendiendo sacar provecho de su propia culpa o su negligencia o inactividad o incuria, lo cual resulta a todas luces inadmisible, siendo forzoso colegir que el caso no se desarrolla dentro de la primer salvedad que consagra la normatividad comercial, que la inexactitud o reticencia provenga de un error inculpable.  <\/span><\/p>\n

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Resuelto de tal forma el primero de los problemas jur\u00eddicos planteados, procede el despacho a analizar si la entidad Confinanciera S.A. en efecto conoc\u00eda el estado de salud del mencionado causante, y consecuente la aseguradora tambi\u00e9n debi\u00f3 conocerlo.  <\/span><\/p>\n

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Para lo cual vale precisar que de la documental aportada no es posible establecer dicha conclusi\u00f3n, ya que no se advierte escrito alguno en el que dicha compa\u00f1\u00eda financiera manifieste o reconozca tal situaci\u00f3n, as\u00ed como tampoco que el tomador o sus beneficiarios lo hayan comunicado.  <\/span><\/p>\n

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De igual forma, el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal del Banco Davivienda S.A., antes Confinanciera S.A., n\u00f3tese que al interrogarse sobre el particular en la pregunta n\u00famero 7, dicho funcionario contest\u00f3 \u201cno es cierto, como tampoco es funci\u00f3n del banco enterarse o no del estado de salud de quien solicita un cr\u00e9dito, toda vez que esa responsabilidad recae en el mismo deudor\u201d.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, se observa que el apoderado del extremo actor, parte de la premisa de que la entidad financiera era conocedora de las circunstancias y condiciones de salud, por las que atravesaba el se\u00f1or Carlos Alberto Mill\u00e1n Garc\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo tras analizar sistem\u00e1ticamente el material probatorio aportado, se concluye que aun cuando en efecto, es com\u00fan que tales entidades remiten la documentaci\u00f3n al domicilio del deudor, lo cierto es que no es posible llegar a la conclusi\u00f3n que esgrime el impugnante, simplemente porque no existe ni siquiera un indicio de ello en el paginario. Luego sus manifestaciones no cuentan con respaldo probatorio alguno.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, habi\u00e9ndose acreditado que el asegurado fue reticente al ocultar su verdadero estado de salud, sin que se encuentre probado que tal reticencia provenga de un error que no le sea imputable o que el asegurador conoc\u00eda o debi\u00f3 conocer los padecimientos del se\u00f1or Mill\u00e1n Garc\u00eda, resulta incontestable que deb\u00eda declararse probado el medio exceptivo impetrado por la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A., como en efecto lo hizo el a quo.  <\/span><\/p>\n

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Lo que consecuentemente nos lleva a la confirmaci\u00f3n de la sentencia objeto de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. La conclusi\u00f3n anterior es producto de una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, pues se fund\u00f3 en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y en una valoraci\u00f3n del acervo probatorio, circunstancias que, a juicio del estrado judicial acusado, condujeron a la nulidad relativa del contrato de seguro celebrado entre las partes, a causa de la reticencia del asegurado en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo, la cual no provino de un error inculpable y, por ende, se determin\u00f3 que deb\u00eda confirmarse el fallo denegatorio de las pretensiones dictado en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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De lo cual resulta, que m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el juzgador accionado, est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, verbi gratia, en la sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, rad. 2012-00245-01, la Sala sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Queda claro, entonces, que lo pretendido por los peticionarios del amparo es anteponer su propio criterio al de los jueces de la causa y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que los desfavorecieron, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ      STC1919-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2016-02844-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecis\u00e9is […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99409","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99409","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99409"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99409\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99409"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99409"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99409"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}