{"id":99411,"date":"2026-06-25T18:27:29","date_gmt":"2026-06-25T18:27:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1921-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:27:29","modified_gmt":"2026-06-25T18:27:29","slug":"stc1921-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1921-2017\/","title":{"rendered":"STC1921-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1921-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 18001-22-08-002-2016-00419-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de diciembre de 2016 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Dorian Gilberto N\u00fa\u00f1ez Guti\u00e9rrez contra la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional y el Grupo de Reubicaci\u00f3n Laboral, Retiros y Reintegros de la misma instituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales \u00abal debido proceso, [a]l m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada [y] a la seguridad social, as\u00ed como los de [sus] hijos, [su] compa\u00f1era y [su] se\u00f1ora madre\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas con ocasi\u00f3n de la actuaci\u00f3n que dio lugar a la Resoluci\u00f3n No. 5863 de 9 de septiembre de 2016, por medio de la cual la Polic\u00eda Nacional orden\u00f3 su retiro del servicio activo por disminuci\u00f3n de la capacidad psicof\u00edsica, sin derecho a reubicaci\u00f3n laboral.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del escrito de tutela y la actuaci\u00f3n surtida se advierte que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que soporta el ruego constitucional es la que as\u00ed se sintetiza:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El accionante ingres\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional el 6 de febrero de 2006 como auxiliar, continu\u00f3 vinculado como alumno y luego como \u00abpolic\u00eda de nivel ejecutivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Sostuvo el quejoso que con ocasi\u00f3n del servicio, el 1\u00ba de septiembre de 2010 particip\u00f3 en un \u00abdesplazamiento de personas del EMCAR DECAQ al municipio de El Paujil, Inspecci\u00f3n de R\u00edo Negro, para dar cumplimiento a una [o]rden de [s]ervicios emanada por el COMAN – COSEC – PLANE – 38 TOMA A LA LOCALIDAD MUNICIPIO DE PAUJIL\u00bb, intervenci\u00f3n en la que \u00absufr[i\u00f3] un atentado terrorista, donde fallecieron 14 compa\u00f1eros\u00bb, situaci\u00f3n \u00e9sta por la que, posteriormente, le fue diagnosticado \u00abtrastorno de stress postraum\u00e1tico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Afirm\u00f3 el censor que desde esa data \u00abfu[e] asignado a actividades administrativas, las cuales desempe\u00f1[\u00f3] con idoneidad, eficiencia y compromiso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        Debido al trastorno dictaminado al actor, el 22 de diciembre de 2014, mediante Acta de Junta M\u00e9dico Laboral No. 3613, fue calificado con incapacidad permanente parcial, p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 12.50% y patolog\u00eda no imputable al servicio sino a \u00ab[e]nfermedad [g]eneral\/[c]om\u00fan\u00bb, disponi\u00e9ndose que era \u00abno apto\u00bb pero d\u00e1ndose concepto favorable de \u00abreubicaci\u00f3n\u2026 por su capacidad laboral residual permitiendo continuar ejerciendo labores en el \u00e1rea administrativa, hasta completar t\u00e9rminos para asignaci\u00f3n de retiro\u00bb. (Folios 38 a 44, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Se\u00f1al\u00f3 el tutelante que impugn\u00f3 el \u00edndice de lesi\u00f3n y la calificaci\u00f3n de origen de la enfermedad asignados por la Junta M\u00e9dico Laboral; la alzada la desat\u00f3 el Tribunal de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda en decisi\u00f3n de 2 de agosto de 2016, Acta No. TML 15-1-535 TML16-1-390 MDNSG-TML- 41.1, en la que resolvi\u00f3 (i) mantener el porcentaje de disminuci\u00f3n de la capacidad laboral; (ii) precisar que el origen de la afectaci\u00f3n era de tipo profesional, por causa y con ocasi\u00f3n del servicio; y (iii) modificar el concepto de reubicaci\u00f3n dado por el a-quo, consignando que \u00ab[n]o se recomienda reubicaci\u00f3n laboral por presentar patolog\u00eda mental\u00bb. (Folios 45 a 49, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        Con fundamento en la conclusi\u00f3n del Tribunal M\u00e9dico, la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 05863 de 9 de septiembre de 2016, en la que dispuso retirar del servicio al censor, por disminuci\u00f3n de su capacidad psicof\u00edsica; frente a la cual el quejoso formul\u00f3 reposici\u00f3n, la que le fue despachada adversamente, por improcedente. (Folios 51 y 52, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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2.7.        Expres\u00f3 el inconforme que con las decisiones referidas en los dos numerales precedentes se quebrantaron sus garant\u00edas de primer orden, especialmente porque el Tribunal M\u00e9dico hizo \u00abm\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n inicial\u00bb, desconociendo el principio de la \u00abnon reformatio in pejus\u00bb, dado que a pesar de que la Junta M\u00e9dica, en primera instancia, dispuso su reubicaci\u00f3n laboral, y que \u00e9l impugn\u00f3 solamente la calificaci\u00f3n del origen de la p\u00e9rdida de la capacidad y el porcentaje de \u00e9sta, aqu\u00e9lla autoridad termin\u00f3 modificando el concepto favorable de reubicaci\u00f3n, sin tener competencia para ello, al no hallarse tal aspecto entre las reclamaciones planteadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8.        Adicion\u00f3 que ten\u00eda a su cargo a su madre, a su hijo menor de edad y a su compa\u00f1era permanente, \u00faltima que actualmente estaba embarazada; y que los \u00fanicos ingresos de su n\u00facleo familiar eran los que \u00e9l percib\u00eda como patrullero de la Polic\u00eda Nacional. (Folios 1 a 23, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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3.        Los convocados guardaron silencio frente a la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo dirigido contra la decisi\u00f3n de retirar del servicio activo de la Polic\u00eda Nacional al actor, adoptada mediante Resoluci\u00f3n No. 05863 de 2016, al considerar que el tutelante, para controvertir dicho acto administrativo, contaba con la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, a trav\u00e9s de la cual, incluso, pod\u00eda solicitar la suspensi\u00f3n provisional de aquella determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, concedi\u00f3 la salvaguarda en lo referente al derecho a la salud, afirmando acoger \u00ablo expuesto por [esta] Corte\u2026 en la sentencia STL1044-2014, \u2026en cuanto a la obligaci\u00f3n que le asiste al Estado de garantizar el suministro de la atenci\u00f3n m\u00e9dica que requieren los ex miembros de la Fuerza P\u00fablica para el tratamiento de las enfermedades adquiridas por causa o con ocasi\u00f3n del servicio\u00bb; por lo que orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026realice las gestiones pertinentes a efectos de que se restablezca de manera inmediata y por el tiempo que sea necesario, la prestaci\u00f3n de atenci\u00f3n m\u00e9dica requerida para el tratamiento de las afecciones derivadas de las lesiones y enfermedades que sufri\u00f3\u2026 [el accionante] durante la prestaci\u00f3n del servicio. (Folios 173 a 182, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El gestor opugn\u00f3 el anterior fallo mostr\u00e1ndose inconforme con la denegaci\u00f3n del resguardo frente a su solicitud de reintegro, insistiendo en los argumentos expuestos en la demanda de tutela y enfatizando que ya en el pasado hab\u00eda sido reubicado, \u00abprecisamente por [sus] afecciones de salud\u00bb. (Folios 189 a 206, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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3.        En cuanto al postulado se\u00f1alado a espacio, como ya ha tenido la oportunidad de rese\u00f1arlo la Sala, la jurisprudencia constitucional ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026La prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus tiene plena aplicabilidad en materias administrativas, tanto en el agotamiento de la v\u00eda gubernativa como en el desarrollo del procedimiento ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, circunstancia que se origina en la interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica y sistem\u00e1tica de los art\u00edculos 29 y 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, logrando de esta manera hacer efectivo el derecho al debido proceso y por ende de los dem\u00e1s principios y derechos constitucionales que guardan correspondencia con dicha instituci\u00f3n jur\u00eddica. De suerte que la congruencia y la prohibici\u00f3n de la no reformatio in pejus, limitan la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n en aras de la transparencia, legalidad y garant\u00eda en la actuaci\u00f3n administrativa…  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De tal manera que, cuando el administrado interpone un recurso en agotamiento de la v\u00eda gubernativa (reposici\u00f3n o apelaci\u00f3n), mediante el ejercicio del derecho de petici\u00f3n, se limita el poder decisorio de la Administraci\u00f3n, de tal manera que no puede fallar m\u00e1s all\u00e1 ni por fuera de lo solicitado, pues dicha actuaci\u00f3n constituir\u00eda una clara v\u00eda de hecho por desconocer los derechos constitucionales al debido proceso y a la prohibici\u00f3n de la no \u201creformatio in pejus\u201d. (CC T-033\/02, citada en STC330-2015, 27 en., rad. 2014-00665-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        Ahora, de cara al caso concreto, se tiene que, en principio, mediante concepto emanado de la Junta M\u00e9dica Laboral de la Polic\u00eda Nacional, Acta No. 3613 de 22 de diciembre de 2014, se calific\u00f3 al accionante, por la afecci\u00f3n de \u00abtrastorno de stress postraum\u00e1tico\u00bb, con incapacidad permanente parcial, disminuci\u00f3n de su capacidad laboral del 12,50%, patolog\u00eda de origen com\u00fan, se\u00f1alando que no era apto para el servicio, pero recomendando su reubicaci\u00f3n laboral en \u00ablabores en el \u00e1rea administrativa, hasta completar t\u00e9rminos para asignaci\u00f3n de retiro\u00bb. (Folios 34 a 36, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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Inconforme con lo anterior, el demandante impugn\u00f3 el \u00edndice de disminuci\u00f3n mencionado y la calificaci\u00f3n del origen de \u00e9sta como com\u00fan, sosteniendo que la patolog\u00eda adquirida se dio \u00aben el servicio como consecuencia del combate\u00bb, dado que \u00abel hecho que obra como causa directa del da\u00f1o, consisti\u00f3 en un ataque del enemigo en una misi\u00f3n de mantenimiento del orden p\u00fablico\u00bb, por lo que exigi\u00f3 la modificaci\u00f3n de \u00abla calificaci\u00f3n del origen de la p\u00e9rdida de capacidad laboral… [y] [d]el porcentaje de [\u00e9sta]\u00bb. (Folios 38 a 44, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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Luego, al resolver la anterior reclamaci\u00f3n, el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda, en la referida Acta de 2 de agosto de 2016, No. TML 15-1-535 TML16-1-390 MDNSG-TML- 41.1, mantuvo el porcentaje de disminuci\u00f3n de la capacidad laboral, precis\u00f3 que la afectaci\u00f3n era de tipo profesional que no com\u00fan, por causa y con ocasi\u00f3n del servicio, y modific\u00f3 lo referente a la reubicaci\u00f3n laboral dispuesta por el a-quo, consignando que la misma no se recomendaba por \u00abpresentar [el calificado] patolog\u00eda mental\u00bb. (Folios 45 a 49, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, es evidente que el aludido Tribunal M\u00e9dico pas\u00f3 por alto los l\u00edmites de su competencia, pues se ocup\u00f3 de un aspecto concreto que no fue objeto de la alzada sometida a su conocimiento, esto es, lo referente al concepto favorable de reubicaci\u00f3n que hab\u00eda dado la Junta M\u00e9dico Laboral; y al modificar tal decisi\u00f3n del a-quo para, en su lugar, se\u00f1alar que no era dable la reubicaci\u00f3n del quejoso, sin duda alguna, hizo caso omiso tanto al principio que proscribe la reforma en perjuicio como al car\u00e1cter rogado de su atribuci\u00f3n; lo \u00faltimo acorde con lo dispuesto en el art\u00edculo 21 del Decreto 1796 de 2000, el cual ense\u00f1a que \u00abconocer\u00e1 en \u00faltima instancia de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las Juntas M\u00e9dico-Laborales y en consecuencia podr\u00e1 ratificar, modificar o revocar tales decisiones\u00bb, aparte normativo que como ya lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u00abha de entenderse en el marco que determine el alcance de la impugnaci\u00f3n\u00bb. (STC330-2015, 27 en., rad. 2014-00665-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo dicho, sin m\u00e1s, impone la concesi\u00f3n del resguardo suplicado, no s\u00f3lo como mecanismo transitorio sino definitivo, ante la evidente vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, relievando que la disminuci\u00f3n de su capacidad laboral, calificada y determinada por la Polic\u00eda Nacional, le da la condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n, lo que resulta suficiente para concluir que, en este espec\u00edfico asunto, no resulta exigible al afectado el previo agotamiento de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo frente al acto que dispuso su retiro del servicio; m\u00e1xime porque con su desvinculaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional se afect\u00f3 no s\u00f3lo su m\u00ednimo vital sino el de todo su n\u00facleo familiar, conformado por su madre, su hijo menor edad y su c\u00f3nyuge permanente, \u00faltima que actualmente est\u00e1 embarazada, sin que la parte accionada trajera a esta tr\u00e1mite prueba en contrario respecto al estado de salud del quejoso y la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica que afronta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En un caso de contornos similares al de ahora, el cual resulta aplicable a la situaci\u00f3n propuesta, en el que el Tribunal M\u00e9dico tambi\u00e9n dispuso la no reubicaci\u00f3n del reclamante, dej\u00f3 dicho la Sala, en punto a la no exigencia del presupuesto de la subsidiariedad y la especial protecci\u00f3n constitucional de la que gozaba el all\u00ed accionante por la disminuci\u00f3n del 10% de su capacidad laboral, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

…como quiera que la aludida circunstancia, en principio, puede ser ventilada en proceso ante la jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, se dilucidar\u00e1 si en este asunto es procedente o no la exigencia del presupuesto de la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. La jurisprudencia constitucional ha considerado que una persona con discapacidad es,  <\/span><\/p>\n

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\u2026aquella que sufre limitaciones sustanciales en la cantidad y calidad de actividades que debe realizar cotidianamente, o que enfrenta barreras en su participaci\u00f3n social como persona debido a una condici\u00f3n de salud f\u00edsica o mental. De lo dicho hasta ahora se concluye que la discapacidad se hace manifiesta en las limitaciones que encuentra una persona al desempe\u00f1ar sus labores cotidianas. De este modo, una limitaci\u00f3n en la actividad puede provenir de discapacidades (i) leves: cuando la reducci\u00f3n de la capacidad del individuo para desempe\u00f1ar sus actividades cotidianas es m\u00ednima y no interfiere en su productividad; (ii) moderadas: cuando limita parcialmente sus actividades cotidianas y su productividad; o (iii) graves: cuando la reducci\u00f3n de la capacidad es tal que lo hace completamente dependiente y poco productivo\u2026 (C.C. ST-440A-2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante actualmente tiene una disminuci\u00f3n permanente que interfiere en su diario vivir y en sus labores cotidianas, tal y como se deduce del Acta de la Junta M\u00e9dico Laboral de 17 de octubre de 2013, seg\u00fan la cual el prenombrado se\u00f1or debe \u00abevitar posturas de pie prolongadas, correr, saltar, cuclillas, subir y bajar gradas de manera repetida\u2026\u00bb, raz\u00f3n por la que padece de una discapacidad f\u00edsica (folio 32 del cuaderno del Tribunal).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su vez, la jurisprudencia constitucional ha puntualizado que las personas con discapacidad f\u00edsica o mental son sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado. A ese respecto se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026La categor\u00eda de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional surge como emanaci\u00f3n directa de la cl\u00e1usula de Estado social de derecho consagrada por nuestra Carta Pol\u00edtica en su art\u00edculo 1\u00ba, de la inclusi\u00f3n de la igualdad como principio rector de nuestro sistema jur\u00eddico y particularmente del mandato contenido en el inciso segundo del art\u00edculo 13 superior, al tenor del cual:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEl Estado proteger\u00e1 especialmente a aquellas personas que por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar\u00e1 los abusos o maltratos que contra ellas se cometan\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Se trata entonces, de grupos poblacionales identificados en algunos casos por el constituyente (mujeres en estado de embarazo, madres cabeza de familia, adultos mayores, ni\u00f1os, adolescentes y discapacitados) y en otros por el juez constitucional (grupos \u00e9tnicos, personas privadas de la libertad, desplazados, defensores de derechos humanos, reinsertados, etc.) que, en atenci\u00f3n a sus especiales circunstancias, reclaman a la luz del texto constitucional una protecci\u00f3n particularmente vigorosa de sus derechos fundamentales\u2026 (C.C. ST-253 de 2008).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Bajo las anteriores premisas, surge di\u00e1fano que en el presente asunto resulta excesiva la exigencia del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que… [el accionante] es un sujeto de especial protecci\u00f3n y, adem\u00e1s, la decisi\u00f3n del Tribunal M\u00e9dico de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda encierra una anomal\u00eda protuberante en grado tal que produce un menoscabo grave de su derecho al debido proceso. (STC330-2015, 27 en., rad. 2014-00665-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Finalmente, es de destacar que al concederse el presente resguardo como mecanismo definitivo para zanjar la situaci\u00f3n denunciada por el accionante como conculcadora de sus garant\u00edas fundamentales, no se incurre en ninguna irregularidad, ello atendiendo a que el juzgador constitucional est\u00e1 investido de facultades especiales que, incluso, le permite adoptar decisiones extra y ultrapetita con el fin de garantizar los derechos de primera generaci\u00f3n de los coasociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

…[no] se pueda aseverar que el juzgador desbord\u00f3 los l\u00edmites impuestos por el legislador, \u00ab[c]omo quiera que esta senda se basa en principios y reglas fundamentales y especiales, que propenden por la defensa de garant\u00edas inalienables, [en la que] la autoridad constitucional cuenta con plenas facultades para estudiar todas las actuaciones y omisiones de los enjuiciados, e incluso para decidir \u00abextra y ultra petita\u00bb, cuando avizore la vulneraci\u00f3n de lo consagrado en la Carta Pol\u00edtica, de tal manera que puede emitir el mandato que estime pertinente para contrarrestar la violaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC1790-2014, citada en STC15104-2015)… (CSJ STC5341-2016, 28 abr., rad. 2016-00061-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Corolario de lo consignado, como se dijera en asunto s\u00edmil al presente, se observa que \u00abla entidad accionada excedi\u00f3 su competencia al analizar el recurso vertical, por proyectar su pronunciamiento sobre un t\u00f3pico que no fue objeto de impugnaci\u00f3n, esto es la orden de reubicaci\u00f3n laboral impartida en favor del accionante por el a quo, en detrimento de un sujeto de especial protecci\u00f3n\u00bb (STC330-2015, 27 en., rad. 2014-00665-01), lo que impone modificar el fallo impugnado para ordenar dejar sin efecto el literal B. de la parte resolutiva del Acta No. TML 15-1-535 TML16-1-390 MDNSG-TML- 41.1, del Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda de 2 de agosto de 2016, y la Resoluci\u00f3n No. 05863 de 9 de septiembre del mismo a\u00f1o, mediante la cual el Director General de la Polic\u00eda Nacional dispuso el retiro del servicio activo del promotor de la salvaguarda.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, modifica la sentencia impugnada en el sentido que se amparan los derechos al debido proceso, al m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y a la seguridad social del accionante, Dorian Gilberto N\u00fa\u00f1ez Guti\u00e9rrez y, en consecuencia, se ordena que en un t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Primero. El Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda proceda a dejar sin efecto el literal B. de la parte resolutiva de su Acta No. TML 15-1-535 TML16-1-390 MDNSG-TML- 41.1, de 2 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Segundo. Cumplido lo dispuesto en el ordinal precedente, la Polic\u00eda Nacional (i) dejar\u00e1 sin efecto la Resoluci\u00f3n No. 05863 de 9 de septiembre de 2016, por medio de la cual su Director General dispuso el retiro del servicio de Dorian Gilberto N\u00fa\u00f1ez Guti\u00e9rrez; (ii) ordenar\u00e1 la reubicaci\u00f3n laboral de \u00e9ste teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por la Junta M\u00e9dico Laboral de Polic\u00eda en el Acta No. 3613 de 22 de diciembre de 2014; y (iii) tomar\u00e1 las decisiones pertinentes que se deriven de lo anterior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Las entidades mencionadas informar\u00e1n a la Corte el cumplimiento de las \u00f3rdenes constitucionales dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento del t\u00e9rmino concedido para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC1921-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 18001-22-08-002-2016-00419-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99411","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99411","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99411"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99411\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99411"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99411"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99411"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}