{"id":99413,"date":"2026-06-25T18:27:38","date_gmt":"2026-06-25T18:27:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1923-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:27:38","modified_gmt":"2026-06-25T18:27:38","slug":"stc1923-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1923-2017\/","title":{"rendered":"STC1923-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1923-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2016-01114-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecis\u00e9is de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Cristian V\u00e1squez Arias contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad y el Ministerio P\u00fablico, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada al rechazar de plano la acci\u00f3n popular promovida por \u00e9l contra Bancolombia S.A., cuando, en su sentir, tal criterio desconoce lo previsto en el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se ordene al despacho accionado admitir la demanda referida, anular el auto censurado y ordenar la devoluci\u00f3n del expediente.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el 2016, Cristian V\u00e1squez Arias present\u00f3 la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2016-00545-00, contra Bancolombia S.A., ante la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos por prestar sus servicios en un inmueble que no cuenta con el servicio de un int\u00e9rprete profesional y gu\u00eda int\u00e9rprete, de conformidad con la Ley 382 de 2005.  <\/span><\/p>\n

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2. La demanda correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, que por auto del 28 de noviembre de 2016, la rechaz\u00f3 por considerar que carec\u00eda de competencia para conocer ese asunto, en atenci\u00f3n al factor territorial, y en efecto, dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias al reparto de sus hom\u00f3logos de Barranquilla.  <\/span><\/p>\n

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3. Contra la determinaci\u00f3n, el demandante no formul\u00f3 ning\u00fan medio de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4. El proceso referenciado fue enviado a la Oficina Judicial de Reparto de Barranquilla, el 5 de diciembre del a\u00f1o precedente, a fin de ser repartida entre los juzgadores de esa ciudad.  <\/span><\/p>\n

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5. El ciudadano acude a este mecanismo constitucional, porque considera que la negativa del estrado judicial accionado a tramitar la acci\u00f3n popular interpuesta por \u00e9l, desconoce sus prerrogativas superiores, puesto que fue seleccionada la ciudad de Pereira para que el juez competente la conociera, de acuerdo con el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende la protecci\u00f3n constitucional en la forma vista. [Folios 1-2, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 1\u00b0 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades querelladas y se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo Regional de Risaralda, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 5-6, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, la Procuradur\u00eda Regional de Risaralda indic\u00f3 que su intervenci\u00f3n en las acciones populares est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos e intereses colectivos, en la etapa de pacto de cumplimiento. [Folio 8, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la sede judicial accionada remiti\u00f3 las copias del expediente del proceso objeto de la presente queja. [Folios 11-13, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia del 16 de diciembre de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada, tras considerar que es prematura, en la medida en que est\u00e1 en tr\u00e1mite la asunci\u00f3n o no de competencia de la acci\u00f3n popular examinada por parte de la autoridad judicial a la que fue remitido ese asunto, la cual tendr\u00e1 la opci\u00f3n de promover el conflicto negativo de competencia, en donde se resolver\u00e1 de fondo y por la v\u00eda ordinaria la inconformidad que aqu\u00ed se plantea. [Folios 16-18, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, sin dejar ver su disenso con el fallo. [Folio 20, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, en punto de los argumentos expuestos en la tutela, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues el accionante pretende desconocer el presupuesto de procedibilidad que viene de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, es claro que el reclamante solicita que por v\u00eda tutelar se determine cu\u00e1l es la autoridad judicial competente para conocer la acci\u00f3n popular que impetr\u00f3 contra la persona jur\u00eddica demandada.  <\/span><\/p>\n

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Como quiera que la queja del actor se suscita en el rechazo de tal s\u00faplica y la remisi\u00f3n de las mismas a los juzgados civiles del circuito con sede en Barraquilla por competencia territorial, es claro que, en caso de que el juez receptor no acoja el criterio del funcionario remitente, deber\u00e1 dar aplicaci\u00f3n al tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, que dispone:  <\/span><\/p>\n

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Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional com\u00fan a ambos, al que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones no admiten recurso.  <\/span><\/p>\n

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El juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.  <\/span><\/p>\n

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El juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.  <\/span><\/p>\n

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El juez o tribunal al que corresponda, resolver\u00e1 de plano el conflicto y en el mismo auto ordenar\u00e1 remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.  <\/span><\/p>\n

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Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempe\u00f1en funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deber\u00e1 resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.  <\/span><\/p>\n

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La declaraci\u00f3n de incompetencia no afecta la validez de la actuaci\u00f3n cumplida hasta entonces.  <\/span><\/p>\n

3. Significa lo anterior, que al juez de tutela no le corresponde definir el funcionario judicial al cual le compete conocer el litigio, porque con ese proceder se estar\u00eda usurpando la atribuci\u00f3n constitucional y legalmente asignada a esta Corporaci\u00f3n en el respectivo tr\u00e1mite legal, en caso de suscitarse el conflicto negativo de competencia.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite excepcional se provea con anticipaci\u00f3n la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se ha suscitado, pues el amparo no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de oposici\u00f3n establecidos por la ley.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes los ordenamientos constitucional y legal, les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.    <\/span><\/p>\n

I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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