{"id":99414,"date":"2026-06-25T18:27:52","date_gmt":"2026-06-25T18:27:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1924-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:27:52","modified_gmt":"2026-06-25T18:27:52","slug":"stc1924-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1924-2017\/","title":{"rendered":"STC1924-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1924-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2016-00690-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el siete de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Kelly Tatiana Vergara Ram\u00edrez contra el Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Comisar\u00eda de Familia de Roncesvalles, al Defensor de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico adscrito al Juzgado accionado y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Ibagu\u00e9.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante, actuando en calidad de Defensora   de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Tolima, Centro Zonal Gal\u00e1n, solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que estima vulnerado por las v\u00edas de hecho en que incurri\u00f3 el juzgado acusado al dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado con la Comisar\u00eda de Familia de Rosenvalles \u2013Tolima, pues en su sentir, se desconoci\u00f3 el principio de juez natural.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita que se dirima el mentado conflicto  entre la autoridad administrativa competente, Comisar\u00eda de Familia de Roncesvalles, quien aval\u00f3 como medida provisional, \u00abla vinculaci\u00f3n del ni\u00f1o XXX al programa internado con Discapacidad, en la ciudad de Ibagu\u00e9 -Tolima\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 22 de septiembre de 2014, la Comisar\u00eda de Familia de Roncesvalles \u2013Tolima, dio apertura al proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor del ni\u00f1o XXX.  <\/span><\/p>\n

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3. El 25 de agosto de 2016, la Defensor\u00eda de Familia de Ibagu\u00e9 recibi\u00f3 dicho tr\u00e1mite administrativo, con n\u00famero de radicado S-2016-392761-7302.  <\/span><\/p>\n

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4. En la misma fecha, la entidad receptora se abstuvo de avocar el conocimiento de dicho asunto.  <\/span><\/p>\n

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5. El 31 de agosto de 2016, la accionante solicit\u00f3 al Juez de Familiar, dirimir el conflicto planteado.  <\/span><\/p>\n

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6. El 23 de septiembre siguiente, la oficina judicial accionada asume el conocimiento de la controversia.  <\/span><\/p>\n

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7. En prove\u00eddo de 14 de octubre de la misma anualidad, el juzgado acusado, resolvi\u00f3 declarar competente para seguir conociendo el asunto, a la Defensor\u00eda de Familia, aqu\u00ed accionante.  <\/span><\/p>\n

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8. En criterio de la peticionaria del amparo, con la \u00faltima providencia mentada, se desconoce el principio de juez natural, pues en su sentir, la competente para conocer el asunto, es la Comisar\u00eda de familia que dio apertura al proceso administrativo de restablecimiento de derechos del menor XXX;  para ilustrar, allega diferentes prove\u00eddos de juzgados hom\u00f3logos que deciden en ese sentido.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 25 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 vincular a la Comisar\u00eda de Familia de Roncesvalles, al Defensor de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico adscrito al Juzgado accionado y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Ibagu\u00e9, y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 170, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Procurador Judicial de Familia solicit\u00f3 denegar el amparo, pues adujo que en aras de proteger las garant\u00edas del infante, considera que la decisi\u00f3n adoptada por la juez que dirimi\u00f3 el conflicto, se ajust\u00f3 a derecho, en tanto que el competente para conocer el proceso recae en la autoridad donde se encuentre el ni\u00f1o, y en este caso, no cabe duda que se trata de Ibagu\u00e9;  Adem\u00e1s, estim\u00f3 que cualquier traslado del menor, debe hacerse junto con su historia de atenci\u00f3n y el proceso, al tenor de lo dispuesto en los art\u00edculos 96 y 97 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia.  [Folios 178 – 185, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Juzgado Tercero de Familia, arguy\u00f3 que su decisi\u00f3n la adopt\u00f3 al interpretar la ley en pro de los derechos del menor, y en el ejercicio de la autonom\u00eda e independencia judicial que le asiste;  indic\u00f3 que la competencia para este tipo de asuntos, no se rige por las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, sino por las normas de caracteres especial, como lo es, la Ley 1098 de 2006 y en ese sentido, la autoridad competente para conocer el proceso, recae en el lugar donde se encuentre el ni\u00f1o sujeto de protecci\u00f3n.  [Folios 186 – 187, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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La Defensora de Familia del ICBF, adscrita a los Juzgados Tercero y Sexto, expres\u00f3 que el hecho de que la Comisar\u00eda de Familia hubiera dictado una medida de protecci\u00f3n al menor, no significa que traslade la competencia al Defensor de Familia, m\u00e1s cuando la \u00abred familiar\u00bb del ni\u00f1o, est\u00e1 en el municipio de origen. [Folios 188 – 195, c. 1]  <\/span><\/p>\n

En cierre, el Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013Regional Tolima, coadyuv\u00f3 la pretensi\u00f3n inicial, refiri\u00e9ndose en los mismos t\u00e9rminos de la Defensora de Familia de esa entidad. [Folios 226 – 234, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 7 de diciembre de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 deneg\u00f3 el amparo, tras considerar que el juzgado, luego de hacer una adecuada referencia de las normas que regulan la competencia para conocer el proceso administrativo de restablecimiento de derechos del infante, explic\u00f3 la raz\u00f3n jur\u00eddica que adopt\u00f3 para resolver el conflicto negativo de competencia.  Consign\u00f3 que no sirve de excusa, hacer menci\u00f3n a que el n\u00facleo familiar se encuentre en el municipio de Roncesvalles, toda vez que del informe psicol\u00f3gico rendido, se imprimi\u00f3 que el menor fue abandonado por sus progenitores, y luego, el abuelo manifest\u00f3 su voluntad de entregarlo al ICBF.  [Folios 249 -254, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la promotora de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los motivos expuestos en su escrito introductor. [Folios 62- 69, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

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Una de las causas que justifican la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se da cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situaci\u00f3n termina produciendo un fallo que vulnera derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso sub examine, la accionante se duele de la decisi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el juzgado accionado al desatar en prove\u00eddo de 14 de octubre de 2016, el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Comisaria de Familia del municipio de Roncesvalles \u2013Tolima y la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal Gal\u00e1n de Ibagu\u00e9, cuyo resultado consisti\u00f3 en declarar competente a la \u00faltima autoridad mentada, por estimar que all\u00ed se encuentra ubicado el menor, cuando en su criterio, diferentes autoridades judiciales han concluido que la autoridad competente es quien dio inicio al proceso de restablecimiento de derechos de menores.  <\/span><\/p>\n

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Esta situaci\u00f3n que ventila, por s\u00ed sola, no la hace merecedora de la concesi\u00f3n del amparo, como quiera que la juez est\u00e1 investida de autonom\u00eda y dependencia judicial y por tanto, no est\u00e1 atada a las valoraciones jur\u00eddicas de otros jueces de la misma categor\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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De modo que, esa agencia judicial, dentro de la  discrecionalidad legal y valorativa, estudi\u00f3 la contingencia aludida, la que contrario a lo dicho por la tutelante, delimit\u00f3 el problema jur\u00eddico y lo enmarc\u00f3 dentro de las reglas de competencia de car\u00e1cter especial previstas en la Ley 1098 de 2006, las que la llevaron a concluir dentro de un juicio razonable, que:  <\/span><\/p>\n

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Luego, la juzgadora atendi\u00f3 las circunstancias espec\u00edficas del caso, en donde estim\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la Comisar\u00eda de Familia de Roncesvalles Tolima, dentro del t\u00e9rmino concedido por el art\u00edculo 100 par\u00e1grafo 2\u00b0 de la ley 1098 de 2006, de manera diligente resolvi\u00f3 la actuaci\u00f3n administrativa del ni\u00f1o S. N. R., no obstante lo anterior y al haberse ubicado al ni\u00f1o en la Fundaci\u00f3n Fraternal de ayuda de esta ciudad, la competencia para continuar conociendo del tr\u00e1mite administrativo que cursa a favor del nu\u00f1o SNR radica en la Defensora de Familia del Centro Zonal Regional Tolima del ICBF, que provoc\u00f3 el conflicto de competencia, ya que es esta autoridad administrativa quien debe continuar ordenando el seguimiento de rigor  con miras a la preparaci\u00f3n para el egreso, el entorno al medio familiar del ni\u00f1o SNR o la adopci\u00f3n de cualquier otra medida que garantice la protecci\u00f3n integral o el restablecimiento de los derechos fundamentales del sujeto de la medida, tal y como lo dispone el art\u00edculo 53, numeral 6\u00b0 de la Ley de infancia y adolescencia, norma desarrollada por el lineamiento t\u00e9cnico administrativo de ruta de actuaciones y modelo de atenci\u00f3n para el restablecimiento de derechos de NNA\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. En resumidas cuentas, resta sugerir  que lo pretendido por la peticionaria del amparo, es anteponer su propio criterio al de la autoridad cuestionada y atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera arbitraria y desfavorable, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela que, dada su naturaleza excepcional, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ni como escenario para debatir la posici\u00f3n que la autoridad judicial, sin arbitrariedades, en su leg\u00edtimo entendimiento, asuma frente a determinada situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.),  <\/span><\/p>\n

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De modo que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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4. Por contera, estas razones se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 llamada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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