{"id":99417,"date":"2026-06-25T18:28:06","date_gmt":"2026-06-25T18:28:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1927-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:28:06","modified_gmt":"2026-06-25T18:28:06","slug":"stc1927-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1927-2017\/","title":{"rendered":"STC1927-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1927-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01210-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de enero de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad y el Procurador Delegado en acciones populares, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Alcald\u00eda de la misma urbe, el Procurador y el Defensor del Pueblo regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada.  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar al despacho judicial acusado, dar inmediata aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998, y efectuar la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica de la entidad accionada y del Procurador Judicial Delegado en acciones populares, respecto del tr\u00e1mite con radicaci\u00f3n 2016-00247-00.  <\/span><\/p>\n

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2.        El quejoso en apoyo de tales pretensiones adujo, en s\u00edntesis, que en la acci\u00f3n popular que formul\u00f3 Cristian V\u00e1squez, donde aqu\u00e9l es coadyuvante, contra Audifarma S.A. (sede Manizales), cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, dicha autoridad se ha negado a (i) dar aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 5 y 84 de la ley 472 de 1998; y (ii) a notificar del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular a la sociedad demandada a trav\u00e9s de su correo electr\u00f3nico, adem\u00e1s de no informar ni notificar al Ministerio Publico y al Procurador judicial.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira  limit\u00f3 su respuesta a remitir copia, por medio magn\u00e9tico, de las actuaciones surtidas dentro de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 2016-00247-00.  <\/span><\/p>\n

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2.        La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que dentro de las inmensurables acciones populares presentadas por el tutelante, se han designado a diferentes funcionarios para dar cumplimiento a lo reglado en art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998; no obstante, advierte que la acci\u00f3n popular objeto de queja no fue promovida por aquella entidad y que su intervenci\u00f3n en esos asuntos est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos colectivos, lo que se produce en el correspondiente pacto de cumplimiento, el que no hab\u00eda sido comunicado a esa agencia, por lo que el resguardo deb\u00eda denegarse.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Alcald\u00eda Municipal de Pereira sostuvo, respecto a los hechos y pretensiones aludidos por el accionante, que eran ajenos a sus funciones, por lo que solicit\u00f3 negar el amparo invocado respecto a esa municipalidad.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia declar\u00f3 improcedente el amparo tutelar al concluir que el accionante no ha desplegado dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular \u00abninguna actividad con el fin de obtener la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 5 y 84 de la ley 478 de 1998, o para que se notifique al Ministerio Publico y a la entidad accionada, adem\u00e1s de no haber publicado el aviso a la comunidad por intermedio de la emisora de la Polic\u00eda Nacional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo indicando que la ley 472 de 1998 \u00abno [le] impone carga alguna, diferente a presentar [su] acci\u00f3n\u00bb y que en otras ocasiones ha solicitado a la sede judicial acusada aplicar el art\u00edculo 84 ib\u00eddem, \u00aba lo cual se ha negado sistem\u00e1ticamente\u00bb (folio 61, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Corte, el actor critica la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 84 de la ley 478 de 1998, la negaci\u00f3n, por parte del despacho accionado, de notificar del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular bajo radicado No. 2016-00247-00 a la demandada a trav\u00e9s de su correo electr\u00f3nico, y de no informar ni notificar al Ministerio Publico y al Procurador judicial.  <\/span><\/p>\n

Puestas as\u00ed las cosas, de entrada advierte la Corte que el resguardo estaba llamado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, esto es, la acci\u00f3n popular con radicaci\u00f3n 2016-00247-00, tal y como lo manifest\u00f3 el a quo constitucional, no se vislumbra actividad alguna desplegada por el accionante, atinente a solicitar a la autoridad cuestionada la aplicaci\u00f3n del referido art\u00edculo 84, y la notificaci\u00f3n de los accionados intervinientes en aqu\u00e9l tr\u00e1mite, por lo que no habi\u00e9ndose propuesto tal tem\u00e1tica ante el fallador natural, no puede el juez constitucional ocuparse de la misma.  <\/span><\/p>\n

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Como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales.  <\/span><\/p>\n

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En un asunto de similares contornos al de ahora, se se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01).  <\/span><\/p>\n

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3.        Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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