{"id":99418,"date":"2026-06-25T18:28:10","date_gmt":"2026-06-25T18:28:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1928-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:28:10","modified_gmt":"2026-06-25T18:28:10","slug":"stc1928-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1928-2017\/","title":{"rendered":"STC1928-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1928-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2016-00828-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el nueve de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil \u2013Familia del Tribunal Superior del  Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ladrillera Bautista C\u00e1ceres Ltda., contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, y los se\u00f1ores Sara Josefa Dur\u00e1n S\u00e1nchez, Martha Cecilia Dur\u00e1n de Pinz\u00f3n, Mar\u00eda Esmely, Mar\u00eda Eddy, Luz y Omaira Dur\u00e1n S\u00e1nchez, Francisco Javier Rugeles Dur\u00e1n y Sandra Milena Prada Uribe, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Bucaramanga.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La sociedad accionante, por intermedio de su representante legal solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, seguridad jur\u00eddica, debido proceso y propiedad que estima vulnerados por la autoridad judicial al llevar a cabo la diligencia de 28 de agosto de 2015 que verific\u00f3 los mojones entregados el 17 y 18 de mayo del a\u00f1o 2000, desconociendo, seg\u00fan ella, lo resuelto en la sentencia de 18 de diciembre de 1985.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita ordenar al juzgado accionado revocar lo resuelto en la audiencia de entrega que tuvo lugar en la preanotada fecha y en su lugar, se d\u00e9 cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 28 de agosto de 2015, que puso fin al proceso de deslinde y amojonamiento que promovi\u00f3 Luis Francisco Dur\u00e1n Valencia.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Relat\u00f3 la accionante que Luis Fernando Duran Valencia promovi\u00f3 proceso de deslinde y amojonamiento contra Demetrio Bautista Santos por considerar que los predios con denominaci\u00f3n \u201cMalpaso 1\u201d y \u201cMalpaso 2\u201d, no se encontraban debidamente determinados.  <\/span><\/p>\n

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2. En sus palabras, mediante sentencia de 18 de diciembre de 1985 se resolvi\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abA partir de la estaci\u00f3n tres (3) o punto tres, contin\u00faa hasta la estaci\u00f3n n\u00famero cuatro (4) con rumbo S. 17\u00b0 20 minutos y en una longitud total de 94 mts contin\u00faa el lindero en direcci\u00f3n S.W bordeando el barranco, hasta la estaci\u00f3n o punto n\u00famero cinco (5) en una longitud de 490 mts continua el lindero hasta la estaci\u00f3n n\u00famero seis (6), con rumbo S 41\u00b0 00 minutos E y una extensi\u00f3n de 921 mts\u00bb;   y a rengl\u00f3n seguido, de orden\u00f3 la entrega material del bien.  <\/span><\/p>\n

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3. La diligencia de entrega se llev\u00f3 a cabo los d\u00edas 16 y 17 de mayo de 2000.  <\/span><\/p>\n

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4. Cont\u00f3 la promotora del amparo que el demandante \u2013Luis Francisco Dur\u00e1n Valencia-, falleci\u00f3 el 4 de abril de 2012.  <\/span><\/p>\n

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5. El 28 de agosto de 2015, el Juzgado accionado celebr\u00f3 audiencia de entrega \u00abpara verificar la presencia de los mojones entregados en las diligencias 16 y 17 de mayo de 2000\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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6. Afirm\u00f3 la accionante que a ella asistieron los sujetos accionados, en condici\u00f3n de herederos del demandante.  <\/span><\/p>\n

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7. En la audiencia referida, la aqu\u00ed tutelante present\u00f3 oposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. El juzgado acusado, resolvi\u00f3 rechazarla tras aducir que:  <\/span><\/p>\n

\u00abno es parte en el proceso, no demuestra el inter\u00e9s para su intervenci\u00f3n y porque de fondo la solicitud es totalmente improcedente\u00bb  [Folio 71, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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9. Contra esta determinaci\u00f3n, no hubo reproche alguno.  <\/span><\/p>\n

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10. En criterio de la peticionaria, se vulneraron sus garant\u00edas constitucionales al llevar a cabo la audiencia de entrega, desconociendo el fallo de 18 de diciembre de 1985.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 28 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se vincul\u00f3 a la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Bucaramanga y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados  para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 88, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga inform\u00f3 que \u00abuna vez consultado el sistema de informaci\u00f3n Justicia Siglo XXI, se estableci\u00f3 que el pasado 5 de febrero se hizo entrega del expediente del aludido proceso al apoderado judicial de la parte demandante para su protocolizaci\u00f3n en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Bucaramanga\u00bb;  pese a ello, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n por no cumplirse el requisito de la inmediatez, pues desde la diligencia que cuestiona, hasta que compuls\u00f3 esta queja, transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o, sin que mediare justificaci\u00f3n en su tardanza. [Folios 101 y 102, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el apoderado especial de los sujetos accionados, adujo que no se cumple el principio de inmediatez, porque el proceso qued\u00f3 finiquitado y para archivo desde el 28 de agosto de 2015, y en todo caso, en realidad la entrega se efectu\u00f3 desde el 16 y 17 de mayo de 2000.  [Folios 90 -93, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, el Notario Primero del C\u00edrculo de Bucaramanga, indic\u00f3 que s\u00f3lo prest\u00f3 un servicio notarial, de lo que puede decir que \u00abmediante escritura p\u00fablica No. 0512 del 2 de marzo de 2016, [aqu\u00ed] se protocoliz\u00f3 el proceso de deslinde y amojonamiento radicado 1979-04543, propuesto por Luis Francisco Dur\u00e1n Valencia en contra de Demetrio Bautista Santos, adelantado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, el cual consta de 1935 folios\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 9 de diciembre de 2016, la Sala Civil \u2013Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga deneg\u00f3 el amparo, tras considerar que el gestor de la queja, desconoci\u00f3 el requisito de inmediatez, pues la diligencia que reprocha es de 28 de agosto de 2015, por lo que ha transcurrido aproximadamente un a\u00f1o y tres meses desde ese momento hasta que recurri\u00f3 al amparo, m\u00e1s si se tiene en cuenta, que en realidad la entrega se efectu\u00f3 diecis\u00e9is a\u00f1os atr\u00e1s.  [Folios 111- 118, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la promotora de la acci\u00f3n constitucional la impugn\u00f3, e insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en su escrito introductor;  adem\u00e1s, respecto de la inmediatez, aleg\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela puede interponerse en cualquier tiempo y que hay casos donde no es exigible de manera tan estricta.   [Folios 181 – 188, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.   <\/span><\/p>\n

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Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC 2 ago. 2007, Rad 00188-01)  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n sent\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC 29 abr. 2009, Rad, 00624-00).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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En virtud del otro principio se\u00f1alado, el amparo s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede considerarse una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte actora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso la decisi\u00f3n que cuestiona el accionante, se remite a la diligencia que tuvo lugar el 28 de agosto de 2015 mediante la cual se verific\u00f3 la presencia  de los mojones entregados en diligencias de 16 y 17 de mayo de 2000;  sin embargo, el amparo constitucional, s\u00f3lo se intent\u00f3 hasta el 25 de noviembre de 20161.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior deja en evidencia que la tutelante, para acudir al amparo por esta v\u00eda, dej\u00f3 trascurrir aproximadamente un a\u00f1o y tres meses, despu\u00e9s de la actuaci\u00f3n censurada, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. De otra parte, la petici\u00f3n constitucional desatiende el tambi\u00e9n comentado principio de subsidiariedad, pues de la lectura hecha a la diligencia de 28 de agosto de 2015 ciertamente se extrae que la promotora de la acci\u00f3n, se opuso a ella;  no obstante, el juzgado accionado le rechaz\u00f3 su oposici\u00f3n, sin que contra esta determinaci\u00f3n, la quejosa interpusiera recurso de reposici\u00f3n que cab\u00eda contra la actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Recurso que a todas luces fue instituido para que el juzgador de instancia reexaminara los defectos en los que eventualmente pudiera incurrir;  en decir, atendiendo su finalidad, este instrumento le permite al juez natural reevaluarse sobre la posici\u00f3n jur\u00eddica adoptada, que de ser procedente, dentro del marco de legalidad, el operador judicial subsane o ajuste su actuar, en aras de garantizar el debido proceso de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que resulte ostensible que si la peticionaria del resguardo no agot\u00f3 todos los mecanismos que le brinda el ordenamiento jur\u00eddico para obtener lo reclamado en sede constitucional, la acci\u00f3n de tutela, no puede ser utilizada  para proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir, inicialmente, al fallador ordinario.  <\/span><\/p>\n

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En ese entendido, si la accionante no aprovech\u00f3 los instrumentos de  defensa establecidos en el ordenamiento procesal para controvertir los fundamentos de la providencia emitida por la autoridad accionada, no puede ahora aspirar a que en esta v\u00eda, se brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que:  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ STC, 26 en. 2011, rad. 00027-00)  <\/span><\/p>\n

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4. En contera, las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar la decisi\u00f3n impugnada.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Acta de reparto, visible a folio 87.      <\/span><\/p>\n

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