{"id":99419,"date":"2026-06-25T18:28:14","date_gmt":"2026-06-25T18:28:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1929-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:28:14","modified_gmt":"2026-06-25T18:28:14","slug":"stc1929-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1929-2017\/","title":{"rendered":"STC1929-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1929-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b008001-22-13-000-2016-00561-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinticuatro de octubre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ramiro Rey Gonz\u00e1lez, contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito, Cuarto Civil Municipal de Oralidad y Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Menor Cuant\u00eda de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso donde se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso (deber de imparcialidad del Juez), acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, que considera vulnerados por la autoridad judicial tutelada al declarar precluida la etapa probatoria dentro del juicio ejecutivo singular que se adelant\u00f3 en su contra y emitir sentencia adversa a sus intereses, con indebida valoraci\u00f3n de los medios de conocimiento recaudados.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que se invalide la actuaci\u00f3n cuestionada para que se rehaga en debida forma. [Folios 1-12, c.1]  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Delsy Beleno Altamiranda promovi\u00f3 demanda ejecutiva singular contra el tutelante, para que se hiciera efectivo el pago de $15.000.000, representados en una letra de cambio suscrita a su favor.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 4\u00ba Civil Municipal de Barranquilla, que mediante auto 22 de noviembre de 2012 libr\u00f3 mandamiento de pago.  <\/span><\/p>\n

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3. La notificaci\u00f3n personal del ejecutado se surti\u00f3 el 18 de marzo de 2013 y \u00e9ste, mediante escrito de abril 1\u00ba posterior, recurri\u00f3 en reposici\u00f3n las medidas cautelares ordenadas y manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la prosperidad de las pretensiones de la demanda a trav\u00e9s de las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u201cfalsedad del t\u00edtulo\u201d, \u201cfalta de legitimidad para demandar\u201d, \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n\u201d y \u201cpleito pendiente\u201d. En escrito adicional, tach\u00f3 de falso el t\u00edtulo valor base de la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4. El 16 de abril de 2013 se rechaz\u00f3 de plano el recurso horizontal y se orden\u00f3 correr traslado de los dem\u00e1s medios defensivos a la contraparte.  <\/span><\/p>\n

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6. El 29 del mismo mes y a\u00f1o se neg\u00f3 la inclusi\u00f3n de la tacha de falsedad como una excepci\u00f3n m\u00e1s.  <\/span><\/p>\n

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7. El 6 de septiembre posterior se ampli\u00f3 el periodo probatorio por el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas y el 17 de septiembre de 2013, se calificaron los hechos susceptibles de confesi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. Reasignadas las diligencias al Juzgado 4\u00ba Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de menor cuant\u00eda de Barranquilla, por auto de agosto 13 de 2014 se declar\u00f3 precluida la etapa de pruebas y se corri\u00f3 traslado para alegatos de conclusi\u00f3n. La decisi\u00f3n no fue objeto de controversia.  <\/span><\/p>\n

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9. El tutelante hizo uso de aquel t\u00e9rmino para exponer las razones por las cuales deb\u00eda fallarse a su favor.  <\/span><\/p>\n

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10. El 27 de agosto de 2014, se profiri\u00f3 sentencia en la cual fueron desestimadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el demandado y acogidas en su totalidad las pretensiones del libelo introductor.  <\/span><\/p>\n

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11. Inconforme, el tutelante recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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12. El 9 de noviembre de 2015, el Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Barranquilla, declar\u00f3 inadmisible la censura vertical, por tratarse de un asunto de m\u00ednima cuant\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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13. El reclamante acude a este mecanismo constitucional, con el fin de solicitar protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, porque en su sentir, el fallador cuestionado las desconoci\u00f3, pues no era el competente para emitir la sentencia ni tuvo en cuenta que la tacha de falsedad no hab\u00eda sido resuelta, as\u00ed como tampoco consider\u00f3 que la ejecutante deb\u00eda tenerse como confesa respecto de los hechos susceptibles de tal sanci\u00f3n procesal. [Folios 1-12, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 11 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n y se orden\u00f3 su traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 35, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado 4\u00ba Civil Municipal Oral de Barranquilla, inform\u00f3 que el expediente correspondiente a las actuaciones cuestionadas, fue extraviado y por tanto se est\u00e1n adelantando las diligencias necesarias para su reconstrucci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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El reclamante, adicion\u00f3 su queja, para cuestionar la celeridad con que el juzgador de la causa dict\u00f3 el fallo en su proceso, cuando ten\u00eda otras decisiones pendientes en el Despacho. [Folios 47-48, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia del 24 de octubre de 2016, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada tras concluir que el actor dej\u00f3 transcurrir un lapso superior al que la jurisprudencia ha considerado como razonable para acudir al amparo, circunstancia que revela la improcedencia de la solicitud.[Folios 70 -73, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela  como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola, entre otros, con los principios de inmediatez y subsidiaridad.  <\/span><\/p>\n

       Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primer principio impide que se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y , tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. (CSJ SC 2 Ago 2007, exp. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ SC 29 Abr 2009, Exp. 2009-00624-00).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente asunto, de cara a los diversos reparos que por esta v\u00eda excepcional expone el libelista, no se cumple con el comentado principio.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, los reproches del actor est\u00e1n encaminados a controvertir el auto y la sentencia a trav\u00e9s de los cuales el juzgado 4\u00ba Civil Municipal Oral de Descongesti\u00f3n de Menor Cuant\u00eda de Barranquilla declar\u00f3 preclu\u00edda la etapa de pruebas y resolvi\u00f3 de fondo el litigio sometido a su consideraci\u00f3n, respectivamente; sin embargo, la Sala advierte que desde aquellas fechas ha transcurrido con amplitud el lapso que la jurisprudencia nacional ha considerado razonable para acudir al amparo en busca de protecci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Y lo anterior es as\u00ed, de atender que las decisiones judiciales en comento, tuvieron lugar el 13 y 27 de agosto de 2014, esto es, hace m\u00e1s de dos a\u00f1os para cuando se impetr\u00f3 la solicitud de amparo \u2013 10 de octubre de 2016 -, circunstancia que deja en evidencia la improcedencia de esta queja para cuestionar tales providencias, m\u00e1xime cuando de las diligencias adosadas a este tr\u00e1mite, se extrae que no fueron controvertidas oportunamente.  <\/span><\/p>\n

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Incluso, de contabilizar aquel t\u00e9rmino a partir de la fecha del auto a trav\u00e9s del cual el Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Barranquilla declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia, esto es, desde el 9 de noviembre de 2015, se hace palpable que para el 10 de octubre de 2016, fecha de la solicitud de amparo, se encontraba superado el t\u00e9rmino de razonabilidad para ejercitarlo.  <\/span><\/p>\n

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3. Por otra parte, la Corte encuentra que pese a considerar contraria a derecho la orden de finiquitar el periodo probatorio antes de que se pudieran recaudar todas las pruebas, el quejoso no hizo uso de los instrumentos jur\u00eddicos que ten\u00eda a su alcance para controvertirla, por el contrario, enterado de ello, aprovech\u00f3 el traslado para alegatos, para exponer su criterio frente al asunto, sin hacer menci\u00f3n alguna a la necesidad de insistir en la pr\u00e1ctica de la totalidad de los medios de convicci\u00f3n antes de proceder con la decisi\u00f3n de m\u00e9rito ni manifestar las m\u00faltiples falencias que por esta v\u00eda expone.  <\/span><\/p>\n

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4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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