{"id":99420,"date":"2026-06-25T18:28:18","date_gmt":"2026-06-25T18:28:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1931-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:28:18","modified_gmt":"2026-06-25T18:28:18","slug":"stc1931-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1931-2017\/","title":{"rendered":"STC1931-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1931-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2016-00422-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinticinco de niviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por D. L. C. P. contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a M. A. D. J.  , Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013Regional Antioquia \u2013 Centro Zonal Oriente, Delegado del Ministerio P\u00fablico para asuntos de familia adscrito al Tribunal de Antioquia y al Defensor de Familia adscrito al juzgado accionado.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante, por intermedio de apoderado judicial  solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y prevalencia de los derechos fundamentales de los menores que estima vulnerados por la autoridad judicial accionada al celebrar la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C. G. P., sin atender su solicitud de aplazamiento debido a la incapacidad que justific\u00f3, adem\u00e1s de prescindir del interrogatorio de parte.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita que se conceda el resguardo peticionado, y se deje sin efecto lo tramitado el 9 de noviembre de 2016, para que en su lugar, se ordene al juzgado accionado \u00abproceda conforme a la legalidad predicada y en respeto de los derechos fundamentales de la Sra. D. L. C. P. y de su menor hija XXX\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 10 de marzo de 2016, M. \u00c1. D. J. present\u00f3 en Manresa Espa\u00f1a solicitud de \u00abdeclaraci\u00f3n de ilicitud de un traslado o retenci\u00f3n internacional\u00bb contra la accionante.  <\/span><\/p>\n

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2. El 11 de abril siguiente, el Ministro de Justicia Espa\u00f1ol remite al ICBF solicitud de restituci\u00f3n de la menor XXX.  <\/span><\/p>\n

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3. El 24 de mayo de 2016, se le inform\u00f3 a la tutelante acerca de la solicitud de restituci\u00f3n quien presenta propuesta conciliatoria, pero la misma es rechazada por el padre de la menor.  <\/span><\/p>\n

4. El 18 de julio de 2016 el Defensor de Familia adscrito al ICBF present\u00f3 demanda de restituci\u00f3n internacional de menores en beneficio de la menor XXX contra la promotora de esta queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El Juzgado Primero de Familia de Rionegro la admiti\u00f3 mediante auto de 18 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

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6. La demandada se notific\u00f3 de la acci\u00f3n, el 22 de agosto de esa anualidad y contest\u00f3 la demanda el 5 de septiembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El 4 de noviembre de 2016, se dio inicio a la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, en la que se agot\u00f3 la etapa de conciliaci\u00f3n, sin acuerdo entre las partes, y si se surti\u00f3 el interrogatorio al demandante y parte del interrogatorio a la demandada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. La audiencia se suspendi\u00f3 y se fij\u00f3 como fecha para su continuaci\u00f3n, el 9 de noviembre de 2016  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. El d\u00eda anterior a la fecha programada, la pasiva alleg\u00f3 una incapacidad m\u00e9dica por el t\u00e9rmino 4 d\u00edas y solicit\u00f3 aplazamiento de la mentada audiencia, que si bien, se acept\u00f3 la justificaci\u00f3n, se desatendi\u00f3 la petici\u00f3n de suspensi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. Dentro de la audiencia, se prescindi\u00f3 del interrogatorio de parte a la demandada y finalizada, se resolvi\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abPrimero: Ordenase el reintegro inmediato de la ni\u00f1a XXX, a Espa\u00f1a, lugar de su domicilio y residencia habitual, en aplicaci\u00f3n al Convenio de la Haya del 25 de octubre de 1980, aprobado por Colombia mediante la Ley 173 del 22 de diciembre de 1994, con base en las consideraciones a que alude la parte motiva de esta decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Segundo: Los gastos de traslado de la ni\u00f1a a su lugar de origen ser\u00e1n asumidos por la se\u00f1ora D. L. C. P., sin perjuicio de que sean sufragados por el se\u00f1or M. A. D. J. o en su defecto por la Autoridad Central, en ausencia de capacidad econ\u00f3mica por la obligada  <\/span><\/p>\n

Tercero: Se adopta como medida provisional, de protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos de XXX la obligaci\u00f3n de mantener el domicilio actual de la ni\u00f1a, mientras se da su traslado, y se mantiene inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de prohibir la salida del pa\u00eds de la ni\u00f1a, salvo cuando se est\u00e9 acatando esta decisi\u00f3n, momento a partir del cual se levantan ambas medidas (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. En criterio de la peticionaria del amparo se vulneraron sus garant\u00edas fundamentales invocadas, toda vez que dict\u00f3 sentencia luego de prescindir del interrogatorio de parte que se le realizar\u00eda a ella, adem\u00e1s de pasar por alto que hab\u00eda interpuesto recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n contra el auto que decret\u00f3 pruebas y no aplaz\u00f3 la audiencia pese a la justificaci\u00f3n de su inasistencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 10 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se dispuso la vinculaci\u00f3n de M. A. D. J., Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013Regional Antioquia \u2013 Centro Zonal Oriente, Delegado del Ministerio P\u00fablico para asuntos de familia adscrito al Tribunal de Antioquia y al Defensor de Familia adscrito al juzgado accionado, para que dentro del t\u00e9rmino de 2 d\u00edas ejercieran su derecho de defensa. [Folio 43, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Procurador 145 Judicial II para la defensa de la familia, infancia y la adolescencia solicita no acceder a los pedimentos de la promotora del amparo toda vez que no se evidencia vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales en la medida que a\u00fan est\u00e1 pendiente por resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia de primer grado.  [Folio 68, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, M. A. D. J. \u2013padre de la menor-, por intermedio de apoderado judicial, inform\u00f3 que la madre de su hija, aqu\u00ed accionante, la sustrajo ilegalmente de Espa\u00f1a, cuando ten\u00edan la custodia compartida y adem\u00e1s le ha impedido verla.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Respecto de las actuaciones procesales, solicit\u00f3 no acceder a las peticiones de la acci\u00f3n, tras exponer que no se han violentado las garant\u00edas de la gestora, pues si bien, se justific\u00f3 su inasistencia a la audiencia de 9 de noviembre de 2016, lo cierto es que su apoderado tampoco asisti\u00f3 y por tanto, no interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n all\u00ed adoptada.  [Folios 69 -74, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro, cont\u00f3 que le otorg\u00f3 a la accionante un espacio aproximado de 6 horas para que conciliara debido a las \u00abdif\u00edciles circunstancias en que se encontraba con relaci\u00f3n a la violaci\u00f3n del tratado internacional de la Haya del 25 de octubre de 1980\u00bb; que luego, intent\u00f3 realizarle un interrogatorio, \u00absituaci\u00f3n que fue imposible por el hecho de que siempre mostr\u00f3 un estado emocional precario (\u2026) sin que fuera posible lograr que se concentrara en los temas de inter\u00e9s para el despacho\u00bb, motivo por el cual suspendi\u00f3 la audiencia, y la contin\u00fao el 9 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que luego de presentarse incapacidad m\u00e9dica de la pasiva, comunic\u00f3 por v\u00eda telef\u00f3nica al apoderado de la demandada, que no se aplazar\u00eda la audiencia, pese a tener por justificada la inasistencia de la promotora de esta queja;  sin embargo, el profesional en derecho, no asisti\u00f3 a la mentada audiencia;  y con todo, ni el Ministerio p\u00fablico, ni la defensora de familia, apelaron la decisi\u00f3n.  [Folios 77 -78, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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En cierre, el Coordinador del Grupo Jur\u00eddico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inform\u00f3 que agot\u00f3 la etapa administrativa tendiente a resolver el conflicto planteado, de manera amistosa;  sin embargo, la accionante no estuvo presta a permitir el retorno voluntario de la menor, por lo que inici\u00f3 la fase judicial, sin que haya trasgredido los derechos de la accionante, o de su menor hija. [Folios 101- 103, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 25 de noviembre de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia deneg\u00f3 el amparo suplicado, tras considerar que la autoridad judicial accionada, fue clara en advertirle que no aplazar\u00eda la audiencia programada para el 9 de noviembre de 2016, y por tanto, debi\u00f3 acudir para efectos de interponer recursos de ley e incluso para contrainterrogar y debatir las pruebas. [Folios 116 -122, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la promotora de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los motivos expuestos en su escrito introductor. [Folios 130- 138, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, la Sala concluye que el amparo solicitado es improcedente porque no atiende el postulado que vienen de comentarse, pues la querellante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por esta v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se denota que la queja de la tutelante del resguardo recae, contra la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro el 9 de noviembre de 2016;  primero, porque se surti\u00f3 la audiencia sin aceptar la petici\u00f3n de aplazamiento de esta, tras justificar con incapacidad m\u00e9dica su inasistencia, y segundo, por dictar sentencia  tras prescindir del interrogatorio de parte de la demandada adem\u00e1s de estar pendiente un recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el auto que decret\u00f3 pruebas.  <\/span><\/p>\n

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2.1 Respecto del primer reproche, no se avisora vulneraci\u00f3n de los derecho de la accionante como quiera que en auto de 8 de noviembre de 2016, el juzgado acusado resolvi\u00f3 la solicitud de aplazamiento, en donde le advirti\u00f3  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abNo se accede a la solicitud hecha por el apoderado de la demandada en escrito que antecede, por cuanto la accionada act\u00faa a trav\u00e9s de su mandatario judicial, quien conforme al poder conferido y lo establecido en el numeral 2 del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, est\u00e1 facultado para actuar en su nombre, y asistirla en las diligencias  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

Por otro lado, debido a la incapacidad allegada, se tiene como justificada la inasistencia de la se\u00f1ora D. L. C. P. a la (sic) interrogatorio y dem\u00e1s diligencias\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Prove\u00eddo que se notific\u00f3 por estado de 9 de noviembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se advierte tambi\u00e9n, que en esa misma fecha, se dej\u00f3 constancia  que  a  las 4:50 pm  \u2013un d\u00eda antes de la audiencia-, se le comunic\u00f3 al apoderado de la pasiva el contenido de dicho auto, record\u00e1ndole la negativa de aplazamiento de la programada audiencia1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, lo all\u00ed resuelto, no transgredi\u00f3 las garant\u00edas de la auspiciante pues dicha actuaci\u00f3n no fue arbitraria ni caprichosa como quiera que se motiv\u00f3 fundada en la disposici\u00f3n legal vigente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De all\u00ed que el inciso final del numeral 2 del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, prevea:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abSi alguna de las partes no comparece, sin perjuicio de las consecuencias probatorias por su inasistencia, la audiencia se llevar\u00e1 a cabo con su apoderado, quien tendr\u00e1 facultad para confesar, conciliar, transigir, desistir y, en general, para disponer del derecho en litigio\u00bb. Se resalta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2 Ahora, frente a la actuaci\u00f3n concretamente reprochada, esto es, la audiencia celebrada el 9 de noviembre de 2016, en la que se dict\u00f3 sentencia orden\u00e1ndose el reintegro de la menor a su lugar de domicilio \u2013Espa\u00f1a-, se advierte que la inasistencia del apoderado de la demandada, no se hall\u00f3 justificada, cuando era su deber legal como mandatario asistir en procura de los intereses de su representada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con lo dicho, ciertamente se extrae que la parte demandada, aqu\u00ed accionante, no interpuso recurso de apelaci\u00f3n que cab\u00eda contra la sentencia de primer grado, sin que sea de recibo la excusa, de inasistencia justificada de la demandada, pues como en l\u00edneas atr\u00e1s se expuso, el profesional en derecho, estaba enterado del auto que deneg\u00f3 la petici\u00f3n de aplazar la audiencia y le record\u00f3 que estaba plenamente facultado para velar all\u00ed por los intereses de su mandante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, no se satisface el requisito de la subsidiaridad de este especial tr\u00e1mite, que no puede utilizarse como un recurso adicional o alternativo de los usuarios de la justicia para revivir etapas procesales que dejaron fenecer por su desatenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se reitera que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En casos similares al presente, la Sala ha destacado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ STC, 26 ene. 2011, rad. 2011-00027-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Con todo, si reprocha el hecho de haberse prescindido del interrogatorio de parte que se le surtir\u00eda a la demandada, se le recuerda a la accionante, que la oportunidad para ventilar sus reparos, fue la audiencia a la que dej\u00f3 de asistir, siendo ese el escenario id\u00f3neo para que esa, y cualquier otra inconformidad relativa al decreto y pr\u00e1ctica de pruebas, fuera atendida por el juez de la causa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Folio 87, c. 1.      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1931-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2016-00422-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)   Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99420","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99420","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99420"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99420\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}