{"id":99421,"date":"2026-06-25T18:28:22","date_gmt":"2026-06-25T18:28:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1932-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:28:22","modified_gmt":"2026-06-25T18:28:22","slug":"stc1932-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1932-2017\/","title":{"rendered":"STC1932-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1932-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b066001-22-13-000-2016-01126-011  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecinueve de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en las acciones de tutela promovidas por Javier El\u00edas Arias Idarraga, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Regional Risaralda de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y de la Defensor\u00eda del Pueblo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por la autoridad judicial tutelada al inadmitir y rechazar las acciones populares que present\u00f3 contra las sucursales del Centro de Servicios Crediticios S.A., ubicadas en la carrera 76 No. 32-34 de Medell\u00edn y en la calle 50 No. 48-56 de Bello (Antioquia), con fundamento en exigencias no contempladas por el legislador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se ordene la admisi\u00f3n de sus demandas y se requiera al juez accionado para que aporte \u00ab\u2026un listado completo de todas las acciones populares donde [h]a exigido requisitos inexistentes, en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 21 de octubre de 2016, Javier El\u00edas Arias Idarraga present\u00f3 Acci\u00f3n Popular contra dos sucursales del Centro de Servicios Crediticios S.A. CSC, por considerar que vulneraba las garant\u00edas colectivas de la comunidad usuaria, al no contar en su local comercial con gu\u00eda e int\u00e9rprete acreditado por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, como lo dispone el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 382 de 2005.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En autos del 25 de octubre de 2016, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, resolvi\u00f3 inadmitir cada una de las demandas para que el interesado allegara el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la firma accionada, apoyado en el auto AC3751-2016, emitido por esta Corporaci\u00f3n dentro del radicado 11001-02-03-000-2016-01074-00, donde se declar\u00f3 prematuro el conflicto de competencia suscitado en una de las acciones populares formuladas por el tutelante.  <\/span><\/p>\n

3. El 27 de octubre de 2016, el accionante recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n las anteriores determinaciones.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

4. En prove\u00eddos del 2 de noviembre posterior, el juzgado cuestionado, dispuso mantener inc\u00f3lume su postura inicial y negar la concesi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n subsidiaria por improcedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En escritos del d\u00eda 11 del mismo mes y a\u00f1o, el quejoso pidi\u00f3 que se le informaran las actuaciones oficiosas adelantadas por el fallador para efectos de dar impulso a sus demandas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El 17 siguiente, se rechazaron las demandas por no haber sido subsanadas y se orden\u00f3 archivarlas, previa precisi\u00f3n al memorialista, acerca de las cargas procesales m\u00ednimas que como demandante le asisten.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El reclamante acude a este mecanismo constitucional, con el fin de solicitar protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, porque en su sentir, el fallador cuestionado, las transgrede al exigir requisitos que el legislador no ha previsto, para la presentaci\u00f3n de ese tipo de acciones. [Folios 1-2, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 2 de diciembre de 2016, se admitieron las dos quejas constitucionales y se orden\u00f3 su tr\u00e1mite bajo una misma cuerda procesal, as\u00ed como el traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 6, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El juzgado accionado, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a la remisi\u00f3n de copia electr\u00f3nica de las actuaciones cuestionadas. [Folios 8-9, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda, se mostr\u00f3 ajena a los hechos en los cuales el quejoso fundamenta su reclamo, puesto que est\u00e1 dirigido a controvertir \u00fanica y exclusivamente actuaciones del Juzgado accionado. [Folios 10-11, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia del 19 de diciembre de 2016, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada tras concluir que el actor no hizo uso de la herramienta jur\u00eddica con que contaba para cuestionar el rechazo de sus demandas. [Folios 14-15, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En desacuerdo, el tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, sin exponer los motivos de su censura. [Folio 17, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para cuestionar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se ha considerado que cuando el pronunciamiento objeto de reproche desconoce de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, no resulta conveniente anteponer tales exigencias, pues no constituyen un obst\u00e1culo insuperable que impida otorgar la protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (ST de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2. As\u00ed ocurre en el caso, pues a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de subsidiariedad, por no recurrirse una de las providencias objeto de la queja, es evidente que el Juzgador incurri\u00f3 en una protuberante irregularidad que afecta el debido proceso del actor, habida cuenta que las acciones populares Nos. 2016-0392 y 2016-0393 donde es demandante, fueron inadmitidas y posteriormente rechazadas, con fundamento en la falta de un requisito no consagrado por el legislador en la normatividad especial que regula la materia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, mediante prove\u00eddo de octubre 25 de 2016, el juzgador accionado decidi\u00f3 inadmitir las referidas s\u00faplicas para que el actor popular aportara el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, en el que conste el domicilio de la parte demandada, para lo cual otorg\u00f3 un lapso de tres (3) d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como soporte de su postura, la autoridad memor\u00f3 el auto AC3751-2016, emitido por esta Corporaci\u00f3n dentro del radicado 11001-02-03-000-2016-01074-00, donde se declar\u00f3 prematuro un conflicto de competencia suscitado en el a\u00f1o 2015, esto es, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, entre los juzgados Cuarto Civil del Circuito de Pereira (Risaralda) y Dieciocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a pesar de que para la fecha del pronunciamiento reprochado ya se encontraba vigente en todo el territorio nacional el C\u00f3digo General del Proceso, en cuyo art\u00edculo 85, el legislador estableci\u00f3 que \u00ab\u2026[l]a prueba de la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas de derecho privado solo podr\u00e1 exigirse cuando dicha informaci\u00f3n no conste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si en cuenta se tiene que la entidad accionada es una sociedad an\u00f3nima, vigilada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, es evidente que en su sistema de informaci\u00f3n reposa dicha certificaci\u00f3n y por tanto, no era requisito indispensable para admitir la demanda, sobre todo porque de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, no est\u00e1 consagrado como tal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, mal pod\u00eda el fallador exigir al demandante aportar documentos que la normatividad aplicable al asunto no consagra y mucho menos, rechazar la demanda como consecuencia de la falta de subsanaci\u00f3n, tal como ocurri\u00f3 en auto de noviembre 17 de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agr\u00e9guese que enterado de la inadmisi\u00f3n, el actor la impugn\u00f3 y como base de su censura argument\u00f3, precisamente, que el funcionario judicial no pod\u00eda imponerle cargas que la ley no preve\u00eda, no obstante lo cual se mantuvo inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n cuestionada, que, como ya se vio es desconocedora de las garant\u00edas fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Por lo expuesto, se revocar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado y en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo. En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos la actuaci\u00f3n objeto de la queja a partir del auto inadmisorio de la demanda, inclusive, y en su lugar le d\u00e9 el tr\u00e1mite de rigor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Para finalizar, en punto del listado de acciones populares que solicita el actor, la Sala precisa que no es esta acci\u00f3n el mecanismo adecuado para elevar ese tipo de pedimentos, m\u00e1xime cuando de la lectura de su demanda no se advierte la necesidad de hacer tal requerimiento en este asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para ello, el demandante tiene a su alcance la herramienta jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 23 de la carta pol\u00edtica nacional, desarrollado por la Ley 1755 de 2015, esto es, el derecho de petici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y en su lugar, CONCEDE la protecci\u00f3n constitucional invocada. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: ORDENAR al Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos la actuaci\u00f3n objeto de la queja a partir del auto inadmisorio de la demanda, inclusive, y en su lugar le d\u00e9 el tr\u00e1mite de rigor.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 Actuaci\u00f3n a la cual fuge acumulada la tutela con radicaci\u00f3n No. 66001-22-13-000-2016-01127-01      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1932-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b066001-22-13-000-2016-01126-011   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99421","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99421","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99421"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99421\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}