{"id":99423,"date":"2026-06-25T18:28:34","date_gmt":"2026-06-25T18:28:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1934-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:28:34","modified_gmt":"2026-06-25T18:28:34","slug":"stc1934-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1934-2017\/","title":{"rendered":"STC1934-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1934-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2016-00267-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinticinco de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgardo Julio Camargo Su\u00e1rez y Andr\u00e9s Camilo Su\u00e1rez Moreno, en nombre propio y en calidad de l\u00edderes y voceros de \u00abalgunas comunidades de pescadores\u00bb del municipio de Sitionuevo \u2013Magdalena, contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales \u2013PNN, Ministerio de Agricultura, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca \u2013AUNAP, Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n , Gobernaci\u00f3n del Magdalena, Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Magdalena \u2013CORPAMAG, alcald\u00edas de los municipios de Sitionuevo, Puebloviejo, Remolino, El Ret\u00e9n, Salamina, Zona Bananera, Pivijay, Ci\u00e9naga, Aracataca, El Pi\u00f1on, Fundaci\u00f3n, Concordia, Zapay\u00e1n y Cerro de San Antonio (Magdalena), consorcio Ci\u00e9naga Grande (Servicios de Dragados y Construcciones S.A., y otros) la Uni\u00f3n Temporal R\u00edo Fr\u00edo (Servicio de Dragados y Construcciones S.A. y CFD Ingenier\u00eda S.A.S), y Servicio de Dragados y Construcciones S.A.; tr\u00e1mite al que fueron vinculados al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras \u2013INVEMAR, al Comit\u00e9 de Coordinaci\u00f3n Interinstitucional para la Ecorregi\u00f3n Ci\u00e9naga Grande de Santa Marta de la Gobernaci\u00f3n del Magdalena, Secretar\u00eda de Salud del mismo departamento,  Cormagdalena,  Defensor\u00eda del Pueblo, Incoder y Directores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Los accionantes, quienes dicen actuar en causa propia y como l\u00edderes y voceros de las comunidades pesqueras del municipio de Sitionuevo \u2013Magdalena, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, m\u00ednimo vital, trabajo y libertad de oficio, \u00abalimentaci\u00f3n, agua y medio ambiente sano\u00bb que estiman vulnerados debido al \u00abincumplimiento de las funciones que les corresponden para la protecci\u00f3n del ecosistema de la Ci\u00e9naga Grande de Santa Marta\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicitan que se conceda el resguardo peticionado, con el prop\u00f3sito de \u00absuperar la crisis socio ambiental\u00bb y se adopten medidas como ordenar a los accionados a i) elaborar dentro del t\u00e9rmino de 3 meses, un plan articulado con los que se vengan ejecutando, para superar la situaci\u00f3n de deterioro ambiental y se implemente en un tiempo no mayor de 6 meses;  ii) crear un plan  de manejo ambiental y zonificaci\u00f3n para el humedal Ramsar; iii) ejecutar labores de mantenimiento, dragado y preservaci\u00f3n de los ca\u00f1os y dem\u00e1s afluentes que permiten de agua dulce desde el r\u00edo magdalena hasta el complejo de humedales; iv) realizar gestiones necesarias para el mantenimiento y restauraci\u00f3n de las cuencas de los r\u00edos y se controle el aprovechamiento de agua por parte de terceros; v) examinar el uso que se da a las tierras que rodean la Ci\u00e9naga; vi) garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales que le competen al Estado en asuntos de diversidad biol\u00f3gica;  vii) aplicar las sanciones a que haya lugar a infractores del medio ambiente; viii) garantizar condiciones ambientales para la conservaci\u00f3n de la ecorregi\u00f3n y se concedan espacios de participaci\u00f3n de las comunidades que habitan la regi\u00f3n; ix) emitir un diagn\u00f3stico de la situaci\u00f3n socio econ\u00f3mica de las comunidades pesqueras y pueblos palafitos, a fin de determinar su acceso a los servicios p\u00fablicos, de salud, educaci\u00f3n, agua potable y alimentaci\u00f3n;  x) ejecutar proyectos de capacitaci\u00f3n en actividades sostenibles dirigidas a las comunidades que dependen de la pesca; xi) indagar si existen actividades que generen detrimento patrimonial del estado en temas como contrataci\u00f3n y de ser as\u00ed se apliquen las sanciones de ley; xii) investigar penalmente sobre la presunta comisi\u00f3n de delitos asociados a la problem\u00e1tica ambiental; y xiii) supervisar los proyectos viales, as\u00ed como licencias y permisos otorgados para la ejecuci\u00f3n de obras civiles.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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2. Que a su vez, all\u00ed existen tres pueblos palafitos, los cuales son: Nueva Venecia, Buenavista y Bocas de Aracataca;  los dos primeros son corregimientos del municipio de Sitionuevo, en donde ellos habitan.  <\/span><\/p>\n

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3. Expusieron que su situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica es precaria, pues pese a que algunas viviendas cuentan con servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica, no tienen servicio de acueducto ni de saneamiento b\u00e1sico.  <\/span><\/p>\n

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4. Indicaron que la principal actividad productiva de las comunidades a las que pertenecen, es la pesca artesanal.  <\/span><\/p>\n

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5. Manifestaron que la ecorregi\u00f3n de la Ci\u00e9naga de Santa Marta se ha visto afectada por la disminuci\u00f3n sustancial del agua dulce que ingresa al sistema, por factores como el escaso  mantenimiento y dragado de ca\u00f1os, entre otros;  situaci\u00f3n que afecta principalmente su actividad de pesca, y su habitaci\u00f3n en un ambiente sano.  <\/span><\/p>\n

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6. En criterio de los peticionarios del amparo se vulneraron sus garant\u00edas fundamentales invocadas, toda vez que los accionados han dejado de cumplir con las funciones tendientes a conservar la Ci\u00e9naga Grande de Santa Marta, pues observan conductas reprochables como: \u00abfalta de mantenimiento y dragado adecuado de ca\u00f1os que conectan el r\u00edo Magdalena con la CGSM y ausencia de acciones integrales para garantizar el necesario intercambio hidrol\u00f3gico\u00bb, \u00abaprovechamiento excesivo de agua dulce por parte de particulares y otras afectaciones relacionadas con la agroindustria\u00bb, y, \u00abproyectos de infraestructura y construcci\u00f3n de v\u00edas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 11 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se dispuso la vinculaci\u00f3n del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras \u2013INVEMAR, al Comit\u00e9 de Coordinaci\u00f3n Interinstitucional para la Ecorregi\u00f3n Ci\u00e9naga Grande de Santa Marta de la Gobernaci\u00f3n del Magdalena, Secretar\u00eda de Salud del mismo departamento, a Cormagdalena, a la Defensor\u00eda del Pueblo, Incoder y a los Directores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y se les concedi\u00f3 a los convocados el t\u00e9rmino de 2 d\u00edas para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 106, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, la Fiscal 72 Especializada en protecci\u00f3n a los recursos naturales, rindi\u00f3 un informe acerca de las diferentes investigaciones que adelanta por delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, en la Ci\u00e9naga Grande de Santa Marta;  en ese sentido inform\u00f3 que la instituci\u00f3n est\u00e1 comprometida para atacar lo atinente a da\u00f1os ambientales en la zona de reserva.  [Folios 192- 211, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, la Contralora delegada para el sector del medio ambiente, enunci\u00f3 las diferentes funciones de advertencia que ha ejecutado, as\u00ed como de los informes de seguimiento y auditor\u00edas como gesti\u00f3n adelantada dentro de su competencia y funci\u00f3n de vigilancia. [Folios 228- 232, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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       A su turno, la apoderada de  la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Magdalena \u2013Corpamag, solicit\u00f3 declarar improcedente la tutela enlist\u00f3 las diferentes inversiones que se han efectuado para la preservaci\u00f3n del medio ambiente, como dragados, contratos de obras de recuperaci\u00f3n y mantenimiento de ca\u00f1os principales y secundarios; y a su vez, relacion\u00f3 el estado de la ejecuci\u00f3n, valor y contratistas.  <\/span><\/p>\n

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Igualmente, enunci\u00f3 los procesos sancionatorios ambientales que adelanta de conformidad con la Ley 1333 de 2009;  no obstante con lo mentado, acus\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, tras arg\u00fcir que los actores no acreditaron, ni siquiera sumariamente, su calidad de pescadores, ni allegaron copia del auto administrativo mediante el cual, la AUNAP les otorga autorizaci\u00f3n para realizar la pesca artesanal que aducen en su escrito introductor.  [Folios 233- 258, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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El representante judicial de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca \u2013SUNAP-, luego de hacer unas precisiones acerca de la competencia de la entidad, detall\u00f3 una serie de acciones en materia de fomento, control y vigilancia de la actividad pesquera en esa regi\u00f3n, tales como carnetizaci\u00f3n, entrega de insumos para el ejercicio adecuado de la pesca, inspecciones oculares, reuniones interinstitucionales, entre otras. [Folios 426- 434, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Luego, el Secretario Seccional de Salud del Magdalena pidi\u00f3 ser absuelto, como quiera que su competencia se supedita a la vigilancia y control de que trata la Ley 715 de 2001. [Folios 445- 446, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del R\u00edo Grande de la Magdalena \u2013CORMAGDALENA, solicit\u00f3 ser desvinculada pues el objeto de la entidad es velar por el desarrollo sostenible, la protecci\u00f3n de recursos naturales, la adecuaci\u00f3n de tierras y la generaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda, provenientes del r\u00edo Magdalena, y no el de prevenir desastres que se llegaren a ocurrir. [Folios 447- 449, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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El Coordinador del grupo de atenci\u00f3n a procesos judiciales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, pidi\u00f3 igualmente ser desvinculada por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva pues la AUNAP es la competente para adelantar los proyectos que pretenden los accionantes, implementar. [Folios 453- 456, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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El Procurador Regional del Magdalena, se refiri\u00f3 a las actuaciones desarrolladas en asuntos ambientales. [Folios 461- 463, y 475 \u2013 485 c. 1]  <\/span><\/p>\n

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El apoderado judicial del Departamento del Magdalena, por su parte, inform\u00f3 que expidi\u00f3 el Decreto N\u00b0 0381 de 12 de agosto de 2016, mediante el cual dio apertura a la Declaratoria de la situaci\u00f3n de calamidad p\u00fablica que aqueja a la Ci\u00e9naga;  a su vez, se refiri\u00f3 a las ayudas humanitarias que ha entregado, y al acompa\u00f1amiento de monitoreo y medici\u00f3n de los caudales de los r\u00edos que aportan agua dulce a la regi\u00f3n; en ese entendido suplic\u00f3 ser exonerada de responsabilidad  en la acci\u00f3n de tutela.  [Folios 545- 549, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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El Instituto Colombiano Agropecuario \u2013ICA, por intermedio de su representante judicial, explic\u00f3 que ninguno de los hechos acusados, le eran de su competencia, pues se trat\u00f3 de asuntos netamente ambientales, y en ese sentido la acci\u00f3n se torna improcedente frente a ella, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. [Folios 563- 577, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Parques Nacionales Naturales de Colombia, por intermedio de apoderado, manifest\u00f3 que ha adelantado las acciones que se enmarcan dentro de su competencia, tales como actividades de prevenci\u00f3n, vigilancia y control en coordinaci\u00f3n con la fuerza p\u00fablica, adem\u00e1s de la ejecuci\u00f3n de proyectos sancionatorios y de gesti\u00f3n ambiental.  [Folios 581- 596, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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El Municipio de Zapay\u00e1n, coincidi\u00f3 con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en solicitar la negativa de amparo por recaer el asunto, sobre derechos colectivos que pueden ser amparados a trav\u00e9s de otros medios de defensa. [Folios 674- 687 y 721- 745, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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La Asesora Jur\u00eddica del municipio de Fundaci\u00f3n, inform\u00f3 que ha realizado labores de limpieza del ca\u00f1o el Rihito que atraviesa esa municipalidad y desemboca en el r\u00edo San Sebastian, y ha realizado acciones tendientes a la descontaminaci\u00f3n de \u00e9ste \u00faltimo que desemboca en la Ci\u00e9naga Grande de Santa Marta.  [Folios 608- 665, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras \u2013INVEMAR-, indic\u00f3 que ha realizado por m\u00e1s de 20 a\u00f1os monitoreo del bosque de manglar, de los recursos pesqueros y de la calidad de aguas de la Ci\u00e9naga Grande de Santa Marta, que ha brindado apoyo t\u00e9cnico a la ecorregi\u00f3n a trav\u00e9s de la participaci\u00f3n de distintas mesas de trabajo y que por ser un \u00f3rgano de car\u00e1cter meramente t\u00e9cnico, no ejerce actos de autoridad ambiental. [Folios 693- 694, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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El Comandante del Departamento de Polic\u00eda del Magdalena, mencion\u00f3 seguimientos hechos a infractores en la reserva y cont\u00f3 que ha denunciado los casos presenciados para efectos de que sean investigados. [Folios 867- 926, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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La Personer\u00eda Municipal de Puebloviejo, pidi\u00f3 tenerlos como coadyuvante de los accionantes, tras denunciar infracciones como contaminaci\u00f3n org\u00e1nica, sobre pesca y ausencia de gesti\u00f3n integral. [Folios 927- 932, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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La Defensora del Pueblo Regional del Magdalena tambi\u00e9n solicit\u00f3 el amparo por la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales y colectivos de los accionantes. [Folios 972- 976, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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El Capit\u00e1n de Puerto de Santa Marta, y el Comandante de Polic\u00eda Metropolitana de Santa Marta, alegaron la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, toda vez que dentro de sus funciones, no se encuentra la protecci\u00f3n del ecosistema de la Ci\u00e9naga de Santa Marta.  [Folios 938- 958, y 1023- 1024 c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 25 de noviembre de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta deneg\u00f3 el amparo suplicado, tras considerar que la acci\u00f3n de tutela no es procedente para proteger derechos colectivos;  adem\u00e1s de que se acredit\u00f3 la existencia de una acci\u00f3n popular como mecanismo de defensa promovido por Laura Esther Murgas Saurith contra Corpamag, Cormagdalena y ese departamento, en donde se ampararon los derechos colectivos del municipio de Sitio nuevo. [Folios 116 -122, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, los promotores de la queja la impugnaron, para lo cual expresaron que la acci\u00f3n popular como mecanismo ordinario no siempre es id\u00f3neo, ni puede brindar una protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales.  Arguy\u00f3 que no solo discuten derechos colectivos, pues sus garant\u00edas fundamentales se est\u00e1n viendo vulneradas con el deterioro ambiental, tales como la vida digna, el m\u00ednimo vital, el trabajo y la alimentaci\u00f3n.  [Folios 1229- 1224, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola, entre otros, con los principios de inmediatez y subsidiaridad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De acuerdo con el \u00faltimo postulado, la tutela s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza y, por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que se examina, la queja de los reclamantes est\u00e1 cimentada en lo medular, en el deterioro ambiental que aqueja a la Ci\u00e9naga Grande de Santa Marta, principalmente en la disminuci\u00f3n de recursos, como agua dulce que abastece a esa regi\u00f3n, m\u00e1s si se tiene en cuenta que la actividad econ\u00f3mica principal de sus habitantes es la pesca;  a juicio de los censores, esta situaci\u00f3n, no solo se transgrede de derechos colectivos, sino que adem\u00e1s se extienden a la esfera de sus derechos fundamentales, tales como el trabajo, alimentaci\u00f3n y salubridad.  <\/span><\/p>\n

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Para empezar, advierte esta Sala que los tutelantes, pese a los extensos reproches que hacen del deterioro de su ambiente y de las acusaciones como \u00abfalta de mantenimiento y dragado adecuado de ca\u00f1os que conectan el r\u00edo Magdalena con la CGSM y ausencia de acciones integrales para garantizar el necesario intercambio hidrol\u00f3gico\u00bb, \u00abaprovechamiento excesivo de agua dulce por parte de particulares y otras afectaciones relacionadas con la agroindustria\u00bb, y, \u00abproyectos de infraestructura y construcci\u00f3n de v\u00edas\u00bb, en nada mencionan, haberse dirigido directamente a cada una de las autoridades encausadas, para efectos de que sean ellas, las encargadas de atender sus diferentes pedimentos, pues conforme se observa, las distintas entidades accionadas, pusieron en conocimiento del juez de tutela, el sinn\u00famero de gestiones realizadas tendientes a atender la afectaci\u00f3n ambiental de la reserva protegida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que, constituye requisito sine qua non para acudir a la acci\u00f3n de tutela, la existencia de una solicitud anterior a las autoridades cuestionadas, para que adelanten los procedimientos respectivos de su competencia y la falta de pronunciamiento de aquellas o una decisi\u00f3n caprichosa o infundada frente al pedimento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed lo puntualiz\u00f3 recientemente esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026advierte la Sala que la queja constitucional tampoco cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que la salvaguarda superior opera \u00fanicamente cuando quien la solicita se dirigi\u00f3 previamente ante las autoridades accionadas para poner en conocimiento su reclamo, sin obtener respuesta o porque la misma result\u00f3 arbitraria\u2026\u00bb (CSJ STC 9813-2016)  <\/span><\/p>\n

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Entonces, corresponde a los actores formular ante las autoridades accionadas, petici\u00f3n tendiente a que se realicen los mantenimientos de las aguas que pretende, as\u00ed como gestiones de inclusi\u00f3n de la comunidad afectada, y las dem\u00e1s s\u00faplicas que relaciona en su ac\u00e1pite de peticiones de este escrito tutelas, con miras a garantizar los derechos fundamentales que dicen, les est\u00e1n siendo vulnerados con la falta de intervenci\u00f3n administrativa.  <\/span><\/p>\n

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1. Ahora bien, con relaci\u00f3n en con el resguardo que busca del derecho colectivo de un ambiente sano, y de los que de all\u00ed desprende, la Sala considera que aquellos deben ser expuestos en el escenario natural para su resoluci\u00f3n, cu\u00e1l es, la acci\u00f3n popular, herramienta, tambi\u00e9n de car\u00e1cter constitucional y por tanto c\u00e9lere y efectiva, para obtener un pronunciamiento de fondo sobre problem\u00e1ticas como las que los  promotores de esta queja ponen de presente en su demanda, de donde se desprende que est\u00e1n involucradas diversas prerrogativas de la colectividad, esto es, factores externos que afectan a los habitantes de los pueblos palafitos de Nueva Venecia y Buena Vista \u2013corregimientos de Sitionuevo- y que se derivan, aparentemente, del abuso de los recurso naturales que le endilgan gen\u00e9ricamente a terceros que al parecer, explotan indiscriminadamente la zona.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A trav\u00e9s de aquella s\u00faplica, cuyo tr\u00e1mite preferente y sumario est\u00e1 previsto en la Ley 472 de 1998, los accionantes, como habitantes de la Ci\u00e9naga Grande de Santa Marta tendr\u00e1n la posibilidad de acreditar las afecciones que los hechos que motivan esta queja, han tra\u00eddo para su vida en comunidad, su salubridad y seguridad alimentaria, as\u00ed como el detrimento de su principal actividad econ\u00f3mica, en aras de que se adopten las medidas que resulten pertinentes para proteger y restablecer aquellas garant\u00edas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el objeto y la efectividad de ese mecanismo, se ha puntualizado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026Con el ejercicio de las acciones populares se busca proteger los derechos e intereses colectivos de todas aquellas actividades que ocasionen perjuicios a amplios sectores de la comunidad, como por ejemplo la inadecuada explotaci\u00f3n de los recursos naturales, los productos m\u00e9dicos defectuosos, la imprevisi\u00f3n en la construcci\u00f3n de una obra, el cobro excesivo de bienes o servicios, la alteraci\u00f3n en la calidad de los alimentos, la publicidad enga\u00f1osa, los fraudes del sector financiero etc.  <\/span><\/p>\n

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Estos derechos colectivos se caracterizan porque son derechos de solidaridad, no son excluyentes, pertenecen a todos y cada uno de los individuos y  no pueden existir sin la cooperaci\u00f3n entre la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional. En este sentido los derechos colectivos generan en su ejercicio una doble titularidad, individual y colectiva, que trasciende el \u00e1mbito interno. Tambi\u00e9n los derechos colectivos se caracterizan porque exigen una labor anticipada de protecci\u00f3n y, por ende,  una acci\u00f3n pronta de la justicia para evitar su vulneraci\u00f3n u obtener, en dado caso, su restablecimiento. De ah\u00ed que su defensa sea eminentemente preventiva. Otro rasgo es que superan la tradicional divisi\u00f3n entre el derecho p\u00fablico y el derecho privado. Adem\u00e1s, son de \u00edndole participativo, puesto que mediante su protecci\u00f3n se busca que la sociedad delimite los par\u00e1metros dentro de los cuales se pueden desarrollar las actividades productivas y socialmente peligrosas. Igualmente, los derechos colectivos son de amplio espectro en la medida en que no pueden considerarse como un sistema cerrado a la evoluci\u00f3n social y pol\u00edtica. Finalmente, estos derechos tienen car\u00e1cter conflictivo en tanto y en cuanto implican transformaciones a la libertad de mercado.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Incluso, en aquella actuaci\u00f3n el resguardo contar\u00e1 con la participaci\u00f3n activa de los agentes de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, ya que su vinculaci\u00f3n a ese tipo de acciones es forzosa, para que expongan su postura frente al reclamo de protecci\u00f3n colectiva y aporten a la soluci\u00f3n de la controversia, en condici\u00f3n de garantes de los derechos all\u00ed discutidos.  <\/span><\/p>\n

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No es procedente, ni siquiera como mecanismo transitorio el amparo aqu\u00ed reclamado, por cuanto la acci\u00f3n natural para discutir el asunto, dados los perentorios t\u00e9rminos en que debe ser tramitada y resuelta (art\u00edculos 6\u00ba, 17, 20, 21, 22, 27, 28 y 33 de la Ley 472 de 1998), as\u00ed como la posibilidad de solicitar medidas cautelares (art\u00edculo 25, ej\u00fasdem), se muestra efectiva para la defensa implorada.  <\/span><\/p>\n

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1. Con fundamento en las consideraciones que se acaban de exponer, se concluye que la solicitud de amparo estaba destinada al fracaso y por ende, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.    <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1934-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2016-00267-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99423","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99423","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99423"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99423\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99423"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99423"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99423"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}