{"id":99428,"date":"2026-06-25T18:28:52","date_gmt":"2026-06-25T18:28:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1939-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:28:52","modified_gmt":"2026-06-25T18:28:52","slug":"stc1939-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1939-2017\/","title":{"rendered":"STC1939-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1939-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-00989-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de enero de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, el Procurador Delegado en Acciones Populares y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Alcald\u00eda Municipal de aquella urbe, la Defensor\u00eda del Pueblo  y el Ministerio P\u00fablico Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

1.        El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a)        Al despacho judicial acusado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(i)        Dejar sin efecto el auto que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n popular con radicaci\u00f3n 2015-01342-00.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(ii)        Tramitar la apelaci\u00f3n propuesta frente al auto que declar\u00f3 el mencionado desistimiento t\u00e1cito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)        A la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas cumplir con el deber de impetrar acciones de tutela y populares en nombre del tutelante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c)        Compulsar copias con destino a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que investigue la omisi\u00f3n de la provincial referida a espacio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El quejoso en apoyo de tales pretensiones adujo, en s\u00edntesis, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        En la acci\u00f3n popular que formul\u00f3 Leandro Giraldo, donde act\u00faa el tutelante como coadyuvante, contra Bancolombia1, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, dicha autoridad puso fin a la misma, por desistimiento t\u00e1cito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Se duele de que el estrado acusado haya decretado el desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n popular, porque es una figura jur\u00eddica que no la prev\u00e9 la ley 472 de 1998, y de que no se haya tramitado la apelaci\u00f3n interpuesta frente a esa providencia, \u00abolvidando que la acci\u00f3n es de doble instancia y s[\u00ed] procede la alzada, seg\u00fan el CGP y como lo ha manifestado la Sala Plena del Consejo de Estado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Agreg\u00f3 que la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas se ha negado a instaurar acciones de tutela y populares en nombre de \u00e9l.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que dentro de las inmensurables acciones populares presentadas por el tutelante, se ha designado a diferentes funcionarios para dar cumplimiento a lo reglado en art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998; no obstante, advierte que la acci\u00f3n popular objeto de queja no fue promovida por aquella entidad y que su intervenci\u00f3n en esos asuntos est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos colectivos, lo que se produce en el correspondiente pacto de cumplimiento, el que no hab\u00eda sido comunicado a esa agencia, por lo que el resguardo deb\u00eda denegarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Alcald\u00eda Municipal de Pereira solicit\u00f3 declarar improcedente el tramite tutelar, toda vez que no est\u00e1 llamada a responder por la supuesta afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados y presuntamente vulnerados por otras entidades (folios 22 y 23, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia declar\u00f3 improcedente el amparo tutelar al concluir que \u00abel demandante no interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el auto que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n popular bajo el radicado 2015-01342-00\u00bb, por lo que \u00abno empleo en forma adecuada el medio ordinario de protecci\u00f3n con que contaba en el proceso para obtener lo que pretende que sea decidido por v\u00eda de tutela\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a la renuencia de la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, referente a formular acciones de tutela y populares a nombre del quejoso, se desestim\u00f3 la salvaguarda al encontrar que el gestor no acredit\u00f3 haber realizado tal petici\u00f3n ante la entidad convocada.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo manifestando que el accionado se niega a conceder recurso de alzada frente al auto que termin\u00f3 la acci\u00f3n popular a trav\u00e9s de la figura inexistente del \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que aquel despacho desconoce lo ordenado en los articulo 5 y 84 de la ley 472 de 1998, evidenci\u00e1ndose que se impone continuar de oficio el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular, considerando que se trata de un tr\u00e1mite constitucional (folio 87, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Corte, la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, pues si el promotor de la acci\u00f3n popular o el coadyuvante de la misma, ten\u00edan el medio de defensa judicial id\u00f3neo para criticar los supuestos yerros que se\u00f1ala por esta v\u00eda el actor, se vislumbra que los mismos no los agotaron dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular2, por lo que la presente demanda constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales acaecidas, en contrav\u00eda del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el quejoso no interpuso ning\u00fan recurso frente al prove\u00eddo del 3 de octubre de 2016, que declar\u00f3 terminada la acci\u00f3n popular, por desistimiento t\u00e1cito, por lo que era determinaci\u00f3n cobr\u00f3 ejecutoria, sin que su incuria pueda subsanarse con la interposici\u00f3n del presente reclamo tutelar.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que:  <\/span><\/p>\n

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No basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ago. 2008, Rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015 y STC612-2016).  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

3.        Finalmente, en torno a la cr\u00edtica enfilada contra la Defensor\u00eda del Pueblo de la Regional Caldas, esta Corporaci\u00f3n ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en ocasi\u00f3n pasada respecto de los mismos hechos y pretensiones, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales. Por ende, la presente acci\u00f3n con relaci\u00f3n a dicha inconformidad se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este caso, como en otras acciones de tutela que previamente ha conocido esta Corporaci\u00f3n, el accionante invoca la afectaci\u00f3n del debido proceso, presuntamente conculcado con la negativa de aquella entidad a interponer tutelas en nombre de \u00e9l. Por ende, el conflicto y los presupuestos f\u00e1cticos son id\u00e9nticos a los de los reclamos denegados en pasadas ocasiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En asuntos que guardan similitud con el presente, la Corte ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, 4 ag., rad. 2016-00554-01; y STC16973-2016, 24 nov., rad. 2016-00362-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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ACLARACI\u00d3N DE VOTO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comparto el criterio expuesto por la Sala en la sentencia emitida en el asunto objeto de estudio, en cuanto a su improcedencia, pero no solo por el argumento que all\u00ed se expuso, esto es, la incuria del accionante al dejar de utilizar el medio defensivo id\u00f3neo con que contaba para controvertir el desistimiento t\u00e1cito decretado, sino tambi\u00e9n por las razones que a continuaci\u00f3n se expondr\u00e1n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La solicitud de amparo tampoco satisfac\u00eda el requisito de la subsidiariedad, en tanto el actor constitucional est\u00e1 en posibilidad de incoar nuevamente su queja por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, sin aguardar al transcurso de los seis (6) meses a que hace alusi\u00f3n el literal f del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del proceso, ya que al tratarse de prerrogativas de car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, no les son aplicables las sanciones derivadas de la figura jur\u00eddica en comento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De modo que si el hecho da\u00f1oso o amenazante persiste, el tutelante puede acudir a la administraci\u00f3n de justicia a solicitar las respectivas medidas de protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n popular.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque, para el suscrito, la naturaleza constitucional y oficiosa de la acci\u00f3n en comento, impide aplicar el fen\u00f3meno jur\u00eddico del desistimiento t\u00e1cito y sus consecuencias sancionatorias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

La acci\u00f3n popular es un mecanismo de estirpe constitucional, instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las colectividades (Art. 2\u00ba, Ley 472 de 1998), de ah\u00ed que est\u00e9 consagrado como una herramienta preferente (Art. 6\u00ba, ejusdem), cuyo tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n no pueden quedar supeditados a la realizaci\u00f3n de ciertos actos procesales por parte de los sujetos procesales intervinientes (Art. 5\u00ba, inc. 3\u00ba, ib\u00eddem), porque en virtud de sus facultades oficiosas, el juzgador est\u00e1 en el deber de adoptar los correctivos que estime necesarios para continuar con su curso normal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No en van  o el legislador impuso al funcionario a cargo de las diligencias, la obligaci\u00f3n de \u00ab\u2026impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De la forma que precede, y con el mayor respeto, dejo expresada mi aclaraci\u00f3n de voto.   <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 Sucursal ubicada en la calle 35 N\u00ba 14-16 de Bucaramanga.    <\/span><\/p>\n

2 Folio 11, cuaderno 1.      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC1939-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-00989-02   (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99428","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99428","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99428"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99428\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99428"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99428"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99428"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}