{"id":99430,"date":"2026-06-25T18:29:06","date_gmt":"2026-06-25T18:29:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1941-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:29:06","modified_gmt":"2026-06-25T18:29:06","slug":"stc1941-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1941-2017\/","title":{"rendered":"STC1941-2017"},"content":{"rendered":"

      ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1941-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2017-00003-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto, en la acci\u00f3n de tutela que Pedro Alexander Vidal Ordo\u00f1ez promueve contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, tr\u00e1mite a los que fueron vinculados el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC- y la Universidad Manuela Beltr\u00e1n.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo constitucional a la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, libertad para escoger profesi\u00f3n u oficio, igualdad y trabajo, que considera vulnerados por las autoridades accionadas, quienes debido a los tatuajes que tiene en su cuerpo  decidieron excluirlo del concurso de Dragoneante del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se le declare apto y se le permita continuar en la convocatoria.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El accionante se inscribi\u00f3 en la Convocatoria No. 335 de 2016 adelantada por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil para proveer las vacantes del empleo de Dragoneante, c\u00f3digo 4114, grado 11 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.  <\/span><\/p>\n

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2. Seg\u00fan el acuerdo 563 de 14 de enero de 2016 el concurso est\u00e1 integrado por dos fases, la primera, compuesta por cuatro pruebas – Psicolog\u00eda Cl\u00ednica, Valores, F\u00edsico-Atl\u00e9tica y Entrevista -, y la segunda, encaminada a la formaci\u00f3n te\u00f3rico pr\u00e1ctica de sus participantes.   <\/span><\/p>\n

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Los aspirantes que superaron la primera etapa, deb\u00edan someterse a una valoraci\u00f3n m\u00e9dica, tendiente a establecer las inhabilidades cl\u00ednicas que se pudieran presentar. En caso de encontrarse alguna, el aspirante resultar\u00eda NO APTO y, por tanto, excluido del concurso.  <\/span><\/p>\n

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3. El accionante aprob\u00f3 satisfactoriamente las pruebas integrantes de la primera etapa del curso.  <\/span><\/p>\n

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4. El 4 de noviembre de 2016 se publicaron los resultados de la valoraci\u00f3n m\u00e9dica, arrojando que el mismo era \u00abNO APTO\u00bb por cuanto el aspirante \u00abpresenta una inhabilidad con relaci\u00f3n al examen m\u00e9dico ocupacional tatuaje\u00bb  <\/span><\/p>\n

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5. En vista de lo anterior, el accionante, dentro de la oportunidad pertinente, present\u00f3 reclamaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6. En respuesta a su solicitud, la universidad Manuela Beltr\u00e1n mantuvo la exclusi\u00f3n del concurso, pues \u00ablas cicatrices o tatuajes en sitios visibles que permitan la identificaci\u00f3n y se\u00f1alamiento del personal de la instituci\u00f3n por parte de los internos, se traduce en una inhabilidad por razones de seguridad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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7. El peticionario acude al amparo constitucional por considerar que se le est\u00e1n vulnerando sus derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de su exclusi\u00f3n del concurso, pues los tatuajes no impiden el ejercicio de las funciones a las que aspira.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 13 de enero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela formulada por el accionante y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y la Universidad Manuela Beltr\u00e1n, para que ejercieran su derecho a la defensa.   <\/span><\/p>\n

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2. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC se\u00f1al\u00f3 que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que no ha vulnerado los derechos invocados y no le corresponde otorgar lo solicitado por el accionante.  <\/span><\/p>\n

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La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil manifest\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n constitucional es improcedente porque el promotor cuenta con otros mecanismos de defensa para atacar la legalidad de los actos administrativos expedidos en el desarrollo de la Convocatoria 335 de 2016.  <\/span><\/p>\n

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3. El Tribunal Superior de Pasto, en fallo de 24 de enero \u00faltimo, concedi\u00f3 el amparo por estimar que las razones que dieron lugar a la exclusi\u00f3n del participante no constituye una discapacidad que imposibilite el ejercicio del cargo ofertado.  <\/span><\/p>\n

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4. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil impugn\u00f3 la decisi\u00f3n por considerar que no ha vulnerado los derechos del participante, pues las reglas del concurso fueron establecidas desde su apertura y el mismo se someti\u00f3 a su cumplimiento al momento de su inscripci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Los concursos de m\u00e9ritos, son el mecanismo id\u00f3neo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida las capacidades, la preparaci\u00f3n y las aptitudes generales y espec\u00edficas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempe\u00f1arlo. El concurso, por su propia naturaleza de competitividad, se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior significa que tales medios de selecci\u00f3n deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad con las disposiciones que se establecen en las respectivas convocatorias. Todo ello con el fin de preservar los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones de la administraci\u00f3n; de conferir vigencia al principio de buena fe y la confianza leg\u00edtima; y de garantizar el principio de la igualdad y el acceso a los cargos p\u00fablicos de las personas que participen y superen las respectivas pruebas.  <\/span><\/p>\n

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Por manera que cualquier desconocimiento a las reglas preestablecidas en las respectivas convocatorias, constituye una violaci\u00f3n, tanto de los principios arriba se\u00f1alados, como al derecho fundamental al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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2. En cuanto a la acci\u00f3n de tutela, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de sus principios esenciales es el de subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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Postulado que est\u00e1 referido a la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna de los derechos objeto de violaci\u00f3n o amenaza, toda vez que al amparo no se le puede considerar como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, se ha establecido que en trat\u00e1ndose de concursos de m\u00e9ritos, es posible la flexibilizaci\u00f3n de tal requisito, cuando sea evidente que las exigencias de ingreso y permanencia en \u00e9stos no sean razonables y proporcionales a las necesidades del cargo ofertado y generen tratos discriminatorios entre los participantes.  <\/span><\/p>\n

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3. En el presente caso, el peticionario acude a la acci\u00f3n de tutela por considerar que su exclusi\u00f3n de la convocatoria 335 de 2016 realizada por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil para proveer el cargo de Dragoneante del Inpec, genera la vulneraci\u00f3n del derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.  <\/span><\/p>\n

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Frente a la citada garant\u00eda de orden constitucional, ha establecido la jurisprudencia que es \u00abla facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacci\u00f3n, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los dem\u00e1s\u00bb, con las limitaciones que exijan el orden p\u00fablico y los derechos de los conciudadanos, adem\u00e1s de las que la naturaleza de las cosas impongan, es claro que las personas tienen el derecho de determinar, con las restricciones rese\u00f1adas, las caracter\u00edsticas de que fijen su individualidad\u00bb1.   <\/span><\/p>\n

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En ese orden, advierte la Sala la necesidad de conceder el resguardo peticionado, pues aunque la acci\u00f3n constitucional deprecada no es viable cuando existen otros mecanismos de defensa, concretamente las acciones contencioso administrativas, las razones que motivaron su exclusi\u00f3n han sido consideradas por la jurisprudencia constitucional como discriminatorias y violatorias del principio constitucional contenido en el art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto la Corte Constitucional, en sentencia T-030 de 2014 estableci\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) \u00abEl derecho a la propia imagen por ser inseparable de la persona y emanaci\u00f3n directa de \u00e9sta, queda dentro del \u00e1mbito de protecci\u00f3n que determina el art\u00edculo 14 de la C.P. De otro lado, la relativa disponibilidad de la propia imagen, en cuanto se realice, traduce una forma de autodeterminaci\u00f3n del sujeto, e igualmente podr\u00eda entrar en la \u00f3rbita del derecho al libre desarrollo de la personalidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, \u2026 considerar como no apta para el servicio penitenciario y carcelario a un candidato que presente tatuajes o incluso cicatrices por retiro de los mismos, y manifiestamente inconstitucional por cuanto lesiona gravemente los derechos fundamentales a la identidad personal y a la propia imagen, ya que se trata de una medida irrazonable y manifiestamente desproporcionada que vulnera el contenido de los mismos. En efecto, la medida no persigue un objetivo constitucionalmente v\u00e1lido, por cuanto el mantenimiento de la autoridad y el orden en los centros de reclusi\u00f3n del pa\u00eds no se logra coartando los derechos fundamentales de los guardianes. Sin duda, la presencia de un tatuaje, o la ausencia de \u00e9ste, no inciden en la vigencia de los principios de supervisi\u00f3n correccional. De igual forma, la medida carece de razonabilidad por cuanto se soporta, como se ha visto, en un simple prejuicio social, consistente en asociar los tatuajes con la criminalidad. En otros t\u00e9rminos, en se parte del supuesto de que un futuro guardi\u00e1n, en tanto que agente de la disciplina, no puede asemejarse en absoluto a sus subordinados, olvidando por completo que el respeto y la autoridad no se ganan con simples s\u00edmbolos externos del mismo sino con un comportamiento \u00e9tico intachable.  <\/span><\/p>\n

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En otras palabras, la presencia de un tatuaje no guarda relaci\u00f3n alguna con las necesarias condiciones f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas que debe cumplir una persona que aspire a ser guardi\u00e1n de prisiones.  <\/span><\/p>\n

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De tal suerte que la medida termina siendo inid\u00f3nea e innecesaria para la consecuci\u00f3n del fin de preservar el orden en los centros de reclusi\u00f3n del pa\u00eds, por cuanto tal objetivo se puede alcanzar recurriendo a otros medios menos lesivos para el disfrute de los derechos fundamentales; tanto m\u00e1s en casos como el presente cuando el propio accionante estaba dispuesto a retirarse su tatuaje con el prop\u00f3sito de ser admitido al curso para ser dragoneante del INPEC\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, surge la procedencia del amparo, ya que las razones expuestas por la autoridad judicial accionada para excluir al aspirante no pueden considerarse v\u00e1lidas desde ning\u00fan punto de vista, en la medida en que se fundan en estereotipos imposibles de superar y que se tornan evidentes ante la falta de coherencia en su justificaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior de atender que la presencia del tatuaje, seg\u00fan la convocatoria y el profesiograma integrante de las normas que la regulan, se anuncia como una inhabilidad de tipo m\u00e9dico, no obstante, su fundamentaci\u00f3n no guarda relaci\u00f3n con alguna clase de patolog\u00eda adversa que estos puedan generar, sino en razones de seguridad que  tampoco son comprensibles, en la medida en que la identificaci\u00f3n de una persona tambi\u00e9n se logra con la verificaci\u00f3n de sus caracter\u00edsticas biol\u00f3gicas (color de piel, cabello, rasgos faciales, etc.)  <\/span><\/p>\n

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De ese modo, la sola presencia de tatuajes en el cuerpo del accionante no puede considerarse suficiente para demostrar que el mismo se encuentra inhabilitado desde el punto de vista m\u00e9dico para ejercer las funciones del empleo.  <\/span><\/p>\n

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4 Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el amparo otorgado en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 T-594 de 1993.      <\/span><\/p>\n

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