{"id":99431,"date":"2026-06-25T18:29:13","date_gmt":"2026-06-25T18:29:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1942-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:29:13","modified_gmt":"2026-06-25T18:29:13","slug":"stc1942-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1942-2017\/","title":{"rendered":"STC1942-2017"},"content":{"rendered":"

      ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1942-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02777-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecisiete de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que Gloria In\u00e9s Gamboa Londo\u00f1o, Mar\u00eda Paula Alonso Gamboa e Inversiones Londo\u00f1o Gonz\u00e1lez Ltda. promovieron contra el Juzgado Quince Civil del Circuito de esta ciudad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y la doble instancia, los cuales consideran vulnerados por parte del despacho accionado, quien declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia, pese a que cancelaron las expensas necesarias para la reproducci\u00f3n del expediente dentro de la oportunidad pertinente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pretenden, en consecuencia, que se deje sin efecto la referida decisi\u00f3n y, en su lugar, se le d\u00e9 tr\u00e1mite al medio de impugnaci\u00f3n presentado. [Folio 22, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Juli\u00e1n \u00c1lvaro Urbina Jim\u00e9nez present\u00f3 demanda ejecutiva mixta en contra Mario Fajardo S\u00e1nchez, Glor\u00eda In\u00e9s Gamboa Londo\u00f1o, Fernando Alonso Gonz\u00e1lez, Mar\u00eda Paula Alonso Gamboa, Scala Publicidad y Suministros Ltda. e Inversiones Londo\u00f1o Gonz\u00e1lez Ltda. a fin de obtener el pago de $513\u2019013.479 representados en un pagar\u00e9 y garantizados con hipoteca constituida sobre el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 080-948 de Cartagena, cuya titularidad estaba en cabeza de Mar\u00eda Paula Alonso Gamboa. [Folio 7, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. Efectuada la notificaci\u00f3n de Gloria In\u00e9s Gamboa Londo\u00f1o e Inversiones Londo\u00f1o Gonz\u00e1lez Ltda., mediante autos de 11 de abril y 14 de noviembre de 2013 se acept\u00f3 el desistimiento de las pretensiones formuladas frente a Mario Fajardo S\u00e1nchez, de un lado, y respecto de Scala Publicidad & Suministros Ltda. y Fernando Alonso Gonz\u00e1lez, de otro. [Folio 8, c.1]     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Dentro de la oportunidad pertinente los demandados contra los que continuaba la ejecuci\u00f3n, formularon excepci\u00f3n de extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por novaci\u00f3n; transformaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de pagar suma liquida de dinero en obligaci\u00f3n de dar; extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por remisi\u00f3n como consecuencia del desistimiento de la acci\u00f3n en favor de FERNANDO ALONSO GONZALEZ; tacha del pagare e inexistencia de la obligaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Agotadas las etapas pertinentes, en audiencia celebrada el 26 de mayo de 2016 se emiti\u00f3 sentencia a trav\u00e9s de la cual se deneg\u00f3 la prosperidad de las excepciones formuladas por los demandados y, en consecuencia, se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n conforme se indic\u00f3 en el mandamiento de pago.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Inconforme con la decisi\u00f3n, el apoderado de las demandadas formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. En la diligencia, se concedi\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n en el efecto devolutivo y otorg\u00f3 el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas para que se cancelaran las expensas necesarias para la reproducci\u00f3n del expediente. [Folio 16, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Al d\u00eda siguiente la Secretar\u00eda del despacho dej\u00f3 la siguiente constancia \u00abcancela copias $94.600\u00bb  <\/span><\/p>\n

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8. Ese mismo d\u00eda se radic\u00f3 memorial suscrito por el apoderado judicial de Fernando Alonso Gonz\u00e1lez, quien alleg\u00f3 recibo correspondiente al arancel judicial y manifest\u00f3 que el pago de las expensas para que se surtiera la apelaci\u00f3n ya se hab\u00eda realizado.  <\/span><\/p>\n

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9. El 10 de junio siguiente el ejecutante solicit\u00f3 que se declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n, pues estim\u00f3 que quien sufrag\u00f3 el monto de las expensas no ten\u00eda inter\u00e9s para el efecto, en la medida en que no fue quien impugn\u00f3 ni es parte en el proceso. [Folio 80-83 c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. El 14 de junio la secretar\u00eda del despacho ingres\u00f3 el expediente al despacho con un informe, en donde expres\u00f3, entre otros, que \u00ablas copias para la apelaci\u00f3n fueron canceladas por quien suscribe los memoriales obrantes a folios 5541 y 552\u00bb  <\/span><\/p>\n

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11. Por auto de 24 de junio siguiente, el despacho rechaz\u00f3 el pago, por estimar que quien lo realiz\u00f3 \u00abno es parte procesal en este asunto, atendiendo lo resuelto en providencia de fecha 14 de noviembre de 2013\u00bb. En consecuencia declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n. [Folio 84, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. Inconforme con la decisi\u00f3n, los demandados formularon recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. Como sustento adujeron que las copias se cancelaron oportunamente como lo certific\u00f3 la secretar\u00eda del despacho y fue Gloria Gamboa quien suministr\u00f3 el dinero para el efecto, por lo que deb\u00eda remitirse el expediente al Tribunal para lo de su cargo.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

13. En auto de 17 de agosto se mantuvo la decisi\u00f3n cuestionada, tras advertir que el inter\u00e9s para cancelar las copias s\u00f3lo le asist\u00eda a Gloria In\u00e9s Gamboa Londo\u00f1o, Mar\u00eda Paula Alonso Gamboa e Intervenciones Londo\u00f1o Gonz\u00e1lez Ltda., quienes, de acuerdo con el informe secretarial de 14 de junio, no sufragaron las copias.  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado subsidiariamente, por impertinente.  <\/span><\/p>\n

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14.   Con amparo en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, los demandados solicitaron que se diera tr\u00e1mite al recurso de queja, pues por error invocaron subsidiariamente el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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16. Los ejecutados acuden al amparo constitucional, por considerar que las referidas decisiones vulneran sus garant\u00edas fundamentales y constituyen un excesivo rigorismo, en la medida en que el pago de las copias se hizo oportunamente, por quien ten\u00eda inter\u00e9s en ello, aclarando que las recurrentes son familiares de Fernando Alonso Gonz\u00e1lez, quien por razones de comodidad y eficacia fue el que se acerc\u00f3 al juzgado a entregar el valor de las expensas necesarias que para tal efecto le entreg\u00f3 la se\u00f1ora Gloria In\u00e9s Gamboa.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 14 de diciembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 45, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias manifest\u00f3 que de la vulneraci\u00f3n alegada por los accionantes no le es endilgarle, pues se remonta a decisiones adoptadas por su antecesor.  <\/span><\/p>\n

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El acreedor intervino en el tr\u00e1mite para solicitar que se denieguen las s\u00faplicas constitucionales, ya que, en su criterio, la decisi\u00f3n adopt\u00f3 el despacho accionada se ajusta a la normativa legal.  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 17 de enero de 2017, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, concedi\u00f3 el amparo por considerar que la decisi\u00f3n cuestionada vulnera el derecho a la doble instancia del accionado, en la medida en que el pago se hizo de forma oportuna. [Folio 121, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo con la decisi\u00f3n, el ejecutante la impugn\u00f3 por considerar que lo pretendido con la solicitud de amparo es remediar los errores procesales que les son atribuibles a los ejecutados.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.  En el presente asunto, como resultado del an\u00e1lisis de la decisi\u00f3n en contra la que se dirige el reclamo, esto es, la proferida el 24 de junio de 2016 por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por medio de la cual se dispuso rechazar el pago de las expensas necesarias para que se surtiera el recurso de apelaci\u00f3n y, por tanto, declarar la deserci\u00f3n del mismo, se advierte que el citado funcionario con ocasi\u00f3n a un excesivo rigorismo formal, quebrant\u00f3 el derecho a la doble instancia de los actores, por lo que debe confirmarse el amparo concedido en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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Frente al principio constitucional mencionado, espec\u00edficamente en lo tocante al recurso de apelaci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que es:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel medio m\u00e1s efectivo para remediar las irregularidades o desaciertos en que pueda incurrir el funcionario del conocimiento de una puntual actuaci\u00f3n judicial, de manera que el mismo se constituye en \u2018una piedra angular dentro del Estado de derecho\u2019, como quiera que garantiza, en forma plena y eficaz, el derecho de defensa al permitir que \u2018el superior jer\u00e1rquico del funcionario encargado de tomar una decisi\u00f3n en primera instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al convencimiento de que la determinaci\u00f3n adoptada se fundament\u00f3 en suficientes bases f\u00e1cticas y legales o que, por el contrario, desconoci\u00f3 pruebas, hechos o consideraciones jur\u00eddicas que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente\u00bb (CSJ STC 11 Nov. 2010, rad. 1872-00 reiterada, entre otras, el 12 Mar. 2012, rad. 2011-00392-01 y 13 Nov. 2013, rad. 00201-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al paso de lo anterior, se ha establecido de forma reiterada que el ejercicio del derecho a la doble instancia, implica para el recurrente el cumplimiento de las cargas que la ley le impone, como es el pago de las expensas necesarias para la reproducci\u00f3n del expediente, en los casos en los que el juez de primera instancia conserve competencia para adelantar alg\u00fan tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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Deber que, como se ha advertido en reiteradas ocasiones, tiene como finalidad el tr\u00e1mite adecuado del medio de impugnaci\u00f3n, pues \u00abla imposibilidad de que el recurso se surta sin el cumplimiento de esa carga  procesal no es solo jur\u00eddica sino f\u00edsica, en la medida en que las situaciones acusadas se refieren al recurso de apelaci\u00f3n en los efectos devolutivo y diferido, en los cuales el juez de primera instancia conserva competencia para decidir sobre ciertos asuntos, por lo que no puede enviar la totalidad del expediente a su superior ya que dejar\u00eda insolutas las situaciones sobre las cuales est\u00e1 llamado a resolver; de lo contrario, incumplir\u00eda con sus obligaciones.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Dicha carga procesal, por consiguiente, atiende a una necesidad f\u00e1ctica derivada del tr\u00e1mite del recurso que no se puede desconocer. La consecuencia de ese incumplimiento, da lugar a una situaci\u00f3n desfavorable para el apelante pero que no vulnera sus derechos al debido proceso, de igualdad o de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues busca facilitar, precisamente, el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n y, en caso de que el interesado no disponga lo necesario para que esto ocurra, sancionarlo con la improcedencia del medio de impugnaci\u00f3n, declarando desierto el recurso, lo cual resulta a todas luces razonable y proporcionado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pese a lo anterior, se presentan casos, como el de ahora, en el que la aplicaci\u00f3n exeg\u00e9tica de las disposiciones impositivas genera la vulneraci\u00f3n de derechos de orden fundamental, espec\u00edficamente el debido proceso y la doble instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como se desprende del aparte jurisprudencial citado y de conformidad con el art\u00edculo 324 del C\u00f3digo General del Proceso, la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n es una consecuencia negativa que debe asumir la parte en caso de que no cancele en tiempo las expensas necesarias para la reproducci\u00f3n del expediente, pues su apat\u00eda impide la continuaci\u00f3n del proceso, en la medida en que, de un lado, no ser\u00eda posible dejar las copias necesarias para que el juez de primera instancia contin\u00fae con la actuaci\u00f3n a su cargo y, de otro, imposibilitar\u00eda la remisi\u00f3n de la documentaci\u00f3n al superior para que haga lo propio.      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, en el presente caso no se encuentra fundada la deserci\u00f3n declarada, pues de las constancias secretariales que obran en el expediente se desprende que emolumento necesario para la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite fue sufragado en la oportunidad pertinente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, basta con mirar la constancia obrante en el rev\u00e9s del folio 77 del presente cuaderno, que corresponde al 550 del expediente cuestionado, seg\u00fan la cual el 27 de mayo de 2016 -d\u00eda siguiente al de la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n-, se cancelaron las copias necesarias para que el mismo se adelantara, suministr\u00e1ndose por ese concepto la suma de $94.600.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y si bien, en informe secretarial posterior se da fe de que dicho monto fue cancelado por Fernando Alonso Gonz\u00e1lez, quien ya no hace parte de la actuaci\u00f3n en virtud del desistimiento de las pretensiones que se formularon en su contra, dicha circunstancia no es suficiente para concluir que el pago no proviene de las ejecutadas, pues teniendo en cuenta que estas son las \u00fanicas interesadas con el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, debi\u00f3 presumirse que el dinero proven\u00eda de aquellas, como en principio lo hizo la secretar\u00eda, quien lo recibi\u00f3 sin reproche alguno.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, si la funcionaria del despacho consideraba que las expensas para la apelaci\u00f3n no proven\u00eda de la parte interesada, familiares de quien acudi\u00f3 al despacho para el efecto, como garant\u00eda del debido proceso, debi\u00f3 abstenerse de recibir el dinero o por lo menos dejar constancia inmediata al respecto, proceder con el que se hubiese permitido a la parte subsanar el error en el que considera el despacho se incurri\u00f3. No obstante, contrario a ello, cuando ya hab\u00eda fenecido la oportunidad con la que contaba el recurrente,  emiti\u00f3 un informe sorpresivo y tard\u00edo con el que se abri\u00f3 la puerta a la vulneraci\u00f3n del principio constitucional en comento.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. As\u00ed las cosas, evidente es la vulneraci\u00f3n reclamada, siendo las anteriores razones suficientes para confirmar el amparo constitucional otorgado en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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.      <\/span><\/p>\n

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