{"id":99433,"date":"2026-06-25T18:29:21","date_gmt":"2026-06-25T18:29:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1944-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:29:21","modified_gmt":"2026-06-25T18:29:21","slug":"stc1944-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1944-2017\/","title":{"rendered":"STC1944-2017"},"content":{"rendered":"

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1944-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11-001-02-30-000-2017-00002-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jes\u00fas Antonio P\u00e9rez Lemus, Luis An\u00edbal Robles Fl\u00f3rez, Graciela Laguna, H\u00e9ctor Ra\u00fal Bernal P\u00e9rez y Juan de Dios Ar\u00e9valo contra la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Aguachica (Cesar), extensiva a la Corte Constitucional, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite constitucional en el que se profiri\u00f3 la sentencia SU 235 de 2016.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Los interesados, actuando en su propio nombre, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la Paz, al Trabajo, al M\u00ednimo Vital, al Debido Proceso, y al Derecho de Propiedad\u00bb, presuntamente vulnerados por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos accionada \u00abal cancelar, sin habernos vinculado a ning\u00fan proceso administrativo o judicial, el registro de todos los t\u00edtulos de propiedad de las parcelas que nos fueron adjudicadas por el Incora y por el Incoder, de acuerdo con la relaci\u00f3n adjunta\u00bb (f. 1, negrilla y subraya en texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicitan puntualmente, (i) \u00abREVOCAR la cancelaci\u00f3n del registro de la Escritura P\u00fablica 1900 del 10 de mayo de 1995, del folio de matr\u00edcula 196-1038 de Aguachica, mediante la cual el Incora adquiri\u00f3 los predios Los Cacaos, Santa Helena, Sabanas de San Carlos, San Antonio Divisi\u00f3n Primavera, Providencia, El Tejar y Conejo, que fueron parcelados y adjudicados a muchas familias campesinas por parte del Incora y del Incoder\u00bb, y, (ii) \u00abREVOCAR las cancelaciones de los folios de matr\u00edcula, derivados de esa inscripci\u00f3n, que corresponden a los siguientes folios de Matricula Inmobiliaria: –   Jes\u00fas Antonio P\u00e9rez Lemus Folio n\u00famero 196 – 47223 San Antonio; – Luis An\u00edbal Robles Fl\u00f3rez 196-27294 Los Cacaos; –  Graciela Laguna 196 -27301 Los Cacaos; – H\u00e9ctor Ra\u00fal Bernal P\u00e9rez 196-47243 San Antonio y Juan de Dios Ar\u00e9valo 196-47219 San Antonio. Los folios de Matricula Inmobiliaria relacionados anteriormente aparecen en los Folios de Matricula Inmobiliaria n\u00fameros 196 – 25665 y 196 – 25668\u00bb (ff. 1 y 2, may\u00fascula fija en texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.   En apoyo de lo anterior, aducen que la entidad accionada, les cancel\u00f3 el registro de propiedad de las parcelas que les hab\u00edan sido adjudicadas por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, fundamentando tal determinaci\u00f3n en la sentencia SU235 de 2016 de la Corte Constitucional.  <\/span><\/p>\n

Agregan que en el tr\u00e1mite que culmin\u00f3 con la sentencia mencionada, \u00abno se nos vincul\u00f3 ni escuch\u00f3, es decir, no hicimos parte de la acci\u00f3n de tutela en la cual se profiri\u00f3 la mencionada providencia\u00bb, raz\u00f3n por la cual consideran que \u00ablas \u00f3rdenes dictadas en la misma no pueden afectarnos a nosotros los campesinos que hemos trabajado durante m\u00e1s de veintiocho a\u00f1os en las parcelas que nos adjudic\u00f3 el Estado en propiedad, de acuerdo con las Resoluciones emanadas del Incora y del Incoder, y de las que derivamos nuestro sustento y el de nuestras familias\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Explican que han pose\u00eddo los predios que les fueron adjudicados de manera quieta, tranquila, pac\u00edfica e ininterrumpida durante muchos a\u00f1os, y que, la Oficina de Registro interpret\u00f3 las \u00f3rdenes de la Corte Constitucional \u00abde manera errada, sin atender el derecho al debido proceso o el derecho de defensa, y sin respetar la propiedad privada de personas ajenas al mencionado proceso\u00bb, y al proceder de esta manera, \u00able entreg\u00f3 la propiedad de nuestras tierras, leg\u00edtimamente adquiridas por procesos de adjudicaci\u00f3n que nos hizo el Estado Colombiano a trav\u00e9s del Incora y del Incoder, a la familia Marulanda\u00bb (ff. 1 a 5).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El Juzgado Primero Promiscuo de Aguachica, luego de admitir la acci\u00f3n propuesta, orden\u00f3 mediante auto de 16 de diciembre de 2016 remitir la actuaci\u00f3n a la Corte Suprema de Justicia, al considerar que deb\u00eda ser vinculada al tr\u00e1mite la Corte Constitucional, en tanto que \u00abal momento de estudiar la respuesta que hace la entidad accionada, al no considerarse legitimado en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que en la acci\u00f3n de tutela, que se predica una revocatoria, cuya providencia fue proferida por la Corte Constitucional, como es la sentencia SU 235 de 2016\u00bb (f. 53).   <\/span><\/p>\n

4. Repartida por la Presidencia de esta Corporaci\u00f3n el 16 de enero de 2017, en la misma fecha se dict\u00f3 el auto admisorio, y al observar de los documentos y respuestas allegadas que pod\u00eda presentarse causal de impedimento de los Magistrados de esta Sala, en providencia de 25 de enero se dispuso que previamente a decidir lo que corresponde, pasaran las diligencias a los despachos pertinentes, manifestando los Magistrados no hallarse impedidos para conocer de la acci\u00f3n propuesta.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Coordinador del Grupo de Atenci\u00f3n a Procesos Judiciales y Jurisdicci\u00f3n Coactiva de la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa cartera por existir falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, en raz\u00f3n a que adem\u00e1s de ser ajeno a los hechos alegados por los accionantes, \u00e9stos no han requerido actuaci\u00f3n administrativa alguna de esa entidad relacionada con los hechos que dan origen al amparo (ff. 83 y 84).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.  El Magistrado Ponente de la sentencia de tutela proferida el 28 de abril de 2011 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, inform\u00f3 que Fredy Antonio Rodr\u00edguez Corrales, quien actu\u00f3 en calidad de representante legal de la Asociaci\u00f3n Colombiana Horizonte-Asocol, instaur\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-Territorial Cesar, asunto al que se vincul\u00f3 a las empresas Dolce Vista State Inc., Frigor\u00edfico La Gloria S.A.S., Hacienda La Gloria (Grupo Agroindustrial), as\u00ed como al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, la Fiduciaria Davivienda, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, la Superintendencia de Notariado y Registro, y a los ciudadanos Cecilia Ram\u00edrez de Marulanda, Carlos Arturo Marulanda Ram\u00edrez, Mar\u00eda Cecilia Marulanda de Sarasola, Gloria Cristina Marulanda de Uma\u00f1a y Alberto Marulanda Grillo, protecci\u00f3n que fue negada por subsidiariedad, por evidenciarse la existencia de otro mecanismo de defensa y no aparecer acreditado la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable en cabeza del accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que comoquiera que tal decisi\u00f3n no fue impugnada, el asunto se remiti\u00f3 a la Corte Constitucional para surtir el tr\u00e1mite de la revisi\u00f3n eventual, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, y la actuaci\u00f3n culmin\u00f3 con la expedici\u00f3n de la Sentencia SU-235 de 2016 (f. 90).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.  La Presidenta de la H. Corte Constitucional, indic\u00f3 que esa Corporaci\u00f3n no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por los accionantes, y en cuanto al escrito por ellos presentados manifest\u00f3 que la sentencia SU-235 de 2016, se expidi\u00f3 al revisar la sentencia de tutela, promovida por las familias campesinas asociadas en ASOCOL como v\u00edctimas de desplazamiento, en la que el amparo a las prerrogativas reclamadas fue concedido, y la orden dada al Superintendente de Notariado y Registro por conducto de las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, no hace \u00abreferencia a las parcelas de los actores en espec\u00edfico\u00bb (ff. 92 a 94).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El Juez D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga, manifest\u00f3 \u00abextra\u00f1eza\u00bb en la citaci\u00f3n al amparo, por cuanto una vez revisado el sistema de Informaci\u00f3n judicial Siglo XXI, no se encontr\u00f3 registro alguno de proceso o acci\u00f3n de tutela que se haya adelantado en este despacho, en los cuales los accionantes hayan sido demandantes, accionantes o  accionados (f. 96).  <\/span><\/p>\n

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5. El Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Superintendencia de Notariado y Registro, solicit\u00f3 declarar que esa Superintendencia carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que su actuaci\u00f3n se circunscribe al cumplimiento de la orden emanada de la Corte Constitucional en la sentencia SU-235 de 2006.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Puso de presente que si bien esa dependencia no fue vinculada como accionada, las razones por las cuales se presenta la protecci\u00f3n se fundamentan en las acciones que despleg\u00f3 esa Superintendencia y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Aguachica para dar observancia a lo dispuesto por la Corporaci\u00f3n mencionada.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Aguachica en acatamiento de la sentencia SU-235 de 2016, adelant\u00f3 las siguientes gestiones:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abTeniendo en cuenta que en primera medida la Corte orden\u00f3 realizar la cancelaci\u00f3n de los registros de propiedad de M.R. de Inversiones Ltda., hoy M.R. de Inversiones S.A.S. en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 196-1038, se realiz\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las siguientes anotaciones, que se encontraban inscritas en el folio, as\u00ed: – Anotaci\u00f3n No. 2, en donde se realiz\u00f3 el registro de la escritura p\u00fablica No. 183 del 30 de octubre de 1970, de la Notarla \u00danica de Tamalameque, mediante la cual se efectu\u00f3 el aporte de GLORIA CRISTINA MARULANDA DE UMA\u00d1A, CARLOS ARTURO MARULANDA RAMIREZ, MAR\u00cdA CECILIA MARULANDA SARASOLA Y CECILIA RAM\u00cdREZ DE MARULANDA en favor de LA SOCIEDAD M.R. INVERSIONES LIMITADA.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

* Anotaci\u00f3n No. 3, relacionada con el acto de confirmaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n No. 2 realizado mediante la escritura No. 206 del 26 de diciembre de 1970 de la Notar\u00eda \u00danica de Tamalameque.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, la Honorable Corte Constitucional orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de todos los actos privados posteriores al 20 de abril de 1994 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria 196-1038, en este sentido, se cancelaron las siguientes anotaciones:    <\/span><\/p>\n

* Anotaci\u00f3n 28, consistente en un acto administrativo de compraventa de 4 predios segregados, mediante escritura p\u00fablica 1900 del 2 de mayo de 1995 de la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Santa Fe de Bogot\u00e1, de Sociedad MR. Inversiones Limitada, en favor de Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.    <\/span><\/p>\n

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Es preciso tener en cuenta, que en virtud de la anotaci\u00f3n 28 se generaron los folios segregados 196-25665, 196-25666, 196-25667 y 196-25668 de propiedad del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, quien a su vez realiz\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de Unidades Agr\u00edcolas Familiares, gener\u00e1ndose igual n\u00famero de folios segregados, por lo tanto en virtud de la orden de la Corte Constitucional, se realiz\u00f3 la cancelaci\u00f3n o cierre de los mismos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, debido al efecto domin\u00f3 que produjo la cancelaci\u00f3n de la propiedad adquirida por MR de Inversiones a trav\u00e9s de la Escritura 183 de 30 de octubre de 1970 de la Notar\u00eda \u00danica de Tamalameque, la compra y posteriores adjudicaciones que realiz\u00f3 el INCORA quedaron en el Sistema de Informaci\u00f3n Registral SIR sin efecto, raz\u00f3n por la cual se cerraron 138 folios de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb (ff. 186 a 196, negrilla en texto).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Aguachica (Cesar), se opuso al amparo y solicit\u00f3 declarar que esa dependencia carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, puesto que su actuaci\u00f3n se circunscribe al cumplimiento de lo que le fue ordenado por la Corte Constitucional en el numeral 5\u00ba de la de la sentencia SU-235 de 12 de mayo de 2016, para lo cual realiz\u00f3 el tr\u00e1mite registral contemplado en la ley 1579 de 2012, a trav\u00e9s de los turnos de radicaci\u00f3n 2016-196-6-3510 y 2016-196-1-21003, de la misma manera que lo relat\u00f3 la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Aguachica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicion\u00f3 a lo anterior, que esa Oficina de Registro no realiz\u00f3 el cierre de los citados folios de matr\u00edcula dentro de una actuaci\u00f3n administrativa adelantada por la misma, sino en cumplimiento de una orden judicial, frente a la cual prest\u00f3 el servicio p\u00fablico registral al inscribir las \u00f3rdenes dadas por la Corte Constitucional, y como no le corresponde interpretar las \u00f3rdenes judiciales, procedi\u00f3 \u00abcon la cancelaci\u00f3n de la propiedad de MR. Inversiones, de la cual derivaron el derecho de dominio los accionantes, por lo tanto dentro del sistema registral se deben de igual forma cerrar los folios abiertos en virtud de los actos de disposici\u00f3n de la propiedad que en su momento hizo la citada sociedad. En ese orden de ideas, no se puede afirmar que la oficina de registro haya expropiado sin un debido proceso, toda vez que la orden fue dada por la Corte Constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Puntualiz\u00f3 de otra parte, que no era cierto, lo que afirmaban los accionantes en relaci\u00f3n con que esa dependencia, le hubiera entregado la propiedad del predio a la familia Marulanda, \u00abtoda vez que no es competencia legal de esta Oficina adjudicar inmuebles u otorgar t\u00edtulos adquisitivos del derecho de dominio, sino prestar el servicio p\u00fablico de registro. Si bien es cierto, despu\u00e9s del cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia SU-235 de 2016 el titular actual del predio en registro es Cecilia Ram\u00edrez de Marulanda, esta situaci\u00f3n es as\u00ed, no por disposici\u00f3n de la Oficina de Registro, sino por orden del Tribunal Constitucional, al cual se le inform\u00f3 de esta situaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite de suspensi\u00f3n\u00bb (ff. 188 a 176).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia, de manera invariable, ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Una de las causas que justifican la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se da cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situaci\u00f3n termina produciendo un fallo que vulnera derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Revisadas las copias que fueron allegadas a este tr\u00e1mite, observa la Sala lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1 El 8 de abril de 2011, Fredy Antonio Rodr\u00edguez Corrales, representante de la Asociaci\u00f3n Colombiana Horizonte (ASOCOL), promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra Instituto de Desarrollo Rural INCODER y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, porque consideraba que se vulneraron los derechos fundamentales de los campesinos que fueron desplazados de los predios Potos\u00ed, Ca\u00f1o Negro, Los Bajos, San Sim\u00f3n, Venecia, Mar\u00eda Isidra y San Miguel, que hacen parte de la Hacienda Bellacruz, ubicada en los en los municipios La Gloria, Pelaya y Tamalameque, en el departamento del Cesar, amparo encaminado a que las entidades accionadas lleven a cabo el proceso de recuperaci\u00f3n de bald\u00edos en la hacienda Bellacruz  y que los bienes objeto de dicho proceso se adjudiquen posteriormente a los miembros de esa Asociaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se relat\u00f3 que en 1986, varias familias campesinas se asentaron en predios de la Hacienda Bellacruz, que se consideraba como zona de reserva forestal y explotaron econ\u00f3micamente la tierra, y en 1987 Carlos Arturo Marulanda y Francisco Alberto Marulanda, ordenaron ejecutar actos de violencia en contra de estas familias y generaron recurrentes desalojos, raz\u00f3n por la cual las desplazadas ocuparon pac\u00edficamente las oficinas del Incora en el municipio de Pelaya y reclamaron la adjudicaci\u00f3n de los predios que se consideraban bald\u00edos en la mencionada hacienda, y por lo anterior el Incora procedi\u00f3 a iniciar negociaciones para comprar predios a la familia Marulanda Ram\u00edrez, y mediante Resoluci\u00f3n No. 03948 del 6 de agosto de 1990, inici\u00f3 el procedimiento de clarificaci\u00f3n de la propiedad y en el marco de la misma, identific\u00f3 que sobre los 7 predios denominados \u00abPotos\u00ed, Ca\u00f1o Negro, Los Bajos, San Sim\u00f3n, Venecia, Mar\u00eda Isidra y San Miguel\u00bb, con una extensi\u00f3n de mil quinientas (1500) hect\u00e1reas, no se acredit\u00f3 el derecho de dominio frente al Estado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 200 de 1936, y mediante Resoluci\u00f3n No. 01551 del 20 de abril de 1994, el Incora declar\u00f3 que los mencionados predios ubicados en la Hacienda Bellacruz, hoy, Hacienda la Gloria, eran bald\u00edos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se agreg\u00f3 que, \u00abParalelamente, el 2 de mayo de 1995, el INCORA compr\u00f3 a la Familia Marulanda Ram\u00edrez los predios denominados San Antonio, Santa Helena, Los Cacaos y San Carlos, para posteriormente entregarlas a las familias campesinas asentadas en la Hacienda\u00bb, y que, el 13 de octubre de 1995, la sociedad M.R. de Inversiones Ltda., solicit\u00f3 al Incora la revocatoria directa del art\u00edculo 3\u00ba de la Resoluci\u00f3n No. 01551 del 20 de abril de 1994, mediante la cual se declaraba que, \u00ablos predios denominados Potos\u00ed, Ca\u00f1o Negro, Los Bajos, San Sim\u00f3n, Venecia, Mar\u00eda Isidra y San Miguel, eran bald\u00edos\u00bb, pretensi\u00f3n que neg\u00f3 mediante Resoluci\u00f3n 01125 del 13 de marzo de 1996, raz\u00f3n por la cual, la familia Marulanda present\u00f3 una acci\u00f3n de revisi\u00f3n ante el Consejo de Estado en la que solicit\u00f3 la nulidad de la Resoluci\u00f3n No. 01551 del 20 de abril de 1994, demanda que se inadmiti\u00f3 al advertir la nombrada Corporaci\u00f3n que en los t\u00e9rminos de la Ley 160 de 1994 hab\u00eda caducado tal acci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

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Sostuvo el apoderado que mediante la Resoluci\u00f3n No. 481 de 2013, el Incoder declar\u00f3 \u00abla indebida ocupaci\u00f3n de las sociedades Frigor\u00edfico La Gloria S.A.S, M.R. de Inversiones SA.S., La Dolce Vista Estate INC Sucursal Colombia y el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria\u00bb, sobre los predios denominados \u00abPotos\u00ed, Venecia, Los Bajos, Ca\u00f1o Negro y San Sim\u00f3n\u00bb, ubicados en el corregimiento de Sima\u00f1a, municipio de la Gloria, y orden\u00f3 adelantar la recuperaci\u00f3n material de los predios declarados bald\u00edos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Incoder en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 24 del Decreto 1465 de 2013, solicit\u00f3 la inscripci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 0481 del 1\u00ba de abril 2013 ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Aguachica \u2013 Cesar, sin embargo, la mencionada oficina de registro se neg\u00f3 a inscribir el acto administrativo aduciendo la ausencia de antecedentes registrales y la falta de claridad sobre la existencia de predios bald\u00edos en la Hacienda Bellacruz.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicion\u00f3 el abogado all\u00ed accionante, que las 2060 hect\u00e1reas de tierras compradas por el Incora a la familia Marulanda Ram\u00edrez nunca fueron tituladas en favor de las familias campesinas desplazadas; que los inmuebles denominados \u00abLa Plata, La Platica y Rompedero\u00bb sirvieron de base de los grupos paramilitares desde 1996 hasta el a\u00f1o 2005; que los predios \u00abSanta Helena y Los Cacaos\u00bb, cuya superficie era de aproximadamente 1201,68 hect\u00e1reas, fueron asignadas a algunos de los trabajadores de la Familia Marulanda Ram\u00edrez, pero no a los campesinos que formaban parte de las familias desplazadas de los predios de la Hacienda Bellacruz y que, \u00ablas familias que estuvieron asentadas en Bellacruz, y que posteriormente fueron desplazadas, s\u00f3lo pod\u00edan acceder a los predios San Antonio y San Carlos, los cuales eran minifundios en los que dif\u00edcilmente pod\u00edan ejecutar proyectos productivos. Sin embargo, s\u00f3lo siete (7) de estas familias obtuvieron alg\u00fan tipo de titulaci\u00f3n, a trav\u00e9s de las Resoluciones No. 529 de agosto de 1996 y 27 del 6 de enero de 2002\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En 2010, Asocol solicit\u00f3 el inicio del procedimiento de recuperaci\u00f3n de bald\u00edos, sobre los predios \u00abPotos\u00ed, Ca\u00f1o Negro, Los Bajos, San Sim\u00f3n, Venecia, Mar\u00eda Isidra y San Miguel\u00bb, para que posteriormente fuesen adjudicados a las familias desplazadas, pero \u00abla empresa M.R. ha ocupado ilegalmente predios bald\u00edos, ha sembrado palma, y ha desplazado a la comunidad de campesinos a trav\u00e9s de grupos paramilitares\u00bb y el Incoder no ha realizado ni la recuperaci\u00f3n ni la adjudicaci\u00f3n de los referidos predios, por lo que no se ha brindado una soluci\u00f3n efectiva por parte de ninguna autoridad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente se dijo que \u00aba trav\u00e9s de las Resoluciones No. 334 del 19 de febrero de 2015 y 5659 del 14 de octubre de 2015, el INCODER declar\u00f3 la p\u00e9rdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos que decid\u00edan la clarificaci\u00f3n de la propiedad y la recuperaci\u00f3n de los predios bald\u00edos de la Hacienda Bellacruz, respectivamente. La entidad se\u00f1al\u00f3 que: i) la Resoluci\u00f3n No. 1551 de 1994 no fue registrada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, por lo tanto, no es clara la naturaleza bald\u00eda de los predios all\u00ed analizados, ii) resulta imposible individualizar los predios relacionados en la Resoluci\u00f3n No. 0481 de 2013, y iii) la falta de publicidad de la Resoluci\u00f3n No. 1551 de 1994 por falta de inscripci\u00f3n en el registro implic\u00f3 la realizaci\u00f3n de m\u00faltiples negocios jur\u00eddicos sobre los bienes de la antigua Hacienda Bellacruz.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, el INCODER orden\u00f3 iniciar nuevamente las diligencias administrativas previas para efectuar la clarificaci\u00f3n de la propiedad del predio antes denominado \u201cHacienda Bellacruz\u201d, hoy \u201cHacienda La Gloria\u201d, tal y como consta en la Resoluci\u00f3n No. 179 del 26 de octubre de 2015\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2  La Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n y luego de adelantar el tr\u00e1mite correspondiente, resolvi\u00f3 conceder la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso administrativo, a la vida en condiciones dignas y al trabajo de los accionantes, y entre otras determinaciones dispuso:  <\/span><\/p>\n

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\u00abQUINTO.- ORDENAR al Superintendente de Notariado y Registro que, por conducto de las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, cancele los registros de la propiedad de M.R. de Inversiones y C\u00eda. Ltda., hoy M.R. de Inversiones S.A.S, sobre los predios objeto de las Resoluciones No. 1551 de 1994 y 481 de 2013, as\u00ed como el fideicomiso establecido a favor de Fiducaf\u00e9, hoy Fiduciaria Davivienda, y de todos los dem\u00e1s actos privados posteriores al 20 de abril de 1994. En consecuencia, ORDENAR al mencionado funcionario p\u00fablico inscribir en el registro de las Resoluciones 3948 del 6 de agosto de 1990 y 1551 del 20 de abril de 1994, proferidas por el extinto INCORA, 2294 del 5 de septiembre de 2011, 3246 del 2 de diciembre de 2011 y 481 del 1\u00ba de abril de 2013, y 3322 del 9 de septiembre de 2013, proferidas por INCODER en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 192-2897 y 196-1038. El Superintendente informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de dicha orden\u00bb (ff. 98 a 167).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3 Los inmuebles que los aqu\u00ed accionantes manifiestan habitar \u00abSan Antonio y Los Cacaos\u00bb, fueron comprados por el Instituto Colombiano de la reforma Agraria mediante escritura p\u00fablica No 1900 de 2 de mayo de 1995 a la Familia Marulanda Ram\u00edrez y posteriormente fueron adjudicados como Unidades Agr\u00edcolas Familiares, a diferentes personas, entre ellos a los aqu\u00ed accionantes.  <\/span><\/p>\n

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3.  Como los aqu\u00ed accionantes alegan que fueron cancelados los folios de matr\u00edcula inmobiliaria que conten\u00edan las adjudicaciones que les realiz\u00f3 el Incora y el Incoder, \u00absin habernos vinculado a ning\u00fan proceso administrativo o judicial\u00bb, estima la Sala bajo la anterior premisa, que el presente reclamo resulta improcedente, como quiera que los interesados adem\u00e1s que no manifestaron haber puesto en conocimiento de la Oficina accionada la queja que ahora elevan por esta v\u00eda extraordinaria, a\u00fan cuentan con la posibilidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa con el fin de procurar la defensa de sus garant\u00edas, tr\u00e1mite en el que podr\u00e1n debatir los motivos que aqu\u00ed alegan e incluso, solicitar el decreto de la medida cautelar que estime necesaria, seg\u00fan lo disponen los art\u00edculos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, la acci\u00f3n de tutela fue presentada directamente al juez constitucional, sin que exista prueba de que los interesados haya elevado alguna solicitud o queja previamente a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Aguachica y que \u00e9sta se hubiera negado a responder o atenderla, y en este entendido, resulta a todas luces inadecuada esta pr\u00e1ctica porque, sin desconocer el inmenso estado de angustia que lleva consigo la cancelaci\u00f3n del registro de propiedad del predio adjudicado, la soluci\u00f3n no est\u00e1 en acudir directamente al juez de tutela.    <\/span><\/p>\n

En otras palabras, el juez de tutela no puede entrar a dar \u00f3rdenes con base en  supuestas negativas, en aras de la protecci\u00f3n pedida pues, s\u00f3lo le es dado hacerlo si existen en la realidad las acciones u omisiones de la autoridad y ellas constituyen la violaci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha considerado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]n principio las controversias en torno de la legalidad de los \u2018Actos Legislativos\u2019 y \u2018actos administrativos\u2019, como lo son, ya los preparatorios ora los de ejecuci\u00f3n (\u2026), deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, sin que sea viable pretender sustituirlos por este mecanismo especial de protecci\u00f3n de las garant\u00edas inherentes a las personas, lo cual desnaturaliza la s\u00faplica tutelar que, en modo alguno, puede servir de medio para ventilar disconformidades que no se han puesto previamente en conocimiento de los acusados, habida cuenta de su car\u00e1cter subsidiario\u00bb (ver entre otras, en STC5357-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, la protecci\u00f3n reclamada conforme al art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 es improcedente ante la existencia de otros recursos o medios de defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, se exhortar\u00e1 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Aguachica (Cesar), para que, oficiosamente con vinculaci\u00f3n de los interesados adelante el tr\u00e1mite administrativo que tienda a verificar si los inmuebles adjudicados a los aqu\u00ed accionantes fueron objeto del pronunciamiento por la Corte Constitucional en la sentencia SU 235 de 2016 y en caso afirmativo, si est\u00e1n cobijados con la orden contenida en esa providencia.  <\/span><\/p>\n

4.  En conclusi\u00f3n, el resguardo examinado no est\u00e1 llamado a abrirse paso y ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Se exhorta a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Aguachica (Cesar), para que, oficiosamente con vinculaci\u00f3n de los interesados, adelante el tr\u00e1mite administrativo que tienda a verificar si los inmuebles  adjudicados a los aqu\u00ed accionantes, fueron objeto del pronunciamiento por la Corte Constitucional en la sentencia SU 235 de 2016 y en caso afirmativo, si est\u00e1n cobijados con la orden contenida en esa providencia.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC1944-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11-001-02-30-000-2017-00002-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).   Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jes\u00fas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99433","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99433","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99433"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99433\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99433"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99433"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99433"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}