{"id":99443,"date":"2026-06-25T18:30:08","date_gmt":"2026-06-25T18:30:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1983-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:30:08","modified_gmt":"2026-06-25T18:30:08","slug":"stc1983-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1983-2017\/","title":{"rendered":"STC1983-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1983-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01954-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fabio Rigoberto Verdugo Moreno, frente a la Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Fiscal\u00eda Doce Seccional de la misma ciudad y dem\u00e1s intervinientes en el asunto penal a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.   El promotor del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad, a la \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb, a la libertad y al buen nombre, supuestamente vulnerados por la autoridad accionada, al revocar la decisi\u00f3n de instancia, para en su lugar, imponerle medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario, ello en el marco de la actuaci\u00f3n penal que cursa en su contra.  <\/span><\/p>\n

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       De este modo, solicita entonces, que se ordene a la Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante el Tribunal de Pasto, \u00abdeclar[ar] la nulidad y dejar sin ning\u00fan efecto la providencia de 28 de septiembre de 2016, proferida (\u2026) dentro del proceso No. 160711\u00bb, que se adelanta ante la Fiscal\u00eda Doce Seccional de la misma ciudad (fl. 13, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, acota en lo esencial, que mediante prove\u00eddo del 28 de septiembre de 2016, la mentada Fiscal\u00eda Delegada revoc\u00f3 en sede de apelaci\u00f3n, la decisi\u00f3n que el 9 de agosto anterior, hab\u00eda adoptado la Fiscal\u00eda Doce Seccional de la misma ciudad, imponi\u00e9ndole, entonces, medida de aseguramiento consistente en detenci\u00f3n preventiva en establecimiento intramural, dentro del proceso penal que se le adelanta por el presunto delito de acceso carnal violento, conforme lo denunciado por Catalina Mu\u00f1oz Verdugo.  <\/span><\/p>\n

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Indica que en la decisi\u00f3n cuestionada, \u00abla Fiscal\u00eda accionada hace referencia a la Ley 906 del 2004, desconociendo que al (\u2026) asunto se le debe aplicar lo dispuesto y reglado por la Ley 600 del 2000\u00bb, raz\u00f3n por la que para aplicar la citada medida, dice, se exigen \u00abcomo m\u00ednimo dos (2) indicios graves\u00bb, los que considera \u00abno se avizoran\u00bb dentro de la investigaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente afirma, que el ente acusador no emiti\u00f3 pronunciamiento respecto a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal que aleg\u00f3 mediante escrito del 14 de septiembre de 2016, con sustento en que seg\u00fan la Ley 600 de 2000, el il\u00edcito por el que se le investiga tiene una pena de \u00abcuatro (4) a ocho (8) a\u00f1os, es decir, la acci\u00f3n prescribi\u00f3 en el [a\u00f1o] 2011\u00bb, motivos todos \u00e9stos por los cuales considera vulneradas las prerrogativas superiores invocadas (fls. 2 a 14, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a).        El Fiscal Cuarto Delegado ante el Tribunal Superior de Pasto precis\u00f3, que la actuaci\u00f3n penal en contra del aqu\u00ed interesado cursa bajo los par\u00e1metros de la Ley 600 de 2000, y, que dentro de la misma impuso la aludida medida de aseguramiento a \u00e9ste, tras constatar la existencia de dos indicios graves de realizaci\u00f3n de la conducta investigada, conforme lo impone el art\u00edculo 356 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal.  <\/span><\/p>\n

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       Se\u00f1al\u00f3 que contrario a lo esgrimido por el quejoso, s\u00ed emiti\u00f3 pronunciamiento frente a la supuesta prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal alegada por aqu\u00e9l, la que no se ha configurado porque han transcurrido \u00abtrece a\u00f1os y un mes\u00bb desde la ocurrencia de los hechos investigados, y que se presentaron en el a\u00f1o 2003 (fls. 58 a 61, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

       b).        Ana Mar\u00eda Leyton L\u00f3pez, quien dijo ser apoderada de Catalina Mu\u00f1oz Verdugo, se\u00f1al\u00f3 que la Fiscal\u00eda Doce Seccional de Pasto, no impuso medida de aseguramiento al tutelante, porque \u00e9ste \u00abha comparecido voluntariamente para atender el proceso\u00bb; que junto con el representante del Ministerio p\u00fablico apelaron esa decisi\u00f3n, por lo que la Fiscal\u00eda Delegada convocada la dej\u00f3 sin efecto, \u00abpartiendo de un an\u00e1lisis de la medida de aseguramiento prevista en el art\u00edculo 355 y 356 de la Ley 600 del 2000\u00bb, donde se tuvo en cuenta que las pruebas que incriminan al investigado son \u00abla sindicaci\u00f3n directa que hace su propia sobrina y presunta v\u00edctima del delito de acceso carnal violento, la cual se ha recogido en la denuncia, las declaraciones que [se] ha rendido y el recaudo de los estudios psicol\u00f3gicos y la historia cl\u00ednica de [\u00e9sta]\u00bb (fls. 63 a 65, ib).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala Especializada en lo Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras advertir, en lo fundamental, que \u00abla actuaci\u00f3n penal que se adelanta contra Fabio Rigoberto Verdugo Moreno por el delito de acceso carnal violento se encuentra en etapa instructiva y est\u00e1 pendiente de surtirse su juzgamiento.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, la intervenci\u00f3n del juez constitucional est\u00e1 vedada pues como se sabe, la acci\u00f3n de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo. Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso son el primer espacio de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con la garant\u00eda del debido proceso (\u2026) [y] adem\u00e1s, contrario a lo se\u00f1alado por el actor, no est\u00e1 acreditada una situaci\u00f3n que haga forzosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb.   <\/span><\/p>\n

A lo cual agreg\u00f3, que \u00abla acci\u00f3n penal por el punible de acceso carnal violento agravado no se encuentra prescrita, pues los hechos investigados datan de agosto de 2003 (\u2026) [y] dicha conducta est\u00e1 sancionada con una pena m\u00e1xima de 15 a\u00f1os, siendo que, para el 28 de septiembre de 2016, fecha en que se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n controvertida, han transcurrido trece a\u00f1os y un mes\u00bb; de ah\u00ed que \u00abde obtener pruebas que desvirt\u00faen la necesidad de la medida impuesta, cuenta [aqu\u00e9l] con la posibilidad de solicitar su revocatoria o sustituci\u00f3n, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 363 dela Ley 600 de 2000\u00bb (fls. 70 a 75, \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La promovi\u00f3 el gestor del amparo, sin esgrimir ning\u00fan argumento (fl. 82, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada contra el prove\u00eddo proferido el 28 de septiembre pasado, por la Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, a trav\u00e9s del cual se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n emitida el 9 de agosto anterior por la Fiscal\u00eda Doce Seccional de la misma ciudad, para as\u00ed \u00abimponer medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario al ciudadano Fabio Rigoberto Verdugo Moreno\u00bb (fl. 25, cdno. 1), pues en sentir de \u00e9ste, no se aplic\u00f3 al asunto la Ley 600 de 2000 que resultaba procedente debido a la data en que ocurri\u00f3 el supuesto il\u00edcito, ni se estudi\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por \u00e9l alegada.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, establecido lo anterior, es del caso se\u00f1alar que examinada la aludida determinaci\u00f3n y los alegatos plasmados en el libelo genitor de tutela, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, la Corte advierte que el amparo deviene improcedente, pues como de vieja data esta Corporaci\u00f3n ha precisado y lo destac\u00f3 el a quo, las puntuales acusaciones que estructuran la acci\u00f3n materia de estudio desembocan en el terreno del motivo de improcedencia previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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3.1.  Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, pues los errores de linaje legal presuntamente cometidos por las autoridades jurisdiccionales convocadas, pueden ser, pues as\u00ed lo establece la normatividad procesal penal aplicable, corregidos por el propio funcionario a trav\u00e9s de los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico (v. gr. el instituto de las nulidades, de que tratan los art\u00edculos 306 y siguientes de la  Ley 600 de 2000), siendo entonces, por mandato normativo, otro el escenario en el que debe discutirse lo concerniente al levantamiento de la medida de aseguramiento impuesta al actor, y la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal seguida en su contra.  <\/span><\/p>\n

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3.2.  N\u00f3tese que precisamente los numerales 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 306 de la citada norma prev\u00e9n, que \u00abson causales de nulidad: (\u2026) 2. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.  3. La violaci\u00f3n del derecho de defensa\u00bb; luego entonces, antes de acudir al presente mecanismo, el accionante debe hacer uso de las herramientas que el legislador dispuso para la defensa de sus intereses, a las que puede acudir en este caso \u00aben cualquier estado de la actuaci\u00f3n procesal\u00bb, tal como dicta el art\u00edculo 308 ib\u00eddem.  <\/span><\/p>\n

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3.3.   Del mismo modo, en punto a la queja atinente al levantamiento de la medida de aseguramiento impuesta al aqu\u00ed interesado, puede \u00e9ste desvirtuar la necesidad de la misma y solicitar su  revocatoria conforme posibilita el art\u00edculo 363 del compendio normativo en comento, donde se lee que \u00abdurante la instrucci\u00f3n, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, el funcionario judicial revocar\u00e1 la medida de aseguramiento cuando sobrevengan pruebas que la desvirt\u00faen\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.4. As\u00ed las cosas, queda al descubierto la no viabilidad de lo pretendido, habida cuenta que \u00abde otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u00bb (CSJ STC 9 sep. 2005, Rad. 01260, reiterada entre otras en STC3256-2015 y STC2345-2015), en raz\u00f3n a que cuestiones de esos singulares perfiles evidentemente deben discutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados.  <\/span><\/p>\n

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4.        Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1983-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01954-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete).      Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99443","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99443"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99443\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99443"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}