{"id":99444,"date":"2026-06-25T18:30:10","date_gmt":"2026-06-25T18:30:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1984-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:30:10","modified_gmt":"2026-06-25T18:30:10","slug":"stc1984-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1984-2017\/","title":{"rendered":"STC1984-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1984-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2016-00549-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 25 de octubre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Maylind In\u00e9s Torres Glen, frente al Juzgado Catorce Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abdefensa\u00bb y a la igualdad, supuestamente conculcados por la autoridad judicial accionada, al declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia emitida en el proceso verbal de pertenencia que promovi\u00f3 en contra de la Universidad Aut\u00f3noma del Caribe y personas indeterminadas.     <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda la protecci\u00f3n deprecada, y se ordene al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, \u00abconceder el t\u00e9rmino de tres d\u00edas, para presentar los reparos de la sentencia apelada, y as\u00ed ejercer el derecho a la defensa ante el superior en su momento procesal\u00bb (fl. 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que ante la sede judicial convocada curs\u00f3 el aludido proceso que culmin\u00f3 con sentencia dictada en audiencia el 20 de abril de 2016, con que se negaron las pretensiones de la demanda principal y se accedi\u00f3 a los pedimentos de la acci\u00f3n reivindicatoria formulada en reconvenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que aunque apel\u00f3 esa decisi\u00f3n, el recurso fue declarado desierto con auto del 6 de mayo siguiente, porque no expuso los reparos a la sentencia, siendo que \u00abel juez debi\u00f3 ordenar el traslado por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas\u00bb para ese efecto, ya hab\u00eda concedido la alzada en el efecto suspensivo y ordenado la remisi\u00f3n del expediente al Superior.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente refiere que recurri\u00f3 la precitada determinaci\u00f3n y en subsidio formul\u00f3 queja, siendo negados ambos recursos con providencia del 17 de junio de 2016, cuando, dice, \u00ablo cierto es que el auto de fecha 6 de mayo niega el recurso de apelaci\u00f3n impetrado\u00bb, actuaciones procesales \u00e9stas por las cuales estima vulneradas las prerrogativas superiores que implora amparar (fls. 1 a 6, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y EL VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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       a).        La titular del Juzgado Civil del Circuito accionado, tras realizar un recuento de las principales actuaciones surtidas dentro del tr\u00e1mite cuestionado, resalt\u00f3 que con posterioridad a los hechos narrados en el escrito de amparo, la actora solicit\u00f3 una nulidad con sustento en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, donde \u00abaleg[\u00f3] precisamente haberse omitido la oportunidad para que sustentara el recurso de apelaci\u00f3n que instaur\u00f3 en contra de la sentencia\u00bb, la cual fue denegada mediante auto del 12 de agosto de 2016, decisi\u00f3n \u00e9sta contra la cual la accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n est\u00e1 pendiente (fls. 28 y 29, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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       b).        La Universidad Aut\u00f3noma del Caribe manifest\u00f3 por intermedio de su representante legal, que el Juez convocado s\u00ed pod\u00eda declarar desierta la apelaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia, y no ten\u00eda la obligaci\u00f3n de correr el traslado por tres (3) d\u00edas que echa de menos la promotora del resguardo (fls. 32 y 33, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primer grado neg\u00f3 el amparo suplicado, tras realizar una inspecci\u00f3n al expediente contentivo del litigio cuestionado y observar, que \u00abcon memorial de fecha diecinueve (19) de julio del presente a\u00f1o, el apoderado judicial de la tutelante promovi\u00f3 al interior del proceso cuestionado, incidente de nulidad en que pretendi\u00f3, entre otros aspectos, que \u201cse ordene la nulidad del auto de fecha 6 de mayo de 2016, donde declara desierto el recurso de apelaci\u00f3n, sin haber concedido el respectivo traslado para los impetrar (sic) los reparos de la sentencia, ya que se ordena enviar directamente el expediente al superior\u201d, nulidad que fue denegada por la agencia judicial accionada en decisi\u00f3n calendada doce (12) de agosto hoga\u00f1o, y contra la cual se interpuso directamente recurso de apelaci\u00f3n, del cual se encuentra decidir respecto de su concesi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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       De ah\u00ed coligi\u00f3, que \u00abno se satisface el requisito mencionado [subsidiariedad] habida cuenta que resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, que no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver la autoridad judicial competente, pues con independencia de la juridicidad de solicitar por v\u00eda de nulidad lo pedido por el actor, es claro que \u00e9ste debe aguardar a las resultas en el \u00e1mbito natural y ordinario am\u00e9n que la acci\u00f3n de tutela no fue concedida como una instancia paralela a las actuaciones judiciales, dado su car\u00e1cter subsidiario y residual\u00bb (fls. 38 a 47, \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la accionante, alegando los mismos argumentos expuestos en el escrito inicial (fls. 55 a 60, ib.).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.        Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que lo finalmente pretendido por Maylind In\u00e9s Torres Glen, es que se ordene al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, que le d\u00e9 traslado por tres (3) d\u00edas para sustentar la alzada que present\u00f3 contra la sentencia emitida dentro del proceso de la referencia, pues en su sentir, as\u00ed lo impone el procedimiento vigente aplicable.  <\/span><\/p>\n

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3.    Sin embargo, del an\u00e1lisis detallado del expediente realizado por el Juez constitucional a quo (fls. 36 y 37, cdno. 1) y el informe procesal rendido por la autoridad judicial accionada, se extrae que la accionante present\u00f3 incidente de nulidad con sustento en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, pretendiendo, en \u00faltimas, que se le conceda el preanotado t\u00e9rmino para sustentar la alzada presentada frente a la aludida sentencia, es decir, lo mismo que reclama a trav\u00e9s de la presente v\u00eda, pedimento que aunque le fue denegado mediante auto del pasado 12 de agosto, fue apelado por aqu\u00e9lla y se encuentra pendiente por definir en segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed pues, esta circunstancia impide que haya un pronunciamiento por parte del Juez constitucional, pues el referido mecanismo procesal es la herramienta id\u00f3nea para estudiar sus inconformidades y puede eventualmente abrir paso a la prosperidad de lo que aqu\u00ed se persigue.  <\/span><\/p>\n

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4.    En este orden de ideas, se concluye que la presente acci\u00f3n deviene presurosa, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC, 03 jul. 2015, rad. 00229-01, reiterado en STC3854-2016).  <\/span><\/p>\n

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En el mismo sentido ha dicho la Corte de tiempo atr\u00e1s, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC, 13 dic. 2012, Rad. 00201-01 y STC8258-2015).  <\/span><\/p>\n

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5.   Adicionalmente, la Sala no aprecia tampoco la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acci\u00f3n, pues no est\u00e1 probado que el lapso que tarde en resolverse el aludido incidente de nulidad, implique per se la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o de las caracter\u00edsticas antes aludidas.   <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Corte ha puntualizado que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se demostraron las circunstancias necesarias para otorgarlo en esos t\u00e9rminos, es decir, no se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (CSJ STC 17 jul. 2015, Rad. 00264-02, reiterado en CSJ STC 23 jul. 2015, Rad. 00980-02 y STC3854-2016).  <\/span><\/p>\n

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       6.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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