{"id":99445,"date":"2026-06-25T18:30:14","date_gmt":"2026-06-25T18:30:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1985-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:30:14","modified_gmt":"2026-06-25T18:30:14","slug":"stc1985-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1985-2017\/","title":{"rendered":"STC1985-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1985-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 18001-22-08-004-2016-00423-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 14 de diciembre de 2016, proferido por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Kol Repuestos Diesel & Maquinaria Ltda,  contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, \u00ab[r]evocar y dejar sin efectos la [s]entencia de segunda instancia No. 019 del 23\/06\/2016\u00bb, para entonces, ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, \u00abproferir [nuevamente] fallo\u00bb (fl. 15, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su queja, expone en compendio, pese a que dentro del litigio referido en l\u00edneas anteriores, acredit\u00f3 que entre los meses de enero y agosto de 2010, suministr\u00f3 repuestos para la maquinaria de la entidad ejecutada, y, que el se\u00f1or Manuel Urbano Gil Vera en calidad de t\u00e9cnico mec\u00e1nico de la citada dependencia, recibi\u00f3 y acepto sin objeci\u00f3n alguna tanto la mercanc\u00eda como las facturas por un total de $29.666.652,oo, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Florencia deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda, tras considerar que no se prob\u00f3 \u00abla existencia de la obligaci\u00f3n pretendida\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aunque apel\u00f3 esa determinaci\u00f3n, pues el dicho de los testigos daba la certeza suficiente respecto de la obligaci\u00f3n contenida en los documentos crediticios y la certificaci\u00f3n expedida por el citado aceptante, el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma localidad confirm\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n de primer grado, disponiendo solamente seguir adelante con la ejecuci\u00f3n respecto de la factura No. 7884 del 4 de agosto de 2010, la cual consider\u00f3 que s\u00ed reun\u00eda los requisitos de un t\u00edtulo valor.   <\/span><\/p>\n

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Indica que pese a que en la demanda puntualiz\u00f3 que se trataba de unos t\u00edtulos complejos, el aludido Despacho lo \u00abconfundi\u00f3\u00bb, exigi\u00e9ndole el cumplimiento de \u00abtodos los requisitos de la FACTURA\u00bb, dejando de lado que el documento anexo a cada uno de los instrumentos cambiarios \u00absupl\u00eda la firma\u00bb, de conformidad con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 773 del C. Co.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente asevera, que en la decisi\u00f3n aludida se omiti\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 176 y 210 del C.P.C., respecto de los funcionarios de Imoc, quienes fueron renuentes a comparecer a la controversia, circunstancias que, asegura,  vulneran los derechos fundamentales invocados (fls. 2 a 16, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        El Juez Tercero Civil Municipal de Florencia, puntualiz\u00f3 que dentro del proceso ejecutivo criticado \u00abanaliz\u00f3, valor\u00f3 las pruebas que reposaban en el expediente y las que se recepcionaron en la audiencia\u00bb, las que le permitieron concluir que \u00abno prosperaban las pretensiones de la demanda, puesto que los t\u00edtulos valores (factura de venta) objeto de reclamo no cumpl\u00edan los requisitos esenciales y b\u00e1sicos para ser cobrados\u00bb (fls. 140 y 141, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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b.         Por su parte, el titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, luego de memorar las actuaciones que conoci\u00f3 dentro del juicio coercitivo censurado, indic\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa superior alguna a la sociedad accionante (fl. 142, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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c.        El profesional universitario del citado ente territorial, precis\u00f3, en lo fundamental, que las decisiones que causan la inconformidad de la parte actora, se fundaron en argumentos razonables, con base en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial (fls. 143 a 146, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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d.        El Registrador Seccional del mentado municipio indic\u00f3, en suma, que \u00fanicamente se dej\u00f3 sin valor ni efecto el acto de registro de la escritura p\u00fablica No. 344 de 20 de abril de 2009, conforme a las normas registrales aplicables al asunto (fl. 60, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo invocado, tras considerar, en concreto, que el Juzgado de Municipal convocado \u00abrealiz\u00f3 todas sus actuaciones acomodadas a derecho, por lo cual el Juez de Segunda Instancia confirm\u00f3 dicha decisi\u00f3n\u00bb (fls. 151 a 160, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La parte actora se mostr\u00f3 inconforme frente a lo resuelto, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela; a m\u00e1s de agregar, que el a quo \u00abhabl\u00f3 de subsidiariedad como si no se hubieran interpuesto y agotado todos los recursos posibles en el proceso (\u2026), indicando que existen otros mecanismos legales para la soluci\u00f3n del litigio cuanto se est\u00e1 tutelando el fallo de segunda instancia de un proceso ejecutivo donde no existen m\u00e1s opciones legales\u00bb (fls. 166 a 179, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.   Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

2.    Del relato contenido en el escrito introductor, se observa que la censura est\u00e1 encaminada, concretamente, contra el prove\u00eddo proferido en audiencia el 23 de junio de 2016, mediante el cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia \u2013Caquet\u00e1, dispuso \u00abMODIFICAR\u00bb la sentencia dictada en audiencia del 1\u00ba de marzo del mismo a\u00f1o por el Juzgado Tercero Civil Municipal de la citada ciudad, en el sentido de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pero \u00fanicamente respecto de la factura de venta No. 7884, pues declar\u00f3 probadas las excepciones formuladas respecto de los otras facturas cambiarias, dentro del proceso ejecutivo singular que Kol Respuestos Diesel & Maquinaria Ltda (aqu\u00ed interesada), promovi\u00f3 contra el Instituto de Obras Civiles -Imoc, de la citada localidad (fls.  122, \u00edd.), pues en sentir de la primera, en la mentada decisi\u00f3n se realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria.    <\/span><\/p>\n

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3.        No obstante, establecido lo anterior, es del caso se\u00f1alar que examinada tal determinaci\u00f3n con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se concluye que carece de arbitrariedad, pues fue el resultado de una hermen\u00e9utica que resultaba aplicable al asunto objeto de examen, y que por tanto, no puede calificarse de antojadiza o caprichosa, tal como pasa a verse.  <\/span><\/p>\n

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3.2.  Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, adujo que no obstante que se decret\u00f3 el testimonio del citado ciudadano con el fin de verificar tal reconocimiento, el llamado a ello \u00abera el representante legal de la instituci\u00f3n ejecutada en calidad de deudor, quien t[en\u00eda] la facultad de [re]conocer la obligaci\u00f3n a cuya satisfacci\u00f3n se persigue conectivamente\u00bb; luego entonces, no hab\u00eda \u00ablugar a librar mandamiento ejecutivo en contra del Instituto Municipal de Obras Civiles- IMOC (\u2026), por el total de las facturas allegas al proceso, pues (\u2026), \u00fanicamente se puede evidenciar aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de una de ellas, siendo la n\u00famero 7884 por un valor de Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veinte Pesos ($457.620), toda vez que las dem\u00e1s carecen de sustento al no configurarse la existencia plena de un t\u00edtulo ejecutivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.3.  Ahora, de cara al alegato de la parte aqu\u00ed accionante en cuanto a la existencia de una cuenta de cobro, luego de citar el art\u00edculo 773 del C. Co. Precis\u00f3, que si bien la entidad ejecutada \u00abno efectu\u00f3 reclamo a las facturas objeto de an\u00e1lisis mediante devoluci\u00f3n de la mercanc\u00eda o reclamo escrito dentro de la oportunidad se\u00f1alada, podr\u00eda considerarse en principio que los t\u00edtulo valores fueron irrevocablemente aceptados\u00bb; sin embargo, en atenci\u00f3n de la norma referida, \u00e9sta  <\/span><\/p>\n

\u00abindic[\u00f3] que en caso de que el comprador no manifieste expresamente la aceptaci\u00f3n o rechazo de la factura deber\u00e1 dejar constancia de ese hecho en el t\u00edtulo, constancia \u00e9sta que brilla por su ausencia en los documentos allegados como t\u00edtulos valores, la cual no puede suplirse con la cuenta de cobro presentada a la entidad ejecutada, y que fuese recibida el 14 se diciembre de 2011, en la cual se hace referencia a 17 facturas, las cuales fueron aportadas al presente proceso (\u2026), teniendo en cuenta adem\u00e1s que los mencionados documentos tampoco cumplen con el requisito de la constancia de recibido de que trata la norma en comento, salvo la n\u00famero 7884 ya enunciada, puesto que en el caso bajo estudio no se evidencia que se hubiese dejado la correspondiente constancia de recibido en las factura y \/o en la gu\u00eda de trasporte, manifestaci\u00f3n que pod\u00eda ser realizada por quien hubiera recibido la gu\u00eda de transporte o manifestaci\u00f3n que pod\u00eda hacerse recibida la mercanc\u00eda exigi\u00e9ndose en todo caso para la materializaci\u00f3n de este particular acto, la atestaci\u00f3n del nombre, indicaci\u00f3n o firma de quien recibe, y la fecha de recibo, sin que sea dable al comprador alegar falta de representaci\u00f3n cuando estos requisitos los cumpla una persona que act\u00fae en nombre suyo\u00bb (fl. 1, ib.).  <\/span><\/p>\n

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4.        De este modo, examinadas tales motivaciones al margen de lo permitido dentro de la acci\u00f3n de tutela, se concluye que no pueden tildarse de incongruentes o injustificadas, sino que por el contrario, son el fruto del estudio de las probanzas obrantes en el proceso, por lo que la decisi\u00f3n cuestionada en el terreno de los derechos fundamentales descansa en argumentos razonados que, si bien pueden o no  compartirse en su totalidad, de manera alguna pueden calificarse como constituyentes de una causal de procedencia del amparo, m\u00e1xime si se tiene en cuenta, que en efecto, por donde quiera que se analicen los documentos base del recaudo, es decir, las facturas cambiarias aportadas, estas no se las podr\u00eda tener como t\u00edtulos valores o en su defecto como un t\u00edtulo ejecutivo, pues en el primero de los casos, precisamente por carecer de la aceptaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita de la entidad, y, en el segundo, en la medida que los legajos anexos a las mismas, y con los que se pretend\u00eda justificar la supuesta aceptaci\u00f3n, no provienen del representante legal; luego entonces, no existe tal reconocimiento y por ende la obligaci\u00f3n resulta inexigible.  <\/span><\/p>\n

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5.        As\u00ed las cosas, no cabe duda acerca del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, pues como esta Colegiatura de vieja data ha considerado,  <\/span><\/p>\n

\u00abal margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta o no, el an\u00e1lisis probatorio efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb ( ver entre otras STC737-2016).  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (ver entre otras STC737-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Finalmente la protecci\u00f3n reclamada tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad como mecanismo transitorio, por cuanto de lo esbozado en el escrito introductorio no se extrae la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, pues \u00abs\u00f3lo tiene [esa] calidad (\u2026) aqu\u00e9l da\u00f1o que revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 Sep. 2011, rad. 2011-00194-01, reiterada en STC1986-2016), presupuestos que no se acreditaron en este caso.  <\/span><\/p>\n

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7.        Corolario de lo anterior, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1985-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 18001-22-08-004-2016-00423-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99445","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99445","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99445"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99445\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99445"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99445"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99445"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}