{"id":99447,"date":"2026-06-25T18:30:27","date_gmt":"2026-06-25T18:30:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1987-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:30:27","modified_gmt":"2026-06-25T18:30:27","slug":"stc1987-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1987-2017\/","title":{"rendered":"STC1987-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1987-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02209-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de diciembre de 2016, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de amparo que promovi\u00f3 Julio C\u00e9sar Jaramillo Jaramillo contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Once Laboral del Circuito de la citada ciudad y los dem\u00e1s intervinientes del juicio laboral a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante a trav\u00e9s de gestor judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales y administrativa accionadas, al haberle negado el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez a que, dice, tiene derecho, dentro del proceso ordinario laboral que promovi\u00f3 en contra de Colpensiones.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, \u00abdeclarar la nulidad (\u2026) de la sentencia emitida el 10 de agosto de 2016 y en su lugar CASE el fallo dictado por la Sala Sexta de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 20 de octubre de 2011, y en sede de instancia, confirme \u00edntegramente la sentencia proferida por el A quo el d\u00eda 31 de mayo de [la citada anualidad]\u00bb, para que \u00abcese la obligaci\u00f3n (\u2026) de pagar las costas procesales impuestas por la [aludida] Sala de Casaci\u00f3n\u00bb (fls. 4 y 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar sus pedimentos, aduce en lo esencial, que aunque el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Once Laboral del Circuito de Medell\u00edn, mediante sentencia del 31 de mayo de 2011, le concedi\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez reclamada, dentro del litigio referido l\u00edneas atr\u00e1s, dicha determinaci\u00f3n fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad en sede de apelaci\u00f3n, tras aducir que \u00abel r\u00e9gimen de transici\u00f3n no permite sumar tiempos p\u00fablicos por bono pensional y semanas directamente cotizadas al ISS\u00bb, pasando por alto, asevera, \u00abla numerosa Jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, en el entendido de que el Acuerdo 049 de 1990 (\u2026) s[\u00ed] permite la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados para obtener una pensi\u00f3n de vejez\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que pese a que formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la mentada decisi\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte en fallo de 26 de agosto de 2016, resolvi\u00f3 no casarla, al se\u00f1alar que el Tribunal \u00abno cometi\u00f3 los yerros aludidos [por la censura], pues la consideraci\u00f3n que esboz\u00f3 en sustento a su decisi\u00f3n es la postura que ha mantenido [esa] Sala\u00bb, por lo que fue condenado, en consecuencia, \u00abal pago de las costas en la suma de $3.250.000\u00bb, tasaci\u00f3n que estima \u00aba todas luces desbordada\u00bb, raz\u00f3n por la que considera que dicha autoridad incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo, al desconocer que s\u00ed cumple con los requisitos previstos en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo a\u00f1o, de acuerdo con la jurisprudencia citada con antelaci\u00f3n (fls. 1 a 12, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a.   El Magistrado ponente de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, solicit\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo rogado, tras manifestar que esa Corporaci\u00f3n decidi\u00f3 no casar el fallo confutado, \u00abal verificar que el Tribunal en modo alguno incurri\u00f3 en los errores jur\u00eddicos que le endilg\u00f3 el recurrente\u00bb, puesto que la misma, en pac\u00edfica y reiterada jurisprudencia ha se\u00f1alado, que \u00abpara los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n cuyo r\u00e9gimen anterior sea el del Seguro Social contenido en el A. 049\/1990, (\u2026) la exigencia de n\u00famero de semanas debe entenderse como aquellas efectivamente cotizadas al I.S.S., puesto que en el aludido acuerdo no existe una disposici\u00f3n que permita adicionar a las semanas cotizadas, el tiempo servido en el sector p\u00fablico, como s\u00ed acontece a partir de la L. 100\/1993 para las pensiones que se rijan en su integridad por ella, o como tambi\u00e9n puede ocurrir respecto a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes prevista en la L. 71\/1988, seg\u00fan el criterio expuesto en sentencia CSJ SL4457-2014\u00bb, que es lo pretendido por el actor finalmente.  <\/span><\/p>\n

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Asimismo indic\u00f3, que el accionante tampoco cumple con el tiempo exigido por el r\u00e9gimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988, en tanto que \u00absumadas las semanas cotizadas al ISS con el tiempo de servicio p\u00fablico, se obtiene un total de 1021,71 semanas, que no equivalen a 20 a\u00f1os de aportes (\u2026) que exige la ley\u00bb (fls. 271 y 272, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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       b. Tanto el Tribunal censurado como los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional de primera instancia, luego de extractar los argumentos m\u00e1s relevantes del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n acusada, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras advertir que \u00ablos razonamientos planteados en [\u00e9]l (\u2026) son ajustados a derecho, pues tienen soporte en las disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables\u00bb al asunto sometido a su consideraci\u00f3n (fls. 273 a 278, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El actor a trav\u00e9s de su apoderado judicial, se mostr\u00f3 inconforme frente a lo resuelto, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela (fls. 285 a 290, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, esto es, cuando haya incurrido en alguna de las causales espec\u00edficas de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2. Entre las aludidas causales est\u00e1 el desconocimiento del precedente constitucional, el cual se ha entendido \u00abcomo una sentencia antecedente relevante para la soluci\u00f3n de un nuevo caso sometido a examen judicial, por contener pronunciamiento sobre un debate soportado en hechos similares, desde un punto de vista jur\u00eddicamente destacado; como los supuestos f\u00e1cticos id\u00e9nticos deben recibir un tratamiento igual, el fallo precedente deber\u00eda determinar el sentido del asunto posterior\u00bb (CSJ STC2277-2016).  <\/span><\/p>\n

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En nuestro sistema normativo, tanto la doctrina probable como los precedentes integran el concepto de jurisprudencia, \u00e9stos constituyen fuente de derecho, pues proyectan un valor vinculante o persuasivo en la actividad judicial posterior, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n de los principios de igualdad y seguridad jur\u00eddica, los jueces est\u00e1n obligados a seguir la doctrina probable y la cosa juzgada constitucional (art\u00edculo 243 C.N.) o a justificar fuerte y adecuadamente la decisi\u00f3n de apartarse, actuaci\u00f3n que fue explicada por la Sala en el citado fallo, de la siguiente manera:  <\/span><\/p>\n

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\u00abExisten varias formas para apartarse del precedente. Una, cuando se presenta modificaci\u00f3n de la regla de decisi\u00f3n, derivada de la concurrencia de elementos de distinci\u00f3n entre el caso actual y el que, prima facie, se consider\u00f3 precedente; la otra, el surgimiento de motivos normativos, valorativos o sociales que compelen de tal forma el contexto de la decisi\u00f3n, obligando al juez a replantear la subregla jurisprudencial. Un viraje en el punto demanda asumir exigentes cargas argumentativas (sentencia C-836 de 2001).  <\/span><\/p>\n

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Esas cargas han sido llamadas de: a) \u201ctransparencia\u201d, evento en el cual el juez tiene el deber de identificar las decisiones previas que podr\u00edan ser relevantes para la definici\u00f3n del caso objeto de estudio; b) \u201csuficiencia i\u201d si se pretende establecer una distinci\u00f3n entre el caso previo y el actual debe identificar las diferencias y similitudes jur\u00eddicamente relevantes entre ambos casos y explicar por qu\u00e9 unas pesan m\u00e1s que otras, tal como lo exige el principio de igualdad siempre que se pretenda dar un trato diferente a dos situaciones, en principio, semejantes; y, c)  \u201csuficiencia ii\u201d el juez debe exponer las razones por las cuales la nueva orientaci\u00f3n no solo es \u201cmejor\u201d que la decisi\u00f3n anterior, desde alg\u00fan punto de vista interpretativo, sino explicar de qu\u00e9 manera esa propuesta normativa justifica una intervenci\u00f3n negativa en los principios de confianza leg\u00edtima, seguridad jur\u00eddica e igualdad, de la parte que esperaba una resoluci\u00f3n ajustada a las decisiones previas1\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3.        Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or Julio C\u00e9sar Jaramillo Jaramillo, de entrada se anuncia que la misma debe acogerse, por las razones que pasan a explicarse:  <\/span><\/p>\n

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3.1.         Esta Sala, en un caso de id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica al presente, tuvo la oportunidad de brindar el amparo demandado por su promotor, tras considerar lo siguiente:     <\/span><\/p>\n

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\u00ab1. Ram\u00f3n Antonio Baena C\u00e9spedes arremete concretamente contra la sentencia de 26 de agosto de 2015 de la Sala de Casaci\u00f3n querellada, por la cual se resolvi\u00f3 no casar el fallo de segundo grado proferido en el comentado subex\u00e1mine, neg\u00e1ndose de esa manera el reconocimiento de su pensi\u00f3n de vejez, desconociendo supuestamente, las normas que permiten la acumulaci\u00f3n del tiempo de servicio, sin importar la naturaleza de la sujeci\u00f3n laboral, esto es, si es de car\u00e1cter \u201c(\u2026) oficial o privado (…)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2. Se revocar\u00e1 la sentencia impugnada, al avizorarse que la providencia a trav\u00e9s de la cual se desestim\u00f3 la pretensi\u00f3n del promotor, transgredi\u00f3 los derechos fundamentales deprecados, por prescindir de la doctrina constitucional y legal sobre la suma de tiempos de servicio oficial no cotizados con el Instituto de Seguro Social \u2013ISS- (hoy Colpensiones) para pensi\u00f3n, por aportes de la Ley 71 de 1988, como a continuaci\u00f3n pasa a verse.  <\/span><\/p>\n

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2.1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral infiri\u00f3 probatoriamente  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) (i) que el se\u00f1or Ram\u00f3n Antonio Baena C\u00e9spedes es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993; (ii) que contaba con servicios al sector p\u00fablico sin cotizaciones al ISS y cotizaciones como afiliado a esa entidad de seguridad social; (iii) que cumpli\u00f3 60 a\u00f1os de edad el 10 de agosto de 2000; y (iv) que el n\u00famero de semanas cotizadas fue de 1017 y que dej\u00f3 de cotizar al sistema el 3 de abril de 2006 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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De esa forma, concluy\u00f3 que para efectos prestacionales, conforme a la jurisprudencia imperante de ese m\u00e1ximo Tribunal, entre tal, la sentencia del 19 de octubre de 2011 (ref. 41672), el tiempo no cotizado por el petente al ISS no pod\u00eda sumarse al lapso de servicios que s\u00ed fue contribuido en ese ente, motivo por el cual no pod\u00eda pensionarse bajo el \u201cr\u00e9gimen de transici\u00f3n\u201d consignado en el canon 36 de la Ley 100 de 1993.  <\/span><\/p>\n

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A rengl\u00f3n seguido, desech\u00f3 la posibilidad de otorgar la aludida prestaci\u00f3n social sin aplicar el citado \u201cr\u00e9gimen de transici\u00f3n\u201d, por cuanto, a pesar de que bajo los derroteros de la regla 33 ib\u00eddem, es admisible computar los tiempos de servicio, a la fecha en la cual el interesado demand\u00f3 el reconocimiento se exig\u00edan 1050 semanas cotizadas (precepto 3\u00b0 de la Ley 797 de 2003), y \u00e9l s\u00f3lo demostr\u00f3 1017.  <\/span><\/p>\n

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En palabras del se\u00f1alado Colegiado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [C]omo qued\u00f3 probado que la \u00faltima semana de cotizaci\u00f3n del demandante fue el 3 de abril de 2006, fecha en la que complet\u00f3 la densidad de 1017 semanas, salta a la vista que cuando cumpli\u00f3 los 60 a\u00f1os de edad el 10 de agosto de 2000, no ten\u00eda 500 semanas de cotizaci\u00f3n al ISS dentro de los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de dicha edad, ni tampoco 1000 semanas, la cual solo se satisfizo en vigencia del art\u00edculo 9 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, el cual entr\u00f3 en vigencia el 29 de enero de 2003, fecha en la que tampoco hab\u00eda acreditado dicho n\u00famero de cotizaci\u00f3n, que solo alcanz\u00f3 hasta el 3 de noviembre de 2005, data para la cual se exig\u00edan 1050 semanas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Debe admitirse que la providencia en cita arguy\u00f3 razones serias y respetables sobre la improcedencia de adjudicar el beneficio econ\u00f3mico pretendido por Ram\u00f3n Antonio Baena C\u00e9spedes, empero, tampoco puede soslayarse que las consideraciones all\u00ed expuestas no acentuaron el estudio de las disposiciones que regulan lo atinente a la posibilidad de acumular tiempo de servicio a diferentes empleadores, p\u00fablicos y privados, tanto antes como despu\u00e9s de la vigencia de la Ley 100 de 1993, y las subreglas erigidas por la Corte Constitucional para el caso espec\u00edfico, proposiciones que al analizarse, conducir\u00edan a establecer con mayor certeza, si el actor acreditaba el n\u00famero de semanas necesarias para obtener la pensi\u00f3n de vejez.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Previo a la expedici\u00f3n de la Carta de 1991 y la Ley 100 de 1993, no hab\u00eda un sistema integral de pensiones, existiendo a la par m\u00faltiples reg\u00edmenes, regentados por distintas entidades.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, por ejemplo, la administraci\u00f3n relativa al reconocimiento y pago de las pensiones de los servidores p\u00fablicos la efectuaba la Caja Nacional de Previsi\u00f3n \u2013Cajanal- y las cajas de las respectivas entidades territoriales, competencia que desempe\u00f1aban paralelamente junto a otras entidades oficiales, en especial, aqu\u00e9llas encargadas de \u201c(\u2026) regular a determinados sectores de empleados, como los miembros de la Fuerza P\u00fablica (…)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Por otro lado, la concreci\u00f3n de los derechos a la jubilaci\u00f3n de los trabajadores privados le correspond\u00eda  asumirla directamente a algunos empleadores, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, concordante con las Leyes 6 de 1945 y 65 de 1946, respectivamente, atribuy\u00e9ndose esa funci\u00f3n solo a las \u201c(\u2026) empresas [que contaran] con [un] capital mayor a ochocientos mil pesos (…)\u201d. Igualmente, para otros sectores industriales, permiti\u00f3 la legislaci\u00f3n laboral de ese entonces, la creaci\u00f3n de \u201c(\u2026) cajas de previsi\u00f3n privadas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, fue a partir de 1967 cuando el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (despu\u00e9s Seguro Social \u2013ISS-, hoy Colpensiones) asumi\u00f3 gradualmente \u201c(\u2026) el reconocimiento y pago de pensiones de empleados privados (\u2026)\u201d, atributo que no previ\u00f3 \u201c(\u2026) un sistema de [integraci\u00f3n] entre reg\u00edmenes del sector p\u00fablico y privado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Luego, mediante la Ley 71 de 1988 se permiti\u00f3 integrar los aportes de aquellos servidores p\u00fablicos que tambi\u00e9n trabajaron con empleadores privados y cotizado al ISS, como es el caso del aqu\u00ed quejoso, Ram\u00f3n Antonio Baena C\u00e9spedes, sin embargo, como lo indic\u00f3 la Corte Constitucional mediante sentencia C-012 de 1994, para las personas con expectativas pensionales reguladas por \u201c(\u2026) reg\u00edmenes anteriores (\u2026)\u201d, se les exclu\u00eda de ese beneficio, a menos que \u00e9stas \u201c(\u2026) demostraran [solamente] haber cotizado al ISS y las cajas de previsi\u00f3n del sector p\u00fablico (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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En esa direcci\u00f3n, y a partir de los principios emanados del art\u00edculo 48 Superior y acopiados por la Ley 100 de 1993, dicha Corporaci\u00f3n, en prove\u00eddo T-090 de 2009 se\u00f1al\u00f3 la posibilidad de \u201c(\u2026) acumular tiempo de servicio a entidades estatales y cotizaciones al ISS para reunir el n\u00famero de semanas necesarias con el fin de obtener la pensi\u00f3n de vejez (\u2026)\u201d, deduciendo tal aseveraci\u00f3n del \u201c(\u2026) principio constitucional de favorabilidad (\u2026)\u201d, dando alcance al \u201c(\u2026) r\u00e9gimen de transici\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Bajo la anterior premisa, expres\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [U]na de las interpretaciones se\u00f1ala que el acuerdo 49 de 1990, norma que el actor pretende le sea aplicada en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, nada dice acerca de la acumulaci\u00f3n antes explicada, raz\u00f3n por la cual, si el peticionario desea que se le haga esta sumatoria, debe acogerse a los art\u00edculos de la ley 100 de 1993 que regulan los requisitos de la pensi\u00f3n de vejez, disposici\u00f3n que s\u00ed permite expresamente la acumulaci\u00f3n que solicita (art\u00edculo 33, par\u00e1grafo 1). Tal conclusi\u00f3n es apoyada por el tenor literal del par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 33, que prescribe que las acumulaciones que prev\u00e9 son s\u00f3lo para efectos del c\u00f3mputo de las semanas a que se refiere el art\u00edculo 33, lo que excluir\u00eda estas sumatorias para cualquier otra norma, en este caso, para el acuerdo 49 de 1990 (\u2026)\u201d.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a otra interpretaci\u00f3n posible se basa en el tenor literal del art\u00edculo 36 de la ley 100 de 1993 que regula el r\u00e9gimen de transici\u00f3n del cual es beneficiario el actor. Esta disposici\u00f3n se\u00f1ala que las personas que cumplan con las condiciones descritas en la norma podr\u00e1n adquirir la pensi\u00f3n de vejez con los requisitos de (i) edad, (ii) tiempo de servicios o  n\u00famero de semanas cotizadas y (iii) monto de la pensi\u00f3n de vejez establecidos en el r\u00e9gimen anterior al cual se encontraban afiliados, y que las dem\u00e1s condiciones y requisitos de pensi\u00f3n ser\u00e1n los consagrados en el sistema general de pensiones, es decir, en la ley 100 de 1993. En este orden de ideas, por expresa disposici\u00f3n legal, el r\u00e9gimen de transici\u00f3n se circunscribe a tres \u00edtems, dentro de los cuales no se encuentran las reglas para el c\u00f3mputo de las semanas cotizadas, por lo tanto, deben ser aplicadas las del sistema general de pensiones, que se encuentran en el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 33, norma que permite expresamente la acumulaci\u00f3n solicitada por el actor (…)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n entiende que es una obligaci\u00f3n del ISS acumular el tiempo de servicio al Estado, independientemente si fue cotizado o no, para efectos de acceder al reconocimiento de una pensi\u00f3n de vejez en los t\u00e9rminos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, siempre y cuando el afiliado sea beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en la Ley 100 de 1993. Esta obligaci\u00f3n se fundamenta en el principio constitucional de favorabilidad y en la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n consagrado en el Art\u00edculo 36 de la misma normatividad. Finalmente, en criterio de la Corte, el desconocimiento de este deber supondr\u00eda una vulneraci\u00f3n de los derechos al debido proceso y a la seguridad social, m\u00e1s all\u00e1 del deber que existe de trasladar la respectiva cuota parte pensional, para efectos de mantener la sostenibilidad financiera del sistema (…)\u201d (se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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2.7. Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia SU-769 de 16 de octubre de 2014, junt\u00f3 sus propios precedentes sobre la materia, y dispuso que ante la posibilidad de \u201c(\u2026) acumular tiempos de servicios prestados en entidades p\u00fablicas cuando no hubieren sido efectuados los aportes a alguna Caja o Fondo de Previsi\u00f3n Social o cuando no fueron cotizados al Instituto de Seguros Sociales (\u2026)\u201d proced\u00eda el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez \u201c(\u2026) de acuerdo con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 2012 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Desde esa perspectiva, esboz\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]n suma, para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez de los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, a quienes se les apliquen los requisitos contenidos en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es posible realizar la acumulaci\u00f3n de los tiempos en cajas o fondos de previsi\u00f3n social cotizados o que debieron ser cotizados por las entidades p\u00fablicas, con aquellos aportes realizados al seguro social. Lo anterior, porque indistintamente de haberse realizado o no los aportes, es la entidad p\u00fablica para la cual labor\u00f3 el trabajador la encargada de asumir el pago de los mismos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

Y luego, coligi\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [T]ambi\u00e9n es posible acumular el tiempo laborado en entidades p\u00fablicas respecto de las cuales el empleador no efectu\u00f3 las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsi\u00f3n social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el trabajador, m\u00e1s a\u00fan cuando era la entidad p\u00fablica la que asum\u00eda dicha carga prestacional (\u2026)\u201d (se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. De ese modo, seg\u00fan el axioma y principio especial de la seguridad social, todo tiempo de servicio debe producir efectos pensionales, consecuencialmente este se debe reflejar en los requisitos para la pensi\u00f3n, por ejemplo, en los bonos y t\u00edtulos pensionales, c\u00e1lculos actuariales, tiempos de servicio, cotizaciones etc.\u00bb (CSJ STC16427-2016)2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2.         De lo anterior, surge patente la transgresi\u00f3n de la garant\u00edas invocadas por el tutelante, pues no se presta a dudas que tanto la Sala Laboral del Tribunal de Medell\u00edn como la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, en sus decisiones, desconocieron el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 2014, el cual es de obligatoria observancia para el caso espec\u00edfico, ya que no dieron cuenta del por qu\u00e9 se apartaban del mismo3, superando el costo que significa para la seguridad jur\u00eddica, la confianza leg\u00edtima, la igualdad y la interpretaci\u00f3n uniforme de la ley, desechar la regla decisional definida por dicha Corporaci\u00f3n en la mentada determinaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando en juego tambi\u00e9n se encuentran otras prerrogativas iusfundamentales de igual o mayor val\u00eda a la citada.  <\/span><\/p>\n

3.3.         En efecto, n\u00f3tese, que hacia el interior del juicio laboral debatido no se discute que el accionante es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y que cuenta con 1021, 71 semanas acreditadas, correspondientes a 834,29 semanas efectivamente cotizadas al ISS y, 187,43 semanas en el sector p\u00fablico no cotizadas al ISS, las cuales, a la luz del demarcado precedente constitucional, indudablemente le ser\u00edan suficientes al actor para obtener la pensi\u00f3n de vejez reclamada, esto es, la regulada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        As\u00ed las cosas, es claro para la Sala que las deducciones efectuadas en relaci\u00f3n a la pretensi\u00f3n del accionante dentro de la memorada actuaci\u00f3n, no son razonables y, por ende, las mismas lucen defectuosas, lo que justifica la intervenci\u00f3n del Juez de tutela en aras de restablecer los derechos fundamentales conculcados.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Por tanto, como delanteramente se apunt\u00f3, se impone revocar el fallo refutado, para que tras invalidar las decisiones necesarias, la Sala Laboral del Tribunal de Medell\u00edn proceda a proferir una nueva decisi\u00f3n de fondo teniendo en cuenta lo aqu\u00ed expuesto y la jurisprudencia vigente sobre la pensi\u00f3n de vejez con la acumulaci\u00f3n de aportes.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia confutada, y en su lugar, CONCEDE el amparo incoado por el se\u00f1or Julio C\u00e9sar Jaramillo Jaramillo. En consecuencia se dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO los fallos adoptados el 20 de octubre de 2011 y 10 de agosto de 2016, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, respectivamente, dentro del proceso ordinario laboral que fue objeto de an\u00e1lisis en la presente actuaci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: ORDENAR a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, que dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, dicte una nueva sentencia con base en las consideraciones aqu\u00ed expuestas, teniendo en cuenta el precedente ordinario y constitucional vigente sobre el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez con la acumulaci\u00f3n de aportes, particularmente, el vertido en la sentencia SU-769 de 2014.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Corte Constitucional sentencia T-698 de 2004, T-464 de 2011 y SU-432 de 2015.    <\/span><\/p>\n

2 Ver tambi\u00e9n, en un caso similar, STC2453-2015.    <\/span><\/p>\n

3 En el caso del Tribunal, de la l\u00ednea jurisprudencial que fue recogida en dicho fallo constitucional.      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1987-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02209-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)   Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99447","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99447","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99447"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99447\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99447"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99447"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99447"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}