{"id":99448,"date":"2026-06-25T18:30:31","date_gmt":"2026-06-25T18:30:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1988-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:30:31","modified_gmt":"2026-06-25T18:30:31","slug":"stc1988-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1988-2017\/","title":{"rendered":"STC1988-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1988-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-002-2016-00293-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).   <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 28 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Telcana Franchesca Builes Zapata contra los Juzgados Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar y Promiscuo Municipal de Fonseca, tr\u00e1mite al que fue vinculada la parte activa y dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        La gestora reclama de manera transitoria, la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las sentencias proferidas en ambas instancias en el marco de la acci\u00f3n de tutela con radicado No. 2015-00312-00, que el se\u00f1or Crhistopher Enrique Ovalle Romero promovi\u00f3 en contra del Concejo Municipal de Fonseca, tr\u00e1mite al cual fueron citados el Personero de esa municipalidad y los aspirantes a dicho cargo.  <\/span><\/p>\n

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       Requiere entonces, de manera concreta, que se \u00abrevo[quen] los [citados] fallos\u00bb, y como consecuencia de ello, que se ordene a las oficinas judiciales accionadas, \u00abproferir [nuevas decisiones donde] se respeten los preceptos jurisprudenciales de las altas cortes\u00bb (fl. 3, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que con la acci\u00f3n constitucional referida l\u00edneas atr\u00e1s, el accionante pretendi\u00f3 dejar sin efectos el concurso de m\u00e9ritos convocado para proveer el cargo de Personero del municipio de Fonseca, pretensi\u00f3n a la cual inicialmente accedi\u00f3 el Juzgado Promiscuo Municipal de la citada localidad; sin embargo, en virtud de la nulidad decretada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, se reanud\u00f3 la actuaci\u00f3n con miras a notificar a los terceros con inter\u00e9s en su resultado, interregno en el cual ella fue nombrada en propiedad en dicho cargo, tomando posesi\u00f3n del mismo el 5 de abril de 2016.     <\/span><\/p>\n

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Expresa que luego de cumplidas las diligencias mencionadas, el aludido Despacho dict\u00f3 nuevamente sentencia el 21 de abril siguiente, concediendo la protecci\u00f3n suplicada, por lo que dispuso \u00abdecret[ar] la nulidad de todo el tr\u00e1mite del concurso\u00bb, ordenando, en consecuencia a la autoridad demandada, \u00abiniciar de conformidad con el decreto 2485 [uno nuevo]\u00bb, decisi\u00f3n que  impugn\u00f3 sin suerte, pues el Juez Promiscuo del Circuito censurado la confirm\u00f3, pese a haberle advertido que el reclamo no atend\u00eda el requisito de procedencia de la subsidiariedad, ya que contra el acto administrativo de su nombramiento estaba en curso una demanda de nulidad electoral ante el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Riohacha, raz\u00f3n por la que considera que debe ser atendido su reclamo a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional (fls. 1 a 12, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  Los se\u00f1ores Sergio Andr\u00e9s D\u00edaz Uribe y Crhistopher Enrique Ovalle Romero, en su condici\u00f3n de Concejal del municipio de Fonseca y actor de la acci\u00f3n de tutela cuestionada, respectivamente, aunque en escritos separados, solicitaron denegar el resguardo implorado, con sustento en que a m\u00e1s que \u00e9ste no procede para debatir decisiones adoptadas por el Juez de tutela, la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa suspendi\u00f3 provisionalmente el acto administrativo de nombramiento de la aqu\u00ed interesada en el cargo de Personera de la citada localidad (fls. 168 a 182, 204 y 205, Cit.).   <\/span><\/p>\n

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b.   El Juez Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, despu\u00e9s de rese\u00f1ar las actuaciones surtidas dentro de la actuaci\u00f3n constitucional referenciada, se opuso a la prosperidad del auxilio aqu\u00ed pretendido, toda vez que el fallo que emiti\u00f3 \u00abno fue descontextualizado sino conforme a derecho atendiendo la constituci\u00f3n, las leyes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional\u00bb (fls. 187 a 189, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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c. La titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Fonseca, luego de referirse con brevedad frente a cada uno de los hechos narrados en el escrito de tutela, objet\u00f3 la petici\u00f3n de amparo, tras se\u00f1alar que \u00abno ha vulnerado en ning\u00fan momento los derechos a la igualdad, debido proceso, ni mucho menos se ha negado el acceso a la administraci\u00f3n de justicia como lo manifiesta la accionante\u00bb (fls. 191 y 192, \u00eddem).     <\/span><\/p>\n

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d.  Los dem\u00e1s involucrados, guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, \u00abpor tratarse de una tutela contra una sentencia de tutela\u00bb, sumado a que \u00abno se evidencia en la argumentaci\u00f3n planteada por la accionante que las sentencias (\u2026) proferidas por los juzgados accionados dentro de la acci\u00f3n constitucional en menci\u00f3n, fuera producto de una situaci\u00f3n de fraude, pues, la actora, siendo su carga no lo expres\u00f3 as\u00ed\u00bb (fls. 227 a 239, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La tutelante se mostr\u00f3 inconforme frente a lo resuelto, insistiendo en los mismos planteamientos expuestos en la queja constitucional (fls. 264 a 268, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, se ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite; o cuando la decisi\u00f3n afecta de manera grave una garant\u00eda fundamental en sujetos considerados de especial protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.        Aqu\u00ed, tras realizar el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional instaurada por la se\u00f1ora Telcana Franchesca Builes Zapata, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su principal objetivo es atacar la sentencia del 27 de junio de 2016, emitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, que confirm\u00f3 la concesi\u00f3n del amparo dispuesta por el Juzgado Promiscuo Municipal de Fonseca, dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente que recientemente el se\u00f1or Crhistopher Enrique Ovalle Romero impuls\u00f3 en contra del Concejo de la citada municipalidad, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues por dem\u00e1s, no se evidencia la ocurrencia de alguna de las hip\u00f3tesis en las que la Corte ha admitido de manera excepcional\u00edsima la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

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3.        T\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia constitucional ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, escenario donde la parte interesada podr\u00e1, seg\u00fan el caso, acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del citado decreto1, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, \u00fanicos mecanismos procesales que pueden interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto.  <\/span><\/p>\n

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En este sentido, la Sala ha se\u00f1alado que proceder de esta manera  <\/span><\/p>\n

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\u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CJS STC, 22 ago. 2008, Rad. 01317-00, reiterada recientemente en STC9442-2016 y STC9896-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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1 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional.      <\/span><\/p>\n

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