{"id":99449,"date":"2026-06-25T18:30:38","date_gmt":"2026-06-25T18:30:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1989-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:30:38","modified_gmt":"2026-06-25T18:30:38","slug":"stc1989-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1989-2017\/","title":{"rendered":"STC1989-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1989-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2016-00833-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del resguardo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso, de petici\u00f3n, \u00abal respeto y a la dignidad humana, en conexidad con la vida\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades administrativas y judicial convocadas, al no haber dispuesto y colaborado con la diligencia de entrega del bien inmueble que le fue adjudicado en p\u00fablica subasta, dentro del proceso ejecutivo mixto que Bancolombia S.A. promovi\u00f3 en contra del se\u00f1or Alexander Gallardo Carvajal.   <\/span><\/p>\n

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En consecuencia requiere, de manera concreta, que se ordene al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga, \u00abentreg[ar] el bien rematado\u00bb (fl. 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reclamo, aduce en lo esencial, que pese haberse ordenado para el mes de julio de 2016 la entrega del inmueble objeto de garant\u00eda dentro de la ejecuci\u00f3n referida l\u00edneas atr\u00e1s, a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela interpuesta por el veedor ciudadano Sa\u00fal Ortiz Barrera, en calidad de agente oficioso de la se\u00f1ora Consuelo Gallardo Carvajal, hermana del ejecutado, esta Corporaci\u00f3n, dice, en providencia de 14 de julio de 2016, al proteger la condici\u00f3n de \u00abdiscapacidad mental\u00bb de la agenciada, dispuso suspender dicha diligencia por treinta (30) d\u00edas, \u00abmientras las autoridades aqu\u00ed requeridas reubicaban a la [prenombrada persona]\u00bb.     <\/span><\/p>\n

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Finalmente asevera, que han pasado m\u00e1s de cuatro (4) meses desde que venci\u00f3 el t\u00e9rmino de suspensi\u00f3n ordenado sin que la Alcald\u00eda municipal de Piedecuesta cumpla con su obligaci\u00f3n de reubicar a la protegida, pues aduce que no tiene contrato con ninguna instituci\u00f3n por falta de presupuesto, a lo que se suma el hecho de que el veedor \u00abtampoco se ha interesado en darle cumplimiento a la orden emitida\u00bb, situaci\u00f3n que la coloca en un estado de \u00abangustias y zozobras\u00bb, pues tiene 6 hijos \u00aby ya no tiene como pagar m\u00e1s arriendo\u00bb, raz\u00f3n por la que considera que su reclamo debe ser atendido a trav\u00e9s de este especial mecanismo de protecci\u00f3n (fls. 1 a 7, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.  La titular del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga, luego de aclarar que esta Colegiatura no imparti\u00f3 orden alguna en los t\u00e9rminos esgrimidos por la accionante, sino una exhortaci\u00f3n para que se diera pronta resoluci\u00f3n a reclamaci\u00f3n que eventualmente hiciera la se\u00f1ora Consuelo Gallardo Carvajal frente a su situaci\u00f3n de discapacidad, lo cual hizo al suspender por treinta (30) d\u00edas la diligencia de entrega dispuesta dentro del juicio compulsivo referenciado, a fin que \u00ab[LA] DEFENSORIA DEL PUEBLO, LA ALCALDIA DE PIEDECUESTA, [E]L PERSONERO MUNICIPAL (\u2026) Y [EL] DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL SANTANDER (\u2026) adelantaran las [actuaciones] a las que hubiere lugar, para la protecci\u00f3n de la citada se\u00f1ora y continuar con la [mentada] diligencia\u00bb, se opuso al \u00e9xito del reclamo invocado, tras manifestar que ese Despacho en providencia de la fecha, \u00abdispuso reanudar[la]\u00bb, quedando pendiente de notificaci\u00f3n dicha decisi\u00f3n, por el env\u00edo del expediente en calidad de pr\u00e9stamo para efectos de su revisi\u00f3n (fl. 27, cdno. 1).          <\/span><\/p>\n

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b.  El municipio de Piedecuesta a trav\u00e9s de apoderado judicial, despu\u00e9s de pronunciarse con brevedad acerca de los hechos expuestos en el escrito de tutela, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de ese ente territorial del presente tr\u00e1mite, con fundamento en que \u00abNO tiene obligaci\u00f3n legal de reubicar a la se\u00f1ora CONSUELO GALLARDO CARVAJAL, quien entre otras cosas tiene familiares que est\u00e1n llamados por ley a responder por ella\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo indic\u00f3, que no obstante lo anterior, por medio de la Secretar\u00eda de Desarrollo Social se est\u00e1 estudiando la posibilidad de otorgarle a \u00e9sta un cupo en un albergue, siempre y cuando, claro est\u00e1, cumpla con los requisitos para ser beneficiaria de dicha ayuda (fls. 34 a 36, Cit.).   <\/span><\/p>\n

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c.  Tanto la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Santander como el Personero de la citada municipal, pidieron exonerar de responsabilidad a dichas entidades frente a lo pretendido por la actora, por cuanto que nada tiene que ver con la realizaci\u00f3n de la diligencia a\u00f1orada por \u00e9sta, puesto que su labor siempre ha sido de acompa\u00f1amiento, la cual han cumplido a cabalidad para el caso (fls. 83 a 85 y 107 a 122, ejusdem).    <\/span><\/p>\n

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d.  El veedor ciudadano Sa\u00fal Ortiz Barrera, aunque tard\u00edamente, solicit\u00f3 denegar el amparo implorado, con sustento en que a su agenciada se le deben seguir protegiendo sus derechos hasta tanto le sea nombrado un curador provisional, para que \u00e9ste en su nombre pueda ejercer su defensa en la ejecuci\u00f3n a la que se ha venido haciendo alusi\u00f3n (fls. 200 a 206, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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e.  El otro vinculado, guard\u00f3 silencio.    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia concedi\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que \u00ab[s]i bien el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCI\u00d3N CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA el pasado 5\/12\/2016 orden\u00f3 la reanudaci\u00f3n de la diligencia de entrega del bien inmueble ubicado en la carrera 6\u00aa N\u00ba 4-43 del municipio de Piedecuesta, lo cierto es que a la fecha dicha providencia no se encuentra ejecutoriada y la diligencia de entrega no ha sido materializada pese a que desde el pasado 4\/3\/2014 la accionante adquiri\u00f3 por remate dicho inmueble\u00bb, por lo que \u00abesas \u00f3rdenes no son suficientes para cumplir con la entrega del bien, a la que tiene derecho la [tutelante], pues esta debe materializarse en los propios t\u00e9rminos del remate\u00bb, es decir, \u00ab[n]o cumplir con este acto procesal (\u2026) es vulnerarle a la accionante el derecho a la ejecuci\u00f3n de la decisi\u00f3n judicial\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abexiste una mora judicial injustificada frente a la [peticionaria]\u00bb, no siendo reprochables las actuaciones realizadas por el Despacho criticado en favor de la se\u00f1ora Consuelo Gallardo Carvajal.   <\/span><\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3 a la citada autoridad judicial, \u00abnotificar a las partes la providencia del 5\/12\/2016\u00bb, y, que se disponga \u00abreali[zar] todas las diligencias necesarias para materializar la entrega del bien adjudicado a la accionante\u00bb, para lo cual \u00abdeber\u00e1 adoptar seg\u00fan el caso y de forma inmediata las decisiones necesarias para el cumplimiento de la orden impuesta, librando igualmente las comunicaciones a que haya lugar\u00bb (fls. 186 a 195, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Tanto el se\u00f1or Alexander Gallardo Carvajal como el veedor Sa\u00fal Ortiz Barrera, se mostraron inconformes con la anterior decisi\u00f3n, esgrimiendo, el primero, que existe una denuncia penal por hurto agravado por la confianza en relaci\u00f3n al juicio compulsivo de la referencia, as\u00ed como un recurso de apelaci\u00f3n pendiente de resolverse por parte del Tribunal, por lo que debi\u00f3 declararse impedido para fallar este asunto; mientras que, el segundo, reiter\u00f3 los mismos planteamientos que utiliz\u00f3 para replicar la presente queja constitucional (fls. 254 y 255, 277 a 289, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.     De acuerdo con lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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2.    En el caso que se somete a examen, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que ser\u00e1 revocado el fallo impugnado, pues contrario a lo divisado por el a quo constitucional, la Sala no avizora de la actuaci\u00f3n desplegada por la Jueza Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga, dentro del proceso ejecutivo mixto que Bancolombia S.A. promovi\u00f3 en contra del se\u00f1or Alexander Gallardo Carvajal, particularmente, la relacionada con la suspensi\u00f3n y reanudaci\u00f3n de la diligencia de remate, que \u00e9sta atente contra el deber de acatar y cumplir de manera oportuna las decisiones judiciales, uno de los pilares b\u00e1sicos de nuestro Estado Social de Derecho, y menos a\u00fan que exista una mora judicial \u201cinjustificada\u201d por parte de la citada funcionaria, que habilite la intromisi\u00f3n del Juez de tutela en aras de restablecer las prerrogativas superiores invocadas por la accionante, a quien, se recuerda, le fue adjudicado el bien inmueble objeto de garant\u00eda hipotecaria en dicho tr\u00e1mite.     <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, por cuanto que, por un lado, la demora que ha sufrido el proceso en llegar a la etapa de entrega del referido bien, no es atribuible al aludido Despacho sino al sinn\u00famero de peticiones, recursos, incidentes de nulidad y acciones de tutela que se han propuesto por parte del demandado y los terceros intervinientes dentro del rese\u00f1ado juicio; y por el otro, si bien dicha autoridad dispuso la suspensi\u00f3n de esa diligencia por el t\u00e9rmino de un (1) mes, lo hizo en acatamiento a la exhortaci\u00f3n que esta Corporaci\u00f3n le efectu\u00f3 en sentencia del 28 de junio de 2016, radicado STC8640-2016, para que, en caso de elevarse reclamaci\u00f3n alguna por parte de la se\u00f1ora Consuelo Gallardo Carvajal, \u00abemit[iera] un pronunciamiento de fondo a la mayor brevedad posible\u00bb, lo cual sucedi\u00f3, situaci\u00f3n por la cual, entonces, no se le puede achacar vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia de la tutelante, pues, como se tiene dicho, la mora judicial tiene lugar cuando la actuaci\u00f3n del juzgador desconoce los plazos legales y carece de un motivo probado y razonable para excusar su tardanza.   <\/span><\/p>\n

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3.   Ahora, aunque la aludida suspensi\u00f3n en la pr\u00e1ctica se extendi\u00f3 un poco m\u00e1s de cuatro (4) meses, lo cierto es que la oficina judicial censurada, mediante prove\u00eddo de 5 de diciembre de la citada anualidad, orden\u00f3, entre otros, reanudar la iniciaci\u00f3n de la memorada diligencia, aspecto que debi\u00f3 bastarle al Juez constitucional de primera instancia para negar el resguardo pedido, en tanto que, para la fecha en que se profiri\u00f3 el fallo confutado, ya hab\u00eda cesado la posible o eventual vulneraci\u00f3n o amenaza a los derechos fundamentales invocados por la peticionaria, de donde se desprende que \u00abemerge una carencia actual de objeto del auxilio, en la medida que existe plena certeza de que el fin \u00faltimo perseguido con \u00e9ste fue cumplido, no siendo dable impartir una orden en la forma solicitada, cuando la irregularidad referida es a la fecha inexistente\u00bb (CSJ STC, 23 ene. 2012, Rad. 01602-01; reiterada en STC3146-2015, STC995-2016 y STC5340-2016).  <\/span><\/p>\n

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Al punto, la Corte Constitucional ha precisado que  <\/span><\/p>\n

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\u00absi bien se tiene que el prop\u00f3sito de la tutela, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las \u00f3rdenes que considere pertinentes a la autoridad p\u00fablica o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar as\u00ed la defensa actual y cierta de los mismos, cuando la situaci\u00f3n de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acci\u00f3n de tutela pierde toda raz\u00f3n de ser como mecanismo m\u00e1s apropiado y expedito de protecci\u00f3n judicial, por cuanto la decisi\u00f3n que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultar\u00eda a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acci\u00f3n\u00bb (C.C. T-308\/03, citada recientemente en STC995-2016 y STC4672-2016).   <\/span><\/p>\n

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4.   Por \u00faltimo, cabe acotar, que la Sala no es ajena a la situaci\u00f3n que sobrelleva la accionante, quien ha tenido que cargar con el peso de un proceso que ha sido litigado hasta el punto de fatigar; sin embargo, no le toca otro camino que esperar a que se evacue la diligencia de entrega, conforme al rito previsto en la normatividad adjetiva vigente, el cual de ning\u00fan modo puede ser desconocido.       <\/span><\/p>\n

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5.   Corolario de lo anterior, como delanteramente se dijo, se impone dejar sin efecto el fallo controvertido, para en su lugar, denegar la salvaguarda aqu\u00ed implorada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n y, en su lugar, NIEGA la protecci\u00f3n suplicada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC1989-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2016-00833-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).                  ANTECEDENTES      1.   […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99449","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99449","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99449"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99449\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99449"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99449"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99449"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}