{"id":99450,"date":"2026-06-25T18:30:40","date_gmt":"2026-06-25T18:30:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1990-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:30:40","modified_gmt":"2026-06-25T18:30:40","slug":"stc1990-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1990-2017\/","title":{"rendered":"STC1990-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1990-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2016-00186-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Freddy Abraham y Laura Jimena Gonz\u00e1lez Rend\u00f3n, Esteban Gonz\u00e1lez Rend\u00f3n, Freddy de Jes\u00fas Gonz\u00e1lez Cardona, Jairo Pati\u00f1o G\u00f3mez, Alba Judith Quintero Oviedo, Constanza Milena Reyes, Lucelly Rend\u00f3n Hurtado y Javier D\u00edaz \u00c1lvarez, contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad Administrativa Especial para la Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Direcci\u00f3n Territorial Magdalena Medio, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Director de la citada Unidad, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja y las v\u00edctimas del despojo representadas en el juicio especial de restituci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Los accionantes a trav\u00e9s de gestor judicial, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la honra, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a \u00abla recta y cumplida justicia\u00bb, presuntamente conculcados por las entidades convocadas, con ocasi\u00f3n de la actuaci\u00f3n administrativa prejudicial y el proceso especial de restituci\u00f3n de tierras que la Unidad de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas del Magdalena Medio promovi\u00f3 en representaci\u00f3n de los se\u00f1ores N\u00e9stor Ardila Rangel, Modesta Mart\u00ednez Bele\u00f1o, Bernardino Nieto Mart\u00ednez, Gabriel, N\u00e9stor Julio, Luis Alberto, Roquelina, Ernestina, Alcida y Praisedes Ardila Mart\u00ednez, en relaci\u00f3n al predio denominado \u201cLoma Fresca\u201d, ubicado en la vereda \u201cLas Pampas\u201d del municipio de Puerto Wilches (Santander).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aducen en lo esencial, que la solicitud de restituci\u00f3n de tierras que dio origen al litigio referido en l\u00edneas anteriores, est\u00e1 fundamentada, aseguran, en informaci\u00f3n totalmente alejada de la realidad, \u00ab[s]in prueba ni sustento legal alguno\u00bb, en la cual se hicieron manifestaci\u00f3n calumniosas que les afectan su honra y buen nombre, en cuanto a la forma como adquirieron la propiedad y posesi\u00f3n del predio objeto del proceso, exhibiendo una supuesta relaci\u00f3n de alguno de ellos con famosos narcotraficantes y grupos al margen de la ley, para finalmente endilgarles una serie de \u00abconductas il\u00edcitas\u00bb, situaci\u00f3n que, dicen, han tratado de clarificar, pero no han sido escuchados por ninguna de las entidades y autoridades judiciales accionadas, al punto que se les neg\u00f3 inicialmente el decreto de una prueba testimonial \u00abfundamental\u00bb, raz\u00f3n por la que consideran que las citadas autoridades con dichas actuaciones han transgredido las garant\u00edas superiores invocadas (fls. 7 a 43, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.  El Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, luego de hacer un recuento de las actuaciones que ha desplegado con ocasi\u00f3n del juicio restitutorio debatido, se resisti\u00f3 al \u00e9xito del auxilio pedido, tras manifestar que \u00aben ning\u00fan momento ha vulnerado derechos fundamentales de las partes [en dicha actuaci\u00f3n\u00bb, pues, por el contrario, \u00e9ste \u00abse ha tramitado bajo los par\u00e1metros fijados por la Ley 1448 de 2011, el C.G. del P. y la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb, al punto que \u00abuna vez interpuesto el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n contra la providencia que neg\u00f3 la citaci\u00f3n de los testigos Javier D\u00edaz \u00c1lvarez y Lucelly Rend\u00f3n Hurtado, [se] modific\u00f3 la decisi\u00f3n, reponiendo el auto recurrido y consecuentemente decretando dichos testimonios\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo indic\u00f3, que \u00abla [referida] solicitud desde su admisi\u00f3n ha tenido varios tropiezos, empezando por la notificaci\u00f3n de los titulares del derecho de dominio de predio [objeto de la misma]\u00bb, estando actualmente en tr\u00e1mite \u00abincidente de desacato contra unas entidades que no han dado contestaci\u00f3n a los requerimientos realizados por el Despacho\u00bb, informaci\u00f3n que es necesaria para \u00abproceder al env\u00edo del expediente a la Ho. Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de San Jos\u00e9 de C\u00facuta, para lo de su competencia, de conformidad con el art. 79 de la [citada] Ley\u00bb (fls. 251 y 252, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.  El Director Territorial de la Unidad de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas del Magdalena Medio, despu\u00e9s de hacer una rese\u00f1a de las etapas que se surten en la clase de procesos como el que se cuestiona, las cuales detall\u00f3 para el caso, solicit\u00f3 denegar lo pretendido por los aqu\u00ed interesados, con fundamento en que el presente reclamo se torna improcedente para debatir la legalidad del acto administrativo No. RG 2445 de 30 de julio de 2015, por medio del cual se orden\u00f3 la inscripci\u00f3n del predio \u201cLoma Fresca\u201d en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente (RTDAF), por ser \u00abun asunto de competencia de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa\u00bb, sumado a que se encuentra en curso la v\u00eda judicial dispuesta por el legislador para discutir o preservar el derecho de dominio que se pretenda alegar sobre dicha propiedad (fls. 253 a 258, Cit.).      <\/span><\/p>\n

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c.  El Coordinador del Grupo de Procesos Judiciales de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, adem\u00e1s de oponerse a lo exigido reproch\u00f3 la vinculaci\u00f3n de la entidad que representa al presente tr\u00e1mite, aduciendo que la misma \u00abno tiene competencia o funciones espec\u00edficas respecto de la solicitud [de restituci\u00f3n]\u00bb, y menos a\u00fan \u00abinjerencia respecto de las decisiones aut\u00f3nomas de los operadores judiciales\u00bb (fls. 259 a 263, ejusdem).   <\/span><\/p>\n

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d.  El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica inform\u00f3, que debido a que no le fue remitido copia del escrito de tutela y sus anexos, no le es posible emitir pronunciamiento alguno respecto de la queja elevada por los tutelantes (fl. 342, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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e.   Los dem\u00e1s involucrados, guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo implorado, tras considerar que \u00e9ste es prematuro, por cuanto que \u00ab[las] versiones que los accionantes anuncian como deshonrosas, fueron expuestas dentro de una solicitud judicial que incluso ahora se encuentra en curso\u00bb, de modo que \u00abla veracidad y certeza de los dichos que est\u00e1n contenidos en la solicitud, cuanto tal, y en el estado en que se encuentra el disputado proceso, no son m\u00e1s que hip\u00f3tesis cuya certidumbre, previo decreto, pr\u00e1ctica y valoraci\u00f3n probatoria (son el objeto de probar), se develar\u00e1 s\u00f3lo en el resultado final, esto es, en la sentencia que habr\u00e1 de dictarse\u00bb, escenario donde pueden los accionantes \u00abplantear toda la gesti\u00f3n defensiva que consideren adecuada en aras de clarificar la verdadera situaci\u00f3n en torno de c\u00f3mo y en qu\u00e9 condiciones se hicieron con los predios por cuya restituci\u00f3n abogan los solicitantes\u00bb. Asimismo, indic\u00f3 que \u00ablos propios accionantes dieron cuenta que formularon acci\u00f3n penal ante la autoridad competente a efecto de que se investigase si esas manifestaciones de los funcionarios accionados (\u2026) y contenidas en la solicitud de restituci\u00f3n de tierras, de veras afectan su honra y dignidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Los tutelantes se mostraron descontentos frente a lo resuelto, insistiendo en los mismos reparos con los que sustentaron la queja constitucional (fls. 379 a 386, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.    En el caso que se somete a examen, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que lo finalmente pretendido por los accionantes, es que se dejen sin efecto, por un lado, la Resoluci\u00f3n No. RG 2445 de 30 de julio de 2015, por medio del cual la Unidad de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas del Magdalena Medio orden\u00f3 la inscripci\u00f3n del predio \u201cLoma Fresca\u201d, ubicado en la vereda \u201cLas Pampas\u201d del municipio de Puerto Wilches (Santander), en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente (RTDAF), y por el otro, las actuaciones que se han desplegado con ocasi\u00f3n del proceso especial de restituci\u00f3n de tierras despojadas que la citada unidad promovi\u00f3 en nombre de los se\u00f1ores N\u00e9stor Ardila Rangel, Modesta Mart\u00ednez Bele\u00f1o, Bernardino Nieto Mart\u00ednez, Gabriel, N\u00e9stor Julio, Luis Alberto, Roquelina, Ernestina, Alcida y Praisedes Ardila Mart\u00ednez, pues en su sentir, en dicho acto administrativo se consignaron afirmaciones falsas que atentan contra su honra y buen nombre, el cual sirvi\u00f3 de fundamento para que se diera inicio a la referida actuaci\u00f3n, dicen, sin tener sustento legal ni probatorio alguno.   <\/span><\/p>\n

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3.   Sin embargo, se observa, por un lado, que los tutelantes a trav\u00e9s de su apoderado judicial, no solo se opusieron a la solicitud de restituci\u00f3n que dio origen al rese\u00f1ado juicio, sino que tambi\u00e9n han aportado y solicitado pruebas para enervar la informaci\u00f3n consignada en la demarcada resoluci\u00f3n1, con los mismos argumentos y con la misma pretensi\u00f3n por la que fue interpuesta la presente acci\u00f3n de tutela, tal y como lo advirti\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja y el Director de la prenombrada Unidad de Tierras, al rendir el informe solicitado por el a quo constitucional, actuaci\u00f3n que acorde con lo manifestado por dichas autoridades, a\u00fan no ha culminado, en tanto que todav\u00eda el aludido Despacho judicial est\u00e1 recolectando cierta informaci\u00f3n para poder remitir el expediente al Tribunal, quien por competencia deber\u00e1 adoptar el correspondiente fallo, raz\u00f3n por la que no es viable pretender reemplazar los senderos legales a trav\u00e9s de esta herramienta de car\u00e1cter subsidiaria y residual, aun aduciendo la existencia de un perjuicio irremediable, dado que, a m\u00e1s que dicho escenario es el dispuesto por el legislador para que se acredite por parte de los opositores a la restituci\u00f3n su condici\u00f3n de propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe, el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, Rad. 00171-00, mencionada recientemente en STC1630-2016 y STC2207-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.    En este orden de ideas, como bien lo sostuvo el Juez constitucional primario, se concluye que la presente acci\u00f3n deviene presurosa, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, inferencia que, se insiste, no puede ser derruida con el argumento que con la informaci\u00f3n consignada en la memorada resoluci\u00f3n y en la solicitud de restituci\u00f3n de tierras de la que se ha venido haciendo alusi\u00f3n, se est\u00e1 causando un da\u00f1o a la honra y al buen nombre de los accionantes, dado que, precisamente, esa tem\u00e1tica le corresponde analizarla al juez natural, orbita en la que no se puede inmiscuir el Juez de tutela, como antes se explic\u00f3, m\u00e1xime cuando tales manifestaciones a los que los actores califican de deshonrosas y calumniosas, tambi\u00e9n fueron puestas por los aqu\u00ed interesados a consideraci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, quien por competencia, inicialmente, determinar\u00e1 si hay lugar o no a la iniciaci\u00f3n de la consecuente investigaci\u00f3n, para que, en \u00faltimas, sea un Juez de la Rep\u00fablica, dentro de un proceso colmado de garant\u00edas, quien decida lo que corresponda respecto a esa puntual tem\u00e1tica, de la cual tampoco puede ocuparse el Juez de tutela.     <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior es que ha dicho la Corte, de tiempo atr\u00e1s, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC, 13 dic. 2012, Rad. 00201-01, citada \u00faltimamente en STC1668-2016 y STC6497-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.   Por los argumentos anotados, se impone mantener la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Por ejemplo, los testimonios que indicaron fueron negados inicialmente (Lucelly Rend\u00f3n Hurtado y Javier D\u00edaz \u00c1lvarez), pero que luego oficiosamente fueron recaudados por el juez del conocimiento.      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC1990-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2016-00186-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99450","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99450","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99450"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99450\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99450"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99450"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99450"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}