{"id":99454,"date":"2026-06-25T18:30:58","date_gmt":"2026-06-25T18:30:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1994-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:30:58","modified_gmt":"2026-06-25T18:30:58","slug":"stc1994-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1994-2017\/","title":{"rendered":"STC1994-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1994-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00286-00  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C. diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Gloria In\u00e9s L\u00f3pez R\u00edos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Cartago, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso liquidatorio objeto del presente tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre el formal\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad judicial convocada, con ocasi\u00f3n del auto dictado el 31 de agosto de 2016, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado mediante la cual se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa denominada \u00abfalta de competencia\u00bb propuesta por el demandado y, en consecuencia, se dio por terminado el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros permanentes.    <\/span><\/p>\n

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Por contera solicita, concretamente, que se ordene al Tribunal de Buga, \u00abrevo[car]\u00bb tal determinaci\u00f3n, o subsidiariamente, que disponga \u00abaplazar la resoluci\u00f3n de la excepci\u00f3n previa de falta de jurisdicci\u00f3n y competencia, debi\u00e9ndose continuar el tr\u00e1mite y resolverla como de fondo o m\u00e9rito\u00bb (fl. 11).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis la petente, que el 23 de febrero del a\u00f1o pasado, interpuso demanda de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que conform\u00f3 con el se\u00f1or Dominique Jean \u2013 Marie Ma\u00eetre, la cual inicialmente, fue rechazada de plano por falta de competencia, bajo la tesis que \u00abel \u00faltimo domicilio compartido por la pareja y el del demandado converg\u00edan en [la ciudad de] Par\u00eds \u2013 Francia\u00bb, decisi\u00f3n que censurada horizontalmente, fue repuesta, para entonces, admitirse el libelo.  <\/span><\/p>\n

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Expresa que notificado el demandado por conducta concluyente, propuso como medio exceptivo previo la falta de competencia, ante el cual, \u00abel juzgado de primera instancia sin tener en cuenta la solicitud de pruebas (\u2026) al momento de[l] [respectivo descorrimiento], [la]declar\u00f3 probada (\u2026) el d\u00eda 22 de julio del a\u00f1o 2016 (\u2026), pues consider\u00f3 que la tesis del domicilio civil acreditado con el contrato de asociaci\u00f3n por participaci\u00f3n en la sociedad de VIDA AMBULANCIAS S.A.S., y que sirvi\u00f3 de fundamento para provocar el rechazo de plano de la demanda [decisi\u00f3n que fue revocada en sede de reposici\u00f3n], perd\u00eda su confiabilidad con el oficio de fecha 25 de mayo de 2015 donde su representante legal advert\u00eda que el demandado no ostentaba la calidad de asociado ante el cierre definitivo de la empresa\u00bb, situaci\u00f3n que, asegura, no obedece a la verdad, disposici\u00f3n que fue confirmada por la Corporaci\u00f3n criticada, \u00absin hacer ninguna manifestaci\u00f3n profunda frente a los argumentos expuesto en el recurso de alzada\u00bb, lo que se traduce en la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas ius fundamentales invocadas, a m\u00e1s que, dice, pese a ser la demandante \u00abciudadana colombiana, a la fecha no existe ning\u00fan juzgado de familia del pa\u00eds que sea competente para tramitar y dirimir de fondo su conflicto\u00bb (fls. 6 a 15).  <\/span><\/p>\n

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3.        Mediante auto del 9 de febrero hoga\u00f1o, esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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1. En el presente asunto la accionante cuestiona, concretamente, la providencia del 31 de agosto de 2016, mediante la cual la Sala Civil Familia del Tribunal de Buga, en sede de alzada, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado calendada 22 de julio de ese mismo a\u00f1o y dictada por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago, que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa denominada falta de competencia, que fue propuesta por el demandado en el marco del litigio liquidatorio antes mencionado, pues en su criterio, la Colegiatura criticada ning\u00fan estudio realiz\u00f3 acerca de los motivos indicados como motivo de inconformidad.    <\/span><\/p>\n

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3.        Puestas as\u00ed las cosas, y luego de analizar la actuaci\u00f3n desplegada por las autoridades jurisdiccionales en contra de las que se enfil\u00f3 el reclamo tutelar, no se advierte la existencia de causal de procedibilidad que haga necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional, puesto que acerca del an\u00e1lisis que efectu\u00f3 el ad quem frente a la decisi\u00f3n de primer grado atacada, y los argumentos expuestos por el extremo censor, no se advierte que la interpretaci\u00f3n realizada por tal autoridad pueda calificarse como absurda o caprichosa, sino que por el contrario, es el resultado de la valoraci\u00f3n que de las pruebas militantes en el expediente, obraban sobre ese respecto.  <\/span><\/p>\n

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       Advi\u00e9rtase que para proceder a ratificar \u00edntegramente la providencia atacada, explic\u00f3 la Sala encartada, seg\u00fan obra en los documentos aportados en medio magn\u00e9tico (fl. 11), que de conformidad con lo estatuido en el precepto 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en los procesos de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal o patrimonial como el que se analiza en el sub examine, en principio es competente el juez del domicilio del demandado o el de su residencia, cuando carezca del primero; a falta de residencia y domicilio, el de la parte demandante; y, adem\u00e1s, \u00abser\u00e1 tambi\u00e9n competente el juez que corresponda al domicilio com\u00fan anterior, mientras el demandante lo conserve\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       A paso seguido expuso que se encontraba probado, que i) a trav\u00e9s de la Escritura P\u00fablica No. 492 del 7 de marzo de 2013, otorgada ante la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo Notarial de Medell\u00edn, se declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre la se\u00f1ora Gloria In\u00e9s L\u00f3pez R\u00edos y el se\u00f1or Dominique Jean Maire Maitre, documento en el que ii) \u00abse consign\u00f3 como domicilio de la pareja [la ciudad de] Par\u00eds \u2013 Francia en la 14 RUE VICTOR HUGO 92600 ASNIERES, donde ten\u00edan su residencia\u00bb; y, que iii) el demandado, como sustento del medio de excepci\u00f3n previo de falta de competencia, expuso, en s\u00edntesis, que ambos extremos procesales \u00abtienen su domicilio en Par\u00eds (Francia) e incluso el contrato de asociaci\u00f3n con la empresa VIDA AMBULACIAS S.A.S., se fij\u00f3 igualmente [ese] domicilio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y ya en la etapa conclusiva, precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab1.- En la demanda de Disoluci\u00f3n y Liquidaci\u00f3n de la Sociedad Patrimonial, se indic\u00f3 dirigirse \u201ccontra el se\u00f1or DOMINIQUE JEAN MARIE MAITRE, mayor de edad y de nacionalidad francesa, identificado con pasaporte No. 12AZ97433, domiciliado en Francia\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.- Si bien se determin\u00f3 en el ac\u00e1pite de notificaciones como direcciones del demandado la calle 16 No. 1 N \u2013 117 de Cartago (V) o en Par\u00eds Francia, en el 12 RUE RAYMOND POINCARE 78120 CAMBOUILLET, no obra en el plenario que el demandado resida en la ciudad de Cartago (V); contrario sensu, todas las pruebas documentales arrimadas indican que el sitio de residencia o de domicilio del se\u00f1or MARIE MATRIE es Par\u00eds.  <\/span><\/p>\n

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3.- La demandante tiene su domicilio en Francia, y reside en la 14 RUE VICTOR HUGO 92600 ASNIERES SUR SEINE de Par\u00eds (Francia).  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, s[\u00ed] encuentra esta Sala que le asiste raz\u00f3n al Juez Primero civil del Circuito del Cartago, al declarar probada la excepci\u00f3n previa de falta de competencia y como no hay lugar a donde remitir la actuaci\u00f3n, por carecerse de juez competente del territorio nacional, por estar ambas partes domiciliadas y residentes fuera de [Colombia] es viable la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, quedan sin piso los alegatos de la inconforme, relativos a que no se tuvieron en cuenta los argumentos que expuso como cimiento del recurso de apelaci\u00f3n, pues en efecto, el estudio se centr\u00f3 precisamente en cada una de las pruebas recaudadas a efecto de determinar cu\u00e1l era, en realidad el domicilio de las contrapartes, y cu\u00e1l fue el \u00faltimo de la pareja, estableci\u00e9ndose entonces, que lo era, en todos los casos, la ciudad de Par\u00eds \u2013 Francia, sin que a una conclusi\u00f3n diferente hubiera podido arribar el Tribunal enjuiciado, como lo fue la confirmaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de prosperidad de la excepci\u00f3n de falta de competencia.  <\/span><\/p>\n

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       4.        Como se anticip\u00f3, la soluci\u00f3n brindada por el juzgador de segunda instancia accionado no ofrece reparo en el marco de esta acci\u00f3n excepcional, pues con suficiente motivaci\u00f3n concluy\u00f3 que deb\u00eda mantenerse la decisi\u00f3n confutada, hermen\u00e9utica que debe ser respetada por ser propia de la autonom\u00eda e independencia del juzgador, en la cual, a prop\u00f3sito, iterase, no se evidencia arbitrariedad, capricho o subjetivismo.  <\/span><\/p>\n

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5.        En la materia, reiteradamente se ha pregonado que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (citado entre otras, en CSJ STC011-2017).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (Cit.).  <\/span><\/p>\n

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6.        En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional rogada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Devu\u00e9lvase al juzgado de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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