{"id":99455,"date":"2026-06-25T18:31:00","date_gmt":"2026-06-25T18:31:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1995-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:31:00","modified_gmt":"2026-06-25T18:31:00","slug":"stc1995-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1995-2017\/","title":{"rendered":"STC1995-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1995-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-00607-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 22 de junio de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el Municipio de Pereira contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n impulsada por Atesa de Occidente E.S.P. frente al aqu\u00ed actor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Mediante apoderado judicial, la entidad accionante exige la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional acusada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Para sustentar su reparo, advierte que en el juicio censurado se aportaron como t\u00edtulos \u201c(\u2026) unas facturas de cobro por subsidios otorgados a los usuarios del servicio de aseo, estratos 1, 2 y 3 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El 25 de marzo de 2015 se libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra y oportunamente formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n indicando la falta de jurisdicci\u00f3n del estrado acusado, por devenir los cartulares de un contrato estatal suscrito con Atesa; adem\u00e1s, reproch\u00f3 el m\u00e9rito compulsivo de aqu\u00e9llos, pues no cumpl\u00edan con los requisitos establecidos en los art\u00edculos 621 y 774 del C\u00f3digo de Comercio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Relata que en auto de 31 de julio de 2015 se acogi\u00f3 la ausencia de jurisdicci\u00f3n invocada y, en consecuencia, se revoc\u00f3 la orden de apremio y se remitieron las diligencias a los jueces administrativos de Pereira.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Planteado el pertinente conflicto por el despacho administrativo a quien correspondi\u00f3 el decurso, el Consejo Superior de la Judicatura, al desatar el mismo, le otorg\u00f3 el conocimiento de la causa al estrado aqu\u00ed accionado.  <\/span><\/p>\n

El juzgado criticado, el 23 de febrero de 2016 se estuvo a lo resuelto por dicha Corporaci\u00f3n y, en consecuencia, dej\u00f3 sin efecto la providencia de 31 de julio de 2015, acotando:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) El auto que libr\u00f3 mandamiento de pago de fecha 25 de marzo de 2015, contin\u00faa con su vigencia y por lo tanto se le advierte a la parte ejecutada de los t\u00e9rminos con que cuenta para pagar y proponer excepciones (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan la equivocada constancia secretarial de 29 de marzo de 2016, el aqu\u00ed actor no propuso ninguna excepci\u00f3n; cuesti\u00f3n contraria a la realidad, pues seg\u00fan el pasado informe, elaborado el 22 de junio de 2015, el Municipio hab\u00eda incoado reposici\u00f3n frente a la orden de apremio alegando la configuraci\u00f3n de excepciones previas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Afirma que en prove\u00eddo de 19 de abril de 2016 se impuso seguir en su contra el compulsivo confutado y aunque recurri\u00f3 esa decisi\u00f3n aduciendo la falta de resoluci\u00f3n de sus defensas, el 24 de mayo siguiente se dispuso no dar tr\u00e1mite a su impugnaci\u00f3n por improcedente, conforme al inciso 2\u00b0 del canon 440 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Insiste en que sus excepciones, esbozadas desde el 19 de junio de 2015 deben analizarse,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) pues no puede admitirse que para el juzgado el auto que inicialmente libr\u00f3 mandamiento de pago (\u2026) \u2018contin\u00fae con su vigencia\u2019, pero no contin\u00faan (\u2026) los argumentos defensivos que oportunamente entreg\u00f3 el Municipio (\u2026)\u201d (fls. 29 al 32, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Pide, por tanto, dejar sin efecto el pronunciamiento de 19 de abril de 2016 (fl. 33, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado    <\/span><\/p>\n

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Guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal desestim\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues el ente actor no cuestion\u00f3 el prove\u00eddo de 23 de febrero de 2016, con el cual se convalid\u00f3 la actuaci\u00f3n luego de desatarse el conflicto de competencia y tampoco sufrag\u00f3 las copias necesarias para surtir la alzada frente a la negativa a una nulidad propuesta por indebida notificaci\u00f3n (fls. 63 al 68, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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    <\/span><\/p>\n

1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

a)        El tutelante impugn\u00f3 se\u00f1alando que al a quo constitucional no realiz\u00f3 \u201c(\u2026) un estudio serio y responsable de la acci\u00f3n (\u2026)\u201d de amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Insisti\u00f3 en lo expresado en el libelo introductor y, sobre la nulidad por falta de notificaci\u00f3n, incoada por estimar que debi\u00f3 comunicarse el prove\u00eddo de 23 de febrero de 2016 personalmente y no por estado, como sucedi\u00f3, afirm\u00f3 que ello no fue objeto de este resguardo (fls. 85 y 86, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

b)        Aunque en providencia de 29 de junio de 2016 se concedi\u00f3 la alzada, las diligencias s\u00f3lo fueron remitidas a esta Corte hasta el 27 de enero de 2017, por cuanto el Tribunal debi\u00f3 impulsar el tr\u00e1mite de reconstrucci\u00f3n de aqu\u00e9llas ante su p\u00e9rdida (fl. 229, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Revisadas las copias adosadas, se establece la procedencia del resguardo impetrado por quebrantarse el debido proceso del solicitante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En efecto, se constata que dentro del juicio compulsivo materia de censura se libr\u00f3 mandamiento de pago el 25 de marzo de 2015 y en el t\u00e9rmino pertinente el Municipio actor formul\u00f3 reposici\u00f3n aduciendo no s\u00f3lo la falta de jurisdicci\u00f3n del estrado enjuiciado, sino la ausencia de m\u00e9rito ejecutivo de los t\u00edtulos allegados por incumplir los requisitos legales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En prove\u00eddo de 31 de julio de 2015 se acogi\u00f3 la primera defensa se\u00f1alada y se dispuso \u201c(\u2026) reponer para revocar el auto de 25 de marzo de 2015 (\u2026)\u201d y remitir las diligencias a los Jueces Administrativos de Pereira.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como lo relat\u00f3 el quejoso, propuesto el respectivo conflicto entre jurisdicciones, el Consejo Superior de la Judicatura resolvi\u00f3 asignar el coercitivo al despacho aqu\u00ed querellado, quien al recepcionarlo profiri\u00f3 la providencia de 23 de febrero de 2016, disponiendo:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Estese a lo resuelto por el Consejo Superior de la Judicatura (\u2026) en su providencia de noviembre 19 de 2015, por medio de la cual se asign\u00f3 a este juzgado la competencia para continuar conociendo de esta ejecuci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cConsecuente con lo anterior, se deja sin efecto el auto de fecha julio 31 de 2015 (\u2026), por medio del cual se revoc\u00f3 el auto [de 25 de marzo de 2015] (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEl auto que libr\u00f3 mandamiento de pago (\u2026) contin\u00faa con su vigencia y por lo tanto se le advierte a la parte ejecutada de los t\u00e9rminos con que cuenta para pagar y proponer excepciones (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ante el silencio de las partes en el t\u00e9rmino de traslado del antedicho pronunciamiento, el juez atacado, el 19 de abril de 2016, decidi\u00f3 seguir adelante el compulsivo, conforme al mandamiento, teniendo en consideraci\u00f3n \u201c(\u2026) que (\u2026) la parte demandada no propuso excepciones (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si bien el quejoso inco\u00f3 reposici\u00f3n frente a esa determinaci\u00f3n aludiendo a la presentaci\u00f3n del escrito de 19 de junio de 2015, ese remedio fue rechazado por improcedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Precisado el anterior panorama, se advierte la v\u00eda de hecho enrostrada, por cuanto el estrado accionado desconoci\u00f3 la gesti\u00f3n de la entidad petente en el juicio censurado, as\u00ed como el alcance de sus propias providencias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ciertamente, debe resaltarse que el 31 de julio de 2015 apenas se revoc\u00f3 la orden de recaudo para acogerse la falta de jurisdicci\u00f3n alegada y, una vez se asign\u00f3 la competencia del litigio por el Consejo Superior de la Judicatura al despacho atacado, \u00e9ste resolvi\u00f3 dejar sin efecto el antedicho pronunciamiento de 31 de julio de 2015 y declarar que el mandamiento de 25 de marzo de 2015 cobraba vigor nuevamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior significa que la reposici\u00f3n incoada por el Municipio contra el mandato de recaudo nunca perdi\u00f3 validez, pues as\u00ed no se dispuso en el decurso y, si quisiera acotarse que ese remedio fue objeto de decisi\u00f3n cuando se determin\u00f3 la falta de jurisdicci\u00f3n, lo cierto es que nada se ha dicho en relaci\u00f3n con la segunda excepci\u00f3n planteada, dirigida a atacar las facturas presentadas como t\u00edtulos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Aunado a lo discurrido, es preciso se\u00f1alar que con esta salvaguarda el impulsor de la misma no desconoce el requisito de subsidiariedad. Justamente, no le era dable al ente querellante cuestionar la providencia de 23 de febrero de 2016, con la cual se convalid\u00f3 la actuaci\u00f3n, por cuanto \u00e9sta no conten\u00eda aspectos contrarios a sus intereses. Con ella, incluso, se revivi\u00f3 la orden compulsiva, de donde pod\u00eda extraerse la vigencia de los argumentos formulados oportunamente para contradecirla. Y, en cuanto a la nulidad por indebida notificaci\u00f3n intentada por el Municipio, se observa, como \u00e9ste lo advirti\u00f3, que su resultado negativo no fue materia de esta s\u00faplica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Surge entonces necesaria la intervenci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n constitucional, pues es evidente el quebrando de la garant\u00eda a la defensa por cercenarse las alegaciones de la pasiva y resolverse el tr\u00e1mite ejecutivo como si \u00e9sta no hubiese intervenido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que esta Corte, en un asunto similar, indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [R]ecordemos que el derecho procesal es medio y no fin, [y] (\u2026) la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos sustanciales (\u2026). Al interpretar la ley procesal, el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto y el fin de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a relaci\u00f3n de medio a fin es ostensible, lo que hace ver que la rigurosidad con la que actuaron los jueces de instancia, desconoci[\u00f3] principios generales del derecho procesal, los cuales deben estar para cumplir la garant\u00eda constitucional del debido proceso, a cuyo respecto se ha referido esta Sala en pret\u00e9ritas oportunidades como cuando dijo: \u2018No en vano el legislador ha previsto que \u2018las dudas que surjan de la interpretaci\u00f3n de las normas del presente C\u00f3digo, deber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garant\u00eda constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes\u201d (art. 4\u00ba, C. de P. C.), y que, \u201ccualquier vac\u00edo en las disposiciones del presente C\u00f3digo, se llenar\u00e1 con las normas que regulen casos an\u00e1logos, y a falta de estas con los principios constitucionales y los generales del derecho procesal\u201d (art. 5\u00ba, ib). Es decir, que los criterios hermen\u00e9uticos que de tales disposiciones se desprenden, imponen adoptar reglas de acci\u00f3n dentro del proceso que de manera amplia y flexible se orienten a preservar el debido proceso. (Sentencia de 27 de abril de 2006 No.1100122030020060048001) (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, en procura de proteger el derecho a la doble instancia, es precisa la concesi\u00f3n de esta salvaguarda, pues, en caso contrario, la decisi\u00f3n con la cual se dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n, tras estimarse erradamente el silencio de la entidad aqu\u00ed accionante, no tendr\u00eda ning\u00fan recurso. Esta Corporaci\u00f3n ha definido tal prerrogativa como  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) el medio m\u00e1s efectivo para remediar las irregularidades o desaciertos en que pueda incurrir el funcionario del conocimiento de una puntual actuaci\u00f3n judicial, de manera que el mismo se constituye en \u2018una piedra angular dentro del Estado de derecho\u2019, como quiera que garantiza, en forma plena y eficaz, el derecho de defensa al permitir que \u2018el superior jer\u00e1rquico del funcionario encargado de tomar una decisi\u00f3n en primera instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al convencimiento de que la determinaci\u00f3n adoptada se fundament\u00f3 en suficientes bases f\u00e1cticas y legales o que, por el contrario, desconoci\u00f3 pruebas, hechos o consideraciones jur\u00eddicas que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n constitucional por virtud del control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el derecho a la impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Por tanto, se revocar\u00e1 el fallo recurrido para, en su lugar, acceder a la protecci\u00f3n deprecada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO:        REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para, en su lugar, CONCEDER el amparo reclamado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se le ordena al titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto la providencia de 19 de abril de 2016 y las que de \u00e9sta se desprendan y analice, nuevamente, los argumentos insertos en el escrito radicado el 19 de junio de 2015, con el cual se formul\u00f3 reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, conforme a lo expresado en este pronunciamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC de 24 de noviembre de 2010, exp. 41001-22-14-000-2010-00273-01    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 11 de noviembre de 2010, exp. 2010-1872-00, reiterada el 12 de marzo de 2012, exp. 05001-22-03-000-2011-00932-01.      <\/span><\/p>\n

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      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    Magistrado ponente         STC1995-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-00607-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99455","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99455","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99455"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99455\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99455"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99455"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99455"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}