{"id":99456,"date":"2026-06-25T18:31:13","date_gmt":"2026-06-25T18:31:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1998-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:31:13","modified_gmt":"2026-06-25T18:31:13","slug":"stc1998-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1998-2017\/","title":{"rendered":"STC1998-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1998-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2016-02107-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2016, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Olave Mena en contra de la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como   sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que en la investigaci\u00f3n penal por peculado adelantada respecto de Elpidio Asprilla Guerrero y Jaime Arturo Herrera Maya, \u00abse compulsaron copias del interrogatorio rendido para investigar a otras personas involucradas en estos hechos\u00bb, concretamente a Eustaquio Olave Urrutia y al actor, \u00abse\u00f1alados dentro del principio de oportunidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que \u00fanicamente \u00abcon fundamento en la compulsa de copias\u00bb la fiscal\u00eda solicit\u00f3 su captura, llevada a cabo el 30 de junio de 2015, y le imput\u00f3 los delitos de \u00abfalsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico, falsedad material en documento p\u00fablico, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y peculado por apropiaci\u00f3n\u00bb, cargos a los que no se allan\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que posteriormente lo acusaron de \u00abconcurso homog\u00e9neo y sucesivo de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros, concurso heterog\u00e9neo y sucesivo de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico y falsedad material en documento p\u00fablico (\u2026) y en calidad de coautor de enriquecimiento il\u00edcito de particulares\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.  Que en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n solicit\u00f3 la nulidad de todo lo actuado porque en \u00abla imputaci\u00f3n se realiz\u00f3 una narraci\u00f3n de los hechos y en el escrito de acusaci\u00f3n se hizo otra muy distinta\u00bb y se vari\u00f3 su grado de participaci\u00f3n de coautor\u00eda impropia a coautor, adem\u00e1s, fue incorrecta la \u00abadecuaci\u00f3n t\u00edpica de las conductas\u00bb y dej\u00f3 de establecerse \u00abcu\u00e1l era la administraci\u00f3n, custodia, manejo o disposici\u00f3n que ten\u00eda sobre los bienes presuntamente apropiados\u00bb, d\u00e1ndole un car\u00e1cter de servidor p\u00fablico que no tiene.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.  Que el funcionario de conocimiento deneg\u00f3 la petici\u00f3n sosteniendo, en suma, que el control al  \u00abescrito de acusaci\u00f3n es formal, relativo al cumplimiento de los requisitos contenidos en el art\u00edculo 337 de la Ley 906 de 2004, estando vedado al juez realizar un control material de la acusaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que en providencia del 10 de marzo del mismo a\u00f1o, el ad-quem  confirm\u00f3 esa decisi\u00f3n, \u00abal acoger en su integridad los mismos argumentos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Que en virtud de la alzada, concedida en el efecto suspensivo, el proceso s\u00f3lo debi\u00f3 reanudarse el 6 de mayo siguiente, pero cuatro d\u00edas antes la fiscal\u00eda adicion\u00f3 la acusaci\u00f3n para incorporar otros elementos materiales probatorios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. Que exigi\u00f3 excluir los aludidos \u00abmedios de prueba\u00bb, as\u00ed como las copias trasladadas de otros expedientes que dieron origen a las pesquisas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.9. Que en la audiencia preparatoria del 2 de septiembre \u00faltimo, el juzgado \u00abomiti\u00f3 referirse a la solicitud de exclusi\u00f3n de las pruebas trasladadas (\u2026) y no expuso razones jur\u00eddicas suficientes para negar (\u2026) la exclusi\u00f3n de los elementos materiales adicionados en forma extempor\u00e1nea por la representante del ente acusador\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.10. Que apel\u00f3 pero el fallador tramit\u00f3 una \u00abreposici\u00f3n\u00bb, aduciendo que no era procedente el recurso vertical, pues hab\u00eda decretado todas las pruebas pedidas por la partes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.11 Que interpuso queja, \u00abrecurso que fue declarado impr\u00f3spero por el Tribunal\u00bb el 9 de septiembre siguiente; en esa oportunidad del superior tampoco analiz\u00f3 \u00abla solicitud de exclusi\u00f3n de las pruebas trasladadas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, en consecuencia, dejar sin efecto las determinaciones de 2 y 9 de septiembre de 2016,  y por consiguiente, ordenar la exclusi\u00f3n de las pruebas trasladadas y las adicionadas \u00aben forma extempor\u00e1nea\u00bb (fl. 30, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

La Procuradur\u00eda 158 Judicial en Asuntos Penales manifest\u00f3, respecto de las \u00abcopias trasladadas\u00bb, que \u00abel accionante confunde prueba (como lo era en la Ley 600\/2000) con elementos materiales probatorios, evidencia f\u00edsica o informaci\u00f3n legalmente obtenida, y el hecho de que aparezca en el escrito de acusaci\u00f3n alguna de esa [\u00faltima] clase como medio probatorio para hacer valer en juicio (\u2026) no hace que estemos frente a lo que se debe tener como prueba, la que s\u00f3lo se constituye como tal en el juicio oral\u00bb.  <\/span><\/p>\n

En cuanto a los elementos relacionados en la \u00abadici\u00f3n al escrito de acusaci\u00f3n\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 337 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal permite esa rectificaci\u00f3n incluso dentro de la \u00abdiligencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb, como ocurri\u00f3 en este caso. Resalt\u00f3, finalmente, que \u00abesta acci\u00f3n es una maniobra m\u00e1s de parte del accionante para continuar dilatando el proceso\u00bb (fl. 317, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Colegiado enjuiciado, afirm\u00f3 que en la decisi\u00f3n \u00abse plasmaron todas y cada una de las consideraciones (\u2026) para declarar impr\u00f3spero el recurso de queja, por estar bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb (fl. 319 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda 103 Especializada de Quibd\u00f3, expuso que \u00ablos aspectos aqu\u00ed planteados por el tutelante deben dilucidarse dentro del proceso penal que se tramita, y no por v\u00eda de tutela\u00bb, y destac\u00f3 que ten\u00eda competencia para compulsar copias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, indic\u00f3 que s\u00ed pod\u00eda adicionar la acusaci\u00f3n, de acuerdo con el art\u00edculo 339 de la Ley 906 de 2004, seg\u00fan lo ha dicho la jurisprudencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y por \u00faltimo, destac\u00f3 que \u00abtodo lo planteado por el accionante obedece a acciones dilatorias injustificadas, en procura que la administraci\u00f3n de justicia  no opere con celeridad (\u2026) que a la postre dieron con la concesi\u00f3n de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb (fls. 332 y 333 ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los restantes involucrados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la salvaguarda, al considerar, que \u00ablas presuntas irregularidades denunciadas son un aspecto que debe ser sometido a debate ante el juez natural, quien le compete efectuar un estudio del tr\u00e1mite adelantado y adoptar la decisi\u00f3n que corresponda\u00bb, de modo que si \u00abposteriormente tiene los recursos de apelaci\u00f3n (\u2026) y eventualmente la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, en donde las partes pueden ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, siendo el escenario propicio para el debate de las r\u00e9plicas que menciona el accionante (\u2026) cualquier pronunciamiento del juez de tutela sobre a validez, pertinencia o viabilidad de sus alegatos desconocer\u00eda el principio de subsidiariedad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Cit\u00f3, adem\u00e1s, la jurisprudencia de esa Sala de Casaci\u00f3n, acerca de que \u00abel legislador no desconoci\u00f3 que el escrito acusatorio pudiese ser aclarado, adicionado o corregido con el prop\u00f3sito de establecer de forma actual, adecuada, suficiente y certera el marco de actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda en la fase de juicio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, finalmente, subray\u00f3 que \u00abel actor no aport\u00f3 un solo elemento de juicio a partir del cual sea evidente la amenaza u ocurrencia de un perjuicio irremediable\u00bb (fls. 337-348, cdno.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 el actor, insistiendo en que el \u00abmaterial probatorio ilegalmente obtenido por la fiscal\u00eda fue inexplicablemente convalidado por el juez de conocimiento  al decretarlos como prueba en el juicio oral\u00bb, pues, en primer lugar, la pruebas trasladadas no pueden ingresar en \u00abforma directa\u00bb al enjuiciamiento, sino que  \u00abdebe hacerlo previo el agotamiento de las formalidades (\u2026) profiriendo \u00f3rdenes a la Polic\u00eda Judicial verbi gracia, inspecciones judiciales, autenticaciones de documentos\u00bb; asimismo, porque \u00abla regla general es que una vez radicado el escrito de acusaci\u00f3n (\u2026) cesa la facultad investigativa de la fiscal\u00eda\u00bb, por tanto, \u00abaquella debe descubrir su medios de conocimiento en el escrito y en la audiencia de acusaci\u00f3n\u00bb y \u00fanicamente puede hacerlo con posterioridad si alega una causa externa, pero aqu\u00ed no se hizo esa justificaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aduce, adicionalmente, que \u00abagot\u00f3 en la etapa procesal ideal -la audiencia preparatoria- todos los recursos ordinarios existentes (\u2026) estando s\u00f3lo pendiente por realizar la \u00faltima etapa procesal, cual es el juicio oral. Etapa que como lo dise\u00f1\u00f3 el legislador en la Ley 906 de 2004, no es el escenario indicado para solicitar la depuraci\u00f3n del material probatorio que previamente fue convalidado por el juez de conocimiento para que sea simple y llanamente practicado en esta \u00faltima audiencia, pues en ella por la misma disposici\u00f3n de la Ley, no se admite ning\u00fan otro tipo de controversia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Termina afirmando que s\u00ed existe un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, comoquiera que est\u00e1 a portas de ser juzgado con base a \u00abun material probatorio irregularmente adicionado y obtenido por parte de la fiscal\u00eda\u00bb (fls. 360-367 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta cuando el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico respete los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad de que las sentencias judiciales pueden desconocer las prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

2.- Observada la inconformidad planteada, surge que para el promotor los funcionarios acusados incurrieron en \u00abdefecto procedimental\u00bb al no excluir los elementos materiales aportados por la fiscal\u00eda, pese que, en su sentir, se obviaron as formalidades para la incorporaci\u00f3n de pruebas trasladadas y la adici\u00f3n de material demostrativo, sin que esas irregularidades puedan ser subsanadas en las siguientes fases del proceso, provoc\u00e1ndole un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.- Del examen de las piezas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) Auto de 2 septiembre de 2016 del a-quo encartado que \u00abrechaz\u00f3 de plano\u00bb la solicitud de no tener en cuenta la \u00abadici\u00f3n probatoria de la fiscal\u00eda\u00bb, puesto que se realiz\u00f3 \u00abdentro de los t\u00e9rminos de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, tal como lo permite el c\u00f3digo procesal penal\u00bb (fl. 36, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Prove\u00eddo del 9 de septiembre siguiente, del Tribunal censurado, que desestim\u00f3 un recurso de queja del actor, donde reclamaba tramitar la alzada contra la anterior determinaci\u00f3n, comoquiera que \u00abal tenor del art\u00edculo 177-4 de la Ley 906 de 2004, el recurso de apelaci\u00f3n procede solamente contra el auto que niega la pr\u00e1ctica de pruebas\u00bb (fls. 130-134, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

4. Trat\u00e1ndose de actuaciones penales en curso este auxilio resulta improcedente, puesto que al interior de ese tr\u00e1mite subsisten instrumentos legales id\u00f3neos para la protecci\u00f3n de las prerrogativas superiores los cuales no pueden ser reemplazados por esta v\u00eda, dado su estricto car\u00e1cter residual. En este asunto, frente a la sentencia que eventualmente adopte el juez de primer grado el interesado cuenta con el recurso de apelaci\u00f3n y, dado el caso, respecto de la decisi\u00f3n del ad-quem, con el de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, la existencia de esos medios ordinarios de defensa judicial hacen no viable el amparo ius-fundamental, m\u00e1xime cuando el referido recurso extraordinario, en el \u00e1mbito penal, opera como un \u00abcontrol constitucional y legal (\u2026) contra las sentencias proferidas en segunda instancia (\u2026) cuando afectan derechos o garant\u00edas fundamentales por: (\u2026) 3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia\u00bb (art\u00edculo 181 Ley 906 de 2004; resalta la Sala).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo tanto, en situaciones similares esta Corporaci\u00f3n ha indicado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026.) sin esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Desde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto\u00bb (CSJ, STC 20 mar. 2012, rad. 00192-01, reiterada en STC8596-2016, 27 jun., rad. 00706-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. La posibilidad de emplear los susodichos recursos, adem\u00e1s, descarta cualquier presunto \u00abperjuicio irremediable\u00bb, pues, aun de ser cierto que las providencias fustigadas lesiones las garant\u00edas esenciales del convocante, la realidad es que cualquier afectaci\u00f3n puede ser conjurada por esos cauces legales, por lo cual la tutela no puede abrirse paso ni siquiera como mecanismo transitorio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Debi\u00e9ndose a\u00f1adir que no basta con anunciar que se est\u00e1 generando un perjuicio de tal estirpe, sino que es indispensable acreditarlo, lo que no acontece en el caso concreto, porque \u00absin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01; reiterada entre otras en STC1782-2014 y STC3941-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Por lo dem\u00e1s, es del caso precisar, frente a los reparos atinentes a que la colegiatura censurada debi\u00f3 pronunciarse sobre la idoneidad de los medios demostrativos aceptados por el juzgado, que ese reproche desconoce la naturaleza del recurso de queja, del cual se ocup\u00f3 el Tribunal en la providencia del 9 de septiembre de 2016, por cuanto ese mecanismo de impugnaci\u00f3n no tiene otro prop\u00f3sito m\u00e1s que el de revisar si la apelaci\u00f3n estuvo o no bien denegada.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En efecto, sobre el recurso de queja tiene definido la jurisprudencia penal:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) su finalidad consiste en que el superior funcional conceda la apelaci\u00f3n contra una providencia cuando la alzada ha sido despachada desfavorablemente por el Juez a quo, obviamente, contra una decisi\u00f3n susceptible de ser impugnada mediante el ejercicio de este recurso\u00bb (CSJ, AP 1\u00b0 dic. 2010, rad. 34720).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Con igual orientaci\u00f3n ha expresado esta Sala:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abel prop\u00f3sito del recurso de queja\u00bb, cual \u00abno es validar o no la decisi\u00f3n alrededor del debate f\u00e1ctico, [pues ello] es un asunto que escapa de esta etapa procesal; la finalidad buscada con este mecanismo de defensa, es demeritar los argumentos del juzgador al momento de negar la impugnaci\u00f3n\u00bb, y lo propio \u00aba partir de la demostraci\u00f3n de un eventual error\u00bb del mismo (CSJ AC, 24 ago. 2012, rad. 01607 00; STC 16449-2015, 30 nov., rad.02862-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.- Consecuentemente con lo discurrido, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo objeto de la impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC1998-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2016-02107-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)   Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99456","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99456","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99456"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99456\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99456"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99456"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99456"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}