{"id":99457,"date":"2026-06-25T18:31:16","date_gmt":"2026-06-25T18:31:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1999-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:31:16","modified_gmt":"2026-06-25T18:31:16","slug":"stc1999-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1999-2017\/","title":{"rendered":"STC1999-2017"},"content":{"rendered":"

      MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1999-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02804-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2016, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria Elena Mosquera, Cruz del Carmen Padilla, Martha Elena Palacios, Melida Gamboa Asprilla, Elda Mena Asprilla, Antonia Judith Ramos, Ana Prada C\u00f3rdoba, Purificaci\u00f3n Arias Andrade, Gustavo Pe\u00f1a Abad\u00eda, Luis P\u00e9rez Parra, Estanislao Palacios Palacios, Luis Evelio Palacios Jord\u00e1n, Migndonio Rivas R\u00edos, Isaac Renter\u00eda Mart\u00ednez, Henry Mena Bland\u00f3n, William C\u00f3rdoba Abad\u00eda, Juan de Dios Baldosea Machado, Luis Ernesto Mena Mena, Dar\u00edo Mosquera Cuesta, Milton Murillo Parra, Jes\u00fas Acevedo Lloreda C\u00f3rdoba y  Te\u00f3filo Ledesma Mosquera en contra el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. A trav\u00e9s de apoderado, los gestores reclaman la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por la entidad acusada al no contestarles una petici\u00f3n sobre el acatamiento de otro fallo de tutela.  <\/span><\/p>\n

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2. Se\u00f1alaron, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que el 5 de agosto de 2016, al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico le solicitaron obedecer la sentencia de 21 de abril de 2010 del Consejo Superior de la Judicatura.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que m\u00e1s de ciento veinte (120) d\u00edas despu\u00e9s, el 19 de octubre siguiente, dicha cartera remiti\u00f3 el requerimiento al ministerio accionado \u00abpor el factor competencia\u00bb y ante esa dependencia anexaron todos los soportes probatorios que les dan la raz\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que sin embargo, todav\u00eda no les han respondido.  <\/span><\/p>\n

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3. Pide, en consecuencia, que se \u00abexpida el acto administrativo en donde se certifique y cuantifiquen [sus].  <\/span><\/p>\n

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cesant\u00edas de 2009 a la fecha en cumplimiento del fallo de abril 21 de 2010\u00bb (fl. 30 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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El Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional manifest\u00f3 que el 15 de noviembre de 2016 le explic\u00f3 al apoderado de los convocantes \u00abla imposibilidad de cumplir con la solicitud planteada, puesto que no se configura el presupuesto del que parte la solicitud\u00bb ya que \u00abno es el superior jer\u00e1rquico de la entidad territorial\u00bb; reiterando as\u00ed lo dicho en oficio del 9 de septiembre de ese mismo a\u00f1o, acerca de que \u00abno puede intervenir directamente en las funciones y responsabilidades de los entes territoriales, pues estos gozan de autonom\u00eda\u00bb (fls. 41 y 42 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 el amparo porque la encartada \u00abanex\u00f3 la contestaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n (\u2026) respuesta que fue de fondo, completa y acorde con lo pedido, es decir, conforme a los par\u00e1metros jurisprudenciales exigidos y a lo establecido en las normas que regulan el derecho de petici\u00f3n en nuestra legislaci\u00f3n, diferente es que no fuera favorable a los intereses de los actores, pero esa situaci\u00f3n no puede calificarse como transgresora de su derecho fundamental de petici\u00f3n\u00bb (fls. 47-51 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Los quejosos sostienen que el organismo enjuiciado no rindi\u00f3 informe al a-quo dentro del t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda que se le concedi\u00f3, por lo que debi\u00f3 aplicarse la presunci\u00f3n del art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Insisten, adem\u00e1s, en que la Gobernaci\u00f3n del Departamento del Choc\u00f3 no ha acatado la orden de tutela dada por el Consejo Superior de la Judicatura (fls. 54 y 55 \u00edbid.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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2. Obran en el plenario las siguientes pruebas que sirven para el estudio del presente asunto:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Oficio de 12 de agosto de 2016 del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, que remite por competencia al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional el derecho de petici\u00f3n de los actores, del pasado  5 de agosto, con la que solicitan \u00abla expedici\u00f3n del listado, certificaci\u00f3n y cuantificaci\u00f3n de las cesant\u00edas de 2009 a la fecha, del Departamento del Choc\u00f3\u00bb (fl. 16 Cdno. principal).  <\/span><\/p>\n

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2.2. Comunicaci\u00f3n de 9 de septiembre \u00faltimo, con el cual la entidad demandada le contest\u00f3 a los interesados, a trav\u00e9s de su abogado, reiterando lo se\u00f1alado en Oficio de 14 de julio de 2015, que \u00abla Administraci\u00f3n Temporal para el sector educativo del Departamento del Choc\u00f3 mediante oficio AT-JU-1073-2010 del 20\/sep\/2010, dio respuesta a una solicitud suya en los mismos t\u00e9rminos de la presente. Toda vez que la petici\u00f3n ya fue resulta de fondo en su momento (\u2026) se atiene al contenido del oficio (\u2026) citado anteriormente\u00bb (fls. 44-46, cdno principal).  <\/span><\/p>\n

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2.3. Escrito presentado al Ministerio acusado el 24 de octubre del a\u00f1o anterior por los gestores, donde repiten el requerimiento anterior y piden que se \u00abexija al representante legal del ente territorial chocoano, el cumplimiento con el prove\u00eddo judicial, es decir, que se emita la certificaci\u00f3n en donde se cuantifiquen las cesant\u00edas a la fecha\u00bb (fl. 14, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.4. Respuesta del 15 de noviembre de 2016, indicando \u00abque no es posible cumplir con tal exigencia dado que el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional no es el superior jer\u00e1rquico del departamento\u00bb (fl. 43 \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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3. La salvaguarda deviene en efecto improcedente comoquiera que la entidad demandada contest\u00f3 de fondo y  de manera congruente la solicitud de los interesados, adem\u00e1s, se las comunic\u00f3 oportunamente, con lo cual satisfizo todos los presupuestos del derecho de petici\u00f3n, sin que por no ser positiva la respuesta quepa aducir que es deficiente; lo contrario implicar\u00eda que las autoridades est\u00e1n obligadas a conceder, sin m\u00e1s, todos los pedimentos los particulares, idea inadmisible pues supondr\u00eda subvertir el orden p\u00fablico.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, frente a la susodicha prerrogativa ius-fundamental, en un caso similar la Sala sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) no s\u00f3lo implica la potestad de elevar peticiones respetuosas a las autoridades; envuelve adem\u00e1s la necesidad de que se brinde una respuesta adecuada y oportuna -que no formal ni necesariamente favorable- dentro del marco de imparcialidad, eficacia y publicidad que caracteriza al Estado Social de Derecho…\u2019 El derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide\u00bb (CSJ STC, 28 Sep. 2004, reiterada el 27 de enero de 2014 y m\u00e1s recientemente en STC13676-2015, 8 oct., rad. 02041-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Ahora, aunque el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991 establece que si la autoridad encartada no rinde el informe que el juez de tutela le solicite, \u00abse tendr\u00e1n por  ciertos los hechos\u00bb, esto no significa que necesariamente, por esa sola raz\u00f3n,  debe accederse a lo que buscan los promotores, m\u00e1xime si aqu\u00e9lla es apenas una presunci\u00f3n que puede ser demeritada por cualquiera de los elementos demostrativos allegados al expediente, como los que en este caso finalmente arribaron ante el juzgador de primer grado y acreditan que el derecho de petici\u00f3n se respondi\u00f3 debidamente.   <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema ha explicado la Corporaci\u00f3n que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) aun en el evento de que las querelladas no se hubieran manifestado, esa circunstancia no conlleva, necesariamente, a que se tengan como ciertos los hechos en que se funda la acci\u00f3n y deba concederse (\u2026) porque a la postre, la presunci\u00f3n de veracidad prevista en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991 es apenas un elemento de juicio que debe ser valorado en conjunto con las dem\u00e1s probanzas (CSJ, STC 4 jul. 2006, rad. 00080-01, reiterada en STC 31 oct. 2013, rad. 2013-00400-01).  <\/span><\/p>\n

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5. Finalmente, en cuanto a la solicitud que se eleva apenas en la impugnaci\u00f3n, donde se recrimina que la anterior orden de tutela no ha sido acatada, adem\u00e1s de que esa queja no se formul\u00f3 desde un inicio, lo que por s\u00ed solo impide estudiarla, ya que hacerlo conllevar\u00eda una violaci\u00f3n al debido proceso de la accionada, quien no fue convocada a responder sobre esos hechos, la realidad es que esta Corte tiene dicho que para esos fines irremediablemente debe acudirse al \u00abincidente de desacato\u00bb (art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991), puesto que es el escenario propicio para ventilar una disputa de ese talante.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema se ha explicado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) cuanto a la inconformidad relativa al incumplimiento   de la decisi\u00f3n adoptada (\u2026) en anterior oportunidad en   sede de tutela, este no es el escenario para discutir acerca del cumplimiento o no de la orden dada en esa    oportunidad, debiendo recurrir al incidente de desacato, conforme con lo dispuesto en los art\u00edculos 27 y 52 del   Decreto 2591 de 1991, si as\u00ed lo considera, dentro de esas diligencias\u00bb (CSJ, STP7527-2014, 12 jun., rad. 73887).  <\/span><\/p>\n

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6. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo censurado.  <\/span><\/p>\n

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       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de    Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia   en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

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               Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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      MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente         STC1999-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02804-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99457","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99457","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99457"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99457\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99457"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99457"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99457"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}